La provincia del Chaco, en el norte argentino, ha estado lidiando con una serie de problemas estructurales que han afectado severamente la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, la figura del gobernador Leandro Zdero ha generado controversia, especialmente en un período donde la pobreza y la falta de recursos básicos como agua y electricidad son temas recurrentes. A pesar de la situación crítica que atraviesan muchas familias chaqueñas, Zdero ha sido acusado de despilfarrar recursos en campañas de propaganda oficial y festivales, en lugar de atender las necesidades urgentes de su pueblo.

Uno de los principales motivos de crítica hacia la administración de Zdero es su gestión del presupuesto provincial. Informes recientes sugieren que se han destinado millones de pesos a pautas publicitarias y eventos festivos, mientras que muchas comunidades luchan diariamente por acceder a lo más básico: comida, agua potable y electricidad. Este desbalance entre la inversión en imagen pública y las reales necesidades de la población deja un sabor amargo y despierta la indignación de quienes se sienten abandonados por su propio gobierno.

En este sentido, muchos chaqueños se preguntan: ¿Dónde está la verdadera atención hacia los problemas que afectan a las familias? ¿Es realmente una prioridad de la gestión de Zdero mejorar las condiciones de vida en Chaco, o se trata más bien de perpetuar una imagen política? Con una pobreza que ronda cifras alarmantes, el gasto en festivales y propaganda parece un insulto a las miles de personas que sobreviven con menos de lo esencial. La idea de pedir un «voto popular» y hacer alarde de logros en medio de un contexto de crisis es vista como una maniobra desesperada para desviar la atención de los verdaderos problemas que azotan a la región..

Además, la descentralización del poder, una de las propuestas defendidas por el actual mandatario, no se traduce en una mejora real en la representación de las necesidades locales. La falta de presupuesto destinado a obras significativas y la escasa atención a la infraestructura básica son evidencias palpables de una administración que parece más preocupada por su imagen que por el bienestar de los ciudadanos. En un Chaco sumido en la pobreza, demandas como la mejora de servicios esenciales y políticas sociales efectivas caen en saco roto.

Es claro que el gobierno de Zdero ha sido un desencanto para muchos chaqueños, quienes esperaban un cambio real y significativo en sus vidas. La corrupción y el mal uso de recursos son problemas que han sido denunciados en diversas ocasiones, pero la falta de un verdadero compromiso para erradicar estas prácticas es alarmante. En lugar de soluciones eficaces, los habitantes de la provincia se enfrentan a un circo político que prioriza los festejos y la propaganda sobre la acción concreta y efectiva.

En conclusión, la situación en Chaco requiere de una reflexión profunda sobre el papel que juegan las autoridades electas en la defensa de los derechos de los ciudadanos. El despilfarro de recursos en campañas y festivales, en vez de invertir en el desarrollo real de la provincia, es un indicativo claro de un sistema que está fallando en sus responsabilidades. Los chaqueños merecen un gobierno que escuche sus necesidades y que priorice el bienestar de su gente sobre la imagen política. La lucha por un Chaco más justo y equitativo continúa, pero requiere de un cambio de rumbo que hoy parece lejano. La indignación y la exigencia de un cambio real son necesarias para enfrentar un sistema corrupto y, sobre todo, para devolver la dignidad al pueblo chaqueño.

El Presidente firmó el proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Cuáles son los ejes centrales de la iniciativa que será enviada para su tratamiento en extraordinarias

Antes de viajar rumo a Estados Unidos para participar de la asunción de Donald Trump, Javier Milei firmó el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, una iniciativa que busca modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para impedir que personas condenadas en primera y segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos. Cuáles son los puntos centrales del proyecto que se dio a conocer este viernes por la noche.

El proyecto de ley será enviado al Congreso de la Nación para que sea tratado en las sesiones extraordinarias. El mismo tendrá impacto directo sobre Cristina Kirchner y algunos funcionarios del Gobierno. Y es que tiene como eje central garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos, en línea con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Además de limitar la participación electoral de los condenados por corrupción, también establece restricciones para ocupar ciertos cargos en la Administración Pública Nacional.

Personas condenadas: en el artículo 1 del proyecto se establece que no podrán ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados por “los delitos previstos en los Capítulos VI – Cohecho y tráfico de influencias, VII”. Es decir, por malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.

Al respecto, se remarcó que todos ellos son considerados como “delitos contra la Administración Pública, del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA”. Además, se incluye “todo otro delito doloso contra la Administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

Inhabilitación para cargos públicos por condena: En el artículo 7 del proyecto, se detalló a qué cargos no podrán presentarse las personas que tengan una condena. “No podrán ser designadas como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”.

Cristina Kirchner

Figura del “doble conforme”: Al no establecer la sentencia definitiva que implica plazos en el ámbito judicial que suelen extenderse por años, el Gobierno se garantiza una segunda instancia en todas las condenas para reducir los riesgos de favorecer decisiones arbitrarias. En el artículo 1 inciso III se aclaró que solo se aplicará la inhabilitación si la condena por alguno de los delitos mencionados fue confirmada en segunda instancia “dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral” y “se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con luego del 1º de enero del año en que se llevaran a cabo las elecciones, “el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral. La ineligibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Luego de que se compruebe la doble sentencia, los partidos tendrán 48 horas para nombrar a un suplente (EFE)

Registro Público: La Cámara Nacional Electoral llevará a cabo un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

Por eso, se indicó que la ineligibilidad tendrá efecto desde el dictado de la sentencia condenatoria siempre que esta se dé antes del inicio de un año electoral. La interposición de recursos ordinarios o extraordinarios “o la interposición de recursos de queja u otra clase no suspenderán en ningún caso la vigencia, eficacia y aplicabilidad de las causales de ineligibilidad”.

La intendenta de Laguna Blanca se refirió a las turbulencias que se dan en el justicialismo ahora pero también pensando en las elecciones para gobernador.

Claudia Panzardi es la presidenta del Congreso del PJ chaqueño que es el órgano partidario más importante. El principal partido de la oposición transita hoy un enrarecido clima que divide a aquellos que apoyan incondicionalmente al exgobernador Jorge Capitanich y los que consideran que es parte del pasado.

La intendenta de Laguna Blanca se sabe estuvo siempre del lado de respaldar a quien fuera tres veces del jefe del Ejecutivo provincial y no solo eso si no que más allá del respaldo puede tomar la posta y ser la opción para que el justicialismo intente retomar el poder.

Después de Jorge Capitanich me considero en condiciones de poder llevar adelante una campaña como candidata a gobernadora de la provincia del Chaco.

MANTENER LOS PRIVILEGIOS

Respecto de las diferencias que encuentra entre algunos de los referentes del justicialismo entre los que están lo que cuestionan a Capitanich.

Sin dar nombres apuntó que aquellos que tienen “títulos universitarios y no tienen trayectoria” lo único que buscan es “presionar por lugares en las listas” ya sea para diputados provinciales o nacionales.

“Nosotros tenemos que aprender de las derrotas, e incluso de la del año pasado, el actual gobernador para llegar hoy al Sillón de Obligado cuántas veces perdió”, interpeló Panzardi para marcar que se precisa tener cierto recorrido en la política para intentar jugar en las “grandes ligas”

“La forma de llegar no es pisar la cabeza de los compañeros, el justicialismo tiene que ser un proyecto político que abrace a las mayorías”, cerró.