En un balance anual, el dirigente de la UPCP, habló de salarios, condiciones laborales e insumos básicos para el funcionamiento de la administración pública. También sobre el fallo del STJ que declaró inconstitucional parte de la ley que estableció los procedimientos de pases a planta. «Tiró por la borda las expectativas y la esperanza de los trabajadores, pero con un agravante, más de 700 familias quedaron sin su fuente laboral en estas fechas tan sensibles como son las fiestas de fin de año», lamentó.
Los contratos vencen el 31 de diciembre y crece la incertidumbre entre los trabajadores estatales. Gremios anuncian posibles medidas de fuerza si no hay respuestas.
El próximo 31 de diciembre caducarán cerca de 50.000 contratos en la administración pública nacional , y la situación genera una incertidumbre creciente entre los trabajadores del sector. A pesar de la proximidad de la fecha, aún no hay definiciones claras sobre la renovación o baja de estos vínculos laborales. En paralelo, las recientes desvinculaciones en organismos como el Ministerio de Justicia, que dejó cesantes a 2400 personas, encendieron las alarmas en el ámbito sindical.
A esta situación se suman las 10.000 intimaciones a jubilarse emitidas meses atrás por el Ministerio de Desregulación. Según fuentes oficiales, el 70% de los afectados pertenece a la planta permanente. Estas medidas se enmarcan en el plan del gobierno de reducir 75.000 puestos en la administración pública, un objetivo que ya habría avanzado con el despido de aproximadamente 30.000 empleados, de acuerdo con estimaciones del gremio ATE.
Desde el ámbito gremial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó una postura contundente frente a esta situación. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen a fin de año y una recomposición salarial de emergencia. «El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos», señaló en un comunicado reciente.
Desde ATE ya anticiparon que, de no obtener respuestas favorables, podrían convocar a medidas de fuerza en enero. Entre las acciones que evalúan se incluye un posible paro sectorial en defensa de los puestos laborales. Paralelamente, los gremios instan al Gobierno a priorizar el diálogo como herramienta para abordar la crisis.
Los recortes ya comenzaron a impactar en diversas áreas de la administración pública. Según fuentes oficiales, muchos organismos sufrieron reducciones de personal, pases a disponibilidad, o incluso procesos de fusión o eliminación de dependencias. Este ajuste estructural, que busca reducir al mínimo la planta estatal, es uno de los pilares de la gestión libertaria.
Un ejemplo de esta política fue el reciente recorte en Trenes Argentinos, donde se registraron 1388 bajas en una plantilla que supera los 30.000 empleados. También se registraron 802 desvinculaciones en la exAFIP, aunque en este caso continúa abierta una negociación con las autoridades a instancias del sindicato Aefip.
Otro mecanismo utilizado para avanzar con las desvinculaciones son los exámenes de idoneidad que el Gobierno comenzó a implementar en la administración pública. Hasta la fecha, se han evaluado a 10.000 empleados de un total de 40.000.
Aunque desde el gobierno aseguraron que estas pruebas no serán un requisito para renovar contratos, los gremios mantienen una estricta vigilancia sobre los resultados, que hasta ahora han mostrado un alto porcentaje de aprobación del 96%.
El exlegislador entrerriano había reclamado anteriormente la nulidad de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Tiene causas en la Argentina por enriquecimiento ilícito y en Paraguay por el contrabando de más de 200.000 dólares.
El exsenador Edgardo Kueider presentó este martes un nuevo recurso de amparo para que la Justicia revoque su expulsión del Congreso nacional, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito en el país y en Paraguay por contrabando de más de 211.000 dólares.
“Que vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a interponer recurso de apelación en los términos del art. 15 y ccds. de la ley 16.986 y arts. 242 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria-, contra la resolución de fecha 20/12/2024, notificada electrónicamente en igual fecha, a los efectos de que la Excma. Cámara revoque la resolución indicada”, menciona la presentación que Kueider hizo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y a la que TN tuvo acceso.
En la presentación, el viernes pasado, el dirigente peronista había requerido la anulación de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Según argumentó, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.
“Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el fallo en sus considerandos.
“Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y –sobre todo– probarla”, remarcó la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.
Y agregó: “Por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo intentado por el accionante”.
Tras ser detenido en Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, Kueider, senador peronista y aliado del oficialismo en el Congreso, había presentado el viernes pasado un primer amparo en la Cámara Contencioso Administrativa.
Allí argumentó que Villarruel ejecutó dos funciones incompatibles entre sí según la Constitución Nacional y solicitó la restitución de su banca por haberse tratado de una votación irregular. Además, pidió resguardar su despacho tras la orden de allanamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Los abogados de Kueider también plantearon que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y que tampoco se le permitió hacer un descargo, es decir, ejercer su derecho a la legítima defensa. Se trata de dos instancias previstas en el reglamento de la Cámara.
El Presidente la había cuestionado por los aumentos de las dietas en la Cámara alta y planteó diferencias con el accionar de Martín Menem respecto al mismo tema en Diputados. ”No cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, dijo la vice en X.
En la víspera de Nochebuena, Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo a su historial de desencuentros con Javier Milei, quien la había criticado por la polémica de los aumentos salariales en el Senado de la Nación.
“Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, dijo la Vicepresidenta en su cuenta de X.
Villarruel le respondió puntualmente a un seguidor libertario que le había cuestionado su accionar en medio de los aumentos de las dietas en la Cámara alta.
“No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”, dijo en un tiro por elevación a Milei, quien había planteado diferencias con el accionar de Martín Menem, presidente de Diputados, ante el mismo tema.
En el cierre del mensaje, Villarruel apeló a una ironía dirigida al seguidor: “Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.
“Cuando vos vas a laburar hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, se quejó Milei en el streaming Neura el lunes.
“Villarruel dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace, qué se yo. Recortó un montón de privilegios”, arremetió Milei contra su vice.
La nueva controversia por los sueldos en la Cámara alta se desató luego de que se conociera que los senadores cobrarán la “Dieta 13”, un plus que votaron a mano alzada en abril.
Hasta ahora, el ingreso actual de un senador sumando la dieta y los gastos de representación superaba los siete millones de pesos. En algunos casos, el salario se incrementa por el pago por desarraigo, principalmente en aquellos legisladores del interior del país. A partir de enero, las dietas parlamentarias en el recinto alcanzarían los 9,5 millones de pesos.
A la vez, los bonos de fin de año destaparon una nueva interna libertaria en el Congreso. Mientras Martín Menem ya oficializó el otorgamiento del bono a sus empleados, Villarruel está en negociaciones con los gremios.
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