La provincia del Chaco, en el norte argentino, ha estado lidiando con una serie de problemas estructurales que han afectado severamente la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, la figura del gobernador Leandro Zdero ha generado controversia, especialmente en un período donde la pobreza y la falta de recursos básicos como agua y electricidad son temas recurrentes. A pesar de la situación crítica que atraviesan muchas familias chaqueñas, Zdero ha sido acusado de despilfarrar recursos en campañas de propaganda oficial y festivales, en lugar de atender las necesidades urgentes de su pueblo.

Uno de los principales motivos de crítica hacia la administración de Zdero es su gestión del presupuesto provincial. Informes recientes sugieren que se han destinado millones de pesos a pautas publicitarias y eventos festivos, mientras que muchas comunidades luchan diariamente por acceder a lo más básico: comida, agua potable y electricidad. Este desbalance entre la inversión en imagen pública y las reales necesidades de la población deja un sabor amargo y despierta la indignación de quienes se sienten abandonados por su propio gobierno.

En este sentido, muchos chaqueños se preguntan: ¿Dónde está la verdadera atención hacia los problemas que afectan a las familias? ¿Es realmente una prioridad de la gestión de Zdero mejorar las condiciones de vida en Chaco, o se trata más bien de perpetuar una imagen política? Con una pobreza que ronda cifras alarmantes, el gasto en festivales y propaganda parece un insulto a las miles de personas que sobreviven con menos de lo esencial. La idea de pedir un «voto popular» y hacer alarde de logros en medio de un contexto de crisis es vista como una maniobra desesperada para desviar la atención de los verdaderos problemas que azotan a la región..

Además, la descentralización del poder, una de las propuestas defendidas por el actual mandatario, no se traduce en una mejora real en la representación de las necesidades locales. La falta de presupuesto destinado a obras significativas y la escasa atención a la infraestructura básica son evidencias palpables de una administración que parece más preocupada por su imagen que por el bienestar de los ciudadanos. En un Chaco sumido en la pobreza, demandas como la mejora de servicios esenciales y políticas sociales efectivas caen en saco roto.

Es claro que el gobierno de Zdero ha sido un desencanto para muchos chaqueños, quienes esperaban un cambio real y significativo en sus vidas. La corrupción y el mal uso de recursos son problemas que han sido denunciados en diversas ocasiones, pero la falta de un verdadero compromiso para erradicar estas prácticas es alarmante. En lugar de soluciones eficaces, los habitantes de la provincia se enfrentan a un circo político que prioriza los festejos y la propaganda sobre la acción concreta y efectiva.

En conclusión, la situación en Chaco requiere de una reflexión profunda sobre el papel que juegan las autoridades electas en la defensa de los derechos de los ciudadanos. El despilfarro de recursos en campañas y festivales, en vez de invertir en el desarrollo real de la provincia, es un indicativo claro de un sistema que está fallando en sus responsabilidades. Los chaqueños merecen un gobierno que escuche sus necesidades y que priorice el bienestar de su gente sobre la imagen política. La lucha por un Chaco más justo y equitativo continúa, pero requiere de un cambio de rumbo que hoy parece lejano. La indignación y la exigencia de un cambio real son necesarias para enfrentar un sistema corrupto y, sobre todo, para devolver la dignidad al pueblo chaqueño.

Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.

En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.

No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.

Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.

La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.

Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.

La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.

En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.

Que Hay de Cierto

Este recorte -que inmediatamente recuerda la motosierra utilizada en campaña- es consecuencia de dos cuestiones bien identificadas: la desarticulación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la latente posibilidad de que un DNU, aún no firmado, decrete el fin del Programa.

En el Chaco, la situación no dejá de ser catastrófica y, en estos días, ninguno de sus afiliados tiene una cobertura que roce lo normal.
Es tan conocida la situación en que se halla INCLUIR SALUD que el hecho de no poseer fondos no es una cuestión que amerite debate, tal como expresamente lo informan los letrados del Programa al momento de contestar los cientos de amparos judiciales que han promovido los beneficiarios.

“Nuestro sector se encuentra en una situación desesperante. Necesitamos poner en agenda más que nunca al colectivo de personas con discapacidad y sus prestadores que están en estado de emergencia. Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad,
a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy, se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones”, dijeron desde ATI (Asamblea de Trabajadores de Inclusión.

Y no es para menos. Este letrado, que lleva promovidos más de 100 acciones de amparo y sus medidas cautelares ha visto como, en el iter procesalis, han fallecido dos de sus representados, aguardando medicaciones que nunca llegaron.

Sabemos que el gobierno provincial es aliado del nacional, y de ahí que se proponga una gestión entre ambas cúpulas para dar respuesta a este flagelo.

En definitiva, no puede pensarse que un pueblo es feliz porque no hay piquetes hace un año, mientras personas con discapacidad se mueren por falta de medicamentos…

Por Luis Rodrigo Maidana Ladu, abogado de 100 beneficiarios de INCLUIR SALUD