– Una fuerte polémica ha surgido en torno al interventor de un reconocido consorcio rural, quien habría sido señalado por utilizar las herramientas y recursos de la institución para fines privados.
Este hecho ha generado indignación entre los socios, quienes demandan explicaciones claras y acciones inmediatas para resolver la situación.

Según trascendió, las herramientas, adquiridas con fondos provenientes de aportes de los miembros del consorcio, habrían sido utilizadas en proyectos personales ajenos a los objetivos colectivos de la entidad. Estas acciones, de confirmarse, representarían una violación de los principios de transparencia y ética que deben regir el manejo de los recursos de una
organización de esta índole.

El consorcio rural ha sido una pieza clave para el desarrollo del sector rural en la región, brindando apoyo logístico y operativo a sus miembros. Este episodio pone en riesgo su credibilidad y el compromiso con los transportistas que dependen de su funcionamiento.

En este caso, las herramientas del Consorcio rural se encontrian realizando distribución de agua en la localidad de Villa Ángela.

Actualmente el Consorcio Rural se encuentra intervenido por el abogado, Ricardo Valdez, candidato de Leandro Zdero en la localidad, al no haber logrado el triunfo le han puesto como interventor.

Se desconoce en la fecha cuanto será el tiempo de la intervención, ni cuáles son las irregularidades que han permitido que Leandro Zdero decida poner a su candidato en dicha organización.

Miles de personas se agolparon en los puntos pocos de distribución y perdieron toda la mañana por la deficiente organización de los punteros del Ministerio de Desarrollo Humano. Quejas por la falta de atención prioritaria a embarazadas, ancianos y madres con sus bebés en brazos.

La postal del jueves desde bien temprano en los barrios de Resistencia fue la siguiente: colas y colas de personas esperando para recibir un bolsín de ocho alimentos que entrega el gobierno mediante el controvertido programa social Ñachec.

Los operativos del Ministerio de Desarrollo Humano se extendieron desde primera hora hasta bien entrada la siesta por el elevado volumen de gente que no se iba hasta llevarse su “módulo”.

Hubo personas que se comieron hasta siete horas de espera en algunos de los barrios más populosos y en los que la entrega de los alimentos se hizo de la peor manera.

La mala organización de los punteros del gobierno se tradujo en quejas y el malhumor de los vecinos que se agolparon en distintos puntos del área metropolitana entre ellos los centros comunitarios del 244 Viviendas (en la zona Sur) y el Don Santiago (en el norte de Resistencia).

Los reclamos de los beneficiarios de los bolsines apuntaba a los pocos puntos disponibles de distribución y la elevada cifra de personas que debían recibir la ayuda.

El módulo que reparte el gobierno consta de ocho productos: una botella de aceite mezcla, una caja de 800 gramos de leche en polvo, un kilo de azúcar, un paquete de 400 gramos de arvejas, un kilo de arroz, medio kilo de polenta, un kilo de harina y un paquete de yerba.

“Una vergüenza, todo desorganizado; no había prioridad para nadie, gente mayor y mamás con bebés en el rayo del sol”, se quejó Letizia en redes sociales.

“Tengan más empatía por la gente, por favor.. en el calor haciendo fila personas mayores que se descomponen de la presión”, agregó la mujer.

Otros vecinos recordaron que en los operativos que se realizaron esta misma semana en Barranqueras y en los que los punteros del Ñachec perdieron las planillas y dilataron la entrega de los módulos.

Nélida, otra vecina, expresó su enojo por la mala organización. “Esto es jugar con la necesidad del prójimo porque ese bolsín trae muy poco, casi nada”.

“Que nos den algo que valga la pena, algo para comer o ayudar con nuestras necesidades porque hay tantas cosas que hacen falta a muchas personas pobres”, añadió.

Lucía, otra mujer que hizo fila durante horas para poder llevarse su módulo, también apuntó contra la cabeza del operativo. “¿Cómo van a entregar a todos los barrios juntos? Es un desastre esto”, afirmó.

“Parecen vacas y caballos esperando la comida en el sol; esta es otra vergüenza del gobierno”, dijo Noel, quien se manifestó en Facebook.

“Mamás con criatura, embarazadas, adultos de la tercera edad, todos esperando el sol sin nada, nada de sombra”, agregó.

La misma mujer comentó que tuvo que aguardar “más de trescientos metros de fila en forma espiral” y que llevaba “horas y horas esperando para retirar una cajita de mercaderías con productos de segunda y tercera calidad”.

Claudia también mostró su enojo en las redes y despotricó contra los punteros del radicalismo.

“El encargado de lo que es Villa Don Alberto y alrededores juega con la necesidad de las personas”, criticó y señaló que “los del Ñachec tratan muy mal a la gente”.

“Las familias pobres tenemos un solo día para retirar la mercadería; a ver, señor gobernador Leandro Zdero, fíjese por los dirigentes que tiene en los barrios porque la verdad da mucho que desear”, cuestionó.

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) constituye una herramienta clave para proteger los bosques nativos en Argentina, conforme a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Sin embargo, los recientes
procesos de actualización en las provincias de Chaco y Salta han generado que más de 20 organizaciones de la sociedad civil emitan un comunicado en el que expresan su profunda preocupación debido a inconsistencias legales, técnicas y procedimentales que comprometen su legitimidad y los principios de no regresión y progresividad ambiental.

“Las actualizaciones de los OTBN de las provincias de Chaco y Salta presentan grandes inconsistencias que van en contra de lo que estipula la Ley de Bosques Nativos. Esto pone en riesgo el remanente de bosques nativos que quedan en Argentina. Es necesario que
exista la voluntad política apropiada para el correcto cumplimiento de la norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, organización que es parte del comunicado enviado.

Chaco

En Chaco, el 11 de diciembre la Legislatura chaqueña aprobó sobre tablas y sin discusión previa un proyecto ingresado el día anterior que modifica la Ley 4005-R. Entre las principales falencias se destaca la recategorización arbitraria de áreas de conservación, que aumenta de forma significativa la cantidad de bosques en donde se permitiría el desmonte.

“Este cambio, realizado sin estudios técnicos sólidos ni justificaciones metodológicas, viola la Ley 26.331 al ignorar criterios fundamentales de preservación ambiental. Además, el mapa del OTBN aprobado presenta errores topológicos y huecos de información, lo que
genera incertidumbre en la delimitación de zonas protegidas y debilita los mecanismos de monitoreo y control” sostienen en el comunicado presentado por las organizaciones.

La falta de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y la ausencia de participación ciudadana efectiva son otros puntos críticos señalados en ambas demandas. Estas omisiones vulneran derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas deficiencias no solo ponen en peligro la biodiversidad regional, sino que también socavan la legitimidad del proceso y vulneran los derechos de las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas.

Salta

El 10 de diciembre la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos enviado por el gobernador Gustavo Saénz, luego de un tratamiento express en comisiones. Si bien resta el tratamiento en el
Senado de la provincia, cabe mencionar que el informe técnico final y el soporte cartográfico, mencionados como Anexos en el proyecto de ley, no se encuentran disponibles públicamente, lo que entorpece la transparencia del proceso e imposibilita conocer lo que efectivamente sancionaron los diputados, y si corresponde con lo elaborado en el marco del proceso de actualización llevado adelante durante 2023.

Este nuevo OTBN presenta además inconsistencias que podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental. El proyecto estipula que la Autoridad Local de Aplicación deberá identificar los desmontes ejecutados de 2009 en adelante (fecha
en la que se sancionó el primer OTBN de la provincia) distinguiendo su legalidad o no, y deberá elaborar un plan de acción en los casos que corresponda. En tal sentido, la Ley de Bosques determina que los desmontes ilegales deben mantener su categoría de conservación original, y esto tiene que estar reflejado en el OTBN provincial actualizado. Sin embargo, la fecha de referencia debiera ser 2007 y no 2009, aseguran las organizaciones debido a que los bosques se encontraban protegidos, primero por un amparo, y luego por la
propia Ley de Bosques sancionada a finales de ese año.

Por otro lado, se introduce una categoría transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC), que no está contemplada ni en la Ley 26.331 ni en la normativa provincial vigente. La APC incluiría tanto zonas amarillas como verdes que serán definidas luego de aprobado el OTBN, en una normativa aparte. Esto genera incertidumbre sobre las tierras en las que se podrán realizar cambios de uso de suelo o cuáles estarán sujetas a planes conservación, incluyendo el manejo forestal sostenible. Es decir que, si se sanciona
la ley, habrá áreas que no tendrán una categoría determinada, contrariando el objetivo del OTBN y abriendo la posibilidad de desmontes sobre cualquier predio incluido en las APC.

“Chaco y Salta (junto a Santiago del Estero y Formosa) se encuentran entre las provincias que más contribuyen a la deforestación a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, la provincia de Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta
unas 918.749. La protección de la región chaqueña es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. La deforestación en este territorio no solo pone en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, sino que también compromete la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos ambientales internacionales”, menciona el comunicado elaborado conjuntamente por las organizaciones.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes solicitan a las autoridades responsables que realicen una revisión exhaustiva de estos ordenamientos, garantizando que se ajusten a la Ley 26.331.
Organizaciones firmantes:

● ACEN
● ACERCA
● Aves argentinas
● Circulo de Políticas Ambientales
● Conciencia Solidaria
● EcoHouse
● FIBO
● Fundación Ambiente y Medio
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
● Fundación Avina
● Fundación Biodiversidad Argentina
● Fundación Hábitat y Desarrollo
● Fundación Patagonia Natural
● Fundación Protestante Hora de Obrar
● Fundación Reverdecer
● Fundación Vida Silvestre Argentina
● Fundación YUCHAN
● Instituto Jane Goodall
● Natura Argentina
● Por el Mar
● Proyectar ONG
● REDAF
● SAREM
● WCS Argentina
● Wetlands International