El Presidente la había cuestionado por los aumentos de las dietas en la Cámara alta y planteó diferencias con el accionar de Martín Menem respecto al mismo tema en Diputados. ”No cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, dijo la vice en X.
En la víspera de Nochebuena, Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo a su historial de desencuentros con Javier Milei, quien la había criticado por la polémica de los aumentos salariales en el Senado de la Nación.
“Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, dijo la Vicepresidenta en su cuenta de X.
Villarruel le respondió puntualmente a un seguidor libertario que le había cuestionado su accionar en medio de los aumentos de las dietas en la Cámara alta.
“No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”, dijo en un tiro por elevación a Milei, quien había planteado diferencias con el accionar de Martín Menem, presidente de Diputados, ante el mismo tema.
El tuit de Villarruel tras las críticas de Milei. (Foto: X / @VickyVillarruel)
En el cierre del mensaje, Villarruel apeló a una ironía dirigida al seguidor: “Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.
Las críticas de Milei a Villarruel por los aumentos de sueldos en el Senado
“Cuando vos vas a laburar hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, se quejó Milei en el streaming Neura el lunes.
“Villarruel dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace, qué se yo. Recortó un montón de privilegios”, arremetió Milei contra su vice.
Los aumentos en el Senado desataron otro capítulo en la interna Milei-Villarruel. (Foto: NA)
La nueva controversia por los sueldos en la Cámara alta se desató luego de que se conociera que los senadores cobrarán la “Dieta 13”, un plus que votaron a mano alzada en abril.
Hasta ahora, el ingreso actual de un senador sumando la dieta y los gastos de representación superaba los siete millones de pesos. En algunos casos, el salario se incrementa por el pago por desarraigo, principalmente en aquellos legisladores del interior del país. A partir de enero, las dietas parlamentarias en el recinto alcanzarían los 9,5 millones de pesos.
A la vez, los bonos de fin de año destaparon una nueva interna libertaria en el Congreso. Mientras Martín Menem ya oficializó el otorgamiento del bono a sus empleados, Villarruel está en negociaciones con los gremios.
Los contratos vencen el 31 de diciembre y crece la incertidumbre entre los trabajadores estatales. Gremios anuncian posibles medidas de fuerza si no hay respuestas.
El próximo 31 de diciembre caducarán cerca de 50.000 contratos en la administración pública nacional , y la situación genera una incertidumbre creciente entre los trabajadores del sector. A pesar de la proximidad de la fecha, aún no hay definiciones claras sobre la renovación o baja de estos vínculos laborales. En paralelo, las recientes desvinculaciones en organismos como el Ministerio de Justicia, que dejó cesantes a 2400 personas, encendieron las alarmas en el ámbito sindical.
A esta situación se suman las 10.000 intimaciones a jubilarse emitidas meses atrás por el Ministerio de Desregulación. Según fuentes oficiales, el 70% de los afectados pertenece a la planta permanente. Estas medidas se enmarcan en el plan del gobierno de reducir 75.000 puestos en la administración pública, un objetivo que ya habría avanzado con el despido de aproximadamente 30.000 empleados, de acuerdo con estimaciones del gremio ATE.
Desde el ámbito gremial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó una postura contundente frente a esta situación. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen a fin de año y una recomposición salarial de emergencia. «El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos», señaló en un comunicado reciente.
Desde ATE ya anticiparon que, de no obtener respuestas favorables, podrían convocar a medidas de fuerza en enero. Entre las acciones que evalúan se incluye un posible paro sectorial en defensa de los puestos laborales. Paralelamente, los gremios instan al Gobierno a priorizar el diálogo como herramienta para abordar la crisis.
Los recortes ya comenzaron a impactar en diversas áreas de la administración pública. Según fuentes oficiales, muchos organismos sufrieron reducciones de personal, pases a disponibilidad, o incluso procesos de fusión o eliminación de dependencias. Este ajuste estructural, que busca reducir al mínimo la planta estatal, es uno de los pilares de la gestión libertaria.
Un ejemplo de esta política fue el reciente recorte en Trenes Argentinos, donde se registraron 1388 bajas en una plantilla que supera los 30.000 empleados. También se registraron 802 desvinculaciones en la exAFIP, aunque en este caso continúa abierta una negociación con las autoridades a instancias del sindicato Aefip.
Otro mecanismo utilizado para avanzar con las desvinculaciones son los exámenes de idoneidad que el Gobierno comenzó a implementar en la administración pública. Hasta la fecha, se han evaluado a 10.000 empleados de un total de 40.000.
Aunque desde el gobierno aseguraron que estas pruebas no serán un requisito para renovar contratos, los gremios mantienen una estricta vigilancia sobre los resultados, que hasta ahora han mostrado un alto porcentaje de aprobación del 96%.
El exlegislador entrerriano había reclamado anteriormente la nulidad de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Tiene causas en la Argentina por enriquecimiento ilícito y en Paraguay por el contrabando de más de 200.000 dólares.
El exsenadorEdgardo Kueider presentó este martes un nuevo recurso de amparo para que la Justicia revoque su expulsión del Congreso nacional, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícitoen el país y en Paraguay por contrabando de más de 211.000 dólares.
“Que vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a interponer recurso de apelación en los términos del art. 15 y ccds. de la ley 16.986 y arts. 242 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria-, contra la resolución de fecha 20/12/2024, notificada electrónicamente en igual fecha, a los efectos de que la Excma. Cámara revoque la resolución indicada”, menciona la presentación que Kueider hizo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y a la que TN tuvo acceso.
En la presentación, el viernes pasado, el dirigente peronista había requerido la anulaciónde la sesión en la que fue expulsado del Senado. Según argumentó, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.
“Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el fallo en sus considerandos.
“Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y –sobre todo– probarla”, remarcó la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.
Kueider a la salida de su indagatoria luego de ser detenido en Paraguay. (Foto: TN)
Y agregó: “Por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo intentado por el accionante”.
Tras ser detenido en Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, Kueider, senador peronista y aliado del oficialismo en el Congreso, había presentado el viernes pasado un primer amparo en la Cámara Contencioso Administrativa.
Allí argumentó que Villarruel ejecutó dos funciones incompatibles entre sí según la Constitución Nacional y solicitó la restitución de su banca por haberse tratado de una votación irregular. Además, pidió resguardar su despacho tras la orden de allanamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Los abogados de Kueider también plantearon que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y que tampoco se le permitió hacer un descargo, es decir, ejercer su derecho a la legítima defensa. Se trata de dos instancias previstas en el reglamento de la Cámara.
La venta del inmueble ubicado en una de las esquinas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires superó todas las expectativas. Participaron destacados desarrolladores del sector inmobiliario, quienes compitieron en una subasta con gran interés
Un inmueble del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), situado en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, fue adjudicado por USD 18,5 millones en una subasta pública realizada el 23 de diciembre. Este edificio formó parte de un plan del Gobierno nacional para vender más de 300 propiedades públicas y recaudar unos USD 800 millones.
El precio final superó ampliamente la base inicial, que era de USD 6,378 millones, y estableció un récord histórico para este tipo de operaciones, según fuentes oficiales. El remate atrajo la atención de 18 oferentes registrados, entre ellos algunas de las empresas más prestigiosas del mercado inmobiliario argentino. El edificio fue adquirido por Brukman Mansilla, una empresa reconocida en el sector.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestionó la subasta a través de la plataforma digital Subast.ar. El Tribunal de Tasaciones de la Nación había valorado el inmueble inicialmente en USD 5,741 millones, basándose en su ubicación estratégica y características edilicias, pero las ofertas se incrementaron significativamente durante el proceso.
El inmueble subastado cuenta con 3.143 metros cuadrados cubiertos y un alto valor de mercado en la zona
El edificio, que se encuentra en muy buen estado de conservación, posee una superficie total cubierta de 3.143 metros cuadrados y capacidad para usos residenciales u oficinas. Actualmente alberga oficinas administrativas y algunas dependencias del INTA, entre ellas las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, además de otras entidades relacionadas con la innovación tecnológica agropecuaria.
La operación despertó críticas por parte de gremios y trabajadores del organismo, quienes consideraron que la decisión obedecía a la subutilización del inmueble, aunque esto fue cuestionado por diversas voces. La normativa de la subasta exige al comprador construir al menos el 75% de la superficie cubierta permitida, limitando los usos a proyectos residenciales y de oficinas.
Entre las empresas interesadas se encontraban nombres de peso como IRSA, Consultatio, Line y ABV, que compiten en desarrollos de gran envergadura en Buenos Aires. Este tipo de proyectos son habituales en zonas como Barrio Parque y Palermo Chico, donde el valor del metro cuadrado para viviendas en pozo ronda los USD 3.770 según Zonaprop.
La venta del edificio del INTA representa uno de los pasos más significativos en el plan del Gobierno para optimizar la gestión de bienes públicos. Este programa incluye tanto propiedades en desuso como terrenos baldíos y activos inmobiliarios en distintas provincias argentinas.
El inmueble subastado incluye planta baja, primer y segundo piso, y cuenta con un comedor, cocina y baños en cada nivel. Además, los pliegos técnicos de la AABE especificaron que el edificio tiene una edificabilidad total de 10.126 metros cuadrados, aunque este cálculo no contempla posibles descuentos por áreas comunes o patios. Esta característica permite desarrollar un proyecto de gran magnitud en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.
La ubicación estratégica del edificio, en cercanías de Barrio Parque y Palermo Chico, otorga al inmueble un alto atractivo comercial. Según Zonaprop, el valor del metro cuadrado en esa área ronda los USD 3.770 para proyectos en pozo y los USD 3.617 para unidades a estrenar. Esto confirma el interés de desarrolladores como Brukman Mansilla, que buscan aprovechar la posibilidad de construir un proyecto con usos residenciales y comerciales en un entorno de gran cotización inmobiliaria.
El plan de ventas de inmuebles públicos, en el que se enmarca esta subasta, responde a una estrategia gubernamental de optimización de recursos. Este programa incluye propiedades en desuso, terrenos baldíos y activos subutilizados en distintos puntos del país. La expectativa oficial es que los fondos recaudados sean utilizados para fortalecer políticas públicas, aunque el destino específico de estos ingresos aún no se ha detallado públicamente.
La subasta también generó resistencia por parte de gremios y trabajadores del INTA, quienes protestaron en las semanas previas al remate. Según ellos, el edificio tenía aún potencial de uso administrativo y las proyecciones del organismo indicaban que podía optimizarse para albergar hasta 256 empleados, un número mucho mayor que los aproximadamente 100 que lo ocupaban actualmente.
El comprador, Brukman Mansilla, ahora tiene la obligación de cumplir con las normativas de construcción establecidas por la AABE, que demandan el desarrollo de al menos el 75% de la superficie cubierta máxima permitida. Estas condiciones excluyen proyectos destinados a escuelas, espacios verdes o usos no residenciales u oficinescos.
