El miércoles 18 de diciembre, el diputado provincial Dr. Juan Carlos Ayala asume por tercera vez la presidencia del Consejo de la Magistratura y el Enjuiciamiento. Este acontecimiento marca un hito importante en su carrera, ya que Ayala ha demostrado, a lo largo de sus mandatos, un compromiso inquebrantable con la justicia y la mejora del sistema judicial en la provincia. Esta institución, encargada de la regulación y supervisión de los magistrados, juega un papel crucial en la realización de una justicia eficaz y transparente.

Ayala, quien es reconocido por su formación académica y su experiencia en el ámbito legal, ha asumido la responsabilidad con una visión clara: trabajar hacia una mejor justicia para todos los ciudadanos. Su trayectoria en el Consejo de la Magistratura ha estado marcada por una serie de iniciativas que buscan fortalecer la independencia del poder judicial, garantizar la imparcialidad y, sobre todo, acercar la justicia a la gente.

Uno de los principales desafíos que enfrenta Ayala en esta nueva gestión es la necesidad de reformar ciertos aspectos de la estructura judicial que han mostrado deficiencias. Durante sus anteriores periodos, se ha enfocado en la evaluación de los jueces y fiscales, promoviendo un mecanismo de selección basado en méritos y competencias, lo que resulta fundamental para asegurar que aquellos que ocupan posiciones de poder en el sistema judicial actúen con integridad y competencia.

Además, Ayala ha puesto énfasis en la transparencia de los procesos judiciales. A través de la implementación de medidas que permitan a los ciudadanos acceder a la información relacionada con los casos y decisiones judiciales, se busca fomentar una cultura de confianza en el sistema. La rendición de cuentas es esencial para que los ciudadanos puedan sentirse seguros de que la justicia se administra de manera justa y equitativa.

El enfoque de Ayala en la mejora continua del sistema judicial incluye también la capacitación y formación de los magistrados. Reconociendo que el contexto social y jurídico está en constante evolución, considera indispensable que los jueces estén al día con las normativas y leyes que afectan a la sociedad, así como con las nuevas tendencias en derecho. La educación continua es, en su opinión, clave para una justicia adaptativa y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

En esta tercera gestión, Ayala ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando en conjunto con otros actores del sistema judicial, y con la sociedad civil, para construir un espacio donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad tangible para todos. Su enfoque inclusivo y participativo apunta a que los ciudadanos, al ser parte del proceso, puedan contribuir a la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo.

En suma, la asunción del Dr. Juan Carlos Ayala al Consejo de la Magistratura y el Enjuiciamiento marca un nuevo capítulo en su trayectoria política y profesional. Con su liderazgo, se espera que continúe impulsando reformas que no solo modernicen el sistema judicial, sino que también fortalezcan la confianza de los ciudadanos en el mismo. La justicia, como pilar fundamental de la democracia, es una responsabilidad conjunta, y el papel de Ayala es, sin duda, un ejemplo de cómo se puede trabajar por un cambio significativo en beneficio de la sociedad.

Luego de más de un mes de conflictos gremiales y negociaciones para que la mayoría acepte un retiro voluntario, las autoridades lograron reducir la plantilla de empleados que pagaba un ente cooperador, pero trabajaban en distintas dependencias del Estado

El Gobierno anunció a través de su vocero, Manuel Adorni, la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia que pagaba el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Según dijo Adorni, habían “sido contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público conocido como el SINEP”.

Son unos 400 de esos empleados los que trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto eran personal contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y que cumplían funciones en otras dependencias de Justicia, y que llegaban incluso a incluir personal de limpieza de varias dependencias en todo el país.

En todos los casos, ese personal recibía su salario pagado por ACARA. El proceso de reordenamiento comenzó más de un mes atrás, cuando el ministerio ofreció un retiro voluntario en la DNRPA que la mayoría de los empleados no aceptó por considerarlo insuficiente. El retiro original contemplaba hasta 18 cuotas de montos equivalentes a los sueldos, pero los trabajadores no aceptaron porque la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad.

A raíz de esa situación, que para el gobierno era una interna sindical provocada por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), generó un paro que afectó varias áreas de competencia de la DNRPA como la que confecciona los certificados de importación de automotores, lo que generó que se acumularan por más de dos semanas, unos 15.000 expedientes de autos importados que no se podían entregar a los compradores.

La escala del conflicto llevó al Gobierno a amenazar a los trabajadores con una denuncia penal si persistían en el modo de hacer la protesta, aunque paralelamente se extendió la fecha original de finalización del plazo para acogerse al retiro voluntario, del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

El conflicto llegó a un paro de actividades que demoró 15.000 certificados de importación de automóviles

Finalmente, en esa segunda fecha consiguieron que la mayoría de los 400 empleados de la DNRPA se adhiriera al retiro del gobierno, ya que, informalmente se les comunicó que ACARA no tenía fondos para asumir las indemnizaciones que correspondían por la antigüedad de cada persona, y que seguramente tendrían que apelar a un juicio contra el estado para cobrar a un plazo “que puede ser de unos diez años”, según se les dijo.

De este modo, no se trata de despidos en todos los casos, sino de una finalización de la condición en la que ese personal estaba contratado. “Quienes no adhirieron al retiro voluntario serán los que despidan. Muchos de nosotros ayer fuimos a ACARA a firmar el retiro voluntario”, dijo un empleado de la DNRPA a Infobae este martes.

“Una vez que se haya normalizado la situación, el gobierno hará una evaluación de las necesidades de personal y les ofrecerá a quienes considere necesarios, una recontratación en los términos que especifica la ley”, comentaron desde fuentes del gobierno.

Además, el vocero presidencial anunció que “se suprimió el pago de incentivos al personal del ministerio, que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Estos incentivos se pagaban, en principio, para que el personal se capacite. Pero, por supuesto, como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando y se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación ni nada que lo justifique”, dijo Adorni.

Estos son los famosos “sobresueldos de ACARA”, de los que se sabe hace décadas, y que se pagaban a empleados del Ministerio de Justicia por parte del ente recaudador, que es el encargado de confeccionar y distribuir a través de la comercialización de todos los elementos registrales de automotores en Argentina, como formularios, cédulas y patentes.

Adicionalmente, se anució que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Transporte, puso fin al monopolio que mantenía el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), en relación con las capacitaciones obligatorias que requerían a los conductores para sacar la licencia profesional, por lo que el gremio recibía anualmente más de 11 mil millones de pesos desde el año 2019.

“El Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “En esta nueva Argentina no hay lugar para los privilegios ni para las estructuras que saquearon al país”, finalizó.

Tal como en el 2023, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impone aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), icumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.

En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron nuevamente a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».

“La norma sancionada ilegalmente aplica aumentos tributarios, en algunos casos superiores a los índices de inflación o de variación salarial, lo que refleja a las claras la falta de voluntad por parte de la actual gestión municipal, de construir consensos que garanticen una norma más representativa de la voluntad popular y acorde al contexto social y económico que impera”, expresaron los ediles.

Entre los argumentos, las y los concejales detallaron que al 30 de septiembre, el Ejecutivo Municipal contaba con un presupuesto y recaudación superavitaria, generada directamente de la caída del poder de compra de las y los trabajadores municipales, cuyos salarios perdieron contra la inflación, y la ausencia de obras y servicios en la ciudad. “El excedente de recursos que posee la actual gestión de Roy Nikisch, demuestra que no hay justificación para implementar tamaño incremento en los tributos. Además, refleja una manifiesta irracionalidad, falta de planificación y tendencia a una confiscatoriedad que afectará gravemente las economías de las y los vecinos contribuyentes de la ciudad».

“Estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la ilegalidad, con acciones y actitudes de especulación y extorsión, que entendemos resultan parte del avasallamiento institucional. Estas prácticas buscan desincentivar cualquier tipo de reclamo que, desde nuestro rol, podamos realizar en busca de garantizar el funcionamiento del Concejo, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones que repercuten en su vida diaria”, manifestaron las y los concejales.

En esa línea, sostuvieron que “institucionalmente no podemos permitirnos funcionar en el marco del irrespeto a las normas; las reglas claras, el cumplimiento de las mismas, el respeto a las Instituciones, la participación ciudadana, son fundamentales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Difícilmente tendremos un Estado equilibrado si no se cumple la normativa que rige el funcionamiento del mismo”.

Las y los ediles del FCh y el CER, aseguraron que se ha lesionado la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad de “representar sus voces, defender sus derechos y bregar por su bienestar”. «La ordenanza sancionada por el oficialismo municipal es una decisión clara y abiertamente ilegal que, por no respetar la mayoría ni el procedimiento con instancias de participación ciudadana que la normativa establece, afectará a toda la comunidad», señalaron.

Por último, resaltaron que, en su rol de representantes de la ciudad, “el no votar una norma que va contra los derechos del pueblo de Resistencia no es suficiente; es necesario garantizar el efecto y las consecuencias de los actos legislativos». Por ello, acudieron nuevamente a la justicia, solicitando que se «aclare, deseche, corrija y normalice la situación institucional», con el objetivo de garantizar las normas vigentes, la transparencia, la participación ciudadana y la defensa de los intereses del pueblo y la ciudad, «en una fiel misión de respetar y aportar a una sociedad más justa e igualitaria».