Los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la norma aprobada el 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».

Tal como en el 2023, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impone aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), incumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.

En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron nuevamente a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».

“La norma sancionada ilegalmente aplica aumentos tributarios, en algunos casos superiores a los índices de inflación o de variación salarial, lo que refleja a las claras la falta de voluntad por parte de la actual gestión municipal, de construir consensos que garanticen una norma más representativa de la voluntad popular y acorde al contexto social y económico que impera”, expresaron los ediles.

Entre los argumentos, las y los concejales detallaron que al 30 de septiembre, el Ejecutivo Municipal contaba con un presupuesto y recaudación superavitaria, generada directamente de la caída del poder de compra de las y los trabajadores municipales, cuyos salarios perdieron contra la inflación, y la ausencia de obras y servicios en la ciudad.

“El excedente de recursos que posee la actual gestión de Roy Nikisch, demuestra que no hay justificación para implementar tamaño incremento en los tributos. Además, refleja una manifiesta irracionalidad, falta de planificación y tendencia a una confiscatoriedad que afectará gravemente las economías de las y los vecinos contribuyentes de la ciudad».

“Estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la ilegalidad, con acciones y actitudes de especulación y extorsión, que entendemos resultan parte del avasallamiento institucional. Estas prácticas buscan desincentivar cualquier tipo de reclamo que, desde nuestro rol, podamos realizar en busca de garantizar el funcionamiento del Concejo, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones que repercuten en su vida diaria”, manifestaron las y los concejales.

En esa línea, sostuvieron que “institucionalmente no podemos permitirnos funcionar en el marco del irrespeto a las normas; las reglas claras, el cumplimiento de las mismas, el respeto a las Instituciones, la participación ciudadana, son fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Difícilmente tendremos un Estado equilibrado si no se cumple la normativa que rige el funcionamiento del mismo”.

Las y los ediles del FCh y el CER, aseguraron que se ha lesionado la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad de “representar sus voces, defender sus derechos y bregar por su bienestar”.
«La ordenanza sancionada por el oficialismo municipal es una decisión clara y abiertamente ilegal que, por no respetar la mayoría ni el procedimiento con instancias de participación ciudadana que la normativa establece, afectará a toda la comunidad», señalaron.

Por último, resaltaron que, en su rol de representantes de la ciudad, “el no votar una norma que va contra los derechos del pueblo de Resistencia no es suficiente; es necesario garantizar el efecto y las consecuencias de los actos legislativos». Por ello, acudieron nuevamente a la justicia, solicitando que se «aclare, deseche, corrija y normalice la situación institucional», con el objetivo de garantizar las normas vigentes, la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los intereses del pueblo y la ciudad, «en una fiel misión de respetar y aportar a una sociedad más justa e igualitaria».

Tal como en el 2023, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impone aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), icumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.

En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron nuevamente a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».

“La norma sancionada ilegalmente aplica aumentos tributarios, en algunos casos superiores a los índices de inflación o de variación salarial, lo que refleja a las claras la falta de voluntad por parte de la actual gestión municipal, de construir consensos que garanticen una norma más representativa de la voluntad popular y acorde al contexto social y económico que impera”, expresaron los ediles.

Entre los argumentos, las y los concejales detallaron que al 30 de septiembre, el Ejecutivo Municipal contaba con un presupuesto y recaudación superavitaria, generada directamente de la caída del poder de compra de las y los trabajadores municipales, cuyos salarios perdieron contra la inflación, y la ausencia de obras y servicios en la ciudad. “El excedente de recursos que posee la actual gestión de Roy Nikisch, demuestra que no hay justificación para implementar tamaño incremento en los tributos. Además, refleja una manifiesta irracionalidad, falta de planificación y tendencia a una confiscatoriedad que afectará gravemente las economías de las y los vecinos contribuyentes de la ciudad».

“Estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la ilegalidad, con acciones y actitudes de especulación y extorsión, que entendemos resultan parte del avasallamiento institucional. Estas prácticas buscan desincentivar cualquier tipo de reclamo que, desde nuestro rol, podamos realizar en busca de garantizar el funcionamiento del Concejo, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones que repercuten en su vida diaria”, manifestaron las y los concejales.

En esa línea, sostuvieron que “institucionalmente no podemos permitirnos funcionar en el marco del irrespeto a las normas; las reglas claras, el cumplimiento de las mismas, el respeto a las Instituciones, la participación ciudadana, son fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Difícilmente tendremos un Estado equilibrado si no se cumple la normativa que rige el funcionamiento del mismo”.

Las y los ediles del FCh y el CER, aseguraron que se ha lesionado la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad de “representar sus voces, defender sus derechos y bregar por su bienestar”. «La ordenanza sancionada por el oficialismo municipal es una decisión clara y abiertamente ilegal que, por no respetar la mayoría ni el procedimiento con instancias de participación ciudadana que la normativa establece, afectará a toda la comunidad», señalaron.

Por último, resaltaron que, en su rol de representantes de la ciudad, “el no votar una norma que va contra los derechos del pueblo de Resistencia no es suficiente; es necesario garantizar el efecto y las consecuencias de los actos legislativos». Por ello, acudieron nuevamente a la justicia, solicitando que se «aclare, deseche, corrija y normalice la situación institucional», con el objetivo de garantizar las normas vigentes, la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los intereses del pueblo y la ciudad, «en una fiel misión de respetar y aportar a una sociedad más justa e igualitaria».

El Concejal del Frente Chaqueño se presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo del Chaco y el Tribunal de Cuentas, para solicitar se analice la situación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros ante los aumentos del gobierno de Leandro Zdero.

Bolatti, nuevamente se presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo del Chaco y el Tribunal de Cuentas, para solicitar se analice la situación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros y la intervención de dichos organismos ante las irregularidades observadas en la implementación de los tres aumentos al boleto del colectivo en lo que va de la gestión de Zdero, que acumula en solo nueve meses más de 1.250% en pesos y 300% en dólares, cuando la inflación en el mismo período acumula un 80%, afectando duramente el bolsillo de las y los usuarios que pasaron de un 5% a consumir más del 25% del salario mínimo vital y móvil vigente.

Un camino que termina con la destrucción del Sistema

El edil sostuvo que el camino emprendido por el gobierno nacional y provincial terminará con la destrucción del Sistema de Transporte Público. “Con un gobierno nacional que odia al Estado y ajustó los subsidios, y un gobierno provincial incapaz de darse cuenta que con los mega aumentos que impone por sobre la realidad, indefectiblemente terminaremos con la destrucción del Sistema”, manifestó el Concejal del Frente Chaqueño.

En esa línea, indicó que “los aumentos decretados por Zdero, tuvieron siempre la cómplice solicitud del sector prestador del servicio y amigo histórico, que son quienes reciben los subsidios y la recaudación de más, que les garantiza con sus decisiones el plan que viene imponiendo el oficialismo”.

Bolatti remarcó además, que “el gobernador, no conforme con haber operado para destrabar arbitrariamente la suspensión judicial del último aumento del boleto (volviendo al valor de $1.150), ya anunció un nuevo incremento para el mes de febrero que llevará la tarifa a $1.300, casi 15% más, sin justificación y sin otro motivo más que el de replicar la política de ajuste de Nación”; y agregó que “encarecer el 300% el boleto a precio dólar (de u$d 35 centavos promedio histórico, a u$d 1 dólar 15 centavos), además de darle una ganancia extraordinaria al sector empresarial, ha reducido la venta de pasajes drásticamente -al decir oficial, a la mitad- lo que en consecuencia también disminuye la recaudación generando un mayor requerimiento de subsidios, o lo que es peor, más aumentos en la tarifa”.

En ese contexto, el edil indicó que “la obediencia y complacencia del equipo “Z” para con Milei, provoca que con cada nuevo aumento sean más personas las que optan por comprar una moto, bicicleta o movilizarse menos en la ciudad, generando en consecuencia, más caos en el tránsito, más siniestros viales, y más víctimas e inseguridad en la ciudad”.

Bolatti denunció también que “el gobierno provincial desembolsa injustificadamente subsidios que superarían, sólo por sobreprecio, los $4 mil millones al año, y que a mayo por subsidios ‘sobraban’ otros $2 mil millones, información que fue solicitada oportunamente por el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj y el juez Julian Flores, quien tras suspender el último aumento del boleto fue rápidamente apartado de la causa; todo antes de mostrar la verdad”, aseveró.

El Concejal del Frente Chaqueño lamentó el accionar del gobierno provincial. “Son terribles estos chicos, y si siguen por este camino, va a seguir reduciéndose la cantidad de pasajeras y pasajeros, llegando el momento en el que propondrán un sistema de Transporte chico y caro, que seguramente será promocionado como ‘más eficiente’, pero al que sólo podrán acceder unos pocos, puesto que ni los estudiantes podrán viajar, ya que dejará de ser un servicio público”.

Por último, Bolatti dijo que “con seguridad, el gobernador recibirá el premio y las felicitaciones de Milei, quien diseñó el plan de destrucción del Estado, haciendo espeluznantes negocios como el que ya concretó endeudando al país en 90 mil millones de dólares (equivalentes a tres reservas), sin que veamos un solo billete y sin que nada mejore, excepto su patrimonio y el de sus amigos. Ese es el modelo que sigue el actual gobierno de la Provincia, aunque espero estar equivocado”, concluyó.