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Economia

La inflación y una tendencia descendente que se consolida

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OPINIÓN. La dinámica de precios para el próximo año estará condicionada por la evolución de los servicios y el panorama cambiario.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró un incremento del 2,4% en noviembre, marcando así una desaceleración por tercer mes consecutivo (-0,3 puntos porcentuales en comparación con octubre). Este resultado representa la variación más baja desde julio de 2020 y refuerza un proceso de desinflación que continúa consolidándose.

Al igual que en el mes previo, el comportamiento de los productos estacionales resultó relevante, con una caída del 1,2% que generó una incidencia negativa de 0,14 puntos porcentuales en el índice general. Por su parte, el IPC Núcleo mostró un aumento del 2,7%, en línea con la cifra del mes anterior (2,9%). En tanto, los precios regulados crecieron un 3,5%, registrando una leve aceleración de 0,8 puntos porcentuales.

Una vez más, se evidenció una marcada diferencia entre la evolución de los bienes y los servicios, con aumentos del 1,6% y del 4,4%, respectivamente. Esta divergencia, que se observa desde febrero, responde a la dinámica cambiaria, los ajustes en los precios relativos y la recomposición real de los salarios. Cabe destacar que, por primera vez en el año, la suba de los bienes se ubicó por debajo de la tasa de depreciación del peso (crawling peg).

El ámbito financiero

El Tesoro adjudicó $5,40 billones sobre un total de $6,19 billones ofertados, principalmente mediante la Lecap S13D4, por $5,24 billones, lo que implicó un rollover del 87%. Del monto total, el 94% se colocó a tasa fija (con un promedio ponderado del 2,8%) y el 6% restante a tasa CER (9,2%). Los movimientos intradiarios reflejaron un incremento en los precios de estos activos tras el anuncio oficial del dato de inflación, lo que generó una compresión de las tasas pocas horas después del cierre de la licitación.

La inflación y un camino descendente (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
La inflación y un camino descendente (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Asimismo, se realizó la conversión de la Lecap con vencimiento al 31 de enero de 2025 (S31E5), adjudicándose $0,66 billones de los $3,50 billones a vencer, con un nivel de renovación del 19%. La conversión incluyó la reapertura de una Lecap con vencimiento en mayo de 2025 a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,88%, la emisión de una nueva Lecap a octubre de 2025 a una TEM de 2,74%, y de un Boncap nuevo a enero de 2026 a una TEM de 2,65%.

El día posterior al anuncio del IPC y la licitación, la inflación implícita en los bonos (breakeven) se comprimió en comparación con el inicio de la semana. Con una tasa de referencia del 2,7% mensual que ya supera tanto la inflación oficial como las expectativas del mercado, las decisiones de la actual administración en las próximas semanas serán clave. Entre los temas a monitorear destacan las probabilidades de cumplir con la reducción del crawling peg al 1%.

En síntesis, la dinámica de precios para el próximo año estará condicionada por la evolución de los servicios y el panorama cambiario. Si se logra una unificación cambiaria sin una devaluación, es posible que el año cierre con una inflación interanual cercana al 18%, o al 30% si emergen presiones relacionadas con la brecha cambiaria por motivos electorales o un eventual shock externo.

La unificación es factible gracias al éxito del reciente blanqueo. En caso de una devaluación, la inflación podría alcanzar el 40% anual, dependiendo del momento en que se concrete el ajuste. No obstante, si este ajuste se realiza, las condiciones actuales permitirían retomar la senda descendente tras un rebote inflacionario, dejando a la Argentina con un tipo de cambio más competitivo.

(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA

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Economia

Industriales alertan por destrucción masiva de puestos de trabajo, ”si Caputo sigue sin recibir a las Pymes”

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El sector de las pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) expresó su preocupación ante el aumento de despidos y el cierre de compañías, y solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar una agenda de recuperación productiva.

Según el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en el último año se perdieron más de 217.000 empleos registrados, con un impacto significativo en la construcción y la industria manufacturera.

El informe, coordinado por el economista Federico Vaccarezza, destacó que la economía sigue en retroceso, con una desaceleración especialmente pronunciada en sectores clave como la construcción, la producción textil y los productos minerales no metálicos. “La caída de la demanda interna, los mayores costos de financiamiento y un contexto inflacionario que erosiona márgenes son los principales factores que explican esta situación”, detalló Vaccarezza.

Además, el mercado laboral sigue mostrando los efectos de la recesión: «En los últimos doce meses, se perdieron más de 217.000 empleos registrados», informó el economista, y agregó que esta situación está acompañada por el cierre de 9.900 empresas en el último año, lo que “refleja las dificultades del entorno operativo”.

“Si Caputo sigue sin recibir a las Pymes para incluirlas en el plan económico, la crisis provocará una avalancha de despidos”, advirtió Daniel Rosato, presidente del IPA, al presentar los datos del informe.

Rosato insistió en la necesidad de que las Pymes sean escuchadas por el Gobierno: “Desde que comenzó el plan económico para reducir la inflación, advertimos que era necesario combinarlo con una mirada industrialista. No logramos que el ministro Caputo reciba a las Pymes industriales para escuchar nuestros aportes”.

El empresario subrayó la urgencia de tomar medidas para evitar un escenario de mayor recesión, especialmente en centros urbanos. Según Rosato, «la combinación de desempleo y los mayores gastos durante las fiestas provocará un sobreendeudamiento que tendrá consecuencias negativas en los primeros meses de 2025, porque la gente se quedará sin plata y sin crédito”.

Además, advirtió que las condiciones favorables para la importación representan un riesgo para la industria nacional. “Las mejores condiciones para la importación sólo generarán mayor desempleo, porque las fábricas se achicarán y se convertirán en vendedoras de productos extranjeros, dejando de producir en el país. Esto profundizará el achique de la economía y la reducción del mercado laboral”, afirmó Rosato.

Perspectivas y desafíos para 2025

El informe del Observatorio IPA señaló que, aunque el ritmo de caída de la actividad parece estar desacelerándose, todavía no hay señales claras de recuperación. “Para que 2025 sea un año de recuperación sostenida, será clave mejorar el acceso a financiamiento, estabilizar la economía y reactivar la demanda interna. Estas son asignaturas del gobierno todavía pendientes”, concluyó Vaccarezza.

Por su parte, Rosato enfatizó que el sector necesita ser parte de la solución: “Necesitamos que al presidente Javier Milei le vaya bien, si el plan es mejorar a la Argentina. Para eso, tenemos propuestas concretas ante realidades complejas tanto para los trabajadores como para las Pymes”.

En un contexto de incertidumbre económica y social, las Pymes insisten en ser parte de la agenda económica para evitar un agravamiento de la crisis y sentar las bases de una recuperación que incluya a todos los sectores productivos.

 

Info Gremiales

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Economia

Gestión Milei: al menos 60 personas fallecieron este año por la falta de entrega de medicación para el cáncer

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La motosierra en medicamentos oncológicos produjo la muerte de al menos 60 personas que estaban en tratamiento por cáncer, según el cálculo de la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA). También advierten que Nación va hacia una «reducción absoluta» en materia de salud y que la partida del presupuesto para VIH, hepatitis C y tuberculosis es la más afectada.

En su primer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei logró un superávit fiscal a costa de numerosos recortes, entre los que incluyó a las políticas de salud. Eso fue acompañado de una retórica anti Estado y de la promoción del libre mercado, incluso para el acceso a los remedios y a la atención médica. Ambas decisiones afectaron la continuidad de los tratamientos de cientos de miles de pacientes y podría agudizarse.

En ese sentido, FESPROSA denuncia que la liberación de los precios de los medicamentos implicó “la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados”. Además advierten que el pase a venta libre de los remedios que se vendían bajo receta y que eran de gran demanda le quitó a los usuarios los descuentos que antes hacían las obras sociales. Eso se suma a la eliminación del programa de medicación gratuita del PAMI que cubría a aquellos jubilados con enfermedades crónicas.

Además, la Federación advierte que la parálisis de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Iván Lugones, provocó la muerte de decenas de pacientes de cáncer. Por esta razón, presentaron un amparo ante la Justicia.

Hacia el próximo año, el secretario general de la Federación, Jorge Yabkowski, advierte que el Gobierno en el Presupuesto 2025 dispuso un recorte de fondos para todo el Ministerio de Salud, pero que desfinanció especialmente la partida para el VIH.
“La partida presupuestaria 22, que fue una conquista hace 20 años, es la que provee de fondos para tratar el sida, la hepatitis C y la tuberculosis multirresistente, que tienen medicación muy costosa y específica, sufrió un recorte del 76%”, explicó Yabkowski en una entrevista en Radio 10. Si bien el presupuesto no fue tratado, la prórroga del actual le da al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para el uso de los fondos.

Según Yabkowski, el Gobierno nacional va hacia una política de “reducción absoluta” en materia de salud y quiere “transferir todos los hospitales nacionales a las provincias” para que “se hagan cargo los gobernadores e intendentes”. Esto podría ser un problema para las jurisdicciones provinciales que este año sufrieron un recorte en las transferencias de Nación. Bajo ese argumento, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto que elimina la atención gratuita universal en hospitales públicos y establece un seguro obligatorio pago.

El ajuste también llega a las leches medicamentosas para bebés
Una encuesta nacional, realizada entre julio y septiembre de 2024 por la consultora IPSOS, reveló que el 42% de los niños no acceden a leche medicamentosa, también conocidas como leche de fórmula, y que la mayoría de los médicos enfrentan numerosos obstáculos para recetarla.

En los últimos años, crecieron los obstáculos impuestos por obras sociales, prepagas y el Estado para acceder en tiempo y forma a leches medicamentosas, aquellas que se indican ante cuadros de alergias alimentarias, trastornos digestivos, prematurez y determinadas enfermedades metabólicas.

La investigación fue llevada adelante entre julio y septiembre de 2024 e incluyó 305 cuidadores (padres y madres de niños de 0 a 2 años, con prescripción de leches medicamentosas) y 150 médicos (pediatras, alergistas y gastroenterólogos) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires (La Plata y Mar del Plata), Córdoba, Santa Fe (Rosario), Mendoza y Tucumán.

Entre los principales hallazgos del trabajo, se destaca que un 42% de los padres y madres informó no recibir la cantidad de leche medicamentosa indicada por los médicos, lo cual impacta en la salud y el desarrollo de sus hijos. A su vez, sólo el 57% de los encuestados conoce la legislación que garantiza el acceso gratuito a estas leches medicamentosas. Esta brecha en el conocimiento es particularmente pronunciada fuera de los principales centros urbanos, con solo un 6% de conocimiento en Mendoza y un 27% en Rosario.

Por su parte, el 81% de los médicos percibe barreras significativas para prescribir la leche medicamentosa que considera más apropiada para su paciente, principalmente asociadas a largos trámites y burocracia para lograr la cobertura (74%) y al rechazo de la cobertura total de la fórmula (69%).

El estudio también arrojó que los cuidadores desconocen que tienen derecho a cobertura total, lo que los lleva a aceptar respuestas negativas sin realizar reclamos. Diversas obras sociales y prepagas evitan brindar rechazos por escrito, lo que limita la capacidad de las familias de realizar reclamos formales.

La ley nacional 27.305, sancionada en 2016, conocida como la “ley de leches medicamentosas”, obliga a las obras sociales y prepagas y, en el caso de que la familia no cuente con seguridad social, al Estado, a cubrir al 100% el consumo de leches de fórmula medicamentosas.

 

Perfil

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Economia

Seis de cada 10 empleados informales viven en un hogar pobre

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El trabajo no registrado afecta a millones de trabajadores en Argentina, especialmente a jóvenes y mujeres, que enfrentan tasas de precariedad laboral mucho mayores que otros grupos según una investigación de la UBA

El empleo informal asalariado sigue siendo una problemática estructural en Argentina. En el tercer trimestre de 2024, la tasa de informalidad alcanzó el 36,7% entre los asalariados, lo que implica que casi cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no están registrados en la seguridad social. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC analizados en un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, esta cifra representa un aumento interanual de un punto porcentual y posiciona al país en niveles similares a los registrados en 2008. A pesar de fluctuaciones puntuales, desde 2003 la tasa se mantiene constantemente elevada, oscilando entre el 32% y el 36% durante los últimos dieciséis años.

Las brechas de informalidad por género son evidentes. En el segundo trimestre de 2024, la informalidad asalariada total fue del 36,3%, con una incidencia más alta en las mujeres (38,9%) que en los hombres (34,2%). Aunque las mujeres representan el 46% del empleo asalariado, contribuyen al 49% de la informalidad total. Esto se debe a su mayor exposición a sectores precarizados como el servicio doméstico, que exhibe una tasa de informalidad del 76,3%.

La edad también influye significativamente en la incidencia de la informalidad. Los jóvenes de entre 16 y 24 años enfrentan una tasa del 64,3%, lo que significa que más de seis de cada diez no tienen cobertura legal ni acceso a seguridad social. Por el contrario, los asalariados de entre 45 y 64 años presentan la menor tasa de informalidad, con un 27,5%. Este comportamiento, en forma de “U”, muestra que tanto al inicio como al final de la vida laboral la precariedad es más común.

El nivel educativo juega un rol crucial en la informalidad. Mientras que el 56,4% de los asalariados con nivel educativo bajo (secundario incompleto) trabajan en la informalidad, esta cifra desciende al 15% entre quienes tienen formación universitaria completa. Sin embargo, los trabajadores con educación intermedia explican el 45% de la informalidad total, debido a que representan casi la mitad del empleo asalariado.

En cuanto a la distribución regional, la incidencia de la informalidad varía notablemente. La región patagónica exhibe las tasas más bajas, con un promedio del 20%, mientras que en el Noroeste (NOA), Cuyo y Nordeste (NEA), supera el 40%. A nivel aglomerado, Ushuaia registra la tasa más baja (11,7%), en contraste con Gran San Juan, que lidera con un 48%.

Los sectores de actividad económica también muestran grandes disparidades. En el sector público, la tasa de informalidad es apenas del 9,1%, mientras que en el servicio doméstico alcanza el 76,3% y en la construcción el 67,3%. El comercio, por su parte, concentra el 23% del empleo informal total, a pesar de que su incidencia es menor que en otros sectores.

El tamaño de las empresas marca diferencias notables en la incidencia de la informalidad. En establecimientos con más de 40 empleados, esta es del 11%, mientras que en las empresas de hasta cinco trabajadores asciende al 75%. Además, casi dos tercios de la informalidad total se concentran en estas pequeñas empresas, donde la precarización laboral suele ir acompañada de la informalidad de la propia empresa.

En términos de brechas salariales, los asalariados informales perciben, en promedio, un 46% menos que sus pares formales con características similares. Esto significa que si un trabajador formal gana $100, uno informal recibiría $54 por el mismo trabajo. Este fenómeno es aún más marcado entre jóvenes, mujeres y asalariados con menor nivel educativo, quienes enfrentan las mayores penalidades salariales.

La pobreza laboral está estrechamente vinculada con la informalidad. En el segundo trimestre de 2024, el 63% de los asalariados informales vivía en hogares pobres, en contraste con el 27% de los asalariados formales. Además, el 59% de los trabajadores informales no alcanza el valor de la canasta básica, mientras que solo el 8% de los formales se encuentra en esta situación.

Argentina se posiciona en una situación intermedia en la región en cuanto a tasas de informalidad. Uruguay y Chile tienen niveles significativamente menores, que oscilan entre el 9% y el 20%, mientras que Perú y Paraguay superan el 50%.

En conclusión, el empleo informal asalariado no solo afecta la calidad de vida de millones de trabajadores en el país, sino que también perpetúa desigualdades estructurales en términos de género, edad, educación y región. A medida que la informalidad laboral persiste, sus impactos en la pobreza, la desigualdad y las condiciones laborales seguirán siendo un desafío crítico para el desarrollo económico y social de Argentina.

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