El jefe de Gobierno apuesta a medidas y significantes en línea con la narrativa de La Libertad Avanza, pero desde la impronta del PRO. Las conversaciones para lograr consenso en la suspensión de las PASO

“El gasto político va a volver a los porteños”, dice Jorge Macri con vehemencia. Detrás de él, una pantalla led tiene la nueva iconografía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una serie de ítems que describen las medidas que anuncia. “No creemos que haya que romper para construir todo nuevo. Lo que funciona hay que cuidarlo, no romperlo”, aclara luego. Fue durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana desde Uspallata para dar a conocer una batería de reformas que se suman a las presentadas a finales de diciembre y este mes. El jefe de Gobierno busca relanzar su gestión para disputarle la agenda política a los libertarios. Conoce que la narrativa de La Libertad Avanza es eficiente y que sedujo a buena parte del electorado del centro a la derecha, ese que alguna vez supo monopolizar el PRO.

Durante su primer año de mandato, el jefe de Gobierno avanzó en una especie de transición luego de ocho años del liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. El ex alcalde le había dado una impronta a la gestión cuyo discurso tendía al centro, bajo la idea de construir consensos, ampliar y sumar actores de casi todo el espectro político. Jorge Macri tiene otra perspectiva y, al mismo tiempo, asume que la ola libertaria salpica fuerte a la Ciudad. Javier Milei teje un armado electoral que tiene ambiciones en la política porteña, cuya referente en la ejecución es Karina Milei.

El PRO ve amenazada su supervivencia ante el avance libertario. Por eso, tanto Mauricio como Jorge Macri diseñan una estrategia electoral para este año que implica fortalecer la identidad amarilla y una especie de vuelta al origen. El macrismo pretende garantizar el control de su casa matriz, la Ciudad, y apuestan a frenar el embate de La Libertad Avanza por derecha.

Mauricio y Jorge Macri

Es en ese marco que, como anticipó Infobae, Jorge Macri hizo hoy una serie de anuncios que apelan a significantes a tono con la narrativa libertaria. Conceptos como “austeridad”, “libertad” o “gasto político”, que son cercanas al PRO, pero no eran centrales en el discurso larretista, ganan peso en la vocería de este relanzamiento de gestión de la Ciudad.

“Lo que hacemos es construir un Estado más ágil y eficiente, que cumple las funciones que tiene que cumplir, sin asfixiar ni entorpecer y que tiene la sensibilidad necesaria porque en la Ciudad nadie es descartable”, sostuvo hoy Macri en un intento por afianzar esa narrativa, pero marcando matices con la propuesta minarquista de Milei. En esa nueva impronta, el jefe de Gobierno sumó, incluso, una vocera para fortalecer la comunicación de su gestión. Laura Alonso, ¿la Manuel Adorni de Jorge Macri? No. Se trata de una dirigente histórica del PRO, leal al macrismo, que conoce en detalles la CABA y tiene cintura política para atajar preguntas de la prensa y defender el posicionamiento de su partido.

Fue el tercer anuncio de su Agenda de gestión de 2025: a finales de diciembre pasado detalló la reforma electoral, que implicó anticipar el desdoblamiento de las elecciones distritales y la intención de suspender las PASO; luego, a principios de enero, presentó una serie de medidas para reducir la carga tributaria en la CABA; y hoy se presentó la reforma institucional, con cambios administrativos y de gestión. El próximo anuncio, finalmente, está relacionado a la profundización de la autonomía de la Ciudad.

Jorge Macri y Laura Alonso, la nueva vocera de la Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, Jorge Macri enfrenta el desafío de sortear la Legislatura, que es una especie de caleidoscopio político. El oficialismo gobierna en minoría y requiere de arduos esfuerzos para lograr consenso. Varias medidas anunciadas necesitan la aprobación del parlamento. Especialmente, la reforma electoral, que fue presentada en diciembre pasado y cuyo eje es la suspensión de las PASO.

“Muchas de estas medidas se pueden tomar desde el Ejecutivo otra las vamos a estar enviándolas a la Legislatura donde esperamos, obviamente, el acompañamiento de la mayor cantidad de fuerzas posibles para lograr estos ahorros y la mayor eficiencia”, se limitó decir hoy Macri. Sue una apelación a sus aliados parlamentarios y al peronismo, quienes tienen la llave para motorizar la reforma electoral en la Legislatura.

Las negociaciones con los bloques aliados y con el peronismo en la Legislatura aún están en proceso. Desde el espacio que lidera Juan Manuel Olmos, auditor General de la Nación, deslizan que apuestan a “acompasar” su posición en la Ciudad con lo que suceda en el Congreso nacional. Milei pretende eliminar las PASO para cargos nacionales y en Unión por la Patria intentan unificar criterios en el ámbito nacional y subnacional. No será sencillo.

Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño y auditor General de la Nación (Maximiliano Luna)

El planteo del peronismo, que en la Legislatura lo lidera Claudia Neira, ligada a Olmos, es que la fecha de la elección porteña “no se solape” con la campaña nacional. Por ejemplo, suspender las PASO y votar en la Ciudad en mayo o junio. Sería una forma de garantizar que la discusión distrital no se mezcle con la pelea nacional.

Al mismo tiempo, Macri afronta una discusión intensa por la suspensión de las PASO con Pilar Ramírez, quien lidera el bloque libertario que responde a Karina Milei en la Ciudad. La legisladora plantea que “suspender las PASO no es eliminarlas”.

Pilar Ramírez, referente de La Libertad Avanza y muy cercana a Karina Milei, cruzó a Jorge Macri en redes sociales

La abogada y presidenta de La Libertad Avanza en CABA cruzó hoy a Jorge Macri desde su cuenta de X, al igual que lo había hecho ayer. De algún modo, es Karina Milei, indirectamente, corriendo por derecha al PRO. “Qué bueno que empiecen a cuidar la plata de los porteños y achiquen el Gobierno que hoy es ineficiente, caro y absurdo. Tenemos una ficha de afiliación guardada para cuando te animes a dar el salto al espacio de la Libertad y el crecimiento”, aguijoneó Pilar Ramírez.

La medida necesita 40 votos de los 60 que tiene en total la Legislatura. Es una mayoría exigente. El PRO no llega a ese número ni con sus aliados, dentro de los cuales cuenta a los libertarios de Pilar Ramírez y al sector bullrichista que encabeza Juan Pablo Arenaza, hoy alineado a La Libertad Avanza a nivel nacional. Es decir, sin el apoyo del peronismo, Macri no podrá suspender las PASO. Esa explicación es la que esgrimió Darío Nieto esta semana desde su X. El presidente de la bancada del PRO en la Legislatura, y asesor de máxima confianza de Mauricio Macri, apeló a esos argumentos para responderle directamente a la legisladora de Karina Milei.

Jorge Macri ya piensa en reeditar Juntos por el Cambio. Asume que el PRO irá separado de La Libertad Avanza en la elección porteña. Entiende que en la renovación de escaños en la Legislatura, necesitará de aliados como el radicalismo, Graciela Ocaña y la Coalición Cívica para tener gobernabilidad. Su equipo político, con dirigentes como Néstor Grindetti, ya tejen esos acuerdos. La idea es “componer” y asegurarse la continuidad de esa alianza parlamentaria. El desafío será lograr un cierre de listas armónico entre todas las partes. No será nada simple, pero las conversaciones ya están en marcha.

El Jefe de Gobierno volvió a cuestionar la inseguridad en el conurbano tras el asesinato de un policía de la Ciudad ocurrido en Castelar. En respuesta, la Provincia mostró estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal

El asesinato del oficial Brian Coria, miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido en la localidad bonaerense de Castelar, ha reavivado las tensiones entre las administraciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA). El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri expresó su pesar por el asesinato de Coria y exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tome medidas concretas para abordar la inseguridad en la provincia. “Una vez más, uno de nuestros policías es asesinado en la Provincia de Buenos Aires. Volvemos a pedirle al gobierno bonaerense que no mire para otro lado con este tema”, declaró Macri.

Tras el reproche, en el gobierno de Kicillof pusieron sobre la mesa el índice en la baja de homicidios que dio a conocer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y explican que “ninguno de esos números, que son objetivos, podrían darse sin el trabajo de la Provincia de Buenos Aires”.

El caso de Coria se sumó al reclamo hecho días atrás por la gestión porteña que denunció que “cada dos días” un policía de la Ciudad es atacado en la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, describió que el conurbano está “descontrolado”. Por ese cruce, la respuesta no tardó en llegar. Fue el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dijo que los funcionarios de la Ciudad “nos quieren hacer subir a un ring ridículo hablando de un conurbano descontrolado y la verdad que lo que está descontrolada es la Ciudad”. Ahora, el gobierno bonaerense sacó a relucir los números que días atrás dio a conocer Bullrich y que muestran una baja en los homicidios a nivel general y que incluyen al territorio bonaerense.

Fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense deslizaron ante la consulta de Infobae que “los números de la ministra, que son objetivos, solo se sostienen por los números de la provincia de Buenos Aires”. Como reveló este medio, un informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), destaca que la tasa de homicidios en Argentina alcanzó en 2024 su nivel más bajo: 3,4 homicidios cada 100 mil habitantes.

Las cifras oficiales que dieron cuenta de la caída en la tasa de homicidio

El documento, elaborado con datos proporcionados por los poderes judiciales y los ministerios de Seguridad y Justicia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, revela que en 2024 se registraron 1.810 homicidios dolosos en todo el territorio nacional. Esta cifra representa una reducción del 11,5 % en comparación con los 2.046 casos reportados en 2023. “Ese el indicador típico con el que se analizan muchas de estas cuestiones y nuevamente hay una caída de ese indicador en la provincia de Buenos Aires; se reduce la cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes”, había dicho en las últimas horas el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

En total, el 61% de la disminución de homicidios registrada en el país tuvo como origen las operaciones realizadas en Rosario, subrayando el impacto sustancial de las medidas tomadas en esta localidad. Mientras tanto, en Buenos Aires, la densidad poblacional hace que cualquier aumento en la tasa de homicidios pudiera haber contrarrestado el descenso nacional. Sin embargo, a pesar de ciertos incidentes de relevancia, la estadística provincial también tuvo resultados que contribuyeron al panorama positivo a nivel nacional.

“Son datos oficiales del ministerio de Seguridad de la Nación, del sistema nacional de información criminal. No es que lo dice el gobernador, el ministro o lo digo yo. Es una tendencia que se viene sosteniendo en la Provincia. Eso no significa que no tengamos inconvenientes y no tengamos hechos delictivos, cosa que es evidente. De la misma forma que también hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcaba Bianco en declaraciones a Futurock.

El ministro de Gobierno Bonaerense, Carlos Bianco, rechazó las críticas a la seguridad en la provincia (Crédito: Gobierno PBA)

Hasta el cierre de esta nota, no se habían generado contactos entre la administración bonaerense y porteña por el caso de Coria. El ministro Wolff había ofrecido días atrás un dato significativo sobre los efectivos de la Policía de la Ciudad, señalando que “el 70% de los 18.000 policías porteños residen en la provincia de Buenos Aires”. Esta situación, afirmó, los pone en una posición más vulnerable, especialmente en el contexto del “creciente descontrol” que, según su visión, afecta al conurbano bonaerense. Wolff también aseguró que los enfrentamientos de policías de la Ciudad en territorio bonaerense aumentaron un 75% el año pasado, en relación con el 2023.

“Que Macri salga a desmentir a Bullrich si se anima”, dejaron correr fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense. Con anterioridad al asesinato de Coria en Castelar, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco también se había referido a la fuga de presos de comisarías porteñas. “Podemos explicarles cómo hacer para que no se les escapen los presos, que es algo que les pasa bastante seguido. Tienen que construir alcaldías, que es lo que hacemos en provincia de Buenos Aires”.

Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura.

No hay motosierra que importe ni negacionismo que se imponga: los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió.

La semana pasada, Montenegro hizo una presentación ante Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que señalaba que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores.

Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años.

Lijo, además, dispuso que se hagan tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juez fue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios.

En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación.

En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano.

Lijo ya había tenido algún que otro encontronazo con Baños. La semana pasada, el juez le pidió informes al secretario de Derechos Humanos después de que el abogado querellante Pablo Llonto solicitara que se dicte una medida de no innovar para evitar que el gobierno ponga en riesgo la documentación en poder del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva, entre otros fondos, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Baños le respondió que no había riesgo en el ANM ni el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –al que rebautizó como Registro Único de Víctimas de Terrorismo y Estado (SIC)– más allá de las “interesadas y amañadas versiones periodísticas”.

En noviembre, Lijo les había mandado oficios a Baños y al ministro de Defensa, Luis Petri, para que evitaran actos negacionistas dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA. Fue a partir de un pedido que hizo la querella Kaos, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, después de la irrupción de retirados para celebrar el Día de la Armada.

No es la primera vez que los tribunales ordenan preservar los sitios desde que asumieron Milei y Victoria Villarruel. En agosto pasado, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una directiva en ese sentido. El 9 de diciembre pasado, cuando se cumplían 39 años de la sentencia en el Juicio a las Juntas, el camarista Alejandro Slokar organizó una visita al exOlimpo con jueces y fiscales para reafirmar el compromiso judicial con estos espacios.

Para que vayan al Congreso
La dupla compuesta por Mariano Cúneo Libarona y Baños viene cosechando denuncias y pedidos de comparecencia a doquier. Desde Unión por la Patria (UxP) hicieron un pedido para que se los cite al Congreso para que expliquen los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos –que se contabilizan en más de 250 en las últimas semanas–, el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la denuncia de espionaje que hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al advertir que el 27 de diciembre pasado, cuando se hizo un abrazo a la exESMA, hubo personal policial no identificado entre los manifestantes y también se tomaron imágenes de quienes protestaban contra el desmantelamiento.

“Los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Centro Cultural Haroldo Conti son el corolario de un año de desfinanciamiento de las políticas públicas en al área, y el punto de cruce de diversos discursos que circulan entre los voceros y los ideólogos del gobierno: el fiscalista –en tanto que bajo la excusa de que necesitan achicar la cantidad de inmuebles alquilados por el Ministerio de Justicia, pretenden mudar dependencias a sitios que alguna vez fueron centros clandestinos de detención–, el negacionista con respecto a los crímenes de la última dictadura, y el que se regodea con la crueldad contra los laburantes”, afirma el diputado nacional Eduardo Toniolli, impulsor de la convocatoria a Baños y Cúneo Libarona.

“Lo dijimos durante la campaña que llevó a Milei a la presidencia y lo repetimos durante todo el año pasado, éste es un gobierno setentista: reúne a los nostálgicos del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz, que están dando rienda suelta a una nueva estrategia extranjerizadora y reprimarizadora de nuestra economía, y a los que reivindican las prácticas represivas de Jorge Rafael Videla. Quizás las reacciones generadas por la visita de los diputados de LLA al penal de Ezeiza hayan generado una retracción en este último aspecto, pero el desmantelamiento de las políticas de memoria expresan la misma vocación por reescribir una historia que el pueblo argentino primero, y el Estado nacional luego, reconstruyó condenando a los responsables del genocidio”, concluyó.

Fuente: Página/12