La exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, fue encontrada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales por nombrar a funcionarios públicos que no brindaban servicios y solo cobraban un sueldo. Solo resta saber cuál será la condena que recibirá.
El titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, solicitó que Torres Otarola sea condenada a tres años y seis meses de prisión efectiva por cobrarles la mitad del sueldo a algunos empleados públicos, mientras que en el caso de los empleados fantasma se propuso una pena de 2 años de cárcel en suspenso.
Rodríguez justificó su pedido al señalar que Torres Otarola había cometido los delitos investigados en la causa conocida como “ñoquis calientes” con la finalidad de obtener un “rédito propio”.
La investigación surgió a raíz de una denuncia que realizó el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la extitular del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia le había pedido parte del sueldo tanto a él como a Erica Paludi y Alexis Gangas, dos asesores que habían sido designados por ella.
Tras varios meses de investigación en el caso, el Ministerio Público Fiscal de Chubut consideró que las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.
Rodríguez remarcó que la exfuncionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”. Por este motivo, solicitó que sea inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El fiscal a cargo del caso también solicitó al tribunal que la exministra sea condenada a devolver el monto actualizado de los fondos estatales que se había apropiado en 2020, los cuales representaron un total de $1.915.154.
Ante los pedidos de Rodríguez, el abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, presentó un pedido para que la pena no sea mayor a tres años y que sea de forma condicional al argumentar que su cliente “no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su ex marido”.
“Siempre estuvo a disposición y no generó inconvenientes en los 5 años que duró el proceso judicial”, remarcó el letrado, al ofrecer hacer entrega de los armazones de anteojos que iban a ser donados a las personas de la tercera edad.
El medio local Diario Jornada señaló que los lentes donados por la exfuncionaria serían producto de un canje que habría conseguido como parte de su trabajo en la Fundación Celedonio Rodera.
El fiscal Rodríguez solicitó que los funcionarios públicos que habían sido nombrados por la exministra, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, sean sentenciados a cumplir una condena de 2 años en prisión en suspenso.
Además de pedir que los cuatro implicados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el resto de sus vidas, remarcó la necesidad de que cumplan reglas de conducta que constaría de una presentación cada tres meses y la realización de una capacitación en ética en la función pública.
El titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública reclamó que se aplique como requisito que los sentenciados realicen una devolución del monto actualizado correspondiente a los sueldos estatales que cobraron, pese a que nunca brindaron servicios al Estado provincial desde que fueron nombrados.
Rodríguez señaló que Miguel Retro Trelles había percibido un total de $424.160 en 2020; Mara Rodera recibió $242.559; y Facundo Solari Rodera, un monto acumulado de $424.160. La abogada de los Rodera, Florencia Barba, dijo que no habían cobrado ni el 0,0001% del presupuesto que se había asignado en 2020, por lo que solicitó que, si tuvieran que devolverlos, no se les aplicaran las tasas de interés.
