El sector de las pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) expresó su preocupación ante el aumento de despidos y el cierre de compañías, y solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar una agenda de recuperación productiva.

Según el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en el último año se perdieron más de 217.000 empleos registrados, con un impacto significativo en la construcción y la industria manufacturera.

El informe, coordinado por el economista Federico Vaccarezza, destacó que la economía sigue en retroceso, con una desaceleración especialmente pronunciada en sectores clave como la construcción, la producción textil y los productos minerales no metálicos. “La caída de la demanda interna, los mayores costos de financiamiento y un contexto inflacionario que erosiona márgenes son los principales factores que explican esta situación”, detalló Vaccarezza.

Además, el mercado laboral sigue mostrando los efectos de la recesión: «En los últimos doce meses, se perdieron más de 217.000 empleos registrados», informó el economista, y agregó que esta situación está acompañada por el cierre de 9.900 empresas en el último año, lo que “refleja las dificultades del entorno operativo”.

“Si Caputo sigue sin recibir a las Pymes para incluirlas en el plan económico, la crisis provocará una avalancha de despidos”, advirtió Daniel Rosato, presidente del IPA, al presentar los datos del informe.

Rosato insistió en la necesidad de que las Pymes sean escuchadas por el Gobierno: “Desde que comenzó el plan económico para reducir la inflación, advertimos que era necesario combinarlo con una mirada industrialista. No logramos que el ministro Caputo reciba a las Pymes industriales para escuchar nuestros aportes”.

El empresario subrayó la urgencia de tomar medidas para evitar un escenario de mayor recesión, especialmente en centros urbanos. Según Rosato, «la combinación de desempleo y los mayores gastos durante las fiestas provocará un sobreendeudamiento que tendrá consecuencias negativas en los primeros meses de 2025, porque la gente se quedará sin plata y sin crédito”.

Además, advirtió que las condiciones favorables para la importación representan un riesgo para la industria nacional. “Las mejores condiciones para la importación sólo generarán mayor desempleo, porque las fábricas se achicarán y se convertirán en vendedoras de productos extranjeros, dejando de producir en el país. Esto profundizará el achique de la economía y la reducción del mercado laboral”, afirmó Rosato.

Perspectivas y desafíos para 2025

El informe del Observatorio IPA señaló que, aunque el ritmo de caída de la actividad parece estar desacelerándose, todavía no hay señales claras de recuperación. “Para que 2025 sea un año de recuperación sostenida, será clave mejorar el acceso a financiamiento, estabilizar la economía y reactivar la demanda interna. Estas son asignaturas del gobierno todavía pendientes”, concluyó Vaccarezza.

Por su parte, Rosato enfatizó que el sector necesita ser parte de la solución: “Necesitamos que al presidente Javier Milei le vaya bien, si el plan es mejorar a la Argentina. Para eso, tenemos propuestas concretas ante realidades complejas tanto para los trabajadores como para las Pymes”.

En un contexto de incertidumbre económica y social, las Pymes insisten en ser parte de la agenda económica para evitar un agravamiento de la crisis y sentar las bases de una recuperación que incluya a todos los sectores productivos.

Info Gremiales

En su primer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei logró un superávit fiscal a costa de numerosos recortes, entre los que incluyó a las políticas de salud. Eso fue acompañado de una retórica anti Estado y de la promoción del libre mercado, incluso para el acceso a los remedios y a la atención médica. Ambas decisiones afectaron la continuidad de los tratamientos de cientos de miles de pacientes y podría agudizarse.

En ese sentido, FESPROSA denuncia que la liberación de los precios de los medicamentos implicó “la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados”. Además advierten que el pase a venta libre de los remedios que se vendían bajo receta y que eran de gran demanda le quitó a los usuarios los descuentos que antes hacían las obras sociales. Eso se suma a la eliminación del programa de medicación gratuita del PAMI que cubría a aquellos jubilados con enfermedades crónicas.

Además, la Federación advierte que la parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Iván Lugones, provocó la muerte de decenas de pacientes de cáncer. Por esta razón, presentaron un amparo ante la Justicia.

Hacia el próximo año, el secretario general de la Federación, Jorge Yabkowski, advierte que el Gobierno en el Presupuesto 2025 dispuso un recorte de fondos para todo el Ministerio de Salud, pero que desfinanció especialmente la partida para el VIH.
“La partida presupuestaria 22, que fue una conquista hace 20 años, es la que provee de fondos para tratar el sida, la hepatitis C y la tuberculosis multirresistente, que tienen medicación muy costosa y específica, sufrió un recorte del 76%”, explicó Yabkowski en una entrevista en Radio 10. Si bien el presupuesto no fue tratado, la prórroga del actual le da al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para el uso de los fondos.

Según Yabkowski, el Gobierno nacional va hacia una política de “reducción absoluta” en materia de salud y quiere “transferir todos los hospitales nacionales a las provincias” para que “se hagan cargo los gobernadores e intendentes”. Esto podría ser un problema para las jurisdicciones provinciales que este año sufrieron un recorte en las transferencias de Nación. Bajo ese argumento, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto que elimina la atención gratuita universal en hospitales públicos y establece un seguro obligatorio pago.

El ajuste también llega a las leches medicamentosas para bebés
Una encuesta nacional, realizada entre julio y septiembre de 2024 por la consultora IPSOS, reveló que el 42% de los niños no acceden a leche medicamentosa, también conocidas como leche de fórmula, y que la mayoría de los médicos enfrentan numerosos obstáculos para recetarla.

En los últimos años, crecieron los obstáculos impuestos por obras sociales, prepagas y el Estado para acceder en tiempo y forma a leches medicamentosas, aquellas que se indican ante cuadros de alergias alimentarias, trastornos digestivos, prematurez y determinadas enfermedades metabólicas.

La investigación fue llevada adelante entre julio y septiembre de 2024 e incluyó 305 cuidadores (padres y madres de niños de 0 a 2 años, con prescripción de leches medicamentosas) y 150 médicos (pediatras, alergistas y gastroenterólogos) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires (La Plata y Mar del Plata), Córdoba, Santa Fe (Rosario), Mendoza y Tucumán.

Entre los principales hallazgos del trabajo, se destaca que un 42% de los padres y madres informó no recibir la cantidad de leche medicamentosa indicada por los médicos, lo cual impacta en la salud y el desarrollo de sus hijos. A su vez, sólo el 57% de los encuestados conoce la legislación que garantiza el acceso gratuito a estas leches medicamentosas. Esta brecha en el conocimiento es particularmente pronunciada fuera de los principales centros urbanos, con solo un 6% de conocimiento en Mendoza y un 27% en Rosario.

Por su parte, el 81% de los médicos percibe barreras significativas para prescribir la leche medicamentosa que considera más apropiada para su paciente, principalmente asociadas a largos trámites y burocracia para lograr la cobertura (74%) y al rechazo de la cobertura total de la fórmula (69%).

El estudio también arrojó que los cuidadores desconocen que tienen derecho a cobertura total, lo que los lleva a aceptar respuestas negativas sin realizar reclamos. Diversas obras sociales y prepagas evitan brindar rechazos por escrito, lo que limita la capacidad de las familias de realizar reclamos formales.

La ley nacional 27.305, sancionada en 2016, conocida como la “ley de leches medicamentosas”, obliga a las obras sociales y prepagas y, en el caso de que la familia no cuente con seguridad social, al Estado, a cubrir al 100% el consumo de leches de fórmula medicamentosas.

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