Guillermo «el Puma» Kraisman, jefe del peronismo de la ciudad de Córdoba en la estratégica seccional 12 y ex funcionario de todas las administraciones del PJ en la Municipalidad, está preso: quiso sacar por ventanilla el sueldo de una contratada de la Legislatura que no prestaba ninguna función.

Con él está detenida la mujer que lo acompañó haciéndose pasar por la ñoqui, Luciana Castro, quien hasta ese día se desempeñaba como directora del Polideportivo Social de barrio Ituzaingó. Ese puesto era un «conchabo» en la Municipalidad de Córdoba, pero presentó como propio el DNI de Virginia Martínez, la empleada legislativa a quien se le acreditaba el sueldo aunque no prestara funciones.

Todos son vecinos de un complejo de departamentos sociales que el Gobierno hizo hace décadas en barrio San Pablo, en la seccional 12, donde Kraisman fue siempre el líder indiscutido del peronismo: fue concejal, funcionario en varias dependencias y hasta presidente del Club Avellaneda.

La incidencia de Kraisman en barrio San Pablo, y en particular en el complejo de departamentos sociales donde viven el dirigente del PJ y los implicados, es tal que para ampliar su departamento -ubicado en ese edificio en el que vive gente humilde- hizo un boquete en el living para anexar el departamento de al lado, el de su vecino, conformando así un particular «semipiso».

En paralelo a su carrera política en el peronismo, «el Puma» acumuló una extensa ficha prontuarial cuyo penúltimo capítulo se escribió el año pasado, cuando fue detenido en un supermercado tras intentar robar un poco de fiambre. Hasta ese día, era director de Promoción de Clubes Sociales de la Municipalidad. Ese fue su último cargo.

Antes, tuvo denuncias y condenas por robo de energía, defraudación, amenazas y lesiones; además de un llamado de atención de la Liga Cordobesa de Fútbol en 2019, cuando fue acusado de intentar sobornar a un árbitro cuando se desempeñaba como presidente del Club Atlético Avellaneda.

Kraisman acumuló una extensa ficha prontuarial cuyo penúltimo capítulo se escribió el año pasado, cuando fue detenido en un supermercado tras intentar robar un poco de fiambre.

Ahora, el intendente Daniel Passerini también debió echar a una lugarteniente de Kraisman, la mencionada Luciana Castro, quien tenía un «conchabo» en un polideportivo social ubicado enn la seccional 12.

El 16 de enero, Kraisman y Castro se presentaron a la sucursal del Banco de Córdoba a cobrar por ventanilla el sueldo y aguinaldo correspondiente a Virginia Martínez (también vecina del complejo). Por eso ambos punteros tenían el DNI de la mujer, empleada de la Legislatura hasta ese momento.

Fue la cajera quien advirtió que la mujer portadora del documento no era la que aparecía en la foto. Aún no se sabe si esta era la primera vez que el salario de Martínez era retirado por ventanilla.

El fiscal Andrés Godoy, quien investiga el caso, espera el informe de la apertura de cuatro teléfonos secuestrados. Con esos datos, confirmará los vínculos. Por ahora, Kraisman y Castro están presos; mientras que Martínez (quien tiene un trabajo en el sector privado) espera en libertad ser llamada como testigo y colaborar con la investigación.

Por ahora, Kraisman y Castro están presos; mientras que Martínez (quien tiene un trabajo en el sector privado) espera en libertad ser llamada como testigo y colaborar con la investigación.

En un escrito que presentó, ella se alega que fue víctima de la maniobra urdida aparentemente por Kraisman. Sin embargo, cuando fue a buscar el DNI a la Fiscalía, llegó acompañada de Giuliana Kraisman, la hija del cacique peronista.

El fiscal del caso no avanza sobre el esquema de contratación de empleados en la Legislatura, tarea que debería recaer en el fuero Penal Económica, llamado en la jerga «anticorrupción», aunque no tiene en su haber grandes investigaciones sobre el uso de recursos públicos. De hecho, la Fiscalía «Anticorrupción» no inició una investigación de oficio ante el flagrante hecho judicial.

Aún no se sabe quién avaló la contratación de Virginia Martínez, qué funcionario legislativa formalizó el ingreso de Martínez al sistema Meta4 (liquidación de sueldos del Estado), en qué dependencia debía presentarse la vecina de Kraisman, quién era el funcionario encargado de revisar su tarea, qué rol tiene Kraisman en la Legislatura y, eventualmente, si «el Puma» avaló más contrataciones de este tipo. El fiscal sí tiene confirmado que la mujer no fue a trabajar en todo el año 2024.

En diciembre de 2023, la Legislatura tenía una dotación de 1.787 empleados, de los cuales 1.017 eran contratados. Seis meses después, la plantilla de personal había trepado a 1.840 empleados de los cuales 1.179 revestían como contratados, 162 más. El listado no incluye a los monotributistas. A principio de 2024, la oposición planteó la creación de una comisión para el seguimiento del gasto legislativo, con informes semanales de altas y bajas de empleados y contratos; pero el peronismo rechazó la iniciativa.