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Economia

Industriales alertan por destrucción masiva de puestos de trabajo, ”si Caputo sigue sin recibir a las Pymes”

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El sector de las pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) expresó su preocupación ante el aumento de despidos y el cierre de compañías, y solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar una agenda de recuperación productiva.

Según el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en el último año se perdieron más de 217.000 empleos registrados, con un impacto significativo en la construcción y la industria manufacturera.

El informe, coordinado por el economista Federico Vaccarezza, destacó que la economía sigue en retroceso, con una desaceleración especialmente pronunciada en sectores clave como la construcción, la producción textil y los productos minerales no metálicos. “La caída de la demanda interna, los mayores costos de financiamiento y un contexto inflacionario que erosiona márgenes son los principales factores que explican esta situación”, detalló Vaccarezza.

Además, el mercado laboral sigue mostrando los efectos de la recesión: «En los últimos doce meses, se perdieron más de 217.000 empleos registrados», informó el economista, y agregó que esta situación está acompañada por el cierre de 9.900 empresas en el último año, lo que “refleja las dificultades del entorno operativo”.

“Si Caputo sigue sin recibir a las Pymes para incluirlas en el plan económico, la crisis provocará una avalancha de despidos”, advirtió Daniel Rosato, presidente del IPA, al presentar los datos del informe.

Rosato insistió en la necesidad de que las Pymes sean escuchadas por el Gobierno: “Desde que comenzó el plan económico para reducir la inflación, advertimos que era necesario combinarlo con una mirada industrialista. No logramos que el ministro Caputo reciba a las Pymes industriales para escuchar nuestros aportes”.

El empresario subrayó la urgencia de tomar medidas para evitar un escenario de mayor recesión, especialmente en centros urbanos. Según Rosato, «la combinación de desempleo y los mayores gastos durante las fiestas provocará un sobreendeudamiento que tendrá consecuencias negativas en los primeros meses de 2025, porque la gente se quedará sin plata y sin crédito”.

Además, advirtió que las condiciones favorables para la importación representan un riesgo para la industria nacional. “Las mejores condiciones para la importación sólo generarán mayor desempleo, porque las fábricas se achicarán y se convertirán en vendedoras de productos extranjeros, dejando de producir en el país. Esto profundizará el achique de la economía y la reducción del mercado laboral”, afirmó Rosato.

Perspectivas y desafíos para 2025

El informe del Observatorio IPA señaló que, aunque el ritmo de caída de la actividad parece estar desacelerándose, todavía no hay señales claras de recuperación. “Para que 2025 sea un año de recuperación sostenida, será clave mejorar el acceso a financiamiento, estabilizar la economía y reactivar la demanda interna. Estas son asignaturas del gobierno todavía pendientes”, concluyó Vaccarezza.

Por su parte, Rosato enfatizó que el sector necesita ser parte de la solución: “Necesitamos que al presidente Javier Milei le vaya bien, si el plan es mejorar a la Argentina. Para eso, tenemos propuestas concretas ante realidades complejas tanto para los trabajadores como para las Pymes”.

En un contexto de incertidumbre económica y social, las Pymes insisten en ser parte de la agenda económica para evitar un agravamiento de la crisis y sentar las bases de una recuperación que incluya a todos los sectores productivos.

 

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Economia

Gestión Milei: al menos 60 personas fallecieron este año por la falta de entrega de medicación para el cáncer

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La motosierra en medicamentos oncológicos produjo la muerte de al menos 60 personas que estaban en tratamiento por cáncer, según el cálculo de la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA). También advierten que Nación va hacia una «reducción absoluta» en materia de salud y que la partida del presupuesto para VIH, hepatitis C y tuberculosis es la más afectada.

En su primer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei logró un superávit fiscal a costa de numerosos recortes, entre los que incluyó a las políticas de salud. Eso fue acompañado de una retórica anti Estado y de la promoción del libre mercado, incluso para el acceso a los remedios y a la atención médica. Ambas decisiones afectaron la continuidad de los tratamientos de cientos de miles de pacientes y podría agudizarse.

En ese sentido, FESPROSA denuncia que la liberación de los precios de los medicamentos implicó “la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados”. Además advierten que el pase a venta libre de los remedios que se vendían bajo receta y que eran de gran demanda le quitó a los usuarios los descuentos que antes hacían las obras sociales. Eso se suma a la eliminación del programa de medicación gratuita del PAMI que cubría a aquellos jubilados con enfermedades crónicas.

Además, la Federación advierte que la parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Iván Lugones, provocó la muerte de decenas de pacientes de cáncer. Por esta razón, presentaron un amparo ante la Justicia.

Hacia el próximo año, el secretario general de la Federación, Jorge Yabkowski, advierte que el Gobierno en el Presupuesto 2025 dispuso un recorte de fondos para todo el Ministerio de Salud, pero que desfinanció especialmente la partida para el VIH.
“La partida presupuestaria 22, que fue una conquista hace 20 años, es la que provee de fondos para tratar el sida, la hepatitis C y la tuberculosis multirresistente, que tienen medicación muy costosa y específica, sufrió un recorte del 76%”, explicó Yabkowski en una entrevista en Radio 10. Si bien el presupuesto no fue tratado, la prórroga del actual le da al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para el uso de los fondos.

Según Yabkowski, el Gobierno nacional va hacia una política de “reducción absoluta” en materia de salud y quiere “transferir todos los hospitales nacionales a las provincias” para que “se hagan cargo los gobernadores e intendentes”. Esto podría ser un problema para las jurisdicciones provinciales que este año sufrieron un recorte en las transferencias de Nación. Bajo ese argumento, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto que elimina la atención gratuita universal en hospitales públicos y establece un seguro obligatorio pago.

El ajuste también llega a las leches medicamentosas para bebés
Una encuesta nacional, realizada entre julio y septiembre de 2024 por la consultora IPSOS, reveló que el 42% de los niños no acceden a leche medicamentosa, también conocidas como leche de fórmula, y que la mayoría de los médicos enfrentan numerosos obstáculos para recetarla.

En los últimos años, crecieron los obstáculos impuestos por obras sociales, prepagas y el Estado para acceder en tiempo y forma a leches medicamentosas, aquellas que se indican ante cuadros de alergias alimentarias, trastornos digestivos, prematurez y determinadas enfermedades metabólicas.

La investigación fue llevada adelante entre julio y septiembre de 2024 e incluyó 305 cuidadores (padres y madres de niños de 0 a 2 años, con prescripción de leches medicamentosas) y 150 médicos (pediatras, alergistas y gastroenterólogos) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires (La Plata y Mar del Plata), Córdoba, Santa Fe (Rosario), Mendoza y Tucumán.

Entre los principales hallazgos del trabajo, se destaca que un 42% de los padres y madres informó no recibir la cantidad de leche medicamentosa indicada por los médicos, lo cual impacta en la salud y el desarrollo de sus hijos. A su vez, sólo el 57% de los encuestados conoce la legislación que garantiza el acceso gratuito a estas leches medicamentosas. Esta brecha en el conocimiento es particularmente pronunciada fuera de los principales centros urbanos, con solo un 6% de conocimiento en Mendoza y un 27% en Rosario.

Por su parte, el 81% de los médicos percibe barreras significativas para prescribir la leche medicamentosa que considera más apropiada para su paciente, principalmente asociadas a largos trámites y burocracia para lograr la cobertura (74%) y al rechazo de la cobertura total de la fórmula (69%).

El estudio también arrojó que los cuidadores desconocen que tienen derecho a cobertura total, lo que los lleva a aceptar respuestas negativas sin realizar reclamos. Diversas obras sociales y prepagas evitan brindar rechazos por escrito, lo que limita la capacidad de las familias de realizar reclamos formales.

La ley nacional 27.305, sancionada en 2016, conocida como la “ley de leches medicamentosas”, obliga a las obras sociales y prepagas y, en el caso de que la familia no cuente con seguridad social, al Estado, a cubrir al 100% el consumo de leches de fórmula medicamentosas.

 

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Economia

Seis de cada 10 empleados informales viven en un hogar pobre

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El trabajo no registrado afecta a millones de trabajadores en Argentina, especialmente a jóvenes y mujeres, que enfrentan tasas de precariedad laboral mucho mayores que otros grupos según una investigación de la UBA

El empleo informal asalariado sigue siendo una problemática estructural en Argentina. En el tercer trimestre de 2024, la tasa de informalidad alcanzó el 36,7% entre los asalariados, lo que implica que casi cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no están registrados en la seguridad social. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC analizados en un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, esta cifra representa un aumento interanual de un punto porcentual y posiciona al país en niveles similares a los registrados en 2008. A pesar de fluctuaciones puntuales, desde 2003 la tasa se mantiene constantemente elevada, oscilando entre el 32% y el 36% durante los últimos dieciséis años.

Las brechas de informalidad por género son evidentes. En el segundo trimestre de 2024, la informalidad asalariada total fue del 36,3%, con una incidencia más alta en las mujeres (38,9%) que en los hombres (34,2%). Aunque las mujeres representan el 46% del empleo asalariado, contribuyen al 49% de la informalidad total. Esto se debe a su mayor exposición a sectores precarizados como el servicio doméstico, que exhibe una tasa de informalidad del 76,3%.

La edad también influye significativamente en la incidencia de la informalidad. Los jóvenes de entre 16 y 24 años enfrentan una tasa del 64,3%, lo que significa que más de seis de cada diez no tienen cobertura legal ni acceso a seguridad social. Por el contrario, los asalariados de entre 45 y 64 años presentan la menor tasa de informalidad, con un 27,5%. Este comportamiento, en forma de “U”, muestra que tanto al inicio como al final de la vida laboral la precariedad es más común.

El nivel educativo juega un rol crucial en la informalidad. Mientras que el 56,4% de los asalariados con nivel educativo bajo (secundario incompleto) trabajan en la informalidad, esta cifra desciende al 15% entre quienes tienen formación universitaria completa. Sin embargo, los trabajadores con educación intermedia explican el 45% de la informalidad total, debido a que representan casi la mitad del empleo asalariado.

En cuanto a la distribución regional, la incidencia de la informalidad varía notablemente. La región patagónica exhibe las tasas más bajas, con un promedio del 20%, mientras que en el Noroeste (NOA), Cuyo y Nordeste (NEA), supera el 40%. A nivel aglomerado, Ushuaia registra la tasa más baja (11,7%), en contraste con Gran San Juan, que lidera con un 48%.

Los sectores de actividad económica también muestran grandes disparidades. En el sector público, la tasa de informalidad es apenas del 9,1%, mientras que en el servicio doméstico alcanza el 76,3% y en la construcción el 67,3%. El comercio, por su parte, concentra el 23% del empleo informal total, a pesar de que su incidencia es menor que en otros sectores.

El tamaño de las empresas marca diferencias notables en la incidencia de la informalidad. En establecimientos con más de 40 empleados, esta es del 11%, mientras que en las empresas de hasta cinco trabajadores asciende al 75%. Además, casi dos tercios de la informalidad total se concentran en estas pequeñas empresas, donde la precarización laboral suele ir acompañada de la informalidad de la propia empresa.

En términos de brechas salariales, los asalariados informales perciben, en promedio, un 46% menos que sus pares formales con características similares. Esto significa que si un trabajador formal gana $100, uno informal recibiría $54 por el mismo trabajo. Este fenómeno es aún más marcado entre jóvenes, mujeres y asalariados con menor nivel educativo, quienes enfrentan las mayores penalidades salariales.

La pobreza laboral está estrechamente vinculada con la informalidad. En el segundo trimestre de 2024, el 63% de los asalariados informales vivía en hogares pobres, en contraste con el 27% de los asalariados formales. Además, el 59% de los trabajadores informales no alcanza el valor de la canasta básica, mientras que solo el 8% de los formales se encuentra en esta situación.

Argentina se posiciona en una situación intermedia en la región en cuanto a tasas de informalidad. Uruguay y Chile tienen niveles significativamente menores, que oscilan entre el 9% y el 20%, mientras que Perú y Paraguay superan el 50%.

En conclusión, el empleo informal asalariado no solo afecta la calidad de vida de millones de trabajadores en el país, sino que también perpetúa desigualdades estructurales en términos de género, edad, educación y región. A medida que la informalidad laboral persiste, sus impactos en la pobreza, la desigualdad y las condiciones laborales seguirán siendo un desafío crítico para el desarrollo económico y social de Argentina.

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Economia

Ventas de combustibles en el Chaco caen en noviembre y acumulan un año de bajas

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De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre de 2024 la provincia Chaco registró un total de 28.955 metros cúbicos comercializados de combustibles, presentando así una caída del 17,9% interanual y llegando así al año entero de bajas consecutivas. En la comparación mensual, también sufrieron una merma que fue de -9,4% contra octubre.

La nafta concentró el 55% de las ventas totales chaqueñas y en el mes de análisis, registraron una caída del 13,6% interanual; el gasoil, por su parte, concentró el 45% de las ventas del mes de análisis y en la comparación interanual cayó 22,6%.

También en ambos segmentos se observaron mermas mensuales: fue de -9,2% en nafta y -9,8% en gasoil.

Con estos resultados, el acumulado enero – noviembre 2024 cierra con ventas totales por 319.737 metros cúbicos en el Chaco y una caída interanual del 13,0%. Además, ese volumen también queda por debajo de igual período 2022 (-12,5%).

En el mercado de combustibles, durante noviembre YPF fue la empresa con el mayor market-share en el Chaco concentrando el 52,7% de las ventas del mes aunque mostraron una baja interanual (-28,3%). Shell, por su parte, concentró el 28,7% de las ventas del mes aunque tuvo una suba leve (+0,9%) en tanto que Axion participó del 12,4% de las ventas y registró descenso del 1,0%. El resto de las empresas participaron del 6,2% con una caída del 16,2%.

Ventas de combustibles a nivel nacional

En noviembre de 2024 se vendieron en todo el país 1,47 millones de metros cúbicos de combustible al público. De ese total, el 56% de las ventas de correspondió a naftas y el 44% restante a gasoil.

Comparado contra igual mes de 2023 las ventas mostraron un descenso del 10,5% con mayor tracción a la baja del gasoil (-15,6% vs. -6,0% de nafta). En la comparación mensual el volumen de consumo también leve suba (0,6%) empujado por gasoil (+1,7%).

Visto por jurisdicciones subnacionales, ninguna logró crecimientos interanuales en noviembre. En ese marco, las caídas más leves estuvieron en Tierra del Fuego (-3,9%) y CABA (-6,3%); por el contrario, las más fuertes se vieron en Misiones (-25,5%) y Formosa (-31,9%).

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