Tras los anuncios del gobierno, los profesionales aseguraron que los montos y las condiciones ofrecidas no alcanzan; reclaman ingresos que cubran la canasta básica. Este jueves desde las 9 se movilizarán frente al hospital Pediátrico.

Trabajadores de salud denunciaron este miércoles que los contratos que ofreció el gobierno son peores que los tuvieron en 2024 y exigen montos más elevados que, aunque sea, cubran la canasta básica.

Los profesionales, entre los que se encuentran médicos, técnicos, auxiliares y enfermeros, analizan por estas horas endurecer la protesta si no obtienen respuestas favorables de parte de la administración de Leandro Zdero.

En ese tono, este jueves desde las 9 habrá una nueva jornada de protesta frente al hospital Pediátrico de Resistencia.

De esta manera, los profesionales desestimaron el anuncio realizado ayer por autoridades del gobierno quienes habían señalado que los vínculos laborales fueron prolongados en mejores condiciones que las preexistentes.

Además, alertaron que con la nueva modalidad que intenta imponer el Poder Ejecutivo existe una gran disparidad entre profesionales que realizan tareas similares.

Este miércoles, Vanesa Suárez, una de las trabajadoras del sector, explicó a Es Chaco que el reclamo continúa, ahora por “salarios dignos”.

“Los montos ofrecidos en el decreto son insuficientes; son incluso menores que los del año pasado”, aseguró.

La agente de salud afirmó que con las cifras ofertadas por el gobierno de Zdero los ingresos serán menores a los 600 mil pesos.

«Nuestro reclamo es por un salario digno, que al menos alcance para cubrir la canasta básica,» expresó.

Suárez también advirtió que la dramática situación ha llevado a que la de este jueves “sea la última convocatoria del mes” por lo que, de no obtener una respuesta satisfactoria, iniciarán un cese de actividades.

Convocatoria para este jueves a las 9

La protesta se realizará mañana jueves a las 9 en las puertas del hospital Pediátrico de la capital chaqueña, donde los trabajadores esperan recibir el apoyo de la comunidad.

Suárez recalcó que esta lucha busca no solo la renovación de sus contratos, sino también un salario justo que reconozca el valor del trabajo de estos en el sector de la salud pública.

La provincia del Chaco, en Argentina, ha estado enfrentando serios problemas relacionados con las conexiones eléctricas irregulares. En un intento por regularizar la situación y garantizar un servicio adecuado para todos los ciudadanos, la empresa estatal de energía, SECHEEP, ha intensificado sus operativos enfocados en la detección y eliminación de estas conexiones no autorizadas. Este tipo de medidas, como el operativo llevado a cabo el lunes 20 de octubre en distintos sectores de Resistencia, representan un esfuerzo significativo por parte del gobierno provincial para abordar una problemática que afecta tanto la seguridad como la equidad en el acceso a la energía eléctrica.

Durante este operativo, equipos de SECHEEP realizaron inspecciones en una serie de viviendas donde se habían detectado suministros domiciliarios irregulares y cruces de líneas clandestinas. La erradicación de estas conexiones no solo busca asegurar que todos los ciudadanos paguen por el servicio que consumen, sino que también tiene como objetivo prevenir accidentes eléctricos que podrían tener consecuencias fatales. Las conexiones irregulares no solo perjudican a la empresa de energía, que enfrenta pérdidas económicas sustanciales, sino que además ponen en riesgo la vida y la integridad de los vecinos al exponerlos a situaciones peligrosas.

Sin embargo, estos esfuerzos por parte de la empresa estatal no han sido bien recibidos por todos. Muchos residentes han expresado su frustración ante lo que consideran facturas exorbitantes y un servicio que no siempre cumple con las expectativas. «Era más que obvio que esto iba a pasar, por las facturas impagables», claman algunos vecinos de Chaco, mostrando descontento no solo con el costo del servicio eléctrico, sino también con la manera en que las autoridades están manejando la situación. Este sentimiento de insatisfacción se ha traducido en un aumento de la tensión social, donde algunos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y que las decisiones del gobierno son impuestas sin considerar la opinión pública.

El caso de Leandro, quien ha dejado de gritar «fraude» en sus protestas, es un reflejo de un sentimiento más amplio en la provincia. Esta apatía hacia las acciones gubernamentales podría dar pie a una reconfiguración del voto en las próximas elecciones, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar su descontento. A medida que se acercan las elecciones de mayo, la desilusión acumulada de la población podría traducirse en un cambio significativo en la dinámica política del Chaco. Las decisiones que se tomen ahora, en relación con el servicio de energía eléctrica y la gestión de las conexiones, influirán en la percepción que la población tenga de sus líderes y las instituciones que los representan.

En conclusión, los operativos de Tolerancia Cero de SECHEEP son una respuesta necesaria ante una problemática creciente en el Chaco, pero también marcan una etapa de desafíos para la relación entre el gobierno y la ciudadanía. La administración de estos operativos debe ir de la mano con estrategias que busquen la mejora del servicio y la reducción de tarifas, para evitar la creciente brecha entre la oferta de energía y la capacidad de pago de los vecinos. Solo así se podrá construir un modelo de servicios eléctricos que sea justo, seguro y accesible para todos.

La provincia del Chaco, en Argentina, ha estado enfrentando serios problemas relacionados con las conexiones eléctricas irregulares. En un intento por regularizar la situación y garantizar un servicio adecuado para todos los ciudadanos, la empresa estatal de energía, SECHEEP, ha intensificado sus operativos enfocados en la detección y eliminación de estas conexiones no autorizadas. Este tipo de medidas, como el operativo llevado a cabo el lunes 20 de octubre en distintos sectores de Resistencia, representan un esfuerzo significativo por parte del gobierno provincial para abordar una problemática que afecta tanto la seguridad como la equidad en el acceso a la energía eléctrica.

Durante este operativo, equipos de SECHEEP realizaron inspecciones en una serie de viviendas donde se habían detectado suministros domiciliarios irregulares y cruces de líneas clandestinas. La erradicación de estas conexiones no solo busca asegurar que todos los ciudadanos paguen por el servicio que consumen, sino que también tiene como objetivo prevenir accidentes eléctricos que podrían tener consecuencias fatales. Las conexiones irregulares no solo perjudican a la empresa de energía, que enfrenta pérdidas económicas sustanciales, sino que además ponen en riesgo la vida y la integridad de los vecinos al exponerlos a situaciones peligrosas.

Sin embargo, estos esfuerzos por parte de la empresa estatal no han sido bien recibidos por todos. Muchos residentes han expresado su frustración ante lo que consideran facturas exorbitantes y un servicio que no siempre cumple con las expectativas. «Era más que obvio que esto iba a pasar, por las facturas impagables», claman algunos vecinos de Chaco, mostrando descontento no solo con el costo del servicio eléctrico, sino también con la manera en que las autoridades están manejando la situación. Este sentimiento de insatisfacción se ha traducido en un aumento de la tensión social, donde algunos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y que las decisiones del gobierno son impuestas sin considerar la opinión pública.

El caso de Leandro, quien ha dejado de gritar «fraude» en sus protestas, es un reflejo de un sentimiento más amplio en la provincia. Esta apatía hacia las acciones gubernamentales podría dar pie a una reconfiguración del voto en las próximas elecciones, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar su descontento. A medida que se acercan las elecciones de mayo, la desilusión acumulada de la población podría traducirse en un cambio significativo en la dinámica política del Chaco. Las decisiones que se tomen ahora, en relación con el servicio de energía eléctrica y la gestión de las conexiones, influirán en la percepción que la población tenga de sus líderes y las instituciones que los representan.

En conclusión, los operativos de Tolerancia Cero de SECHEEP son una respuesta necesaria ante una problemática creciente en el Chaco, pero también marcan una etapa de desafíos para la relación entre el gobierno y la ciudadanía. La administración de estos operativos debe ir de la mano con estrategias que busquen la mejora del servicio y la reducción de tarifas, para evitar la creciente brecha entre la oferta de energía y la capacidad de pago de los vecinos. Solo así se podrá construir un modelo de servicios eléctricos que sea justo, seguro y accesible para todos.

Así lo anticipó la abogada querellante, Griselda Gómez de Marastoni. Raúl Cantero, vocal en representación de los jubilados en la obra social estatal está imputado por el delito de “concusión doblemente agravado” por exigir dinero a contratados del InSSSeP para, supuestamente, repartirlo entre militantes de la UCR.

La causa que se le sigue a Raúl Cantero, excomisario, militante radical y vocal en representación de los jubilados en el InSSSeP, se encamina hacia la elevación a juicio. Acusado de usar su poder para cobrar retornos a contratados de la obra social estatal, Cantero fue imputado por la Fiscal Penal de Investigación 1, Ingrid Wenner, por el delito de “concusión doblemente agravado”.

“Ya no hay pruebas para producir, ni por la querella ni por la defensa”, confirmó a LITIGIO Griselda Gómez de Marastoni, abogada querellante de la causa. “Por lo tanto, ingresaré un escrito requiriendo la clausura y la consiguiente elevación a juicio”, añadió.

Cabe recordar que, en su declaración indagatoria, Cantero confesó el pedido de un aporte ilegal hacia su sobrino, pero lo justificó con dos argumentos: que su pariente estaba de acuerdo y que el dinero no era para él sino para distribuirlo entre otros militantes de la UCR de Fontana que no pudieron ingresar al InSSSeP. “Yo accedí a eso, más que nada, por la función social del dinero”, se defendió el excomisario.

El 28 de mayo pasado, el sobrino de Cantero lo denunció ante la Justicia provincial por coaccionarlo para que contribuya con más del 60 por ciento del sueldo que se le pagaba en calidad de contratado.

Dicho contrato, cabe recordar, le fue facilitado por su propio tío cuando este quedó a cargo de la vocalía que representa a los jubilados, al reemplazar a Fernando Romero, hoy jefe de Policía del Chaco, en enero de 2024.

En diferentes conversaciones vía WhatsApp, Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, le habría reconocido a su sobrino que dicho “aporte” era para hacer caja política para el radicalismo de Fontana. Además, dijo que el suyo no era el único caso: había más contratados que también eran obligados de contribuir.

“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste”, le habría escrito el vocal pasivo.

El joven le imploró tener su sueldo completo, a lo que Cantero respondió con su despido. Inmediatamente después, para que todo quede en familia, decidió entregarle este mismo contrato a su propio hijo, demostrando además un fragante caso de nepotismo.