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Politica

Un juez ordenó frenar el desmantelamiento del área contra la violencia de género

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Un juez federal ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que frene con el desmantelamiento del área de ese organismo dedicado a combatir la violencia de género.

El fallo dispone que debe “abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros a cargo de esos organismos”. La Justicia hizo lugar así a una medida cautelar pedida por organizaciones civiles para evitar el vaciamiento de las instituciones que trabajan en defensa de las niñeces, las mujeres y las diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

Asimismo, el fallo –firmado un día después de que el Gobierno anunciara una supuesta baja de los femicidios durante 2024– ordena que el Ministerio “deberá sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos”.

Un vaciamiento sistemático

El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Federal 1, hizo lugar al pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones que habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación por el vaciamiento sistemático de las instituciones del Estado que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres, las niñeces y las diversidades y su protección frente a la violencia.

En la acción declarativa de certeza, estas organizaciones exigieron al poder Ejecutivo que informara adecuadamente cómo dará cumplimiento a sus obligaciones de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias y que mientras tanto no despida personal, frene la eliminación de programas y sostenga la producción y publicación de evidencia, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Sin aportar ni una sola prueba, en su respuesta presentada ante la justicia, el Estado negó haber cerrado la Subsecretaría y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). El juez cuestiona la respuesta del Poder Ejecutivo y ordena que se mantengan los recursos humanos y de infraestructura para evitar el total vaciamiento de las políticas públicas. Con esta medida, dicen las organizaciones, “el Poder Judicial da un paso clave en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.

El juez exige explicaciones

En su resolución, el juez Regueira destaca que el Ministerio de Justicia, a pesar de haber alegado que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de “eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno”, no ha presentado en el expediente judicial constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con esas prestaciones. “El Estado tampoco ha explicado en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad”, dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA en relación a la decisión judicial.

La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimidad de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos: es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza durante el gobierno de Javier Milei.

Las organizaciones respondieron con abundante evidencia dejando claro que la situación actual es muy diferente a lo que plantea el Ministerio de Justicia en su informe. Tanto los CAJ como varios de los programas que funcionaban en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se encuentran desfinanciados, con baja ejecución presupuestaria y con el menor alcance a desde su creación.

El Ministerio Público de la Defensa también se expidió en defensa de los derechos de las niñeces, al dictaminar que “no se advierte de la lectura del informe presentado por el Estado Nacional de qué manera la Administración Pública garantizará los derechos de las niñas y adolescentes involucradas. Es así que persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las niñas y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia”.

Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación por los cambios institucionales y políticos que se están llevando adelante en Argentina y el impacto que pueden tener en la protección de los niños, al tiempo que recomendó al Estado que aumente las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluyendo presupuesto para personal formado, infraestructuras adecuadas, programas de prevención y atención integral, y solicitó que se haga lugar a la medida de no innovar, requerida por las organizaciones.

No se garantizan las prestaciones mínimas

La decisión del juez enfatiza que el Estado “no ha arrimado constancia alguna que permita inferir que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley 26.485, así como tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas […] Lo que me lleva a concluir que la verosimilitud en el derecho se encuentra suficientemente acreditada”.

Las organizaciones explican que en la actualidad no existe un organismo específico de protección contra la violencia de género y precisan que las cifras del primer trimestre de 2024 muestran una caída significativa en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos programas: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad contaba a diciembre de 2023 con una planta de 1282 trabajadoras y trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional para llevar adelante los diversos programas y líneas de trabajo; de los cuales en junio de 2024 sólo quedaban unos 630 trabajadores y trabajadoras, es decir, que la planta se redujo un 50 por ciento en menos de 6 meses, haciendo que sea muy difícil la continuidad de las políticas públicas.

También señalan que de las 20 mil altas programadas para el primer trimestre de 2024 del Programa Acompañar, sólo se realizaron 434. Y que se presentaron 2.462 solicitudes de personas en situación de violencia, 54,4% de ellas se encontraba con el máximo nivel de riesgo. El riesgo es mayor si se compara esa cantidad de personas con el mismo período de 2023, cuando 34.023 habían sido las personas asistidas.

 

Fuente: Página/12

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CONSEJO MUNICIPAL

Aradas: «Se ha naturalizado que las motos pasen los semáforos en rojo»

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El funcionario hizo hincapié en que gran parte de las infracciones se observan en conductores de motocicletas, quienes, según afirmó, no valoran adecuadamente su seguridad ni la de sus acompañantes.

El presidente del Concejo Deliberante de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el aumento de accidentes de tránsito en la ciudad, algunos de ellos con consecuencias fatales. La problemática, para el funcionario, no se limita únicamente a la falta de controles de documentación, sino que está profundamente relacionada con la irresponsabilidad al conducir.

«Algunas de esas irresponsabilidades terminan en tragedias, y estas situaciones no se solucionan solo con multas. Es necesario un cambio de conducta por parte de todos los involucrados en el tránsito diario», señaló Aradas.

El funcionario hizo hincapié en que gran parte de las infracciones se observan en conductores de motocicletas, quienes, según afirmó, no valoran adecuadamente su seguridad ni la de sus acompañantes. «Es una barbaridad cómo se ha naturalizado que las motos pasen los semáforos en rojo o realicen maniobras imprudentes. Esto pone en riesgo sus vidas y las de los demás», subrayó.

Asimismo, Aradas resaltó que los operativos de control suelen generar malestar entre los conductores, independientemente de su rigurosidad. «Cuando los controles son minuciosos, los conductores se quejan, pero si son más laxos, también se enojan. Parece que somos hijos del rigor», lamentó.

Por último, comparó el comportamiento de los chaqueños con el de los ciudadanos de otras jurisdicciones, como Corrientes, donde los conductores suelen respetar las normas de tránsito, portar la documentación correspondiente y usar casco en el caso de las motos. «Cuando un chaqueño cruza a Corrientes, es un ejemplo de conductor, pero en Resistencia no cumplen nada», sostuvo.

Para Aradas, el desafío es trabajar en medidas que fomenten la responsabilidad vial sin depender exclusivamente de las sanciones. «Debemos priorizar la seguridad de todos y lograr que los ciudadanos entiendan la importancia de conducir de manera responsable», concluyó

 

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Politica

CHACO «se cagan en la gente y se van a volver a cagar porque son unos delincuentes”

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La indignación del intendente Vucko por los problemas con la luz: “la gente no tiene trabajo y quieren que paguen una boleta de 300 mil pesos”

El jefe comunal de Colonia Aborigen criticó duramente la falta de soluciones por parte del gobierno en cuanto a la crisis energética. “¿Con qué cara van a ir a pedirle a la gente que los apoye?», cuestionó.

El intendente de Colonia Aborigen, Mateo Vucko, expresó esta semana su indignación y bronca ante la grave situación que atraviesa su comunidad debido a los problemas con el suministro de energía eléctrica, especialmente en la zona rural.


En un mensaje contundente, el jefe comunal no dudó en cuestionar a la clase política y a las empresas proveedoras del servicio. “Se cagan (sic) en los que más necesitan, se cagan en la gente que está realmente mal, se cagan en todo, se cagaron siempre y se van a volver a cagar porque son unos delincuentes”, disparó.

Vucko cuestionó duramente a la dirigencia política, acusándolos de hipocresía al iniciar sus campañas electorales sin abordar la problemática real de la población, a quienes considera abandonados “La verdad que la situación en nuestro pueblo se puso muy difícil, muy difícil. El tema de la luz está complicadísimo”, señaló Vucko, quien se mostró visiblemente molesto por la falta de respuesta ante las necesidades de los vecinos.

“La realidad es esta, la situación es fea y no quieren entender que el pueblo no da más y que ya no tienen de dónde sacarle”, alertó. “¿Qué más esperan sacarle? Cortaron todo el trabajo, la gente está sin laburo y esperan que pague una luz de 300 mil pesos”, remarcó.
El intendente criticó que, mientras la gente sufre por la falta de luz y las facturas impagables, los políticos ya se encuentran en campaña electoral.

«Ahora yo me pregunto, ¿con qué cara van a ir a pedirle a la gente que los apoye?», cuestionó, añadiendo que esto aplica a todos los partidos políticos, a quienes acusó de “cagarse” en el pueblo.

Vucko no escatimó críticas hacia las empresas privadas encargadas del servicio eléctrico, denunciando que “en realidad no tienen idea de lo que están cobrando, no miden, van y cobran cualquier cosa”.

Según el jefe comunal, familias enteras se quedan sin luz y se ven obligadas a pagar sumas exorbitantes, incluso llegando a vender sus animales para costear las facturas. “El que menos tiene siempre es el que paga los platos rotos y da bronca, da bronca porque recorro y veo lo que está pasando”, agregó.

La situación, según el intendente, es especialmente grave para los habitantes de la zona rural que tienen «un foquito y les cobran 300 mil pesos».

El intendente se mostró especialmente crítico con la actitud de los funcionarios y legisladores, quienes según él, «se quedan callados por miedo a la represalia», mientras que «el que menos tiene siempre es el que paga los platos rotos».

Vucko denunció una falta de compromiso con los más vulnerables, mientras que el debate político se centra en las próximas elecciones: “Vamos a hablar de campaña. Total es más fácil para todos hablar de campaña. ¿A quién le votamos? ¿A quién no le votamos?”

Finalmente, dejó claro que no le importa si sus declaraciones tienen consecuencias y que su prioridad es defender a su comunidad. El intendente concluyó su mensaje pidiendo que se tomen medidas urgentes para solucionar esta situación y que la situación no puede continuar de esta manera. “Acá en mi pueblo que ni aparezcan con su campaña electoral”, culminó.

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Politica

Docentes chaqueños no pueden pagar de luz: «Zdero nos descuenta y aumentan el 300% la luz, ASI NO!!!»

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En el grupo de interes De Interés Docente Chaco, circula una nota sobre el reclamos que los docentes pueden realizar a la empresa Secheep.

Ante el desmedido aumento, hay docentes que no tienen su propia casa, el aumento de los servicios y la luz se hace imposble sobrevir.

Aqui la nota:
Colegas: atento a los RECLAMOS DE TARIFAS de SECHEEP incompatibles con salarios en Chaco se puede presentar esta nota.

Seguramente NO va conmover a la empresa. Pero SI SON MILES de notas. Tal vez seamos escuchados y entiendan de una vez la situación. La Electricidad en Chaco es CONFISCATORIA. Más aún si aumentaron casi el 300% en las últimas boletas de SECHEEP.

MANIFIESTA CONFISCATORIEDAD DE LA TARIFA. SOLICITA SE INSTRUMENTE TARIFA DIFERENCIAL.
Sr. Gerente
SECHEEP:
(NOMBRE Y APELLIDO), con domicilio en………………………, Cliente N° ……., Suministro N°….., Periodo (Mes y Año)….. ante usted me presento y muy respetuosamente Digo:
La suma que debo abonar por el servicio público de energía eléctrica ($ ………) deviene absolutamente desproporcionada en relación a los ingresos del grupo familiar, que en conjunto ascienden a la suma de pesos ($………), lo que implica que deba destinarse una proporción excesiva de los mismos solamente a cubrir el costo de la tarifa de energía eléctrica, sin contar con los demás gastos básicos indispensables (servicio de agua, impuestos y tasas municipales, gastos de alimentación, vestimenta, educación, etc).
Dicha suma resulta impagable para mis ingresos, siendo que no he agregado equipos electrónicos de alto consumo en el último año y he mantenido mi hogar con las mismas instalaciones eléctricas.
Solicito que la empresa constate dicha situación en mi domicilio y verifique mes a mes los consumos que realizo para constar que no son suntuarios y que son los indispensables e imprescindibles para cubrir mis necesidades básicas.

Considero que como habitante de la provincia del Chaco que cuenta con una empresa estatal cuento con el derecho a ser provisto de energía eléctrica en condiciones de accesibilidad y posibilidad en base a mis ingresos, máxime que es un «servicio de carácter esencial» que resulta irremplazable.

Por ello solicito se arbitren desde la Empresa de manera inmediata los mecanismos que contemplen mi realidad económica-social, constaten mis dichos en mi domicilio y verifiquen mis consumos mensuales y para el supuesto que no ingrese al Subsidio Nacional implementen los mecanismos necesario para que pueda recibir una factura y un servicio razonable y que pueda ser abonado conforme mis posibilidades.

Asimismo, solicito que además de evaluar Ud. mi caso, también instrumenten dentro de sus posibilidades los mecanismos necesarios para que la empresa CAMMESA tome conocimiento de la realidad que vivimos los chaqueños y establezcan para esta región facturas diferenciadas para bajar los costos.

Sin otro particular a la espera de una pronta atención favorable de lo solicitado, saludo muy atentamente.

 

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