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Politica

Un exjuez y un exfiscal condenados por su complicidad con la dictadura en Neuquén

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El Tribunal Oral Federal de Neuquén otorgó 11 años de prisión e inhabilitación perpetua para los exfuncionarios judiciales. Solicitan a la ANSES y la Procuración del Tesoro la devolución de sus jubilaciones.

No investigar crímenes de lesa humanidad tiene sus consecuencias. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal de Neuquén este martes, al condenar al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortíz por no haber investigado los secuestros, torturas y desapariciones de una veintena de personas detenidas en el Alto Valle patagónico durante la última dictadura cívico militar. Los exmagistrados recibieron condenas a 11 años de prisión e inhabilitación perpetua. La fiscalía y las querellas habían requerido penas de 25 años.

Por mayoría, la jueza María Paula Marisi y los jueces Sebastián Foglia y Alejandro Silva calificaron de crímenes de lesa humanidad a la falta de justicia que recibieron personas secuestradas y torturadas durante la última dictadura en Neuquén y Bahía Blanca y sus familiares al no haber recibido tratamiento las denuncias que presentaron en aquellos tiempos ante la Justicia federal.

Las condenas aplicadas a los exfuncionarios judiciales fue sensiblemente menor a la solicitada por la fiscalía y las querellas, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Las razones de tal diferencia se conocerán con la lectura de fundamentos, en marzo próximo.

Además, les jueces anunciaron el envío del veredicto a la ANSES para que se evalúe la jubilación que están cobrando ambos condenados. En su alegato, el fiscal Miguel Palazzani había solicitado que se anularan las percepciones “millonarias” que Duarte y Ortíz cobran por haber ejercido como juez y fiscal entre 1976 y 1984 y 1985 respectivamente. El fiscal también había pedido que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se reclame la devolución de lo que “ilegítimamente se pagó como jubilación”.

Por último, la sentencia ordenó la remisión del veredicto para que se defina la señalización como sitio de memoria del edificio en donde funcionó hasta 1978 el Juzgado Federal de Neuquén. En tanto, nada dijo sobre el requerimiento que realizó la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para que el TOF inste a los acusados a pedir disculpas. Tanto esa querella como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron penas iguales a la requerida por la Fiscalía.

Cómplices por no investigar

Los hechos que se juzgaron desde octubre de 2023 y durante 14 meses en Neuquén, en el marco de lo que fue el octavo juicio en la provincia sobre el genocidio de la década del 70, tuvieron como únicos acusados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortíz, por no investigar habeas corpus que, entre 1976 y 1979, fueron presentados en el fuero federal de la provincia. Buscaban dar con el paradero de una veintena de hombres y mujeres secuestrados por la patota que operó en la subzona represiva 5.2, lo que comprendió el Alto Valle patagónico. Oscar Reinhold, represor con condena firme por su rol de jefatura en el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio en la región, fue declarado inhábil y quedó fuera de juego.

Para la fiscalía representada por Miguel Palazzani, titular de la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción neuquina, los exfuncionarios judiciales “estaban puestos ahí para asegurar impunidad”. El alegato de la acusación del Estado confirmó la hipótesis con la que Duarte y Ortíz llegaron al juicio: coautores del delito de omitir promover la persecución penal y prevaricato –dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos– en 23 casos y partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad agravada, cometida por funcionario público, e imposición de tormentos.

De esas 23 personas secuestradas y torturadas, mayormente en el centro clandestino que funcionó en la exUP9 de la capital neuquina, 15 permanecen desaparecidas. Uno es un bebé nacido en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, y luego apropiado. Al día de hoy, desconoce su verdadera identidad.

“El exjuez federal y el exfiscal de la época tuvieron el poder para habilitar, permitir, encubrir y brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”, puntualizó Palazzani. Durante su alegato, describió los operativos de secuestros y también el derrotero de familiares de víctimas en su búsqueda. Todos presentaron habeas corpus ante el juzgado de Duarte.

Mientras las familias “no tenían respuesta, no eran citados y encima les cobran las costas del proceso”, Duarte y Ortíz “no sólo no tomaron medidas para ubicar a las víctimas, sino que el mensaje era que se podía seguir haciendo lo que se estaba haciendo con total impunidad, con el aseguramiento de que no iba a haber investigación efectiva y que nadie estaba en riesgo”.

Por otra parte, el representante fiscal solicitó que los imputados dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) adecúe los haberes previsionales. Asimismo, requirió que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que devuelvan lo que cobraron como jubilación.

Antes de ser titular de juzgado federal de primera instancia de Neuquén, Duarte fue durante 15 años auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. En agosto de 1976 reemplazó como juez a Carlos Arias -quien semanas antes del golpe de 1976 sufrió un atentado en su casa que fue adjudicado a la Triple A. Se mantuvo en ese cargo hasta septiembre de 1984. Ortiz, en tanto, llegó a la silla de procurador fiscal federal de la fiscalía federal un mes más tarde que Duarte, y se fue meses después, en abril de 1985. Antes había sido secretario fiscal.

Duarte habló en dos oportunidades durante el debate. La primera fue en el marco de su declaración indagatoria tras la ronda de audiencias testimoniales y previo a los alegatos. Entonces, se tomó tres jornadas para explayarse sobre su presunto desconocimiento del terrorismo de Estado. La segunda fue esta mañana, antes de recibir la condena. Usó las “últimas palabras”, el espacio que las garantías del debido proceso le otorgaron al cierre del juicio en su contra –como las tuvo desde el minuto cero de su procesamiento– para repasar su vida de punta a punta: las características de su familia, sus estudios primarios, secundarios y universitarios, su paso por el Ejército. Luego se autocalificó como víctima de “demonización”. Permanecerá, como Ortíz, detenido en su casa, ya que el tribunal postergó la definición sobre el modo de cumplimiento de la pena para cuando el veredicto condenatorio quede firme.

 

Fuente: Página/12 

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CONSEJO MUNICIPAL

Municipalidad de Resistencia paro y la movilización este viernes desde las 00 hs

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Este viernes, la Municipalidad de Resistencia se verá marcada por un paro y una movilización que comenzará a la medianoche. Esta protesta se origina en el descontento de los trabajadores municipales, quienes sienten que sus derechos laborales están siendo pisoteados bajo la administración del intendente Roy Nikisch. A través de este escrito, se abordarán las razones detrás de estas manifestaciones, que reflejan una profunda insatisfacción con la situación actual de los empleados públicos.

Los trabajadores municipales han expresado que su condición laboral se asemeja a la de «esclavos», indicando que sus salarios son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En un contexto donde la inflación y el costo de vida han aumentado considerablemente, muchos empleados se ven forzados a elegir entre cubrir sus necesidades alimenticias o satisfacer otros gastos imprescindibles. La frase «nos están matando de hambre» resuena fuertemente entre los manifestantes, enfatizando la urgencia de la situación.

Adicionalmente, un punto focal de la movilización es la falta de suministros y uniformes de trabajo. Los empleados reclaman que se les provea de los elementos necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficiente y digna. La ausencia de uniformes adecuados no solo afecta su desempeño laboral, sino que también impacta en su moral y en la percepción que la comunidad tiene de ellos como servidores públicos.

La disparidad en los salarios también ha sido un motivo recurrente en el discurso de los manifestantes. Mientras los funcionarios de la municipalidad, incluidos el intendente Roy Nikisch y sus allegados, perciben sueldos considerables, los trabajadores comunes luchan por llegar a fin de mes. Esta desigualdad ha generado un sentimiento de injusticia y discriminación entre los empleados, quienes consideran que todos deberían recibir remuneraciones dignas y equitativas por su labor.

La movilización que tendrá lugar este viernes es una llamada de atención no solo hacia la administración municipal, sino también hacia la ciudadanía de Resistencia. Los trabajadores desean que la sociedad comprenda su lucha y se una a la demanda de mejores condiciones laborales. Es fundamental que se visibilicen las problemáticas que enfrentan a diario, y que el gobierno local tome cartas en el asunto para garantizar los derechos de sus empleados.

En conclusión, el paro y la movilización en Resistencia representan un clamor por justicia social y dignidad laboral. Los trabajadores municipales exigen soluciones a sus problemas inmediatos: salarios justos, acceso a uniformes y, sobre todo, un trato digno por parte de sus superiores. Esta protesta no solo es un acto de resistencia, sino también un esfuerzo por generar conciencia sobre la situación crítica que enfrentan, esperando que sus voces sean escuchadas y que las autoridades actúen en consecuencia. La esperanza es que, a través de esta movilización, se logre un cambio significativo que beneficie a la comunidad en su conjunto.

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Politica

“El nene ya no quiere hablar con él”: Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de maltratar a su hijo

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La ex primera dama dijo que el expresidente exige tener videollamadas de una hora con Francisco. Además, aseguró que el expresidente “podrá recusar jueces”, pero “no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”.

La ex primera dama Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de ejercer violencia psicológica contra su hijo Francisco, al asegurar que “el nene ya no quiere hablar más con él”. Además, aseguró que el expresidente “podrá recusar jueces”, pero “no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”.

Yañez reveló que el exmandatario “exige videollamadas de hasta 65 minutos con su hijo, ignorando las limitaciones propias de su edad”, mientras que indicó que la situación se agrava con comportamientos hostiles documentados en grabaciones, donde se escucha a Fernández reprendiéndole al niño con frases como “¡Si no me vas a hablar, no me llames!”.

“El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco, quien apenas tiene dos años y medio. Desde el principio y hasta hace muy poco, él insistía en que Francisco permaneciera en videollamadas de entre 50 y 65 minutos, cuando es bien sabido que un niño de esa edad no puede mantener la atención durante tanto tiempo. Esta exigencia, sumada a su actitud hostil hacia Francisco, ha provocado que el niño ya no quiera hablar con él”, explicó Yañez en una entrevista con el medio español OK Diario.

Sumó: “Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco. Constantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’. Me dice que no le ponga comida ni juguetes, nada que lo distraiga. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica. Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día”.

Por otra parte, la ex primera dama se refirió al famoso video de Fernández en una situación comprometedora con Tamara Pettinato en el despacho presidencial, imágenes que datan de enero de 2022 y que muestran a la periodista sentada en el histórico sillón de Rivadavia, manteniendo una conversación de tono íntimo con el entonces presidente. “Podrá recusar jueces pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, disparó.

Además, recordó el caso de Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de controlar las redes sociales de Dylan, el perro del expresidente, a ser designada directora general de Comunicación Digital con tan sólo 24 años.

“Ella había sido su pareja y cuando él asumió el gobierno le otorgó un alto cargo directivo sin tener las cualificaciones necesarias, ni los títulos ni la experiencia requerida para ese puesto, con un sueldo exorbitante. Y no fue la única, hubo varias personas en situaciones similares”, dijo Yañez.

Según revelan fuentes cercanas al gobierno de aquel momento, Hermoso gozaba de un privilegio excepcional, ya que era la única persona con acceso a la clave privada de Twitter de Fernández y la ex primera dama señaló a la mujer como una de las presuntas amantes del ex presidente, vinculando su ascenso profesional con esta supuesta relación.

Por último, al hablar acerca de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, Yañez reiteró sus disculpas al pueblo argentino, a la vez que reveló que fue Fernández quien ordenó la celebración y estuvo presente “desde el primer momento hasta el último”, contradiciendo la versión oficial que la responsabilizaba exclusivamente a ella.

Las nuevas declaraciones de Yañez se produjeron en la previa a que el expresidente comparezca este jueves ante la Justicia para explicar los motivos por los que busca apartar al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género.

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Politica

El Gobierno echó a más de 100 empleados de un organismo dedicado a impulsar denuncias contra medios y periodistas

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Se trata de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), creada a partir de la Ley de Medios. Lo anunció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El Gobierno despidió a más de 100 trabajadores estatales de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados, según anunció Federico Sturzenegger. En palabras del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”.

A través de su cuenta en la red social X, Sturzenegger dijo que “desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”.

Sturzenegger, principal ejecutor del “plan motosierra” impulsado por Javier Milei, puntualizó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.

La DPSCA fue creada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, y entre sus funciones está el “Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios”.

El estudio de televisión portátil de la DPSCA recorría la costa en temporada de verano. (Foto: X @fedesturze)
El estudio de televisión portátil de la DPSCA recorría la costa en temporada de verano. (Foto: X @fedesturze)

“La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, afirmó el ministro.

La Defensoría -que está a cargo de la funcionaria Soher El Sukaria– depende del Poder Legislativo, por lo que Sturzenegger destacó los esfuerzos que desde la Cámara de Diputados “está haciendo Martín Menem para bajar el gasto político en el Congreso”.

Aseguró que la Defensoría “dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada”, y puntualizó que “aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza”. Además, el ministro dejó abierta la puerta para una decisión más profunda, al advertir que “el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”.

“Quiero destacar esta resolución, porque hay un debate sobre el estilo del gobierno para relacionarse con la prensa. El estilo del presidente, en particular, es frontal, abierto y transparente”, señala en su visión.

En esa línea, recuerda una pelea de Domingo Faustino Sarmiento con Juan Bautista Alberdi y sostiene que el prócer “disfrutaría” del mandatario por su estilo “polemista”.

“Ni el gobierno ni el presidente Milei rehuyen el debate de ideas. Proponen una discusión abierta y transparente donde se respeta plenamente el derecho de expresarse de todas las partes. Los modos y su contenido serán objeto de evaluación del votante. Pero no se usa el dinero público ni para comprar voluntades ni para amedrentar opositores. Es todo lo contrario de lo que hacía el kirchnerismo que usaba los recursos públicos para disciplinar a la prensa a espaldas de los ciudadanos, pero usando su dinero”, sentenció.

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