Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.

En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.

No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.

Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.

La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.

Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.

La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.

En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.

Que Hay de Cierto

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aliado político del gobernador Leandro Zdero, debió salir a admitir que la decisión de volver a cobrar por estacionar en la calle cayó mal en la gente y ensayó un intento por justificar la medida que impulsan tanto él como el intendente Roy Nikisch.

A una semana del regreso del EMI, Aradas reconoció que la reimplementación del estacionamiento medido provocó malestar ciudadano, pero le echó la culpa a la gente que “no entendió” el anuncio de su jefe Nikisch.

Además, adelantó que el municipio ejecutará un periodo de prueba para analizar el día a día de la medida y en base a eso abrió la posibilidad de una marcha atrás.

Pero también quiso justificar la decisión de volver a cobrar por dejar el auto en la calle a un intento por ordenar el caos del tránsito en Resistencia.

En recientes entrevistas con distintos medios, Aradas dijo que existe una percepción negativa hacia el retorno del EMI y que se han generado conflictos con, por ejemplo, los frentistas.

El presidente del Concejo señaló que este tema será objeto de «largo debate» en el legislativo local y, especialmente, en las comisiones, lo que consideró fundamental para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del municipio y las preocupaciones de los ciudadanos.

“Vamos a aprovechar ese tiempo de corrección para también nosotros poder aportar cuestiones que vemos que pueden sumar y tranquilizar la situación”, admitió.

El titular del cuerpo parlamentario capitalino también buscó minimizar el cuadro conflictivo al asegurar que el EMI existe en la ciudad desde hace 20 años y que “la gente tiene muy poca paciencia hoy con algunas cuestiones”.

“Los tiempos hoy no son los mismos que hace 20 años”, afirmó y apuntó que tampoco el parque automotor de Resistencia es el mismo que dos décadas atrás.

“El objetivo del estacionamiento medido es descomprimir el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad. Algunos no lo entendieron así, pero está bueno y bienvenido sea el debate con respecto a este tema”, agregó.

Aradas reconoce que existe una brecha entre la supuesta intención de la medida adoptada por el municipio y la recepción que tuvo entre los ciudadanos, discrepancia que alimenta el debate y el malestar social.

Los usuarios de energía eléctrica de la provincia del Chaco sufrieron, este mes, el impacto de los incrementos en sus boletas. Para ejemplificar, de pagar $50.000 pasaron a pagar $100.000, y en algunos casos las boletas de un hogar familiar superan los $250.000. Para los comerciantes, la situación es mucho peor, algunos ya están superando el $1.000.000 lo que hace imposible sostener el comercio, los salarios de los empleados y el margen de ganancia para subsistir.

A pesar de los anuncios del Gobierno de congelar las tarifas por seis meses y suspender la audiencia pública para tratar el aumento del costo de la electricidad, las boletas ya liquidadas exponen incrementos alarmantes que impactan directamente en el bolsillo de cada trabajador y trabajadora.

La legisladora provincial, Mariela Quiros, expuso la situación y alertó que es necesario que el Estado provincial, a cargo de Leandro Zdero, impulse una política pública concreta que va más allá del congelamiento de la tarifa, “es necesario acompañar concretamente a las familias chaqueñas”, dijo.

“La verdad que nosotros venimos manifestando que a través de la mirada de los vecinos, del reclamo de los vecinos, porque eso me parece que es importante poder decirlo y remarcarlo, nosotros son representantes del pueblo. Yo soy una representante del pueblo y, en ese sentido, es importante remarcar que quienes están pidiendo que se visibilice el conflicto, que están teniendo la hora de poder pagar las facturas de luz, de poder resolver algo que hoy es parte de la angustia y el problema de las familias chaqueñas en no poder pagar las tarifas de luz. Lo real es que con estas medidas que el gobierno salió tomar, son medidas que pretenden tapar esos tarifazos que son del 420% aproximadamente, y que hoy los chaqueños lo están padeciendo”, analizó Quiros.

EL IMPACTO EN LOS SALARIOS
Legisladores del bloque opositor, analizaron el impacto de los incrementos en la tarifa de energía eléctrica llegando a la conclusión de que, en algunos casos, pagar servicios se lleva hasta el 50% de un salarios promedio.

“Pudimos escuchar el sufrimiento de Marcelina, es una vecina de Las Breñas, quien percibe un beneficio por ser madre de familia numerosa y el pago de las tarifas energéticas se lleva al 50% de esa pensión. Barbi por ejemplo, otra vecina, me escribió a través de las redes sociales y me contó que su salarios es de $600.000 y está pagando $250.000 entre luz, agua y el alquiler”, indicó.

Para la diputada es angustiante que una persona que percibe un salario que hoy está debajo de la línea de pobreza como lo es un sueldo de $500.000, no puede pagar una boleta de luz de $150.000. Esa es la situación de muchos trabajadores y trabajadoras en toda la provincia.

“Los comerciantes nos están hablando permanentemente y manifestando que solo trabajan para pagar la luz y muchos de ellos, para los salarios, teniendo que ya haber ajustado en el personal. Lo cual impacta directamente en las economías, acarrean desempleo y menos movimiento económico en las localidades. Todo es preocupante y tenemos un gobierno que no se está haciendo eco de lo que le pasa a los ciudadanos”, manifestó Mariela Quirós.

En ese marco, y como alternativa, la diputada retomó una agenda de recorrida por localidades para atender la situación de angustia de los vecinos y acompañar también las medidas para visibilizar a lo que están sometiendo a las familias chaqueñas.

UNA CAMPAÑA CONTRA EL TARIFAZO
La actual gestión de gobierno provincial ha realizado su campaña electoral en base a ejes como la salud, la seguridad y los costos de la energía eléctrica. Sin embargo, a un año de su gestión, los incrementos en el costo de los servicios como la luz, el agua y el transporte público han sido de entre el 200% y 400%.

“Desde el bloque de diputados del PJ no vemos que haya un plan de gobierno específico para esta problemática. Nosotros venimos ya marcando que es un gobierno perverso y sobre todo cargado de cinismo. Es importante que el gobernador se haga cargo, ni siquiera sabemos dónde está porque hace días que no aparece públicamente. Están gobernando hace un año pero en las conferencias de prensa se los escucha culpar a la gestión anterior de todo, me parece que ya es hora de que se hagan cargo. Pero no, se manejan con mucho cinismo, perversión, falta de empatía y, para completar le echan la culpa al pueblo”, analizó.

Así, Quiros recordó que es inédito que los funcionarios a cargo de la gestión de la empresa que distribuye en energía en la provincia le pida al usuario que no consuman energía así las boletas cuestan menos. “¿Qué le decimos a Marcelina que con sólo tres focos paga más del 50% de sus ingresos? ¿Le decimos que deje de consumir, que apague todas las luces de su casa? Eso es lo inexplicable. Acá hay falta de gestión, de organización y de un plan de gobierno”, remarcó.

HERRAMIENTAS PARA AYUDAR
La legisladora junto a otros diputados provinciales han presentado varios proyectos de ley relacionados al impacto de la tarifa de energía eléctrica. También se han reunido con comerciantes de distintos sectores, empresarios hoteleros y gastronómicos para escuchar también sus propuestas.

Uno de los proyectos tiene que ver con ajustar las tarifas de los servicios al salario de trabajadores y trabajadoras, de tal manera que si el salario aumenta, también aumentarían las tarifas de energía y luz. Algo que en la provincia no ocurrió así este año debido a que el incremento de los salarios quedó muy por debajo de los aumentos de la luz y el agua.

“Entonces hay herramientas legislativas presentadas, pero también el gobernador tiene la potestad de poder tomar distintas medidas, de poder generar instancias de subsidio, si está hablando de ajustes del presupuesto, en un año despidió a más de 500 personas, hay muchos recursos ahorrados. ¿Dónde va esa plata? Podría tranquilamente tomar medidas que puedan generar herramientas de subsidio a quienes más lo necesitan. Podría retro traer las tarifas. Podría suspender el corte del suministro a quienes no pueden pagar sus boletas, pero no, nada de eso está pasando”, criticó Mariela Quirós.

Así mencionó también que la angustia de los usuarios de energía también está relacionada al nivel de endeudamiento que padecen debido a que cómo no pueden pagar con sus sueldos las boletas, lo hacen a través de tarjetas de créditos o sacando préstamos. Así “se genera una bicicleta financiera interminable que va de la mano de las políticas nacionales de Javier Milei. Yo me pregunto: ¿Es justo que las familias chaqueñas tengan que sacar crédito para poder pagar la luz? Por supuesto que no. Mucho menos cuando se trata de pagar servicios como la energía y el agua que son un derecho humano”, analizó.

En ese marco, pidió al Estado provincial “tener voluntad de garantizar estos servicios aún para aquellos que hoy no pueden pagar la boleta de luz”. Sin embargo, “la respuesta del Estado son estos operativos contra las conexiones ilegales para quienes están enganchados de forma precaria. Nadie va a poder regularizar su situación con Secheep si los aumentos son tan elevados”, afirmó.

Así, insistió en la importancia de que la ciudadanía sepa que los representantes del pueblo son los que deben generar las medidas para que los chaqueños y las chaqueñas no padezcan la angustia de no llegar a fin de mes con sus salarios producto de los elevados incrementos en el costo de los servicios básicos.

“Vamos a recorrer la provincia, vamos a recorrer aquellas localidades a las que los vecinos nos inviten porque parece importante no solo dar visibilidad sino también la organización, que sepan que existen herramientas e iniciativas legislativas que el oficialismo no quiere tratar. Que sepan que existen organismos como la Defensoría del Pueblo que puede acompañar reclamos colectivos”, cerró Quirós.