El miércoles 18 de diciembre, el diputado provincial Dr. Juan Carlos Ayala asume por tercera vez la presidencia del Consejo de la Magistratura y el Enjuiciamiento. Este acontecimiento marca un hito importante en su carrera, ya que Ayala ha demostrado, a lo largo de sus mandatos, un compromiso inquebrantable con la justicia y la mejora del sistema judicial en la provincia. Esta institución, encargada de la regulación y supervisión de los magistrados, juega un papel crucial en la realización de una justicia eficaz y transparente.

Ayala, quien es reconocido por su formación académica y su experiencia en el ámbito legal, ha asumido la responsabilidad con una visión clara: trabajar hacia una mejor justicia para todos los ciudadanos. Su trayectoria en el Consejo de la Magistratura ha estado marcada por una serie de iniciativas que buscan fortalecer la independencia del poder judicial, garantizar la imparcialidad y, sobre todo, acercar la justicia a la gente.

Uno de los principales desafíos que enfrenta Ayala en esta nueva gestión es la necesidad de reformar ciertos aspectos de la estructura judicial que han mostrado deficiencias. Durante sus anteriores periodos, se ha enfocado en la evaluación de los jueces y fiscales, promoviendo un mecanismo de selección basado en méritos y competencias, lo que resulta fundamental para asegurar que aquellos que ocupan posiciones de poder en el sistema judicial actúen con integridad y competencia.

Además, Ayala ha puesto énfasis en la transparencia de los procesos judiciales. A través de la implementación de medidas que permitan a los ciudadanos acceder a la información relacionada con los casos y decisiones judiciales, se busca fomentar una cultura de confianza en el sistema. La rendición de cuentas es esencial para que los ciudadanos puedan sentirse seguros de que la justicia se administra de manera justa y equitativa.

El enfoque de Ayala en la mejora continua del sistema judicial incluye también la capacitación y formación de los magistrados. Reconociendo que el contexto social y jurídico está en constante evolución, considera indispensable que los jueces estén al día con las normativas y leyes que afectan a la sociedad, así como con las nuevas tendencias en derecho. La educación continua es, en su opinión, clave para una justicia adaptativa y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

En esta tercera gestión, Ayala ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en conjunto con otros actores del sistema judicial, y con la sociedad civil, para construir un espacio donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad tangible para todos. Su enfoque inclusivo y participativo apunta a que los ciudadanos, al ser parte del proceso, puedan contribuir a la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo.

En suma, la asunción del Dr. Juan Carlos Ayala al Consejo de la Magistratura y el Enjuiciamiento marca un nuevo capítulo en su trayectoria política y profesional. Con su liderazgo, se espera que continúe impulsando reformas que no solo modernicen el sistema judicial, sino que también fortalezcan la confianza de los ciudadanos en el mismo. La justicia, como pilar fundamental de la democracia, es una responsabilidad conjunta, y el papel de Ayala es, sin duda, un ejemplo de cómo se puede trabajar por un cambio significativo en beneficio de la sociedad.

El Gobierno buscará derogar o modificar la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso durante el 2025. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una entrevista con Alejandro Fantino.

Menem indicó que la intención de La Libertad Avanza es impulsar una nueva ley o modificar la vigente aunque reconoció que en la actualidad el oficialismo no tiene los votos para hacerlo.

«A mí gusta la idea. Yo soy pro vida. No lo dudo. Pañuelo celeste de acá a la China», señaló el presidente de la Cámara Baja. Al ser consultado sobre el conflicto social que podría generar la iniciativa respondió: «Hemos tocado un montón de otros intereses y no hemos dudado en eso».

Lo cierto es que derogar la Ley IVE fue una iniciativa del Gobierno desde la campaña electoral del 2023. Tanto el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la mayoría de sus funcionarios y legisladores expresaron su rechazo a la iniciativa votada en el 2020.

En varias oportunidades, el Presidente libertario manifestó estar en contra de la ley. Sin ir más lejos, en su último viaje a Italia, durante una entrevista, remarcó: «Yo estoy en contra de todo tipo de aborto». Y ante el cuestionamiento de que esa no es una postura liberal dijo que los liberales «no son manada» y no tenien porque pensar todos iguales. «Hay liberales que son provida y liberales que son proaborto», completó.

4Bregman acusó al Gobierno Nacional de usar el tema del aborto legal «para generar polémica»
La exdiputada y referente del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, apuntó contra el Gobierno y lo acusó de usar el tema del aborto legal «para generar polémica».

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bregman indicó que el oficialismo «no toma conciencia» cuando habla de temas «muy sentidos» como es el aborto legal, seguro y gratuito y que, después de «tanto provocar», pueden impactar de manera negativa en la gente.

«Cada vez que este Gobierno se ve acorralado por algún escándalo, como es en este caso un escándalo de corrupción, genera otro para que no se hable de aquello que lo perjudica. Utiliza una demanda como la de la del aborto legal, seguro y gratuito, por la que hemos peleado, por la que hemos salido a la calle y por la que supimos vencer la resistencia de los partidos tradicionales y conseguir que se apruebe», aseguró.

Esta misma semana, la ex diputada nacional, se refirió a los rumores que se filtraron desde Nación con respecto a derogar la ley y aseveró que «si amenazan con atacar el aborto legal, qué quilombo se va a armar».

En la misma línea, indicó que este derecho «fue defendido en las calles por las mujeres y la diversidad» y que lo van a seguir defendiendo. «No toman conciencia que pueden generar una movilización y en el caso del aborto, puede ser una movilización gigantesca», concluyó.

Tal como en el 2023, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impone aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), icumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.

En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron nuevamente a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».

“La norma sancionada ilegalmente aplica aumentos tributarios, en algunos casos superiores a los índices de inflación o de variación salarial, lo que refleja a las claras la falta de voluntad por parte de la actual gestión municipal, de construir consensos que garanticen una norma más representativa de la voluntad popular y acorde al contexto social y económico que impera”, expresaron los ediles.

Entre los argumentos, las y los concejales detallaron que al 30 de septiembre, el Ejecutivo Municipal contaba con un presupuesto y recaudación superavitaria, generada directamente de la caída del poder de compra de las y los trabajadores municipales, cuyos salarios perdieron contra la inflación, y la ausencia de obras y servicios en la ciudad. “El excedente de recursos que posee la actual gestión de Roy Nikisch, demuestra que no hay justificación para implementar tamaño incremento en los tributos. Además, refleja una manifiesta irracionalidad, falta de planificación y tendencia a una confiscatoriedad que afectará gravemente las economías de las y los vecinos contribuyentes de la ciudad».

“Estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la ilegalidad, con acciones y actitudes de especulación y extorsión, que entendemos resultan parte del avasallamiento institucional. Estas prácticas buscan desincentivar cualquier tipo de reclamo que, desde nuestro rol, podamos realizar en busca de garantizar el funcionamiento del Concejo, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones que repercuten en su vida diaria”, manifestaron las y los concejales.

En esa línea, sostuvieron que “institucionalmente no podemos permitirnos funcionar en el marco del irrespeto a las normas; las reglas claras, el cumplimiento de las mismas, el respeto a las Instituciones, la participación ciudadana, son fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Difícilmente tendremos un Estado equilibrado si no se cumple la normativa que rige el funcionamiento del mismo”.

Las y los ediles del FCh y el CER, aseguraron que se ha lesionado la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad de “representar sus voces, defender sus derechos y bregar por su bienestar”. «La ordenanza sancionada por el oficialismo municipal es una decisión clara y abiertamente ilegal que, por no respetar la mayoría ni el procedimiento con instancias de participación ciudadana que la normativa establece, afectará a toda la comunidad», señalaron.

Por último, resaltaron que, en su rol de representantes de la ciudad, “el no votar una norma que va contra los derechos del pueblo de Resistencia no es suficiente; es necesario garantizar el efecto y las consecuencias de los actos legislativos». Por ello, acudieron nuevamente a la justicia, solicitando que se «aclare, deseche, corrija y normalice la situación institucional», con el objetivo de garantizar las normas vigentes, la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los intereses del pueblo y la ciudad, «en una fiel misión de respetar y aportar a una sociedad más justa e igualitaria».