Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.

En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.

No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.

Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.

La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.

Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.

La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.

En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.

Que Hay de Cierto

Este recorte -que inmediatamente recuerda la motosierra utilizada en campaña- es consecuencia de dos cuestiones bien identificadas: la desarticulación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la latente posibilidad de que un DNU, aún no firmado, decrete el fin del Programa.

En el Chaco, la situación no dejá de ser catastrófica y, en estos días, ninguno de sus afiliados tiene una cobertura que roce lo normal.
Es tan conocida la situación en que se halla INCLUIR SALUD que el hecho de no poseer fondos no es una cuestión que amerite debate, tal como expresamente lo informan los letrados del Programa al momento de contestar los cientos de amparos judiciales que han promovido los beneficiarios.

“Nuestro sector se encuentra en una situación desesperante. Necesitamos poner en agenda más que nunca al colectivo de personas con discapacidad y sus prestadores que están en estado de emergencia. Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad,
a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy, se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones”, dijeron desde ATI (Asamblea de Trabajadores de Inclusión.

Y no es para menos. Este letrado, que lleva promovidos más de 100 acciones de amparo y sus medidas cautelares ha visto como, en el iter procesalis, han fallecido dos de sus representados, aguardando medicaciones que nunca llegaron.

Sabemos que el gobierno provincial es aliado del nacional, y de ahí que se proponga una gestión entre ambas cúpulas para dar respuesta a este flagelo.

En definitiva, no puede pensarse que un pueblo es feliz porque no hay piquetes hace un año, mientras personas con discapacidad se mueren por falta de medicamentos…

Por Luis Rodrigo Maidana Ladu, abogado de 100 beneficiarios de INCLUIR SALUD

El Superior Tribunal de Justicia desestimó resolver la medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta en donde se pedía asistencia urgente con agua y alimentos a familias indígenas de El Impenetrable, cuya situación de pobreza crónica se agudizó en el último año. El Máximo Tribunal derivó el caso al juzgado Civil y Comercial 6. La única que votó en disidencia fue la jueza Isabel Grillo, quien defendió la jurisdicción del STJ y la necesidad de una acción inmediata.

En el marco de la medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta para que se entregue de manera urgente agua y comida a familias indígenas de El Impenetrable, el Superior Tribunal de Justicia optó por el camino fácil y directamente se desentendió del tema.

El Máximo Órgano Judicial del Chaco desestimó resolver la medida y resolvió remitir las actuaciones al juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia para que lo analice y acumule a un amparo impulsado por el Instituto del Aborigen Chaqueño hace casi 18 años, a pesar de que el mismo corresponde a una región y población totalmente distinta.

Al votar en disidencia, la jueza Isabel Grillo consideró que el STJ no debería renunciar a su jurisdicción. Por entender que son verosímiles los planteos realizados, se mostró a favor de hacer lugar a la cautelar y ordenar al gobierno provincial que tome medidas rápidas para reforzar la asistencia a esta comunidad especialmente vulnerable.

El 11 de noviembre pasado, la Defensora General Adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gaúna Wirz, interpuso ante el STJ una acción de amparo colectivo y un pedido de medida cautelar contra el gobierno del Chaco y en favor de las comunidades Wichís de El Impenetrable chaqueño.

Aclaró que, si bien existe dos cautelares vigentes, una en la Corte Suprema de Justicia y otra en el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, las mismas abarcaban únicamente las zonas del sudeste del Departamento Güemes y noreste del departamento San Martín, dejando afuera a una vasta región de El Impenetrable.

Es por eso pidió de que de manera urgente se asista con alimentos y agua potable a las familias que habitan las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de los parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano. Las comunidades relataron que las dificultades para acceder a los alimentos se agravaron severamente en el último año, coincidiendo con las políticas de achicamiento del Estado y recesión económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En lo mediato, solicitó que se cree una Mesa de Coordinación Interinstitucional e Intercultural que incluya a los líderes indígenas y que tenga por finalidad elaborar un plan de trabajo que contemple la realización de medidas a fin de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos humanos vulnerados a lo largo de tantos años. En definitiva, que se los escuche.

“Conexidad” 

En su primer fallo del año, el Superior Tribunal se expidió sobre esta cuestión. A través de la sentencia 1/25 dictada el miércoles, el Máximo Órgano Judicial desestimó con voto de mayoría resolver la medida cautelar y resolvió, por una cuestión de “conexidad”, enviar el expediente al Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia para que este lo analice y se exprese al respecto. Así votaron la jueza Emilia Valle y sus pares Victor del Río, Alberto Modi y Néstor Varela.

“Corresponde remitir esta causa al Juzgado en lo Civil y Comercial 6 para que, en el marco del proceso ‘Instituto del Aborigen Chaqueño’ aludido, continúe el trámite de la pretensión principal y evalúe las acciones positivas de refuerzo en materia de agua potable y alimentos que cautelarmente aquí se persiguen y, eventualmente, pudieran corresponder”, indicaron.

Señalaron que no es correcto indicar, como lo sostiene Gaúna Wirz, que las cautelares vigentes son únicamente para el pueblo Qom, ubicados en una región en particular. En una interpretación muy amplia de las sentencias que se encuentran vigentes, argumentaron que las mismas incluyen a todas las etnias, sin distinción geográfica.

“Resulta de suma trascendencia tener en cuenta que tanto en estas actuaciones como en aquella que tramita en el juzgado Civil y Comercial 6 e incluso la cuestión que fuera llevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se exige asegurar los derechos consagrados en el artículo 37 de la Constitución Nacional inherente a todos los pueblos indígenas que va más allá del lugar en que se hallan asentados y así se reconoció en la sentencia dictada en el expediente 454/07, a favor de todos los pueblos indígenas (Qom, Wichí y Mocoví), sin excepción alguna”, indicaron.

Estos cuatro votos posibilitaron que el STJ se saque una cuestión particularmente espinosa de encima y salvaron al gobierno provincial de un duro golpe contra su tan promocionada política alimentaria que se ejecuta a través del Programa “Ñachec” (“gracias” en lengua Qom).

Casualmente, los jueces que se inclinaron por esta decisión fueron quienes en los últimos meses vienen votando en coincidencia con los intereses de la gestión de Leandro Zdero. En particular, en lo referido al blindaje judicial a la decisión gubernamental de bloquear el ingreso de trabajadores precarizados a la planta permanente de la Administración Pública Provincial.

“Siempre insuficientes”

Isabel Grillo fue la única que votó en disidencia. Aclaró en primer lugar que este caso versa sobre un territorio distinto al que se incluye en el amparo que tramita el Juzgado Civil y Comercial 6 y por eso no debería acumularse en dicho expediente. Además, se mostró en contra de delegar las actuaciones en ese tribunal inferior.

Explicó que la función jurisdiccional confiada al Poder Judicial se ejerce en el ámbito de competencia atribuido a sus órganos y por lo tanto su competencia es indelegable. Por eso consideró que la atribución de esta causa a otro juzgado afecta normas distributivas, la organización jurídica y un mejor y más eficiente trabajo tribunalicio.

“Estas circunstancias me convencen de que este Superior Tribunal debe conservar la plenitud de sus poderes a fin de decidir si corresponde otorgar la cautela requerida y en su caso supervisar el cumplimiento de lo ordenado, interín se tramite la causa hasta arribar a la sentencia de mérito”, consideró.

Al decidir sobre la admisibilidad y procedencia de la cautelar solicitada, consideró que la verosimilitud de los hechos planteados por la Defensora General Adjunta, en cuanto a vulneración de derechos básicos de las comunidades indígenas de El Impenetrable, son más que suficientes para hacer lugar a la medida.

“Basta con un análisis superficial y aproximativo -propio del conocimiento cautelar- de la coyuntura territorial y socio-ambiental en la que se desarrolla sus vidas en nuestra provincia para concluir que, más allá de las políticas públicas implementadas por distintos gobiernos y fallos judiciales son siempre insuficientes y han resultado a todas luces inidóneas”, reconoció.

“Lo expuesto por la Defensora General Adjunta abona el conocimiento anticipado y verosímil a favor de personas que individual y colectivamente se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y con sus derechos vulnerados, a través de una solución estructural, continuada, oportuna y eficiente”, añadió.

En suma, para Grillo debería hacerse lugar a la medida cautelar ordenando al Poder Ejecutivo del Chaco que refuerce, asegure y fortalezca de manera urgente las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y alimentos de las comunidades indígenas referidas por la Defensora General Adjunta en su presentación.