El sector agroindustrial argentino atraviesa momentos de incertidumbre tras la declaración de default de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, dos firmas pertenecientes al grupo liderado por el fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP).
Desde el 2 al 6 de enero, estas empresas acumularon cheques rechazados por falta de fondos que alcanzan los $1.826 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A esta situación se suma un pedido de embargo por $21 millones contra Red Surcos, otra empresa del rubro.
En detalle, Los Grobo Agropecuaria registró 15 cheques sin fondos por un valor total de $1.376 millones, mientras que Agrofina sumó tres cheques rebotados que equivalen a $450 millones.
Incertidumbre y preocupación de los productores
La situación generó preocupación entre los productores que habían entregado granos bajo el sistema de fijaciones abiertas, muchos de los cuales exigen la liquidación inmediata de sus pagos pendientes.
El problema escaló el pasado 27 de diciembre, cuando las empresas notificaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudieron cubrir un pagaré bursátil por US$ 100.000.
Además, anunciaron que no podrán afrontar compromisos financieros hasta el 31 de marzo, que totalizan US$ 10 millones.
Enrique Flaiban, CEO del grupo y representante de VCP, afirmó que están trabajando para resolver la situación de iliquidez, la cual consideran transitoria.
“Nuestra prioridad es continuar con las operaciones comerciales y de producción, priorizando el compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, aseguró en un comunicado.
Los Grobo, que desde hace cuatro décadas es un referente del agro argentino, intenta mantener la confianza pese a los reveses financieros.
Estas dificultades reflejan un contexto desafiante para el agro, con un mercado retraído que presiona las operaciones de las principales empresas del rubro.
La situación de otra empresa del sector
Por su parte, Red Surcos enfrenta un pedido de embargo por $21 millones, lo que refuerza el panorama complejo que vive el sector.
La empresa que también se encuentra en default y ha solicitado ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis.
En ese sentido, enfrenta un juicio ejecutivo iniciado por Finlatina en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe, en el que se decretó un embargo por la suma de $21.666.666.
Este conflicto se suma a las tensiones que atraviesa el sector, por bajos precios internacionales y falta de lluvias.
Desde la firma, cuyo CEO es Sebastián Calvo, aseguraron no haber recibido notificación formal del juzgado respecto a la acción judicial ni a la resolución del embargo.
En una carta enviada a la CNV, afirmaron que ejercerán plenamente su derecho de defensa para enfrentar el juicio por un monto que ascendería a $50.000.000.
