Mundo
Menores desaparecidos en Guayaquil: declaró un testigo clave y la audiencia contra militares será el 31 de diciembre
El hombre que prestó su teléfono a uno de los chicos para llamar a sus padres rindió su testimonio, según indicó el Ministro de Defensa
La investigación sobre la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores capturados por militares el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, avanza con pasos clave.
La Fiscalía ya recibió la declaración de un testigo crucial: el hombre que permitió a uno de los hermanos Arroyo realizar una llamada a sus padres antes de desaparecer. Esta persona, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, se perfila como una pieza fundamental para esclarecer los hechos ocurridos hace 18 días.
En una entrevista con Radio Centro, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que la Fiscalía dispone del testimonio de este testigo. Sin embargo, el funcionario no pudo revelar más detalles, pues señaló que dichas declaraciones forman parte del expediente investigativo, el cual se encuentra bajo reserva.
El testigo sería quien realizó dos llamadas al padre de los hermanos Arroyo. Habría prestado su celular a los chicos para que pidiesen ayuda, pues estaban abandonados, a más de 40 kilómetros de sus hogares y desnudos. El menor que habló por última vez con su padre describió haber sido golpeado por militares, que los acusaron de un robo: “Papá, ven sálvame”, fue su clamor. Incluso se habría enviado la ubicación de los chicos por Whatsapp, ese 8 de diciembre. En una segunda llamada, el ahora testigo aseguró que “la mafia se llevó” a los niños. Esto ha sido relatado por las familias desde que el caso se volvió público.
Los nuevos detalles extraoficiales, revelados en un programa en YouTube del canal La Posta, indican que a los menores se los llevaron en motocicletas. Esa noche, también hubo motocicletas que salieron de la Base militar de Taura, según se mencionó en otro video del mismo canal. No obstante, esta información no ha sido negada o confirmada por las autoridades.
La Fiscalía lleva el caso bajo la tipificación de desaparición forzada y ha informado que la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares implicados en el caso está programada para las 10h00 del próximo 31 de diciembre. En esta diligencia, se espera que se formalicen las imputaciones por desaparición forzada.
Mientras tanto, aún se esperan los resultados de antropología forense y ADN que se aplican a los cuerpos incinerados y en descomposición hallados a 16 kilómetros de la base militar y que se presume serían de los menores. En caso de que se confirme que corresponden a los chicos, los expertos aseguran que la investigación podría investigar el delito de ejecución extrajudicial.
En la entrevista mencionada, Loffredo aseguró que “nada de lo que hayan hecho los niños justifica que el día de hoy estén desaparecidos”. Además indicó que “la patrulla no notificó al mando superior sobre el procedimiento”, en referencia a la detención.
El ministro hizo referencia a que los militares dijeron haber intervenido cuando hubo una alerta de robo, sin embargo, el 24 de diciembre, durante la audiencia para resolver un hábeas corpus, el fiscal Christian Fárez, quien lidera la investigación, declaró que no existen evidencias de que los menores hayan participado en algún hecho ilícito: “No hay pruebas, partes policiales ni testimonios que sustenten la versión de un presunto robo. No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, afirmó Fárez.
El ministro Loffredo también señaló que no habrá encubrimiento: “Soy ministro de Defensa, pero también soy padre. No voy a encubrir a nadie. Las personas responsables tendrán que pagar por sus errores”, dijo. No obstante, mencionó que el accionar de 16 militares no puede condicionar la labor de las Fuerzas Armadas y aseguró que: “Se está tratando de posicionar que los militares son unos locos que salen en gavillas para secuestrar y desaparecer menores”.
A pesar de las declaraciones del secretario de Estado, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), operativa desde hace 12 años, denunció que, además de los niños de Guayaquil, hay otros cinco jóvenes y adolescentes desaparecidos tras operativos militares. Asfadec recordó que: “La desaparición de personas está considerada como un delito de lesa humanidad, es decir, un delito de mucha gravedad y la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror en la ciudadanía”.
Mientras tanto, en redes sociales continúa una campaña de desprestigio que utiliza fotografías falsas que se las vincula a los niños desparecidos para intentar posicionar que pertenecían a grupos criminales. Esto fue desmentido por el portal de verificación de datos Lupa Media, que encontró que se usaron imágenes de otros menores que datan del 2022.
Mundo
La periodista italiana Cecilia Sala fue arrestada en Teherán: está en una celda de aislamiento
Fue detenida el 19 de diciembre. La embajadora Paola Amadei confirmó su confinamiento
La periodista italiana Cecilia Sala, redactora del diario Il Foglio y creadora del pódcast Stories para Chora Media, lleva nueve días detenida en la prisión de Evin, en Teherán, en condiciones de aislamiento. Este centro es conocido por albergar a disidentes detenidos por el régimen iraní. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (Palacio de la Farnesina) el viernes 27 de diciembre, la embajadora italiana en Irán, Paola Amadei, pudo reunirse con Sala en la cárcel por primera vez esta mañana, según confirmó el diario Corriere della Sera.
La embajadora Amadei verificó este mismo día las condiciones y el estado de detención de Sala, quien permanece en una celda de aislamiento.
Sala, de menos de 30 años, viajó a Teherán el 12 de diciembre desde Roma con un visado de trabajo periodístico válido por una semana. Durante su estancia, realizó entrevistas y envió reportajes para su pódcast. Aunque estaba previsto su regreso a Italia el 20 de diciembre, desapareció el día anterior tras un último intercambio de mensajes con sus colegas en Italia.
La compañía Chora Media, dirigida por Mario Calabresi, junto con su compañero, el periodista Daniele Raineri de Il Post, alertaron de inmediato a la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores italiano al perder contacto con Sala.
Según relatan, sus contactos iraníes no pudieron proporcionar información sobre su paradero. El 20 de diciembre, cuando no abordó su vuelo a Roma, Sala logró realizar una breve llamada telefónica a su madre, confirmando que había sido arrestada. En una segunda llamada a Raineri, señaló que se encontraba bien, pero pidió que se agilizaran los esfuerzos para liberarla. “Estoy bien, pero apúrense”, alcanzó a decir.
La productora explicó: “Cecilia siempre enviaba sus grabaciones con puntualidad, incluso desde contextos difíciles como el frente ucraniano. Al perder contacto, junto con su compañero, el periodista Daniele Raineri de Il Post, alertamos a la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores“.
De acuerdo con la Farnesina, no se ha formalizado ninguna acusación específica en su contra, aunque las autoridades iraníes aluden a “comportamientos ilegales”. La situación ha generado preocupación, dado que Sala fue arrestada en vísperas de su regreso a Italia y permanece recluida en condiciones similares a las que enfrentó la bloguera italiana Alessia Piperno, detenida en el mismo centro en 2022 y liberada tras 45 días gracias a intensas gestiones diplomáticas.
Las circunstancias exactas de su arresto aún no han sido detalladas por las autoridades iraníes. Su caso se produce en un contexto de alta sensibilidad política en Irán, donde la detención de extranjeros y periodistas ha aumentado en los últimos meses. La Farnesina ha señalado que sigue el caso de cerca a través de su embajada en Teherán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, bajo la dirección del ministro Antonio Tajani, ha asegurado que está en contacto constante con las autoridades iraníes para esclarecer los motivos del arresto y garantizar el bienestar de la periodista. En un comunicado oficial, la Farnesina pidió a los medios de comunicación máxima discreción para facilitar una resolución rápida y positiva del caso.
La prioridad ahora es esclarecer las razones detrás de su detención y encontrar la mejor estrategia para garantizar su pronta liberación.
Mundo
Denuncian que Rusia negó el permiso de aterrizaje del vuelo de Azerbaijan Airlines y bloqueó el GPS del avión cuando sobrevolaba el Mar Caspio
La tripulación inicialmente creyó que el impacto había sido causado por una bandada de pájaros, pero las pruebas posteriores apuntaron a un ataque con misiles por parte de las defensas rusas
El avión de Azerbaijan Airlines, que cubría la ruta entre Bakú y Grozni, fue alcanzado por un misil tierra-aire el pasado 25 de diciembre, lo que provocó un aterrizaje de emergencia cerca de la ciudad de Aktau, en Kazajstán. Según reportes preliminares, el ataque habría sido ejecutado por un sistema de defensa aérea ruso, lo que desató una tragedia que dejó un saldo de 38 personas fallecidas y 29 sobrevivientes, muchos de ellos en estado crítico. El incidente ha generado tensiones diplomáticas y múltiples investigaciones por parte de las autoridades de Azerbaiyán y Kazajstán, mientras Rusia niega cualquier responsabilidad directa en el derribo.
De acuerdo con Euronews, el avión, un Embraer E190AR con matrícula 4K-AZ65, fue impactado por un misil disparado desde el sistema Pantsir-S en el distrito Naursky, en la región de Chechenia, mientras sobrevolaba el espacio aéreo cercano al Mar Caspio. La tripulación inicialmente creyó que el impacto había sido causado por una bandada de pájaros, pero las pruebas posteriores apuntaron a un ataque equivocado de las defensas rusas. Tras el impacto, el piloto, identificado como Aleksandr Kalyaninov, solicitó aterrizar de emergencia en aeropuertos rusos cercanos, pero las autoridades le negaron el permiso en repetidas ocasiones, según informó The Azeri Times.
Según el reporte difundido, las autoridades rusas negaron permiso para el aterrizaje del avión en su territorio después de que este fuera atacado con un misil. Este acto provocó que la aeronave enfrentara condiciones críticas.
Un avión civil azerbaiyano que viajaba de Bakú a Grozni, fue desviado a Aktau, donde se estrelló inesperadamente cerca del aeródromo por razones aún desconocidas.
El piloto, reconocido por sus esfuerzos al intentar salvar vidas, tuvo que lidiar con una interferencia de navegación dirigida que obligaba al avión a sobrevolar zonas marítimas, complicando aún más su control. Todo esto se produjo después del impacto provocado por el misil, que dejó a la aeronave en estado vulnerable. Pese a los intentos del piloto por minimizar el riesgo, el avión terminó estrellándose.
El medio también detalló que el avión enfrentó “bloqueos extremos de GPS” que paralizaron sus sistemas de navegación y comunicación, obligando al piloto a desviar la aeronave hacia Kazajstán. Durante el trayecto, el avión dejó de transmitir datos de posición en varios intervalos, según los registros de Flightradar24, lo que complicó aún más la situación. Finalmente, el avión logró aterrizar de emergencia a unos tres kilómetros de Aktau, un importante centro de petróleo y gas en la costa oriental del Mar Caspio, pero estalló en llamas al tocar tierra, dejando un saldo devastador.
Las imágenes del lugar del accidente muestran escenas de caos y desesperación. Los rescatistas encontraron a la mayoría de los sobrevivientes en la parte trasera del avión, mientras que la sección delantera quedó completamente destruida por el fuego. Según los reportes, al menos 22 de los 29 sobrevivientes están recibiendo tratamiento médico, y siete de ellos se encuentran en estado grave. Entre las víctimas mortales, al menos diez personas fueron expulsadas de la cabina debido al impacto. Un video capturado en el lugar muestra el momento en que el avión se partió en varias secciones y se elevó una columna de humo negro desde los restos.
El gobierno de Kazajstán ha anunciado la creación de una comisión para investigar las causas del accidente y ha asegurado que cooperará con Azerbaiyán en el proceso. Sin embargo, no se ha comprometido a colaborar con Rusia, lo que refleja las tensiones en torno al incidente. Por su parte, las autoridades azerbaiyanas también han iniciado su propia investigación. Una fuente cercana al caso declaró a Reuters que, aunque no se acusa a Rusia de haber actuado intencionalmente, se espera que Moscú admita su responsabilidad en el derribo del avión.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró un día de luto nacional en honor a las víctimas. Las banderas fueron izadas a media asta, el tráfico se detuvo al mediodía y se guardó un minuto de silencio en todo el país. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a Aliyev en una llamada telefónica, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En un comunicado, Putin lamentó profundamente la pérdida de vidas y deseó una pronta recuperación a los heridos.
El accidente ha generado una ola de solidaridad en Aktau, donde los residentes han sido llamados a donar sangre para los sobrevivientes. Las autoridades locales han asegurado que las familias de las víctimas recibirán el apoyo necesario. Sin embargo, el incidente también ha puesto de relieve las tensiones geopolíticas en la región. Grozni, el destino original del vuelo, es la capital de Chechenia, una república rusa gobernada por Ramzan Kadyrov, un aliado cercano de Putin que ha enviado tropas para apoyar la guerra en Ucrania. Este contexto ha alimentado especulaciones sobre las circunstancias del ataque y las posibles motivaciones detrás del mismo.
Por el momento, Rusia ha pedido paciencia mientras se lleva a cabo la investigación y ha intentado minimizar las acusaciones de que el avión fue derribado deliberadamente. Sin embargo, las declaraciones de las autoridades azerbaiyanas y kazajas sugieren que el caso podría tener implicaciones diplomáticas significativas. La tragedia no solo ha dejado una profunda huella en las familias de las víctimas, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la seguridad aérea en una región marcada por conflictos y tensiones políticas.
Mundo
Una ley en India permitió a los habitantes de una aldea reclamar más de 1.000 hectáreas de bosque de bambú para convertir la pobreza en prosperidad
Gracias a la Ley de Derechos Forestales, Pachgaon transformó su territorio en un proyecto sostenible que mejora la vida de sus habitantes y preserva su herencia cultural
En el corazón del estado indio de Maharashtra, una aldea tribal conocida como Pachgaon se ha convertido en un ejemplo vivo de cómo las políticas públicas pueden cambiar vidas cuando se combinan con la determinación de una comunidad. A través de la Ley de Derechos Forestales de 2006, los habitantes de Pachgaon reclamaron la propiedad de un vasto bosque de bambú y lo transformaron en una fuente sostenible de ingresos y desarrollo. Este logro, fruto de años de esfuerzo colectivo, ha mejorado significativamente la calidad de vida de sus habitantes y ha preservado su herencia cultural y territorial.
La Ley de Derechos Forestales de 2006
Aprobada en 2006, la Ley de Derechos Forestales es un marco legal diseñado para corregir las injusticias históricas sufridas por las comunidades indígenas de la India. La legislación reconoce los derechos ancestrales de estas comunidades sobre las tierras forestales que tradicionalmente han ocupado y utilizado para su sustento. En virtud de esta ley, cualquier comunidad indígena puede reclamar tierras federales siempre que pueda demostrar su uso tradicional.
Sin embargo, la implementación de la ley ha sido irregular. Muchos beneficiarios potenciales no están al tanto de su existencia, mientras que otros carecen de los recursos o el apoyo necesario para navegar el complejo proceso legal. Pachgaon, a pesar de estos obstáculos, logró ser una de las comunidades que materializó sus derechos, gracias a tres años de trabajo persistente.
La reclamación de tierras: el caso de Pachgaon
La lucha de los habitantes de Pachgaon comenzó con la presentación de su reclamo sobre un bosque de bambú de 1011 hectáreas. Este proceso implicó un arduo trabajo de recopilación de pruebas, llenado de formularios y persistencia en las negociaciones con las autoridades gubernamentales. Después de tres años, la comunidad finalmente recibió los documentos que certificaban su derecho sobre la tierra.
“Cuando obtuvimos los papeles, fue una celebración para toda la aldea”, recuerda Vinod Ramswaroop Tekam, un habitante de 35 años en una entrevista con The Guardian. “Fue la prueba de que nuestra protesta no violenta había dado frutos”. Este momento marcó el inicio de una nueva era para Pachgaon, en la que los habitantes no solo lograron conservar su territorio ancestral, sino que también sentaron las bases para un futuro más próspero.
Creación de una economía comunitaria basada en el bambú
Con la propiedad del bosque en sus manos, la comunidad de Pachgaon decidió gestionar este recurso a través de una gram sabha, una asamblea de aldeanos que funciona como una cooperativa democrática. Este modelo, sin jerarquías ni directores ejecutivos, asegura que las decisiones sean tomadas colectivamente y que los beneficios sean distribuidos equitativamente entre todos los miembros de la comunidad.
El negocio se centra en el aprovechamiento sostenible del bambú, una planta versátil utilizada ampliamente en Asia para la construcción y la fabricación de andamios. En un depósito ubicado en las afueras de la aldea, los tallos de bambú se clasifican cuidadosamente según su tamaño y calidad antes de ser enviados al mercado.
En los últimos diez años, la economía basada en el bambú ha generado 34 millones de rupias (alrededor de 400.000 dólares), que se han reinvertido en infraestructura, educación y expansión del negocio. Durante la temporada de monzones, cuando la tala de bambú se detiene, las ganancias se utilizan para emplear a los aldeanos en trabajos comunitarios como la excavación de zanjas de drenaje y la reparación de caminos.
Impacto económico y social
El impacto económico del negocio de bambú ha sido transformador para Pachgaon. La comunidad ha alcanzado un ingreso anual promedio de 41.000 dólares, una cifra significativa para una aldea rural india. Estas ganancias han financiado proyectos que mejoran la calidad de vida de los habitantes, como el acceso a la educación superior para los niños de la aldea y la adquisición de tierras adicionales para expandir las operaciones forestales.
Más allá de los beneficios financieros, el modelo económico ha fortalecido el sentido de pertenencia y orgullo comunitario. Al mantener el control de su recurso natural, los habitantes de Pachgaon han demostrado cómo las comunidades rurales pueden gestionar sus tierras de manera sostenible y rentable.
Prevención de la migración urbana
Uno de los efectos colaterales más notables de este proyecto ha sido la reducción de la migración hacia las ciudades. Antes de obtener la propiedad del bosque, muchos habitantes de Pachgaon se veían obligados a abandonar sus hogares durante la temporada de monzones, cuando los cultivos se inundaban, en busca de trabajos temporales en los estados vecinos de Gujarat y Karnataka.
Ahora, con empleos disponibles todo el año en la aldea, la comunidad ha logrado mantener a su población en su territorio ancestral. “Si no creamos puestos de trabajo, la gente emigrará”, explicó Gajanan Themke, uno de los administradores de la gram sabha en una entrevista con The Guardian. “Más gente en el pueblo significa mejor trabajo y mejor ejecución del trabajo”.
Una visión de futuro: sostenibilidad y tradición
La gram sabha de Pachgaon tiene una visión clara para el futuro: garantizar que las próximas generaciones puedan prosperar sin abandonar su herencia cultural. Esto implica no solo mantener la viabilidad económica del negocio del bambú, sino también preservar las tradiciones y prácticas que han definido a la comunidad durante siglos.
Además, el modelo de Pachgaon está sirviendo de inspiración para otras aldeas indígenas que buscan reclamar sus derechos bajo la Ley de Derechos Forestales. La comunidad ha demostrado que, con persistencia y organización, es posible superar las barreras administrativas y transformar los recursos naturales en motores de desarrollo sostenible.
La historia de Pachgaon es un testimonio de cómo las leyes pueden empoderar a las comunidades cuando estas logran acceder a sus beneficios. Al combinar la propiedad comunitaria de recursos naturales con un modelo cooperativo de gestión, los habitantes de esta aldea india han creado un ejemplo brillante de desarrollo sostenible. En un mundo donde la migración rural-urbana es una constante, Pachgaon ofrece una alternativa que no solo evita el éxodo masivo, sino que también preserva la cultura y el territorio de sus habitantes. Su experiencia refuerza la importancia de políticas inclusivas y modelos económicos autogestionados para construir un futuro más equitativo y próspero.
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