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Economia

DNU del Gobierno: así va a funcionar la nueva agencia que controlará la hidrovía

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La nueva norma se publicará el lunes en el Boletín Oficial. Las funciones del organismo que reemplazará a la Administración General de Puertos y a las subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Como trascendió en las últimas horas, el Gobierno disolverá la Administración General de Puertos y creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo que tendrá entre sus principales funciones el control de la Hidrovía del Paraná, un troncal fundamental para la economía argentina cuyo dragada está en proceso de licitación.

Infobae accedió al texto del DNU que se publicará en el Boletín Oficial el lunes próximo, según confirmaron fuentes de Casa Rosada. Allí se describen las funciones de la nueva Anpyn, un organismo autárquico en la órbita del ministerio de Economía que comanda Luis Caputo, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

En la misma norma, además, se disuelve no sólo la AGP sino que también la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

La nueva Anpyn asumirá el rol de concesionario de la hidrovía hasta tanto se adjudique la licitación. Luego de establecido el nuevo contrato de concesión, la agencia “establecerá los procedimientos y mecanismos para llevar a cabo la fiscalización y el control, por sí o a través de terceros, de la concesión”.

El nuevo organismo será unEl nuevo organismo será un ente autárquico en la órbita del ministerio de Economía que comanda Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ayer se supo que el organismo estará a cargo del actual subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki ArreseygorSe trata de un abogado –que pasó por estudios grandes como M&M Bomchil y Marval y O’Farrell & Mairal– y cuenta con un máster en administración de negocios. En mayo había reemplazado a Pablo Piccirilli en la subsecretaría. Durante el gobierno de Cambiemos fue director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de María Eugenia Vidal.

Funciones y atribuciones

Según el decreto presidencial, estas serán las principales funciones y atribuciones de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

  • Asesorar al Ejecutivo en la habilitación de los puertos.
  • Controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten en el orden competencia nacional
  • Controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias otorgadas, den cumplimiento a los proyectos constructivos y operativos que justificaron su solicitud, y den a los puertos e instalaciones portuarias la finalidad que condicionó la habilitación. Podrá suspender dichas habilitaciones hasta que sean restablecidas las condiciones exigidas o cancelarla definitivamente, cuando circunstancias objetivas y debidamente probadas, acrediten la imposibilidad de su restablecimiento.
  • Promover y hacer efectiva la modernización, eficacia y economicidad de cada uno de los puertos del Estado Nacional.
  • Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y administración de los puertos
  • A su requerimiento, dar asesoramiento técnico y jurídico a las provincias y/o municipios que promuevan las instalaciones de puertos en sus respectivos territorios.
  • Fijar las políticas generales en materia portuaria y de administración y explotación de vías navegables.
  • Establecer acuerdos delimitando las responsabilidades en el dragado de accesos y dársenas de cada puerto, en el caso que ello fuera necesario en zonas donde la responsabilidad sea de dudosa o conflictiva determinación.
  • Ejercer la responsabilidad primaria en materia ambiental y establecer los procedimientos de evaluación y emisión de las declaraciones de aptitud correspondientes a las obras y actividades en los puertos y vías navegables en coordinación con las autoridades competentes, controlando subsidiariamente el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones que resulten de aplicación en la materia.
  • Ejercer el control de las concesiones, operadores y actividades del Puerto de Buenos Aires y el poder de policía e imposición sobre el establecimiento y los bienes muebles e inmuebles que lo integran.
  • Promover la asociación público-privada y la inversión privada en centros de transferencia de carga, instalaciones ferro portuarias y de infraestructura y servicios logísticos, tendientes a reducir los costos del transporte multimodal y la eficiencia, eficacia y competitividad en beneficio de la navegación y el comercio exterior.

Licitación

En el proceso de licitación de la vía navegable de más de 3.400 kilómetros –el principal canal comercial de América del Sur–, las principales competidoras son Jan de Nul, actual operadora, y otras firmas de Bélgica y Holanda, como Boskallis y DEME Group.

La resolución que reglamentó el proceso de licitación establece en su artículo 16° que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal.

Shanghai Dredging Co. no opera como una firma privada tradicional. Es una filial de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que ejecuta proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.

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Por la mayor informalidad, más de la mitad de los trabajadores no cubre una canasta básica

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Ajuste a la «casta»: se disparó la informalidad y más de la mitad de los trabajadores no cubre una canasta básica. Casi el 40% de los ocupados son informales y seis de cada diez no tiene lo suficiente para cubrir alimentos y servicios. El anuncio oficial de reforma laboral para 2025 podría gravar aún más la situación de quienes están cada vez más afuera del sistema.

Mientras el presidente Javier Milei aseguró en su saludo de fin de año que “en 2024 se logró bajar cerca de 20 puntos porcentuales la pobreza”, un informe reciente mostró que la informalidad laboral se disparó en el país a casi el 40% de las y los ocupados de los cuales, a su vez, seis de cada diez son pobres.

Es decir, pese a tener trabajo no llegan a cubrir lo necesario de una canasta de bienes y servicios básicos. Además, el porcentaje aumenta más de veinte puntos en el caso de jóvenes y mujeres, que engrosan las filas del decil de menores ingresos de la sociedad.

En este escenario se alertó, además, que la intención del gobierno de avanzar en 2025 con una mayor reforma laboral (extensión de la jornada de trabajo, negociaciones a la baja de convenios, entre otros) y previsional (fin de la moratoria) podría agravar aún más la situación de quienes están fuera de Seguridad Social, desde hace casi dos décadas.

Al respecto, entre las ramas más afectadas por la no registración aparecen el Servicio doméstico (76%) y la Construcción (67%), sectores fuertemente golpeados por la recesión económica, y con una pérdida sostenida de fuentes de trabajo (desde dic/23 anotan -14.200 y -100.000 puestos, respectivamente). Al tiempo que las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste exhiben tasas de informalidad superiores al 40% nacional.

Por su parte, si se compara con otros países de América Latina – región de alta informalidad y la precariedad laboral- Argentina se ubica en una situación intermedia: Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad entre asalariados de entre 9% y 21% mientras que, en el otro extremo, Perú y Paraguay tienen tasas superiores al 50%.

Más informales y más pobres

El 37% de las y los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, seis de cada diez son pobres es decir que pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias.

Los datos se desprenden de un informe presentado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) y muestran que, al tercer trimestre del año que terminó, al menos cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la Seguridad Social, es decir, no estaban cubiertos por la legislación laboral, dando cuenta de un aumento de un punto porcentual respecto de un año atrás.

“Mirando desde 2003, la tasa de informalidad se ubica en un valor idéntico al del tercer trimestre de 2008. Desde ese año hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 la tasa de informalidad se mantuvo en valores entre 32% y 35,7%. O sea, el valor del 2024 es algo superior al registrado a lo largo de ese período”, aclararon los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

A su vez, la radiografía actual de la informalidad laboral presenta características disimiles según las ramas de actividad sobre las que se analice. Así, por ejemplo, por un lado se ubican el Sector público (administración pública y servicios de educación y salud públicos) y los Servicios financieros, con una incidencia de la informalidad de 9,1% y 24,1% mientras que, en otra punta, aparecen el Servicio doméstico (76,3%) y la Construcción (67,3%).

A su vez, es el Comercio el que muestra mayor proporción del empleo informal total tanto porque tiene una incidencia mayor al promedio (47%) como porque concentra un porcentaje importante del empleo asalariado total (18%).

Si se suma el factor del tamaño de la empresa se observa que mientras que la tasa de informalidad en establecimientos de más de 40 asalariados es del orden del 11%, se eleva al 75% en empresas de hasta 5 asalariados. Frente a ello la figura de del “trabajador independiente” incorporada en la reforma laboral del gobierno de Milei que implica que se podrá contar con “hasta otros tres trabajadores independientes (colaboradores) para llevar adelante un emprendimiento productivo” lejos de incentivar la creación de fuentes de trabajo formales podría terminar de hecho legalizando la informalidad ya vigente.

Si se pone el foco en las diferentes regiones del país, se observa que, de las seis regiones consideradas por el INDEC, sólo dos registraban tasas de informalidad más bajas que el promedio: Gran Buenos Aires (que incluye Ciudad de Buenos Aires y Partidos de la provincia de Buenos Aires) y la región patagónica. Por el contrario, las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste son las que exhiben mayor incidencia, con tasas superiores al 40%.

En sintonía, cuando se desagrega a nivel de aglomerado “todos los correspondientes a la región patagónica están entre los de menores tasas de informalidad, desde Ushuaia con 12% hasta Viedma con 26%”, sin embargo, los valores de las otras regiones indican situaciones muy heterogéneas. Por ejemplo, en NOA, La Rioja tiene una tasa de informalidad de 34%, mientras que ésta se eleva a casi 46,5% en Gran Salta. En Cuyo, por su parte, Gran Mendoza presenta una tasa del 39,9% mientras que Gran San Juan registra la tasa más elevada entre el total de los aglomerados (48%).

Otro aspecto clave para configurar el panorama del trabajo informal en Argentina tiene que ver con las diferencias por género y edad. Según se detalló en el informe “Panorama del empleo asalariado informal y la pobreza laboral”, la tasa de informalidad asalariada total fue 36,7%, siendo 34,2% entre los hombres y elevándose a 38,9% entre las mujeres, es decir, casi cinco puntos porcentuales más que la masculina.

Asimismo, la situación más crítica la enfrenta la juventud con una tasa de informalidad del 64%, esto es, 28 puntos porcentuales por arriba de la tasa global. En otras palabras, algo más de seis de cada diez jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la Seguridad social. Cuando se combinan ambos factores, se observa que son las mujeres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, cercana al 67%.

Finalmente, otro punto a considerar tiene que ver con el nivel educativo. En lo concreto, la tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo en el segundo trimestre de 2024 fue del 15%, algo más de 20 puntos porcentuales adicionales (35,8%) fue la tasa entre los asalariados con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 56,4% entre los asalariados que no completaron la educación media. En otras palabras, los asalariados con menor nivel educativo tiene una probabilidad de ser informales casi cuatro veces más elevada que el resto.

Salarios que no cubren lo básico

La brecha salarial entre asalariados registrados e informales evidencia una “penalidad” salarial del 46%. Esto es: si un asalariado formal tiene un salario mensual de $100, un trabajador informal con igual nivel educativo, edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño tiene una remuneración mensual de $54.

Como resultado, crece la cantidad de informales en los deciles de menores ingresos de la población. En detalle, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) ocho de cada diez trabajadores tiene en un puesto informal. En contrapartida, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 6%.

Lo anterior da cuenta del creciente fenómeno de trabajadores pobres, es decir, personas que aún con un puesto de trabajo viven en situación de pobreza. Al respecto, el 40% del conjunto de los asalariados viven en un hogar pobre y asciende al 63% entre los informales. Comparado con la canasta básica, mientras que el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 8% de los formales.

“Estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza”, cerraron desde el IIEP-UBA.

 

El Destape

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Por la recesión, cayó un 11% el consumo de yerba en 2024

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Los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate señalan que en los primeros once meses del año pasado se produjeron en los molinos 38.042.303 kilos, que representan 25 millones menos respecto a igual período de 2023.

En los primeros once meses de 2024, el consumo de yerba cayó un 11% como consecuencia de la recesión económica que provocó el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei. Los datos se desprenden del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), donde detallan que en los primeros once meses del año pasado se produjeron en los molinos 38.042.303 kg, unos 25 millones menos respecto a igual período de 2023.

La baja responde principalmente a una caída del poder adquisitivo provocada por la recesión y la disparada del costo de vida.

En contrapartida a lo ocurrido en el mercado doméstico, las exportaciones de yerba mate se incrementaron y van camino a un récord. De enero a noviembre de 2024 salieron de los puertos 41.228.288 kilos, superando así el pico logrado en idéntico período de 2018, cuando se despacharon 40.522.479 kilos.

La situación es tan preocupante que para encontrar una situación similar hay que remontarse a lo ocurrido en 2016, cuando se habían producido 34.188.058 kg de yerba.

A su vez, la retracción en el consumo de yerba supera los 20 millones de kilos en un 2024 donde hubo cosecha récord por las muy buenas condiciones climáticas y la entrada en producción de nuevos yerbales de alta densidad.

En Misiones el costo de la hoja verde para la yerba mate se desplomó hasta los $180 por kilo.

En Misiones el costo de la hoja verde para la yerba mate se desplomó hasta los $180 por kilo.

En el comienzo de su mandato, Milei le había quitado la potestad al INYM de fijar los precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. Incluso mantiene acéfalo al organismo desde hace más de un año.

En este marco, los más de 12.000 productores yerbateros se encuentran cobrando por la materia prima menos que hace un año. Por ejemplo: en Misiones el costo de la hoja verde se desplomó hasta los $180 por kilo.

El gobierno provincial de Misiones ya realizaron gestiones ante la Secretaría de Agricultura para normalizar el funcionamiento del INYM, pero hasta ahora se mantiene su acefalía. Los funcionarios provinciales explicaron a NA que el yerbatero es un mercado oligopsonio, es decir que un número reducido de compradores tienen el poder de determinar los precios y condiciones de compra de un producto. En este caso, los que terminan fijando los valores son los molineros.

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Inflación: fuerte suba en precios de alimentos y bebidas en los primeros días de enero

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Un estudio de la consultora LCG reveló un incremento del 1,2% en rubros alimenticios que se comercializan en supermercados, tras no presentar variaciones en el último tramo del 2024. Aceites (6,8%) y condimentos (5%) encabezan los aumentos.

Un reciente estudio de la consultora LCG reveló una suba del 1,2% en los precios de alimentos y bebidas durante la primera semana de enero. De esta manera, el incremento en productos del rubro alimenticio que se comercializan en supermercados, sufrió variantes tras no presentar cambios en el último tramo del 2024 y atentan contra los planes del Gobierno de continuar durante el 2025 con un Índice de Precios al Consumidor (IPC), inferior al 3%.

Uno por uno, todos los aumentos que llegan en enero

El martes 14 de enero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el último dato inflacionario de 2024 sobre el cual se espera que el porcentual arranque con un 2 adelante, o incluso menos. Aunque el el comportamiento de los precios de alimentos y bebidas en los primeros días del año ponen en duda dichas expectativas.

Según el estudio de LCG en la inflación en los rubros alimenticios, más del 45% del aumento semanal lo explicó bebidas con un incremento 3 veces mayor al promedio, aunque fue compensado por verduras con una fuerte caída (-0,5 pp).

Inflación: aceites, con un 6,8%, encabeza las subas de alimentos registrados los primeros días de enero.

Inflación: aceites, con un 6,8%, encabeza las subas de alimentos registrados los primeros días de enero.

Durante la primera semana de enero los índices fueron: aceites (6,8%), condimentos y otros rubros alimenticios (5%), bebidas e infusiones para consumir en el hogar (4%), productos de panificación, cereales y pastas (2,7%), carnes (1,2%) y lácteos (0,1%). Mientras que frutas (-1,7) y verduras (-5,7%), compensaron los incrementos.

Además, se registró una sensible reducción en los productos sin variación de precios: -15 pp en una semana (71% del total relevado), consigna la información de Ámbito.

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