Politica
Guido Croxatto, especialista en Derecho constitucional: “Lijo está más habilitado que Maqueda para la Corte”
El director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social remarcó que el ministro saliente de la Corte no egresó de una universidad pública como exige la ley para integrar el Máximo Tribunal y consideró que Ariel Lijo, que se recibió en la UBA, “no es ni mejor ni peor que otros jueces”
“Los problemas que tiene la Justicia son demasiado grandes. Lijo no es ni mejor ni peor que otros jueces y no tiene que ser el chivo expiatorio para tapar un tema que es más importante”, advierte el director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, Guido Croxatto.
Para este abogado argentino, especialista en Derechos Humanos y con posgrados en el exterior Derecho Público y Constitucional, profesor en la Universidad de Kiel, en Alemania, y abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, hay un Poder Judicial con “muchos privilegios” entre los que destaca una contradicción con el actual proceso de designación de los futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia: la diferencia entre la opinión de los medios sobre la designación del saliente Juan Carlos Maqueda, en 2002, y las eventuales controversias que pesan sobre los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
“Tenemos un Poder Judicial con jueces con muchos privilegios. Tenemos jueces millonarios en un país pobre, jueces que no declaran todo su patrimonio, jueces que no pagan impuestos. Hay mucho nepotismo en el Poder Judicial, todos nombran a sus hijos, todo eso está mal e implicaría una reforma del Poder Judicial. (Elena) Highton de Nolasco incluso presentó un amparo en su momento para quedarse en la Corte. Hay jueces que no cumplen con la ley, es paradójico», insiste Croxatto, como introducción al tema central que le preocupa: los espacios vacantes en la Corte y su proceso de selección.
– ¿Cómo aplica esta reflexión al caso de la nominación de Ariel Lijo?
– En el caso de Lijo (la discusión) está sobreactuada. No es ni mejor ni peor que otros jueces. Si uno pone la lupa en los magistrados que ahora están en la Corte Suprema, quiero hacer foco en el caso de Maqueda. Fue nombrado por (Eduardo) Duhalde, que no fue elegido democráticamente. Es decir que ya tenía un vicio de origen político, nombrado en una transición, sin mandato popular. Además no cumplía con un requisito formal: ser egresado de una universidad nacional. Por eso Macri cambia ese requisito para que todos los abogados egresados de universidad privada puedan ser jueces. Pero esa modificación deja a salvo el artículo 4 del decreto 1284, que exige que los jueces de la Corte y el Procurador sean de universidad nacional. Y “nacional” se entiende como universidad pública. Requisito que Maqueda no cumple. Es un aspecto técnico pero fundamental que quiero poner sobre la mesa. Y García-Mansilla tampoco, es egresado de la Universidad de El Salvador.
– ¿Usted sugiere que Lijo tiene más “derechos” que Maqueda para integrar el Máximo Tribunal?
– Lijo está en lo formal más habilitado que Maqueda, que no cumplía con el requisito de ser “abogado de universidad nacional” como exige la ley. ¿Por qué no cuestionamos lo de Maqueda y cuestionamos a Lijo que es un abogado de la UBA y cumple con el reglamento?
– ¿Por qué?
– Porque en el medio de la crisis que vivía Argentina en ese momento parecía un asunto menor. Pero con el tiempo vemos que no es menor.
– ¿Y por qué es importante que un ministro de la Corte haya egresado de la universidad pública?
– Como dijo (Horacio) Rosatti, todo termina en la Corte. A su vez esto refleja otro problema, que es la judicialización creciente de la vida política. Eso es un problema en cualquier democracia porque lo que está mostrando es que hay otros espacios de la vida política que no funcionan bien: no funcionan la negociación, los acuerdos, el consenso, muchas veces no funciona el Congreso o los partidos políticos como estructura que dialogan entre sí. Entonces cualquier conflicto se judicializa y le damos al Poder Judicial la última palabra.
– ¿Qué problemas trae a nivel político que el Poder Judicial tenga la última palabra?
– Esto genera una tensión. En la academia se conoce como la tensión entre el constitucionalismo y la democracia. Roberto Gargarella, un constitucionalista destacado, que en cualquier otro país sería él juez de la Corte Suprema, suele decir que el control constitucional termina dejando en muy pocas manos cuestiones que son de las mayorías o de la vida pública.
– ¿Coincide con Gargarella?
– Yo creo que Gargarella tiene razón. Creo que Argentina tiene muchos problemas con el control constitucional y con la administración de justicia. Por eso es tan importante que los candidatos que se proponen cumplan con las formalidades que dice la ley. A diferencia de cuando nombraron a Maqueda, hoy la Argentina vive una situación de mayor estabilidad y está muy bien que nos fijemos quiénes son los jueces que llegan a la Corte porque se supone que son los mejores juristas del país y Argentina no los está poniendo.
– De todos modos, se entiende que la crítica a Milei por la postulación de Ariel Lijo no tiene que ver con el origen formativo sino por las objeciones que algunos sectores hacen a su desempeño como juez.
– Sí, las mayores críticas tienen que ver con su desempeño como juez. Sin embargo, yo creo que lo primero que debe destacarse es que el candidato cumpla con los requisitos formales y luego analizaremos las demás cuestiones que hacen al recorrido académico y profesional del candidato. Simplemente quiero señalar que nadie dijo que Maqueda no cumplía con este requisito formal y fue más de 20 años juez de la Corte. Y nadie dijo nada.
– ¿Nadie dijo nada porque era buen jurista?
– Tampoco fue un gran jurista. Creo que lo más destacado que hizo fue su firma en disidencia con Lorenzetti del fallo Muiña (N. de la R: el 3 de mayo de 2017, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, resolvieron habilitar la posibilidad de que un condenado por delitos de lesa humanidad pudiera beneficiarse de la aplicación del 2 por 1 establecido por el artículo 7° de la Ley 24.390; luego, el Congreso sancionó una ley que estableció que el 2 por 1 no es aplicable a genocidas).
– ¿Por qué considera, como dijo antes, que la crítica a Lijo está sobreactuada?
– Me parece que se sobreactúa la crítica a Lijo por dos cuestiones. Una es por el solo hecho de que lo nombra Milei. Más allá de que yo no coincido en muchas cosas con Milei no lo vamos a criticar sin argumentos. Hay muchos jueces que han tenido fallos polémicos que no se han hecho públicos. Lijo no es ni mejor ni peor que otros jueces y cumple con el requisito formal de haber sido egresado de universidad nacional, algo que tiene que ver con la defensa de la universidad pública. Esta es una defensa concreta. Maqueda es egresado de la Católica de Córdoba, que es privada. No es nacional, ni pública. Eso tiene que ver con la importancia de la universidad pública y los valores. No es un requisito caprichoso. Y destaquemos que Maqueda no lo cumplía y Lijo sí lo cumple.
– ¿Qué opina de la postulación de García-Mansilla entonces?
– García-Mansilla precisamente tiene la misma vinculación con el sector privado que Rosenkrantz. De hecho, Rosenkrantz fue jurado de la tesis de doctorado de García-Mansilla en la Universidad Austral. Y García Mansilla viene de la Universidad de El Salvador y de la Austral, universidades privadas. No puede ser que el presidente del máximo Tribunal de Justicia del país provenga de una universidad privada y no de una universidad pública. Si bien Rosenkrantz cumplía con el requisito formal, yo creo que el hecho de que él haya sido presidente del máximo tribunal, habiendo sido rector de una universidad de privilegio, es una suerte de contrasentido o contradicción, porque la Corte Suprema defiende el derecho, que es algo público y para todos. Y la cara máxima de la justicia tiene que ser del sector público, no privado. Aunque Rosenkrantz es un egresado de una universidad nacional y cumple con ese requisito.
– ¿Más allá del título universitario, considera que los jueces de la Corte deberían tener una carrera incuestionable?
– Yo vengo de la vida académica. Y sí creo que los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General tienen que ser jueces con recorrido profesional intachable y también tienen que tener una obra académica que nos haga suponer que cuando sean jueces van a argumentar bien, porque un juez que no tiene una formación académica sólida no es un juez independiente, es un juez que puede ser manipulado por intereses. (Mario) Vargas Llosa dijo una vez que es muy poca la gente capaz de vivir de la cultura. Yo creo que ese argumento aplica a los jueces de la Corte Suprema porque no pueden respaldar sus fallos en sus argumentos personales ni en intereses políticos. Tienen que hacer valer la Constitución y para eso tienen que tener una formación consistente y sólida. Y un juez que no está preparado académicamente, que no tiene una formación sólida, es un juez menos independiente, más manipulable, que se puede corromper. Y los jueces de la Corte Suprema tienen que ser incorruptibles. Argentina podría elegir juristas de trayectoria académica destacada y que tienen gran consenso. Evidentemente hace tiempo que no es la prioridad de los poderes ejecutivos nacionales.
– Pero usted se resiste a criticar a Milei por estas postulaciones.
– Una cosa es cuestionar un candidato y otra cosa muy distinta es que el presidente no esté habilitado para proponerlo. Yo puedo no estar de acuerdo con la postulación de Lijo, pero eso no quiere decir que el Presidente no pueda postularlo y que haya que analizar los requisitos de idoneidad con la mayor objetividad posible. Más allá de nuestras preferencias políticas o partidarias.
– ¿Hace falta una reforma judicial en Argentina?
– Sí, y es mucho más grave que Argentina hace siete años tenga un procurador general interino, que ya pasó tres mandatos presidenciales, que nombrar a Lijo en la Corte. Un interinato constitucional debe durar como mucho seis meses, no siete años. Eso debiera ser un escándalo en cualquier república seria. En Argentina no se habla de eso. No se habla de que el Procurador General es interino, hace tres mandatos.
– ¿Está a favor de que el pueblo elija a los jueces?
– Creo que la discusión por la elección popular de jueces es una discusión importante que esconde otro problema y es la insatisfacción de la sociedad con el Poder Judicial. Según diferentes encuestas, el Poder Judicial es el poder con peor imagen de los tres. Y esto tiene que ver el alto rechazo de la ciudadanía a la imagen del Poder Judicial como un espacio poco transparente, con jueces millonarios en un país pobre y con una ciudadanía que no se siente representada ni asistida ni defendida por el Poder Judicial. Hay una falta de legitimidad del Poder Judicial y hay que ver cómo se responde a esa situación. Y una de las alternativas es la elección popular de jueces. Yo no creo que sea el mejor camino, solamente creo que en México o en Ecuador fue la alternativa que se encontró para compensar esta falta de legitimidad del Poder Judicial.
– ¿Está en crisis el Poder Judicial?
– Hay un argumento que yo siempre lo digo en los congresos, acá o en Alemania, y en general es bien recibido. Lo que hace dos siglos era la objeción contramayoritaria del Poder Judicial, que significaba que el Poder Judicial tenía que ser un contrapeso conservador de los otros dos poderes, porque los otros dos poderes tenían miembros elegidos por mayoría entonces se entendía que el Poder Judicial tenía que contrapesar esas mayorías defendiendo las garantías de todos, es decir, de las minorías. Ese argumento clásico del liberalismo político de hace dos siglos yo creo que hoy se ha ido desvirtuando y muchas veces el Poder Judicial defiende minorías, pero no minorías amenazadas, sino minorías privilegiadas. Con lo cual hay una cuestión de la ingeniería constitucional y de la división de poderes que está desdibujada y que no es culpa de los jueces. Pero tenemos un problema constitucional y político que resolver en el Estado de Derecho y para eso haría falta una discusión constitucional seria en la Argentina, que hoy, por desgracia, no se está dando.
CORRUPCION
La Renuncia de Gustavo García como Asesor de la Cámara de Diputados: Una Cuestión Ética y Social
Recientemente, un grupo de radicales ha exigido la renuncia de Gustavo García de su puesto como asesor en la Cámara de Diputados, tras su nombramiento como Director de Bosques, un cargo otorgado por el gobernador. La controversia se centra en el hecho de que García podría estar recibiendo dos sueldos significativos, lo que ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las disparidades económicas en la sociedad.
En primer lugar, es fundamental considerar el contexto económico en el que se desarrolla esta situación. Argentina, y en particular la provincia de Chaco, enfrenta una crisis económica que ha llevado a muchos ciudadanos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Empleados provinciales, policías, y docentes son solo algunos de los grupos que han manifestado su preocupación por recibir salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Este panorama de precariedad ha intensificado la percepción de que no es ético que un funcionario público, como García, mantenga dos cargos que le reportan ingresos millonarios, en un momento en que muchos ciudadanos luchan por sobrevivir económicamente.
No es etico tener dos sueldos millanarios, ya que la gente esta pasando un mal momento economico, empleados provinciales, policias, docentes estaban cobrando por debajo de la canasta basica, habrian manifestado este grupo de radicales.
Recordemos que Gustavo Garcia, ya es empleado de la camara de Diputados hace varios años, con un sueldo millonario y ahora Zdero lo premio con un cargo importante, ni mas ni menos en cuidar los bosques nativos de Chaco.
La cuestión ética planteada por este grupo de radicales es válida y refleja un sentimiento generalizado de frustración hacia una clase política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad de la población. La dualidad en el sueldo de García plantea interrogantes sobre su compromiso con servicio público y la responsabilidad que tienen los funcionarios de ser sensibles a las necesidades de la ciudadanía. Muchos sostienen que, en tiempos de crisis, es imperativo que los líderes den un ejemplo, priorizando el bien común sobre los beneficios personales.
Por otro lado, la designación de García como Director de Bosques también genera preocupaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales en Chaco. Este cargo, tan relevante para la protección del medio ambiente, demanda una dedicación completa y un enfoque sostenible que podría verse comprometido si García tiene que atender simultáneamente múltiples responsabilidades en la Cámara de Diputados. La protección de los bosques nativos es un tema que requiere atención y compromiso, y es incierto si un funcionario que ya tiene un rol importante podrá asumir de manera efectiva esta nueva responsabilidad.
La exigencia de renuncia de los radicales no solo cuestiona el accionar de Gustavo García, sino que también abre un debate más amplio sobre la ética en la política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un contexto donde la desigualdad social es cada vez más evidente, se hace vital que los líderes escuchen las demandas de su comunidad y actúen en consecuencia, renunciando a privilegios que no se justifican en una situación de crisis.
En conclusión, la demanda de renuncia de Gustavo García como asesor de la Cámara de Diputados pone de relieve importantes cuestiones éticas y sociales en el panorama político argentino. La falta de sensibilidad hacia las condiciones económicas de la población, sumada a la necesidad de un liderazgo comprometido con el bien común, son puntos cruciales en la discusión actual. En tiempos de crisis, es esencial que los funcionarios públicos se alineen con las necesidades de la ciudadanía, eligiendo caminos que prioricen el bienestar colectivo por sobre los intereses personales.
Que Hay de Cierto
CONSEJO MUNICIPAL
Aradas admitió que cayó mal el regreso del EMI y dice ahora que es para “ordenar” el caos del tránsito en Resistencia
El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aliado político del gobernador Leandro Zdero, debió salir a admitir que la decisión de volver a cobrar por estacionar en la calle cayó mal en la gente y ensayó un intento por justificar la medida que impulsan tanto él como el intendente Roy Nikisch.
A una semana del regreso del EMI, Aradas reconoció que la reimplementación del estacionamiento medido provocó malestar ciudadano, pero le echó la culpa a la gente que “no entendió” el anuncio de su jefe Nikisch.
Además, adelantó que el municipio ejecutará un periodo de prueba para analizar el día a día de la medida y en base a eso abrió la posibilidad de una marcha atrás.
Pero también quiso justificar la decisión de volver a cobrar por dejar el auto en la calle a un intento por ordenar el caos del tránsito en Resistencia.
En recientes entrevistas con distintos medios, Aradas dijo que existe una percepción negativa hacia el retorno del EMI y que se han generado conflictos con, por ejemplo, los frentistas.
El presidente del Concejo señaló que este tema será objeto de «largo debate» en el legislativo local y, especialmente, en las comisiones, lo que consideró fundamental para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del municipio y las preocupaciones de los ciudadanos.
“Vamos a aprovechar ese tiempo de corrección para también nosotros poder aportar cuestiones que vemos que pueden sumar y tranquilizar la situación”, admitió.
El titular del cuerpo parlamentario capitalino también buscó minimizar el cuadro conflictivo al asegurar que el EMI existe en la ciudad desde hace 20 años y que “la gente tiene muy poca paciencia hoy con algunas cuestiones”.
“Los tiempos hoy no son los mismos que hace 20 años”, afirmó y apuntó que tampoco el parque automotor de Resistencia es el mismo que dos décadas atrás.
“El objetivo del estacionamiento medido es descomprimir el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad. Algunos no lo entendieron así, pero está bueno y bienvenido sea el debate con respecto a este tema”, agregó.
Aradas reconoce que existe una brecha entre la supuesta intención de la medida adoptada por el municipio y la recepción que tuvo entre los ciudadanos, discrepancia que alimenta el debate y el malestar social.
Politica
Medicamentos oncológicos: alertan que murieron más de 60 personas en 2024 y reclaman que el Gobierno regularice la entrega
Colectivos de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán este martes un «abrazo a la salud pública» desde las 13 horas en la puerta del Ministerio de Salud en reclamo de la entrega inmediata de medicación a pacientes oncológicos y otras enfermedades. Alertaron que durante el 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicamentos por parte del Estado nacional.
Se trata de un reclamo que distintas organizaciones de representativas de pacientes vienen realizando desde el comienzo de la gestión libertaria y aún no han tenido respuestas. En el 2024 denunciaron que hubo al menos 60 muertes de personas que dejaron de recibir medicamentos por parte del Estado nacional y debieron interrumpir sus tratamientos. Además alertaron que la situación puede provocar el crecimiento de casos de enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B o C, entre otras.
En comunicación con C5N, el médico y secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, contó que una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo que proveía medicación de alto costo para pacientes oncológicos y con enfermedades raras que no podían ser provistos por los bancos de drogas de las provincias o del Banco Nacional de Drogas.
«Eran más de mil expedientes (pacientes) a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente eran enfermos graves, todos, y al cortarle la medicación durante meses eso provocó esta cantidad de fallecimientos. En 2024 murieron más de 60 personas por no recibir medicación», expresó.
Ante esta situación, las distintas organizaciones de pacientes presentaron en abril un amparo contra el Gobierno nacional pidiendo que se entregue la medicación de manera inmediata. Con demoras jurídicas, el 30 de diciembre el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, decretó una medida cautelar que le ordenó al Estado resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados, como también, adecuar todos sus procedimientos al plazo de 60 días para resolver que establece la Ley de Procedimientos Administrativos.
«El Gobierno en lugar de cumplir apeló el fallo el 3 de enero con dos argumentos muy cuestionables. El primero fue quitarle legitimidad a las asociaciones de pacientes porque decían que el problema era individual y debía resolverlo cada uno de los damnificados. En el segundo decían que las provincias debían hacerse cargo las provincias ya que según su visión el Gobierno nacional estaba solo para coordinar, organizar, pero no debía prestar la financiación a esta medicación», comentó Yabkowski.
El 8 de enero, mediante la resolución 42/2025, el Gobierno creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) en reemplazo de la Dadse y disolvió la dirección de tuberculosis, lepra, hepatitis entre otras estructuras que coordinaban la asistencia y el apoyo a las provincias en atención.
Sin embargo, hasta la fecha los pacientes no tuvieron certezas con respecto a si el Estado nacional se hará cargo de su reclamo. «No sabemos si se va a hacer cargo de la situación ni de los mil expedientes que están vigentes. En el decreto no lo dice, así que dependen de la voluntad política del Ministerio de Salud de resolverlo o no. Nosotros creemos que si hubiese voluntad de resolverlo por parte del Gobierno no hubiesen apelado el fallo», señaló el titular de FESPROSA.
El médico alertó que esta situación no solo perjudica a quienes padecen las enfermedades sino también al conjunto de la sociedad. Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico.
Por estos motivos, el martes distintas organizaciones realizarán un abrazo simbólico en la puerta del Ministerio de Salud para visibilizar la situación y pedirle respuestas al ministro Mario Lugones y exigir que «paren con la motosierra en salud».
«Si no tenemos respuestas seguramente la lista de enfermos graves y fallecidos puede aumentar. El presupuesto para hepatitis, tuberculosis y HIV del ministerio bajó un 76% del 2024 al 2025. Eso significa más contagio en la comunidad, porque a medida que dejas la medicación pasas de ser un enfermo crónico no contagiante a un potencialmente contagiante. Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico lo que están haciendo es una barbaridad», concluyó.
Carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones:
Buenos Aires, 13 de enero de 2025
Al ministro de Salud de la Nación Dr. Mario Iván Lugones
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, representantes de sociedades científicas, profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, nos dirigimos a UD. con el fin de solicitar una audiencia con carácter de urgente frente a la derogación de coordinaciones nacionales de TBC. LEPRA, así como hepatitis virales, HIV, dispuestas por el decreto 1138/2024.
Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento, y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de la OMS para la eliminación de tuberculosis y hepatitis virales para 2030.
Los datos epidemiológicos son contundentes: los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico. Estas cifras reflejan una crisis de salud pública que requiere una respuesta estatal robusta, no el desmantelamiento de estructuras críticas.
La decisión de cerrar estas coordinaciones contrasta con la Ley 27.675, que establece la obligación de una respuesta integral e intersectorial para abordar estas enfermedades, y con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como la Declaración de Alto Nivel sobre Tuberculosis de 2023. Este retroceso compromete la rectoría estatal y la capacidad de Argentina para garantizar el acceso universal a diagnósticos y tratamientos, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños, adolescentes y personas en situación de pobreza.
Solicitamos, con carácter urgente, conocer cómo se garantizará el cumplimiento de la Ley 27.675 y de los compromisos internacionales tras la derogación de estas coordinaciones. Asimismo, requerimos una reunión inmediata con usted para evaluar los riesgos asociados a estas medidas y definir estrategias conjuntas que aseguren la protección de la salud pública.
La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población.
Quedamos a la espera de una respuesta favorable a nuestro pedido.
Atentamente,
Sociedad Científica y Civil en Lucha por la Tuberculosis
Observa TB Argentina
Fundación HCV Sin Fronteras
Hepared américa Latina y el Caribe
Alianza Argentina de Pacientes
Alianza Mundial para erradicar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH capítulo argentina
ONG Poleas
Movimiento travesti-trans argentina
Zona norte prevención – grupo de pares hospital central de San Isidro
Red bonaerense de personas con VIH filial San Isidro
Fesprosa (federación sindical de profesionales de la salud de la república argentina)
Frente nacional por la salud de las personas con VIH, hepatitis y tuberculosis
Asociación metropolitana de equipos de salud (ames)
Grupo de mujeres de la argentina- foro de vih mujeres y familia
Fundación mujeres en igualdad – mei
Asociación Civil Razonar
Comisión de cuidados del PJ nacional
Red de defensoras del ambiente y el buen vivir
Peronismo en marcha
Prevenir es cuidar a.c.
Foro argentina de ongs con trabajo en VIH y otras problemáticas
Coalición Roby Jauregui
Gente buena del sur
Casacidn
Grupo convivir
Médicos del mundo
Asociación ciudadana por los derechos humanos
Consejo profesional de graduades en trabajo social CABA
Asociación de profesionales de servicio social del GCBA
Asociación civil buena vida! (hepatitis)
Red de trabajo social en tuberculosis AMBA
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