Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.

En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.

No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.

Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.

La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.

Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.

La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.

En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.

Que Hay de Cierto

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aliado político del gobernador Leandro Zdero, debió salir a admitir que la decisión de volver a cobrar por estacionar en la calle cayó mal en la gente y ensayó un intento por justificar la medida que impulsan tanto él como el intendente Roy Nikisch.

A una semana del regreso del EMI, Aradas reconoció que la reimplementación del estacionamiento medido provocó malestar ciudadano, pero le echó la culpa a la gente que “no entendió” el anuncio de su jefe Nikisch.

Además, adelantó que el municipio ejecutará un periodo de prueba para analizar el día a día de la medida y en base a eso abrió la posibilidad de una marcha atrás.

Pero también quiso justificar la decisión de volver a cobrar por dejar el auto en la calle a un intento por ordenar el caos del tránsito en Resistencia.

En recientes entrevistas con distintos medios, Aradas dijo que existe una percepción negativa hacia el retorno del EMI y que se han generado conflictos con, por ejemplo, los frentistas.

El presidente del Concejo señaló que este tema será objeto de «largo debate» en el legislativo local y, especialmente, en las comisiones, lo que consideró fundamental para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del municipio y las preocupaciones de los ciudadanos.

“Vamos a aprovechar ese tiempo de corrección para también nosotros poder aportar cuestiones que vemos que pueden sumar y tranquilizar la situación”, admitió.

El titular del cuerpo parlamentario capitalino también buscó minimizar el cuadro conflictivo al asegurar que el EMI existe en la ciudad desde hace 20 años y que “la gente tiene muy poca paciencia hoy con algunas cuestiones”.

“Los tiempos hoy no son los mismos que hace 20 años”, afirmó y apuntó que tampoco el parque automotor de Resistencia es el mismo que dos décadas atrás.

“El objetivo del estacionamiento medido es descomprimir el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad. Algunos no lo entendieron así, pero está bueno y bienvenido sea el debate con respecto a este tema”, agregó.

Aradas reconoce que existe una brecha entre la supuesta intención de la medida adoptada por el municipio y la recepción que tuvo entre los ciudadanos, discrepancia que alimenta el debate y el malestar social.

Colectivos de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán este martes un «abrazo a la salud pública» desde las 13 horas en la puerta del Ministerio de Salud en reclamo de la entrega inmediata de medicación a pacientes oncológicos y otras enfermedades. Alertaron que durante el 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicamentos por parte del Estado nacional.

Se trata de un reclamo que distintas organizaciones de representativas de pacientes vienen realizando desde el comienzo de la gestión libertaria y aún no han tenido respuestas. En el 2024 denunciaron que hubo al menos 60 muertes de personas que dejaron de recibir medicamentos por parte del Estado nacional y debieron interrumpir sus tratamientos. Además alertaron que la situación puede provocar el crecimiento de casos de enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B o C, entre otras.

En comunicación con C5N, el médico y secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, contó que una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo que proveía medicación de alto costo para pacientes oncológicos y con enfermedades raras que no podían ser provistos por los bancos de drogas de las provincias o del Banco Nacional de Drogas.

«Eran más de mil expedientes (pacientes) a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente eran enfermos graves, todos, y al cortarle la medicación durante meses eso provocó esta cantidad de fallecimientos. En 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicación», expresó.

Ante esta situación, las distintas organizaciones de pacientes presentaron en abril un amparo contra el Gobierno nacional pidiendo que se entregue la medicación de manera inmediata. Con demoras jurídicas, el 30 de diciembre el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, decretó una medida cautelar que le ordenó al Estado resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados, como también, adecuar todos sus procedimientos al plazo de 60 días para resolver que establece la Ley de Procedimientos Administrativos.

«El Gobierno en lugar de cumplir apeló el fallo el 3 de enero con dos argumentos muy cuestionables. El primero fue quitarle legitimidad a las asociaciones de pacientes porque decían que el problema era individual y debía resolverlo cada uno de los damnificados. En el segundo decían que las provincias debían hacerse cargo las provincias ya que según su visión el Gobierno nacional estaba solo para coordinar, organizar, pero no debía prestar la financiación a esta medicación», comentó Yabkowski.

El 8 de enero, mediante la resolución 42/2025, el Gobierno creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) en reemplazo de la Dadse y disolvió la dirección de tuberculosis, lepra, hepatitis entre otras estructuras que coordinaban la asistencia y el apoyo a las provincias en atención.

Sin embargo, hasta la fecha los pacientes no tuvieron certezas con respecto a si el Estado nacional se hará cargo de su reclamo. «No sabemos si se va a hacer cargo de la situación ni de los mil expedientes que están vigentes. En el decreto no lo dice, así que dependen de la voluntad política del Ministerio de Salud de resolverlo o no. Nosotros creemos que si hubiese voluntad de resolverlo por parte del Gobierno no hubiesen apelado el fallo», señaló el titular de FESPROSA.

El médico alertó que esta situación no solo perjudica a quienes padecen las enfermedades sino también al conjunto de la sociedad. Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico.

Por estos motivos, el martes distintas organizaciones realizarán un abrazo simbólico en la puerta del Ministerio de Salud para visibilizar la situación y pedirle respuestas al ministro Mario Lugones y exigir que «paren con la motosierra en salud».

«Si no tenemos respuestas seguramente la lista de enfermos graves y fallecidos puede aumentar. El presupuesto para hepatitis, tuberculosis y HIV del ministerio bajó un 76% del 2024 al 2025. Eso significa más contagio en la comunidad, porque a medida que dejas la medicación pasas de ser un enfermo crónico no contagiante a un potencialmente contagiante. Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico lo que están haciendo es una barbaridad», concluyó.

Carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones:
Buenos Aires, 13 de enero de 2025

Al ministro de Salud de la Nación Dr. Mario Iván Lugones

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, representantes de sociedades científicas, profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, nos dirigimos a UD. con el fin de solicitar una audiencia con carácter de urgente frente a la derogación de coordinaciones nacionales de TBC. LEPRA, así como hepatitis virales, HIV, dispuestas por el decreto 1138/2024.

Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento, y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de la OMS para la eliminación de tuberculosis y hepatitis virales para 2030.

Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico. Estas cifras reflejan una crisis de salud pública que requiere una respuesta estatal robusta, no el desmantelamiento de estructuras críticas.

La decisión de cerrar estas coordinaciones contrasta con la Ley 27.675, que establece la obligación de una respuesta integral e intersectorial para abordar estas enfermedades, y con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como la Declaración de Alto Nivel sobre Tuberculosis de 2023. Este retroceso compromete la rectoría estatal y la capacidad de Argentina para garantizar el acceso universal a diagnósticos y tratamientos, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños, adolescentes y personas en situación de pobreza.

Solicitamos, con carácter urgente, conocer cómo se garantizará el cumplimiento de la Ley 27.675 y de los compromisos internacionales tras la derogación de estas coordinaciones. Asimismo, requerimos una reunión inmediata con usted para evaluar los riesgos asociados a estas medidas y definir estrategias conjuntas que aseguren la protección de la salud pública.

La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable a nuestro pedido.

Atentamente,

Sociedad Científica y Civil en Lucha por la Tuberculosis
Observa TB Argentina
Fundación HCV Sin Fronteras
Hepared américa Latina y el Caribe
Alianza Argentina de Pacientes
Alianza Mundial para erradicar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH capítulo argentina
ONG Poleas
Movimiento travesti-trans argentina
Zona norte prevención – grupo de pares hospital central de San Isidro
Red bonaerense de personas con VIH filial San Isidro
Fesprosa (federación sindical de profesionales de la salud de la república argentina)
Frente nacional por la salud de las personas con VIH, hepatitis y tuberculosis
Asociación metropolitana de equipos de salud (ames)
Grupo de mujeres de la argentina- foro de vih mujeres y familia
Fundación mujeres en igualdad – mei
Asociación Civil Razonar
Comisión de cuidados del PJ nacional
Red de defensoras del ambiente y el buen vivir
Peronismo en marcha
Prevenir es cuidar a.c.
Foro argentina de ongs con trabajo en VIH y otras problemáticas
Coalición Roby Jauregui
Gente buena del sur
Casacidn
Grupo convivir
Médicos del mundo
Asociación ciudadana por los derechos humanos
Consejo profesional de graduades en trabajo social CABA
Asociación de profesionales de servicio social del GCBA
Asociación civil buena vida! (hepatitis)
Red de trabajo social en tuberculosis AMBA