Politica
Irregularidades en Desarrollo Social: Lugo y excolaboradores, condenados a pagar $35 millones
Así lo determinó el Superior Tribunal de Justicia del Chaco al rechazar una apelación a la condena en un juicio de cuentas contra el exministro Roberto Lugo y otros dos exfuncionarios por falta de documentación del ejercicio 2014, durante el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff como gobernador. Deberán resarcir al Estado por más de 35 millones de pesos.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó que el exministro de Desarrollo Social del Chaco, Roberto Lugo, y sus excolaboradores Christian Muller y Ricardo Retamozo, deberán pagar más de 35 millones de pesos tras la condena en un juicio de cuentas por irregularidades en la rendición del ejercicio 2014, durante el mandato como gobernador interino de Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
En la sentencia dictada el 19 de noviembre pasado, el máximo tribunal del Chaco desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado por Muller contra la resolución del Tribunal de Cuentas que lo condenó solidariamente junto a Lugo y Retamozo a resarcir al Estado por un monto superior a los 35 millones de pesos.
En base a un dictamen de la Procuración General de la Nación, el fallo del STJ sostiene que “solo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés de orden público”.
En ese contexto, puntualizó que en este caso “todo lo actuado por el Tribunal de Cuentas ha posibilitado la rendición de la documentación faltante, al punto de autorizar a la fiscalía a considerar presentaciones realizadas fuera de término, habilitando a su vez una nueva instancia de producción de pruebas en el trámite de los recursos de revisión incoados, todo lo cual indefectiblemente ha contribuido a extender la duración del trámite, conforme surge del relato efectuado en la resolución 16/23”.
La condena penal por corrupción
Vale recordar, además, que Lugo fue condenado a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ser funcionario público por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos (peculado) en concurso real; en tanto que Retamozo resultó condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, más inhabilitación por igual tiempo para ejercer la cargos públicos, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Lavado, pendiente
Por otro lado, Lugo aún debe enfrentar una nueva instancia ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia luego de que, en noviembre de 2023, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal anulara su sobreseimiento en el juicio oral por la causa conocida como “Lavado I”, a la cual llegó imputado como jefe de una presunta asociación ilícita y se lo acusaba de la contratación como proveedoras a empresas vinculadas a su persona durante el período en que se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la provincia.
Politica
Se presentó ante la Justicia el socio de Kueider y le secuestraron el teléfono
Se trata de Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso y dueño de la camioneta que utilizó el ex senador para viajar a Paraguay. Esta mañana fue a la Fiscalía de Concordia donde se investiga una de las causas
El socio del ex senador Edgardo Kueider finalmente se presentó ante la Justicia. Se trata de Daniel González, el empleado de la Biblioteca del Congreso que compró la camioneta con la cual el ex senador y su secretaria viajaron a Paraguay. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, esta mañana se puso a disposición de la Fiscalía de Concordia, a cargo de José Arias, quien le secuestró el teléfono.
También se presentó la abogada Adriana Crucitta, socia de González en varias empresas. “Se pusieron a derecho y designaron a un defensor oficial”, adelantó una fuente de la causa. Y agregó: “Llegaron acompañados de tres abogados, pero ninguno tenía matrícula de la provincia de Entre Ríos”.
Uno de esos abogados, Juan Grinberg, negó que haya una orden de captura sobre el socio de Kueider “Nos hemos presentado para estar a derecho, ajustándonos a las disposiciones de la Fiscalía, y para tomar conocimiento de la causa. Del mismo modo lo hicimos ante (la jueza federal de San Isidro Sandra) Arroyo Salgado”, apuntó en declaraciones a los medios locales.
González adelantó que su intención es designar como defensor, al menos en Concordia, a Oscar Bacigalupe, un veterano penalista local que participó en varios casos resonantes.
González, más conocido como “Gonzalito”, venía siendo buscado hace varios días tanto por el fiscal Arias como por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Por pedido del fiscal de Concordia, la Policía Federal los buscó en domicilios en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en Entre Ríos.
El primer domicilio registrado fue la oficina de Combate de los Pozos 162, donde funciona el estudio jurídico de Crucitta, socia y compañera de González en la Biblioteca de Congreso. Los policías se entrevistaron con la abogada y le tomaron una breve declaración. A los pocos días, ese domicilio terminó siendo allanado dos veces.
En un edificio ubicado en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito, la Policía se encontró con el hijo de González, quien aportó un número de teléfono de su papá. Según el encargado del edificio, el departamento que habita el joven pertenece a María Elena Pisani, quien sería oriunda de Concordia, donde hicieron su carrera política tanto Kueider como su socio.
Otro edificio visitado por la Federal está ubicado Bartolomé Mitre 815, en el partido bonaerense de Morón. Varios vecinos declararon que no conocían a González aunque en el resumen de expensas aparece como el dueño del 5 “D”. Una vecina que vive en el quinto piso terminó confirmando que lo había cruzado hace pocos días. Los policías le exhibieron una foto y no tuvo dudas. Con esa información, el martes pasado, tanto el fiscal Arias como Arroyo Salgado allanaron ese edificio. Llamativamente, no lo encontraron.
Las dos investigaciones sobre el patrimonio de Kueider tienen demasiados puntos de contacto. De hecho, ya se planteó un conflicto de competencia que seguramente terminará en la Corte Suprema. Tal como anticipó este medio, la jueza Arroyo Salgado le pidió en las últimas horas al juez de Concordia, Edwin Bastián, que le mande la causa a cargo de Arias.
El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad, Eliseo Blanco, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador Kueider, actualmente detenido en Asunción. tenía tres departamentos en el edificio Live de Paraná, a través de la sociedad Betail SA.
El fiscal de Concordia ya dio muestras que no quiere desprenderse de la investigación. De hecho, la semana pasada allanó el estudio jurídico de Crucitta, buscando a González, y le secuestró el teléfono a esa abogada, que ahora se va a peritar.
El socio de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su acompañante, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió a Kueider y a la joven secretaria para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, González casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, tal como reveló este medio.
Por pedido del fiscal Arias, la PFA había registrado cuatro domicilios asociados a González en la provincia de Entre Ríos: tres en Concordia y un edificio en Paraná. En uno de esos lugares, sus propietarios dijeron que recibían multas a nombre de González. Otro punto visitado resultó ser una estancia, sobre la ruta 14, donde funciona una rotisería. Solo encontraron un cartel que reza “El Mana de mi Angelito”.
Acorralado por la Justicia, González finalmente decidió aparecer
Politica
Condenaron a la mano derecha de Marcelo Balcedo y decomisaron decenas de bienes para el sindicato
Se trata de Mauricio Yebra, que recibió una pena de 6 años. También condenaron a varios empleados del SOEME. El ex titular del gremio sigue en Uruguay y recién será juzgado cuando pueda ser extraditado
Luego de más de dos años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó hoy a la ex mano derecha del sindicalista Marcelo Balcedo, Mauricio Yebra, y a varios ex empleados del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME) por haber desviado más de 2500 millones de los afiliados. Además, la Justicia ordenó decomisar decenas de inmuebles y vehículos que deberán ser entregados al mismo gremio.
Yebra entró al directorio del SOEME en 2012 y se convirtió en un testaferro de Balcedo y su mujer, Paola Fiege. Tenía un poder de administración y era una de las personas que cruzaba con frecuencia a Uruguay: hizo 18 vuelos privados hacia ese país, durante 2014, en los que se podría haber trasladado dinero en efectivo.
El juez Ernesto Kreplak lo procesó en su momento porque extrajo más de $ 280.000.000, en efectivo, entre 2012 y 2015. Los movimientos nunca se justificaron y el dinero habría sido destinado a la compra de vehículos, embarcaciones e inmuebles.
El TOF 1 de La Plata condenó a Yebra a 6 años de prisión como coautor del delito de asociación ilícita y del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del SOEME y autor del delito de lavado por un total de $2.565.631.
También fueron condenados Sergio Omar Martínez (4 años), ex titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual se compraron decenas de autos de lujo, Francisco Alberto De Marco (fue Secretario de Hacienda y Finanzas del SOEME desde el año 2015) a 4 años; a Hebert Raúl Da Cunha (integrante de la comisión revisora de cuentas) a 4 años; y a Julio César Pecollo (llevaba a cabo las tareas de contaduría y confección de balances del SOEME) a 3 años, entre otras personas.
La madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez, fue sobreseída porque falleció durante el juicio.
El TOF también dispuso el decomiso de decenas de autos, motos, y propiedades. Todos esos bienes quedaron a disposición del SOEME “por cuanto ha sido el sujeto perjudicado por las maniobras acreditadas”.
La causa es la misma que motivó la detención del sindicalista, en enero de 2018. Dos años después, el juez federal Ernesto Kreplak elevó la causa a juicio oral con todos los allegados a Balcedo.
En ese expediente se probó que durante la gestión de Balcedo se desvió una suma de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE). Gran parte de la fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero fue a las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
El fiscal Hernán Schapiro pidió que esa cifra se actualice según la tasa activa del Banco Nación, por lo que trepó a $2.515.707.600.
Balcedo sigue en Uruguay. En ese país fue condenado mediante un proceso abreviado –que implica el reconocimiento de delitos ante la Fiscalía a cambio de una pena menor– a cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Fiege fue sentenciada a tres años.
El sindicalista fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas y desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada. Todavía no pudo ser indagado y juzgado por la Justicia argentina.
Politica
El desesperado pedido de una madre por la falta de respuestas del Insssep
Ana María Braga Codina, mamá de Bautista, un nene de 12 años que padece un cuadro severo de epilepsia que le provoca hasta diez convulsiones diarias, y que necesita realizarse una cirugía de forma urgente en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia, contó que «Bautista tiene alrededor de 10 convulsiones diarias que, en el mes, son 300 convulsiones. Entonces su medicación ya está al tope, y no se lo puede medicar más. Lo único que queda es una cirugía de prótesis, similar a un marcapasos. Un aparatito que va en el pecho y que, con un cablecito, va por el nervio vago hacia la cabeza, entonces cuando viene la convulsión, la frena», explicó Ana María, que lo que va del año ya fue y vino cinco veces con su hijo del Hospital Italiano».
«Con todos los papeles que hay que hacer, con todos los procesos burocráticos y el desgaste que eso conlleva si le sumás la atención permamente que requiere Bautista, habíamos conseguido turno en el área de Neurocirugía del Italiano, el Insssep supuestamente había aprobado el pedido para la cirugía que estaba prevista para el 13 de diciembre, pero no pagaron un aparato clave para la cirugía, y por eso perdimos esa fecha para operarle a mi hijo, que esa cirugía le iba a mejorar sustancialmente su calidad de vida», describió Ana María la odisea que viene padeciendo por el incumplimiento del Inssssep.
En ese sentido, contó que la presidenta del Insssep, Ireren Dumrauf, sabe dede mi caso, me recibió en su oficina hace un mes aproximadamente, me dijo ´quedate tranquila, que yo también soy madre, y te vamos a ayudar´ pero después no pagaron el aparato que necesitaba mi hijo para la cirugía, y desde hace unas semanas ni siquiera me responde los mensajes que le envío por teléfono».
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