Politica
Caso Jorge D’Onofrio: un juez habilitó la feria judicial para obtener una prueba clave en España
Lo hizo el magistrado federal de Campana para activar un mecanismo de colaboración con la UIF de ese país. Se investiga si la concejal cercana al ex ministro y un juez de faltas administraban restoranes en Málaga
El juez federal de Campana Adrián González Charvay habilitó la feria judicial para obtener una prueba clave de España, en el marco de la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la Provincia Jorge D’Onofrio y a varias personas de su entorno. Tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el magistrado activó la colaboración con el organismo español para no demorar el trámite.
“Habilítese la feria judicial del mes de enero de 2025 al solo efecto de canalizar el requerimiento oportunamente realizado”, sostuvo González Charvay en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El último día hábil del año pasado, la UIF le había informado al juez que “para solicitar información de requerimientos a Unidades de otros países que conforman el Grupo Egmont” había que llevar adelante el proceso previsto en la Resolución UIF 66/2023. Ese escrito ingresó al juzgado el 2 de enero. Para no demorar más los tiempos, el magistrado habilitó la feria y activó los resortes formales. Entre otros cosas, el juzgado tiene que aportar una “descripción de la hipótesis investigada y su relación con el lavado de activos”.
Para obtener la prueba de España, el juez pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
González Charvay investiga a D’Onofrio por lavado de dinero. También fueron imputados y son parte de la investigación la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
La información que pueda aportar España es clave, tal como ocurrió en el caso de Martín Insaurralde. Claudia Pombo -que tuvo que renunciar a la Presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y podría dejar su cargo como concejal en breve- hizo varios viajes a ese país en los últimos años y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.
Ambos estarían detrás de Cattleya Blue S.L., una sociedad creada para explotar dos restoranes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”. De hecho, la dirección informada por esa sociedad, Calle San Lorenzo 23, coincide con el domicilio de “Tardeo Soho”.
Hay más coincidencias. Desde su cuenta de Instagram, el juez Quattrochi seguía a ambos locales. Y la concejal Pombo se sacaba fotos en uno de los restoranes.
Los viajes de Pombo sorprendieron a los investigadores y son materia de investigación. Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la concejal hizo 5 viajes a España, 5 a Estados Unidos, 1 a Brasil, y 1 a Uruguay.
Al imputar a Pombo y a D’Onofrio, el fiscal federal Sebastián Bringas pidió que se investigue a Cattleya Blue SL. E impulsó otras medidas que son habituales en las causas de lavado.
Entre las pruebas figura un informe pedido a la UIF de todas las personas investigadas. Ese documento, que todavía no aterrizó en Tribunales, tiene un dato llamativo: Claudia Pombo ganó premios por más de $3 millones en el Bingo Pilar, a solo cinco kilómetros su casa, en el barrio Ayres de Pilar. Los premios se registraron entre 2015 y 2018, según reveló Infobae, cuando esa cifra era significativa. “Es la forma más antigua de lavar dinero, aparece en muchos casos de este tipo”, advirtió un experto en lavado.
Pese a la feria, en los primeros días de enero se sumaron a la causa las respuestas de la Dirección Regional Mercedes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
Además de esa sociedad Cattleya Blue SL, el juez Quattrochi aparece en Almus Blue SL. En 2023, según la documentación que figura en el expediente, el juez compró 30 acciones de esa firma. El resto de las acciones fueron adquiridas por Matías Germán Trejo, un empresario argentino.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. La principal está en manos del fiscal de La Plata, Alvaro Garganta. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Antes de la feria, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba. Por su parte, la defensa de D’Onofrio, a cargo de Ramiro Pérez Duhalde, apeló un fallo de la Cámara de San Martín que había impulsado la causa, y pocos días después terminó desistiendo de ese recurso. El ida y vuelta sorprendió a los investigadores.
En el expediente aparecen varios vehículos millonarios. Según la denuncia del empresario Leandro Camani, presidente de Secutrans, Pombo y D’Onofrio tienen cédulas para manejar una camioneta Toyota SW4, patente AF-675-YT, a nombre de Agustina Cuadra, la hija de la concejal. Además, se menciona un Audi Q8, que también aparece a nombre de un tercero, Facundo Asensio, ex marido de Cuadra. La Justicia le pidió a la Dirección de los Registros de la Propiedad Automotor una copia digital de los legajos “B” de ambos vehículos.
La Justicia investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados, pero apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
Politica
¿Otra puñalada trapera? La TRAIDORA
La vicepresidente primera del Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco, Magda Ayala, convocó “de forma urgente” a una Sesión de la Mesa Directiva del mencionado Consejo para este miércoles a las 19 en el local del PJ. El único asunto del temario es “la Convocatoria a Elecciones Internas para elegir cargos partidarios locales, provinciales y congresales nacionales, y cargos electivos para diputados provinciales”.
En el documento, Ayala argumentó que la decisión fue tomada “en base a diferentes escritos que me han corrido traslado suscriptos por compañeros/as de agrupaciones, congresales nacionales y provinciales y consejeras/os”, en el marco del llamado a elecciones para el 11 de mayo decretado por el gobernador Leandro Zdero.
Cabe aclarar que el presidente del PJ, Jorge Capitanich, se encuentra fuera de la provincia y de acuerdo a versiones de allegados al exmandatario «no estaba al tanto» del llamado de Ayala. Con todo, como autoridad partidaria, la vice tiene la prerrogativa de realizar la convocatoria. El problema no es burocrático, es político.
ALGUNAS REPERCUSIONES
Consultados distintos dirigentes del PJ, la respuesta fue unánime: “Magda está mal asesorada”, pero también consideraron que el “blanqueo” de la jefa comunal de Barranqueras le viene bien al proceso interno del peronismo.
No faltaron los suspicaces: “Zdero mandó a hacer esto y lo tengo confirmado”, señaló un dirigente que se reúne habitualmente con intendentes. “Ella fue a verlos, les pidió que se sumen, que con eso iban a poder reactivar las obras y que si alguno tenía algún tema judicial, había intenciones de ayudar. Y que era momento de sacarlo a Coqui de la escena compitiendo en las elecciones y dentro del partido”.
El dirigente aseguró que los intendentes que acompañan a Ayala “son sólo siete de 43” y que “dicen ser la renovación, pero en esa foto están Atlanto Honcheruk, Juan Carlos Ayala y la CGT, que tiene menos votos que cualquier dirigente barrial”.
A fin de cuentas, el blanqueo de Ayala “es la única forma de poder construir algo de verdad para afuera, para la gente, sincero, verdadero, inteligente, estratégico”, dijo y remató: “Para volver necesitamos un plan y no un rejunte de dirigentes millonarios. Que toda la vida hicieron esto para permanecer”.
“Esto no sólo muestra lo que son ellos, sino también quiénes somos lo que no estamos ahí. Coqui es un gran conductor. ¿Hay que desafiarlo? Sí. ¿Hay que discutirle? Siempre. Pero los tiempos y las formas sí importan”.
Por último, cerró con una bombita: “Que no te sorprenda que se dé una unidad de Coqui y Gustavo, con todos los traidores afuera. Coqui y Gustavo se conocen hace mucho. Y siempre lo que hicieron fue de frente. A mí Gustavo no me gusta para nada, pero algo que le valoro es que antes de hacer cualquier cosa siempre se lo dijo a Coqui”.
CORRUPCION
La Renuncia de Gustavo García como Asesor de la Cámara de Diputados: Una Cuestión Ética y Social
Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.
En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.
No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.
Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.
La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.
Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.
La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.
En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.
Que Hay de Cierto
CONSEJO MUNICIPAL
Aradas admitió que cayó mal el regreso del EMI y dice ahora que es para “ordenar” el caos del tránsito en Resistencia
El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aliado político del gobernador Leandro Zdero, debió salir a admitir que la decisión de volver a cobrar por estacionar en la calle cayó mal en la gente y ensayó un intento por justificar la medida que impulsan tanto él como el intendente Roy Nikisch.
A una semana del regreso del EMI, Aradas reconoció que la reimplementación del estacionamiento medido provocó malestar ciudadano, pero le echó la culpa a la gente que “no entendió” el anuncio de su jefe Nikisch.
Además, adelantó que el municipio ejecutará un periodo de prueba para analizar el día a día de la medida y en base a eso abrió la posibilidad de una marcha atrás.
Pero también quiso justificar la decisión de volver a cobrar por dejar el auto en la calle a un intento por ordenar el caos del tránsito en Resistencia.
En recientes entrevistas con distintos medios, Aradas dijo que existe una percepción negativa hacia el retorno del EMI y que se han generado conflictos con, por ejemplo, los frentistas.
El presidente del Concejo señaló que este tema será objeto de «largo debate» en el legislativo local y, especialmente, en las comisiones, lo que consideró fundamental para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del municipio y las preocupaciones de los ciudadanos.
“Vamos a aprovechar ese tiempo de corrección para también nosotros poder aportar cuestiones que vemos que pueden sumar y tranquilizar la situación”, admitió.
El titular del cuerpo parlamentario capitalino también buscó minimizar el cuadro conflictivo al asegurar que el EMI existe en la ciudad desde hace 20 años y que “la gente tiene muy poca paciencia hoy con algunas cuestiones”.
“Los tiempos hoy no son los mismos que hace 20 años”, afirmó y apuntó que tampoco el parque automotor de Resistencia es el mismo que dos décadas atrás.
“El objetivo del estacionamiento medido es descomprimir el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad. Algunos no lo entendieron así, pero está bueno y bienvenido sea el debate con respecto a este tema”, agregó.
Aradas reconoce que existe una brecha entre la supuesta intención de la medida adoptada por el municipio y la recepción que tuvo entre los ciudadanos, discrepancia que alimenta el debate y el malestar social.
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