Mientras legisladores presentaron un pedido de jury a la jueza Feldman, la Fundación Vínculos Sanos llevará adelante esta semana una vigilia en la sede del Juzgado del Niñez, Adolescencia y Familia.
Comienza otra semana de lucha para familiares maternos y amigos de la mamá de Cielo, la pequeña arrancada de los brazos de su madre el pasado 17 de diciembre.

Desde la Fundación Vínculos Sanos indicaron que esta semana llevarán adelante una vigilia pacífica en las puertas del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, de la jueza Karina Feldman, ubicado en French 150 en Resistencia.

Todos los días a las 10, estarán presentes para reclamar por la revinculación de la niña con su madre y hermanita, así como también el apartamento de la causa de la jueza que no respetó los derechos ni oyó a Cielo que, en determinadas ocasiones, expresó su negativa de vincularse con sus abuelos paternos.

“Cielo está aislada”
En cada actividad, la familia materna de Cielo junto a padres de amiguitos de la pequeña alertan sobre el aislamiento social al que la familia paterna somete a la niña.

La pequeña debía comenzar una colonia de vacaciones y no la llevaron, tampoco responden a los mensajes de las madres de los amigos de Cielo para verla en las tardes de juego que habitualmente realizaba la niña.

En ese marco, desde el entorno familiar de la niña advierten que esta situación no favorece a Cielo ya que, desde el día que la llevaron a la fuerza de su casa, no volvió a ver a nadie de su entorno cercano. Tampoco a su hermanita.

Jury a la jueza
Legisladores de la provincia del Chaco solicitaron que se convoque a un Jurado de Enjuiciamiento para evaluar el accionar que mantuvo la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia de Resistencia, Claudia Karina Feldmann, quien ordenó un operativo para apartar a «niña Cielo» de su madre.

La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura provincial solicita que se evalúe el procedimiento llevado adelante para llevar a la menor y si se respetaron los «derechos fundamentales de la niña».

En este sentido, de comprobarse «no haber respetado la voluntad de la menor y ejercer el retiro en contra de su voluntad, la negativa a ser escuchada y el uso de fuerza física», la jueza podría someterse a un juicio en el que deberá dar explicaciones sobre la metodología utilizada y, de ser culpable, podría ser destituida del cargo.

La denuncia fue firmada por legisladores de la bancada del Frente Chaqueños y aliados como Santiago Perez Pons, Paola Benítez, Mariela Quirós, Analía Flores, Tere Cubells, Juan Bergia, María Pia Chiacchio Cavana, Rodrigo Ocampo, Nicolás Slimel; mientras que por el radicalismo, solo firmó Carim Peche.

Este no es un dato menor ya que, en conferencias de prensa, el gobernador Leandro Zdero afirmó que la prioridad del Gobierno es el cuidado de Cielo; solo un legislador de la fuerza política a la que pertenece, acompañó el pedido de jury.

Para el abogado de la mamá de Cielo, Mladen Ignacio Sinkovich “es muy oportuna y correcta la intervención de los diputados que firmaron el pedido de jury. Fue una situación increíblemente violatoria de los derechos de la niña, con un procedimiento que va a acompañarla toda su vida en su memoria, al igual que los videos y fotos», aseguró a Norte.

De esta manera, comienza otra etapa en el caso Cielo, esta vez, contra la magistrada de impulsó la vinculación forzada de la pequeña con sus abuelos; y que ordenó que sea arrancada de manera violenta de su casa.

Once imputados se enfrentan a un juicio por jurados por el fallecimiento de cinco niños en 2022.

Dos años después de las denuncias, este lunes comenzará el juicio contra once imputados por la muerte de cinco bebés recién nacidos en el hospital neonatal de la provincia de Córdoba.

El proceso tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, acusada de haber inyectado potasio a los niños, quien se encuentra detenida desde agosto de 2022.

El juicio inicia luego de que la Cámara de Acusación rechazara las últimas apelaciones presentadas por los imputados del caso.

Entre los once acusados se encuentran la enfermera, señalada de haberles provocado un cuadro de hiperpotasemia a los bebés que resultó fatal, médicos y ex funcionarios del hospital.

El proceso tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, a cargo de los magistrados Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y con los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini.

Además, en el caso se aplicará el sistema de juicio por jurados populares.

Los hechos investigados abarcan entre marzo y junio de 2022, período en que cinco bebés recién nacidos murieron de forma repentina sin haber tenido ninguna complicación al momento del alumbramiento.

En ese lapso, otros ocho niños tuvieron los mismos síntomas, pero lograron recuperarse.

Por esos hechos, la enfermera Brenda Agüero se enfrenta a cargos por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” por los cinco bebés fallecidos, mientras que también se la acusa de “tentativa de homicidio” por los otro ocho afectados.

Además de Agüero, en la causa también está detenida la ex directora del hospital Liliana Asís, acusada de “encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública”.

También está señalados por encubrimiento e incumplimiento de deberes el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, la ex jefa de enfermería del hospital, Alicia Beatriz Ariza, el médico Pablo Miguel Carvajal, y el ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, entre otros.

Fuente: NA

Alejandro Domingo D’Agostino, condenado por pilotear el avión que arrojó a las Madres de Plaza de Mayo en 1977, salió sin permiso de su casa más de 10 veces. La justicia decidió mantener su condición de detención a pesar de eso.

A pesar de haber violado los términos de su prisión domiciliaria al menos 10 veces durante este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal benefició a Alejandro Domingo D’Agostino, condenado por pilotear el avión que arrojó a las Madres de Plaza de Mayo en 1977, y le permitió seguir detenido en su casa.

El fallo del 19 de diciembre recién se conoció este fin de semana, luego de que organismos de derechos humanos lo denunciaran públicamente como un privilegio para el represor, quien cumple una pena de prisión perpetua como partícipe necesario del homicidio agravado de 12 personas que estaban detenidas ilegalmente en la ESMA.

D’Agostino era piloto y entre 1976 y 1979 estuvo destinado a la división Aviación de Prefectura, que funcionaba en Aeroparque. Entre los aviones que piloteaba estaba el Short Skyvan, como el que utilizó para el vuelo que arrojó al mar en diciembre de 1977 al grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre quienes estaban las madres Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

El exprefecto se encuentra detenido en su casa desde 2012, primero con prisión preventiva y luego para cumplir la pena impuesta en el juicio ESMA Unificada de 2017.

El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad le da permisos regulares para su atención médica. Sin embargo, entre enero y abril de este año hubo al menos 10 salidas irregulares de su domicilio. Su defensa sostuvo que fueron para “atender los diferentes tratamientos médicos a los que debe someterse” y que la falta de aviso al Tribunal fueron errores u olvidos.

A partir de esto, la fiscalía solicitó al TOF 5 que se le revoque el arresto domiciliario pero los jueces lo rechazaron, quitándole importancia a las salidas sin permiso por considerar que no tenía la intención de fugarse.

El fiscal Feliz Crous, entonces, recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal junto a las querellas. Destacó que ni D’Agostino ni su defensa presentaron pruebas de que las salidas fueran para recibir atención médica. “Aun cuando se hubieran tratado de salidas de su domicilio por cuestiones médicas, circunstancia que –a su juicio- no se encuentra acreditada, lo cierto es que se realizaron sin autorización y sin aviso previo o posterior al tribunal, y tampoco obedecieron a egresos por cuestiones de salud con carácter urgente que permitan justificarlas, sino que se trató de salidas comunes…”, argumentó Crous en su presentación y señaló que “al ya excepcional beneficio, se le otorga uno nuevo: la chance de que corrija sus incumplimientos para que su conducta encuadre en la ley y en las cargas impuestas por el Tribunal”.

Pero la Sala II de Casación, en un fallo dividido, decidió rechazar el recurso del fiscal. El juez Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma respaldaron el fallo del TOF 5: “Los agravios deducidos en este recurso y el objeto de conocimiento en estos actuados, no se muestra arbitraria, antojadiza ni carente de racionalidad”, señalaron.

El tercer juez de la Cámara, Alejandro Slokar, opinó en disidencia a favor de remitir el caso nuevamente al Tribunal y que se revise la prisión domiciliaria de D’Agostino. En su voto en soledad, el camarista destacó el riesgo que corre el estado argentino de incumplir los compromisos internacionales en derechos humanos ante la gravedad de los delitos por los que está condenado el represor.

“Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”, manifestó.

Fuente: Tiempo Argentino