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Milei cruzó los límites: debe actuar la justicia penal y el Congreso debe removerlo del cargo

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Las últimas declaraciones del presidente Javier Milei, formuladas en su cuenta de la red social X ( ex twitter), en las que amenaza con a “ir a buscar hasta el último rincón del planeta” a quienes disientan con sus ideas , a lo que agregó, en tono más intimidante aún, la expresión “ zurdos hijos de puta tiemblen”, dirigiéndose a todo aquel que se oponga a sus políticas, vuelve imperiosa la urgente intervención de oficio de la justicia penal y la actuación inmediata del Congreso Nacional.

La justicia no puede mirar hacia el costado ante estas gravísimas expresiones del presidente que, en principio, encuadrarían en figuras del tipo penal correspondiente a los delitos de intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, que prevén penas de prisión que van de los 3 y hasta los seis años. Hay que tener en cuenta, sobre todo respecto a la intimidación propiamente dicha, que estas amenazas presidenciales hacia grupos sociales amplios ( la calificación de “zurdos” formulada por Milei siempre es omnicomprensiva de todo aquel que se le opone) es factible de llevarse a la práctica por ser él Jefe de todas las fuerzas de seguridad nacionales, de los servicios de inteligencia del Estado Nacional y el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el Congreso Nacional debe tomar urgente cartas sobre el asunto y tomar estas peligrosísimas declaraciones del presidente con la seriedad y la responsabilidad que ameritan. La Cámara de Diputados debe activar el mecanismo del Juicio Político establecido por el artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé la separación del cargo al presidente por las causales de mal desempeño en sus funciones y comisión de delitos, entre otras. En democracia y bajo el Estado de Derecho ningún funcionario, por más alto cargo que desempeñe, está por encima de cualquier ciudadano y , menos aún, puede arrogarse la potestad de decidir sobre el pensamiento, la expresión , la seguridad y la vida de los argentinos.

La Justicia y los legisladores nacionales tienen una gran responsabilidad ante la sociedad argentina. El pueblo argentino no olvidará los nombres y los comportamientos de quienes, teniendo la obligación de actuar, eligieron callar , actitud que, dadas las circunstancias actuales, equivale a más que consentir.

Desde Libres del Sur defenderemos los espacios democráticos y el derecho de cada argentino a expresarse y a brindar su legítima opinión hasta las últimas consecuencias. Y no habrá accionar fascista, provenga de donde provenga, que nos amedrente.

Carlos Martínez

Presidente del Movimiento Libres del Sur- Chaco

Politica

El gobierno nacional busca derogar la figura de femicidio, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans

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En Casa Rosada anticipan la eliminación de todas las normas que den lugar a lo que consideran “discriminación positiva”.

En un nuevo avance contra las minorías, el Gobierno nacional presentará el proyecto de “Igualdad ante la Ley”, un proyecto con el que buscará eliminar todo tipo de distinción legal que beneficie a los feminismos, el colectivo LGBT y discapacitados. El texto será presentado por el propio Javier Milei en la apertura de sesiones extraordinarias el próximo 1 de mayo.

Según confirmó una alta fuente del oficialismo, el proyecto tiene como principal objetivo eliminar las leyes de “discriminación selectiva” con las que estos grupos sociales lograron hacerse de derechos que no le son natos. “El Estado no puede hacerse cargo de las necesidades de cada uno de estos sectores. Además, ¿quién determina qué es una minoría”, dijo ante este medio una voz al tanto de la redacción del texto.

La ley, que aún se encuentra en plena etapa de redacción, buscará quitar la Ley de Cupo Trans, la Ley de Identidad de género, el cupo de representación de género en las listas electorales y cualquier normativa vigente que disponga la integración de mujeres y trans.

En este mismo sentido, buscarán modificar el Código Penal para quitar la figura legal que reconoce el femicidio. Se trata de la Ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, que reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que dé muerte a una mujer mediando violencia de género. “¿Por qué el asesinato de una mujer tiene una pena más alta que la de un hombre?”, se preguntó retórico ante Tiempo la misma fuente.

En tanto, y tal como había adelantado en exclusiva este medio, el Gobierno avanzará con la eliminación del DNI no binario. De esta forma, quedará sin vigencia el Decreto 476/2021, firmado por la administración de Alberto Fernández, en el que se habilitó que las nomenclaturas utilizadas en los documentos nacionales y pasaportes en el campo referido al “sexo” se puedan utilizar como referencia “F” -Femenino-, “M” – Masculino- o “X”, para el caso de aquellas personas que no se sientan identificadas con ninguno de los géneros del binomio.

Entre las justificaciones que brindaban por ese entonces desde el entorno presidencial para avanzar en este sentido está la escasa representación en términos de utilidad que tiene esta nomenclatura. Según datos que manejan en el oficialismo, desde el 2021 a la fecha se realizaron 1.693 trámites para solicitar el DNI no binario, una cantidad que, afirman, no justifica mantener vigente esta normativa.

Otro de los aspectos sensibles que buscará derogar este proyecto será la modificación de la Ley Micaela. La normativa -todavía vigente- establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Este proyecto también contemplará la eliminación del Cupo laboral para discapacitados, que obliga al estado nacional a tener empleadas al menos un 4% de personas con discapacidad para asegurarles el derecho a trabajar.

El proyecto está siendo redactado por María Ibarzabal Murphy, la secretaria legal y técnica blue, en compañía del Ministerio de Justicia, manejado en los hechos por el viceministro Sebastián Amerio. Cada palabra está, a su vez, custodiada por el multifacético asesor presidencial Santiago Caputo, predicador en la tierra de cada una de las ideas del presidente.

«Nuestra batalla»
Esta presentación se da en sintonía con los dichos de Milei en Davos, donde volvió a cuestionar la llamada agenda woke. “Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas las naciones que creen en las ideas de la libertad. Vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada. Es nuestro deber desarmar el edificio ideológico del wokismo. Hasta que no logremos que nuestras ideas sean la moneda común de eventos como este, no podemos bajar los brazos. Foros como este han sido protagonistas de las ideas siniestras del wokismo”, afirmó el presidente.

En el mismo sentido, afirmó “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Es redundante ya que la igualdad ante la ley existe en Occidente. Nos tildan de misóginos solo por defender un principio elemental de la democracia moderna.” Con estos dichos, el presidente comenzó a allanar un camino que tendrá más piedras de lo que esperan.

Si bien en este primer año de gestión el oficialismo no padeció grandes retracciones entre sus aliados más cercanos, esta modificación no les será para nada sencilla. Tanto el PRO como los radicales con peluca -los dos bloques oficialistas camuflados de opositores- tienen entre sus banderas las libertades de género. La eliminación de estas normativas les generará un conflicto frente a su electorado que, aunque conservador, abrazó estos avances en materia social.

Ante este escenario, un confiado asesor presidencial afirmó que no le temen a la reticencia del recinto. “No hay problema, que voten en contra”, se bufó la misma voz que no relaciona las negociaciones que hoy mantiene con todo el arco político para avanzar en la designación de jueces y la modificación de la ley electoral con esta votación.

A pesar de avanzar a paso firme contra la agenda de los feminismos y la comunidad LGBTIQ+, en el gobierno afirman que estas modificaciones no serán retroactivas, sino que empezarán a aplicarse en caso que la norma sea aprobada en el Congreso. En tanto, tampoco planean eliminar la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada en 2010 ni la despenalización del aborto, que semanas atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, torpemente mencionó como una posibilidad.

 

Fuente: Tiempo Argentino  

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Defender derechos, frenar el odio

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“Es importante recordar que estos derechos no fueron un regalo; son conquistas que costaron años de lucha, esfuerzo y, en muchos casos, vidas humanas”, sostiene en esta columna para LITIGIO la presidenta de la fundación Furia Travesti, Úrsula Sabarece, a propósito de la intención del gobierno nacional de enviar al Congreso el proyecto de “Igualdad ante la Ley”, el cual busca eliminar la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans y la figura de femicidio en el Código Penal.

Me siento profundamente indignada al ver cómo se están atacando los derechos de las personas travestis y trans en nuestro país. Como alguien que lleva años trabajando por la igualdad y la justicia, me preocupa el retroceso en los avances que tanto nos ha costado lograr.

Hoy quiero hablar sobre la intención del gobierno nacional de enviar al Congreso varios proyectos de ley que buscan eliminar conquistas fundamentales: la figura legal del femicidio, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral travesti-trans. Estas medidas no solo afectan directamente a las personas involucradas, sino que representan un ataque al corazón de una sociedad que aspira a ser más justa e igualitaria.

Eliminar la figura legal del femicidio, por ejemplo, sería un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género. Esta figura no solo visibiliza los crímenes por motivos de género, sino que también proporciona herramientas legales para combatirlos y proteger a las mujeres.

Por su parte, la Ley de Identidad de Género es un derecho conquistado que garantiza la autonomía y la dignidad de las personas travestis y trans. Su derogación sería un golpe directo a su humanidad y a su derecho a vivir plenamente como quienes son.

En cuanto a la Ley de Cupo Travesti-Trans, esta ha sido clave para abrir puertas laborales y generar inclusión en un sector históricamente marginado. Su eliminación perpetuaría la exclusión y la desigualdad que estas personas enfrentan a diario.

Es importante recordar que estos derechos no fueron un regalo; son conquistas que costaron años de lucha, esfuerzo y, en muchos casos, vidas humanas. Retroceder en estos avances sería deshonrar esa lucha y enviar un mensaje de indiferencia hacia quienes más necesitan protección.

Por eso, es urgente que nos levantemos y alcemos la voz. Defender nuestros derechos es defender la igualdad, la justicia y el respeto por la diversidad. Solo unidos podremos construir una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes.

 

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SITECH asegura que la falta de convocatoria a paritaria garantiza el conflicto docente

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Federación SITECH requiere la convocatoria a la paritaria docente a fin de posibilitar el debate sobre la política salarial y condiciones de trabajo, rechazando la conducta autoritaria y anti sindical que llevó adelante el Gobierno Provincial el año pasado al negarse a la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo establecida en la Constitución Provincial y el Estatuto Docente.

El Ministerio de Educación y el Gobierno de la provincia no tienen justificativo alguno para no convocar a la paritaria docente en forma urgente teniendo en cuenta que el 24 de febrero se inician las actividades docentes y como es política de este sindicato llevar a las escuelas a partir de esa fecha lo debatido en la paritaria a fin de que sea la docencia quien decida sobre el inicio de clases.

Queda claro que el solo anuncio unilateral del cumplimiento del pago de la cláusula gatillo no alcanza para despejar una situación de conflicto con el sector docente, teniendo en cuenta que la mayoría de estos está por debajo de la línea de pobreza, situación que se agrava producto del brutal tarifazo impuesto por el gobernador.

Consideramos que la convocatoria a paritaria es condición necesaria (no suficiente) para el inicio de clases, dejando establecido que es la propia docencia quien tendrá la última palabra.

 

FEDERACIÓN SITECH

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