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Economia

Pobreza y condiciones de vida: los argentinos recortaron gastos en atención médica, compra de medicamentos y servicios públicos.

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El crecimiento de la tasa de pobreza se frenó, pero las condiciones de vida de los argentinos continúan con un fuerte deterioro. Un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) mostró que se recortaron gastos en atención médica, compra de medicamentos y servicios públicos.

La pobreza se ubicó en el 49,9% durante el tercer trimestre de 2024, mientras que la indigencia se posicionó en el 12,9%, según la medición del ODSA-UCA. También estima, con base en datos de la EPH-INDEC que habría descendido a 44,6%, hacia fines de octubre pasado.

Más allá de la desaceleración de la inflación, la tasa de desempleo se estima en 8,9%, manteniéndose casi estable en 2024 frente al año anterior, cuando se ubicó en 8,8%. Específicamente, en 2024 el empleo pleno disminuyó en comparación con el año anterior, ya que pasó de 40,4% a 39,7%, y el trabajo precario aumentó, dado que saltó de un 26,5% en 2023 a un 27,8% este año.

¿Cómo impacta la pobreza y el aumento de los empleos precarios en los hogares?

El relevamiento de la ODSA-UCA muestra que el 31% de los hogares encuestados recortó gastos en atención médica; el 29,4%, en la compra de medicamentos; el 27,1% admitió que no pudo pagar alguno de los servicios públicos como gas, luz y agua, y el 29,9% no pagó alguna tasa o impuesto. Todos estos indicadores empeoraron entre dos y seis puntos porcentuales en la comparación con el mismo período de 2023.

Entre diciembre 2023 y septiembre 2024, la cuota del servicio de agua aumentó un 271%, mientras que la de la luz lo hizo un 156%, el gas un 898% y el transporte un 601%, según informó Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. De esta manera, se sobreentiende que alguno de los servicios no se pueda pagar.

Los medicamentos, por su parte, aumentaron un 161% interanual en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) frente a una inflación de 166% interanual. Las prepagas escalaron hasta 250,6% interanual en esta región, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inseguridad alimentaria es otro indicador que mostró un retroceso en la Argentina. Uno de cada cuatro hogares no tiene todas comidas diarias aseguradas en 2024, mientras que la proporción era uno de cada cinco en 2023. Incluso, la “inseguridad alimentaria severa” registró 12,5% este año, mientras que el pasado era 11,8%.

Teniendo en cuenta todas estas variables, la UCA procesó su índice de pobreza multidimensional, que considera otras necesidades básicas, además de los ingresos. En 2024 este indicador trepó a 41,6%.

Asistencia social: ¿cómo contribuyó en la pobreza?

En Argentina, sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros programas de apoyo económico oficiales, se proyecta que la pobreza podría haber escalado 5,5 puntos porcentuales más. De hecho, en 2024 creció la proporción de hogares asistidos a 36,3%, en comparación con un 35,9% en 2023.

La infancia sigue siendo la población más afectada por la pobreza, en 2024 se estima que un 65,5% de los niños/as entre 0 y 17 años residían en hogares con ingresos por debajo de la Canasta Básica total (de estos un 19% eran pobres indigentes).

 

Ámbito Financiero

 

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El Gobierno eliminó otros tres fondos fiduciarios a causa de irregularidades detectadas

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La medida quedó oficializada a través del Decreto 6/2025 del Boletín Oficial, luego de los resultados obtenidos en una auditoría llevada a cabo por la SIGEN

En medio del ajuste y de las auditorias que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder, se eliminaron tres fondos fiduciarios, en los cuales se habían detectado irregularidades en su funcionamiento.

Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), cuyas actividades quedaron relegadas a partir del Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Dentro de los argumentos mencionados por el Ejecutivo, se mencionó la identificación de irregularidades en la administración, así como en el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. De esta manera, el número de fondos que dejaron de existir asciende a más de siete desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

Según un informe de auditoria elevado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaban diversas anomalías. En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078 —cuyo fin era desarrollar tecnologías de información y comunicación estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes—, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados. Cabe mencionar que el acceso al Servicio Universal, permanece vigente, al igual que la obligación de realizar los aportes de inversión prevista.

Asimismo, en el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, generado por la Ley 27.341 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales, se encontraron obras finalizadas que no contaban con las correspondientes rendiciones de cuentas, y, por otro lado, proyectos rescindidos sin devolución de fondos.

Por último, el Prodaf, cuya misión era facilitar el acceso al crédito para los beneficiarios, fue considerado prescindible al haber cumplido sus metas iniciales.

Una de las medidas de mayor ajuste fue la que se tomó en noviembre del 2024, en donde un único Decreto, el 1048/2024, estableció el cierre de cinco fideicomisos. Se trata del Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

En ese entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipaba, a través de la red social X, cuáles serían los próximos pasos. “Se terminó el Foncap y se van a terminar varios más en los próximos días. Basta de fondos y fideicomisos, cuyo creación siempre obedeció a usarlos como cajas políticas”. La publicación se sumaba a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguraba que, con esto, el Estado se ahorraba unos 100 millones de pesos por mes sin que el contribuyente pierda dinero inútilmente.

Al respecto, Adorni detallaba que “el 74% del total de los gastos del FONCAP correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas, y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados, que en el último año otorgaron apenas 20 créditos”.

En el marco de las decisiones, el Gobierno no olvidó mencionar en uno de los párrafos, que, a través de la Ley Bases, está habilitado a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen”, bajo las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Economía.

A su vez recordó que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación, dependiendo de la cartera que dirige Caputo.

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Tras el boom importador, los autos nacionales perdieron un 13,6% del mercado en 2024 y Brasil fue el gran ganador

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La apertura de las compras al exterior permitió que un 46,6% de los autos 0km que se vendieron el año pasado fueran extranjeros. La alta incidencia del país vecino

El último día hábil de 2024 se publicaron los números de ventas de automotores de todos los segmentos y el resultado fue un total de 414.441 unidades. El informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) mostró también que se habían vendido poco más de 390.000 automóviles particulares y vehículos comerciales livianos. Esa cifra tuvo un leve incremento a lo largo de los dos primeros días hábiles de este año, con patentamientos que no se habían computado el 30 de diciembre y que terminó en 390.392 unidades en total.

Pero el verdadero valor que tiene el desglose completo de todos los autos que se vendieron como 0 km en Argentina en 2024 permite entender el nuevo escenario que tiene el mercado automotor tras el primer año completo sin restricciones a la importación. Terminaron los años en los que había permisos discrecionales (SIRA) que emitía el Gobierno, y que distorsionaron completamente el mercado, con una proporción de automóviles de fabricación nacional que llegó hasta el 75% del total en varias mediciones mensuales, y que terminó 2023 en un 67%.

Con los datos de 2024 completos, los dos primeros números que resaltan son los que indican el cambio de tendencia de autos nacionales e importados. La industria argentina pasó de tener el 67% al 53,4% del total, pero paralelamente, de esos 13,6 puntos que perdieron los autos nacionales, más de diez corresponden a las importaciones directas de Brasil, que pasaron del 27% en diciembre de 2023 al 37,8% a finales de 2024.

La industria automotriz argentina bajóLa industria automotriz argentina bajó su proporción del mercado y se acerca al 50% del total de ventas de cero kilómetro

El informe del SIOMAA también detalla que en 2024 hubo 144 vehículos únicos, es decir, de los que se registró el alta de una sola unidad, entre los que hay importaciones particulares, autos artesanales y vehículos fuera de serie que habían quedado sin patentar a pesar del paso de varios años.

Hay casos curiosos como un Citroën C4 Lounge nacional, un Ford A y un Graham Paige, estos dos últimos autos antiguos de colección. El resto son unidades únicas que traen los importadores de manera oficial para exponer sus nuevos productos o que traen personas como importación particular, entre las que se encuentran autos muy específicos como un Porsche Panamera, un Lamborghini Urus, un a Ferrari F8, un Lotus Emira o incluso una pick-up Toyota Tundra.

Así, el número que se debe tomar para analizar el movimiento del mercado queda en 390.448 unidades, del cual el 53,4% fueron autos de fabricación nacional, el 41,3% fueron importados de países de la región con arancel 0% y apenas el 5,3% correspondieron a los importados de extra zona, que pagaron el 35% de arancel de importación.

Los importados de extra zonaLos importados de extra zona crecieron especialmente entre los SUV, alcanzando el 11,6% del segmento

Otro dato que surge de ese 5,3% que pagó arancel y que se compuso de 20.931 unidades, es que el 67% fueron importados por las propias terminales automotrices, mientras que sólo el 33% fueron autos que trajeron los importadores oficiales que no fabrican en Argentina. Esto significa que los importadores trajeron 6.900 autos y sólo representan el 1,75% del total del mercado.

El análisis de los segmentos

En el mercado argentino hay tres categorías bien diferenciadas: autos, SUV y utilitarios livianos. En este último grupo entran tanto las pick-up medianas, las compactas y las full size, como los furgones y vans de carga y pasajeros.

El segmento con más volumen es el de autos particulares. El total fue de 139.015 unidades, que son el 35,7% de todos los cero kilómetro vendidos en el año. La mayor proporción fue para los autos de fabricación nacional con un 53,7%. Los autos importados que no pagan arancel de importación por venir desde Brasil, Colombia o México fueron el 44,5%. Mientras que sólo el 1,8% fueron autos provenientes de mercados transcontinentales como Europa, Asia o Estados Unidos.

Las pick-up volvieron a serLas pick-up volvieron a ser el gran producto nacional, con un 75% de las ventas de los utilitarios y el 20% del total del mercado argentino

En segundo segmento con mayor porcentaje de ventas fue el de los utilitarios, que representaron el 33,8% del total del mercado. Aquí, gracias a la masiva fabricación de pick-up de una tonelada que tiene la industria automotriz argentina, el 75,5% fueron de producción nacional, mientras que el 21,1% provinieron de países de la región sin pagar arancel (Brasil y Uruguay), y sólo el 3,4% correspondió a vehículos de extra zona.

Finalmente, el segmento de los SUV fue el que se quedó con el menor porcentaje, aunque creciendo a la mayor velocidad de las tres categorías hasta terminar en un 30,5% del total. En este caso, la industria nacional perdió frente a los importados de la región. Las fábricas argentinas vendieron el 30% del total de los SUV de todo el año, frente al 58,4% de productos fabricados en Brasil, Colombia y México. También éste es el segmento en el que hubo más ofertas de vehículos de otros mercados fuera del mercado común regional, ya que alcanzaron el 11,6%.

En camiones o a travésEn camiones o a través de barcos, los autos brasileños crecieron del 27% al 37,8% en un año

El papel protagónico de Brasil

La influencia de la industria automotriz brasileña en el mercado automotor argentino también queda reflejada dentro de las cifras de importados libres de arancelamiento. De los 161.212 vehículos que llegan al país en esa condición de libre comercio, el 91,6% son brasileños, el 4,8% son colombianos, el 2,5% vienen de México y apenas el 1,1% se traen desde Uruguay. El volumen de autos que vienen de Brasil, más allá de representar más del 90% de los importados sin arancel, representan al mismo tiempo el 37,8% del total de autos que se vendieron en 2024 en el mercado argentino.

Por último, como en Argentina se cobra impuesto interno a autos y a los SUV pero no se aplica a los utilitarios por considerarse vehículos de uso destinado a la producción, las cifras finales del año permiten ver que el 33,8% está exento del impuesto al lujo.

En tanto que dependiendo de su precio, el 66,2% restante queda expuesto a pagar ese impuesto que puede ser del 2% para la escala 1 o del 53% para la escala 2, y que en ambos casos es una de las limitantes de un mayor volumen de autos importados en el mercado local.

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Por la mayor informalidad, más de la mitad de los trabajadores no cubre una canasta básica

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Ajuste a la «casta»: se disparó la informalidad y más de la mitad de los trabajadores no cubre una canasta básica. Casi el 40% de los ocupados son informales y seis de cada diez no tiene lo suficiente para cubrir alimentos y servicios. El anuncio oficial de reforma laboral para 2025 podría gravar aún más la situación de quienes están cada vez más afuera del sistema.

Mientras el presidente Javier Milei aseguró en su saludo de fin de año que “en 2024 se logró bajar cerca de 20 puntos porcentuales la pobreza”, un informe reciente mostró que la informalidad laboral se disparó en el país a casi el 40% de las y los ocupados de los cuales, a su vez, seis de cada diez son pobres.

Es decir, pese a tener trabajo no llegan a cubrir lo necesario de una canasta de bienes y servicios básicos. Además, el porcentaje aumenta más de veinte puntos en el caso de jóvenes y mujeres, que engrosan las filas del decil de menores ingresos de la sociedad.

En este escenario se alertó, además, que la intención del gobierno de avanzar en 2025 con una mayor reforma laboral (extensión de la jornada de trabajo, negociaciones a la baja de convenios, entre otros) y previsional (fin de la moratoria) podría agravar aún más la situación de quienes están fuera de Seguridad Social, desde hace casi dos décadas.

Al respecto, entre las ramas más afectadas por la no registración aparecen el Servicio doméstico (76%) y la Construcción (67%), sectores fuertemente golpeados por la recesión económica, y con una pérdida sostenida de fuentes de trabajo (desde dic/23 anotan -14.200 y -100.000 puestos, respectivamente). Al tiempo que las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste exhiben tasas de informalidad superiores al 40% nacional.

Por su parte, si se compara con otros países de América Latina – región de alta informalidad y la precariedad laboral- Argentina se ubica en una situación intermedia: Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad entre asalariados de entre 9% y 21% mientras que, en el otro extremo, Perú y Paraguay tienen tasas superiores al 50%.

Más informales y más pobres

El 37% de las y los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, seis de cada diez son pobres es decir que pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias.

Los datos se desprenden de un informe presentado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) y muestran que, al tercer trimestre del año que terminó, al menos cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la Seguridad Social, es decir, no estaban cubiertos por la legislación laboral, dando cuenta de un aumento de un punto porcentual respecto de un año atrás.

“Mirando desde 2003, la tasa de informalidad se ubica en un valor idéntico al del tercer trimestre de 2008. Desde ese año hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 la tasa de informalidad se mantuvo en valores entre 32% y 35,7%. O sea, el valor del 2024 es algo superior al registrado a lo largo de ese período”, aclararon los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

A su vez, la radiografía actual de la informalidad laboral presenta características disimiles según las ramas de actividad sobre las que se analice. Así, por ejemplo, por un lado se ubican el Sector público (administración pública y servicios de educación y salud públicos) y los Servicios financieros, con una incidencia de la informalidad de 9,1% y 24,1% mientras que, en otra punta, aparecen el Servicio doméstico (76,3%) y la Construcción (67,3%).

A su vez, es el Comercio el que muestra mayor proporción del empleo informal total tanto porque tiene una incidencia mayor al promedio (47%) como porque concentra un porcentaje importante del empleo asalariado total (18%).

Si se suma el factor del tamaño de la empresa se observa que mientras que la tasa de informalidad en establecimientos de más de 40 asalariados es del orden del 11%, se eleva al 75% en empresas de hasta 5 asalariados. Frente a ello la figura de del “trabajador independiente” incorporada en la reforma laboral del gobierno de Milei que implica que se podrá contar con “hasta otros tres trabajadores independientes (colaboradores) para llevar adelante un emprendimiento productivo” lejos de incentivar la creación de fuentes de trabajo formales podría terminar de hecho legalizando la informalidad ya vigente.

Si se pone el foco en las diferentes regiones del país, se observa que, de las seis regiones consideradas por el INDEC, sólo dos registraban tasas de informalidad más bajas que el promedio: Gran Buenos Aires (que incluye Ciudad de Buenos Aires y Partidos de la provincia de Buenos Aires) y la región patagónica. Por el contrario, las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste son las que exhiben mayor incidencia, con tasas superiores al 40%.

En sintonía, cuando se desagrega a nivel de aglomerado “todos los correspondientes a la región patagónica están entre los de menores tasas de informalidad, desde Ushuaia con 12% hasta Viedma con 26%”, sin embargo, los valores de las otras regiones indican situaciones muy heterogéneas. Por ejemplo, en NOA, La Rioja tiene una tasa de informalidad de 34%, mientras que ésta se eleva a casi 46,5% en Gran Salta. En Cuyo, por su parte, Gran Mendoza presenta una tasa del 39,9% mientras que Gran San Juan registra la tasa más elevada entre el total de los aglomerados (48%).

Otro aspecto clave para configurar el panorama del trabajo informal en Argentina tiene que ver con las diferencias por género y edad. Según se detalló en el informe “Panorama del empleo asalariado informal y la pobreza laboral”, la tasa de informalidad asalariada total fue 36,7%, siendo 34,2% entre los hombres y elevándose a 38,9% entre las mujeres, es decir, casi cinco puntos porcentuales más que la masculina.

Asimismo, la situación más crítica la enfrenta la juventud con una tasa de informalidad del 64%, esto es, 28 puntos porcentuales por arriba de la tasa global. En otras palabras, algo más de seis de cada diez jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la Seguridad social. Cuando se combinan ambos factores, se observa que son las mujeres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, cercana al 67%.

Finalmente, otro punto a considerar tiene que ver con el nivel educativo. En lo concreto, la tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo en el segundo trimestre de 2024 fue del 15%, algo más de 20 puntos porcentuales adicionales (35,8%) fue la tasa entre los asalariados con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 56,4% entre los asalariados que no completaron la educación media. En otras palabras, los asalariados con menor nivel educativo tiene una probabilidad de ser informales casi cuatro veces más elevada que el resto.

Salarios que no cubren lo básico

La brecha salarial entre asalariados registrados e informales evidencia una “penalidad” salarial del 46%. Esto es: si un asalariado formal tiene un salario mensual de $100, un trabajador informal con igual nivel educativo, edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño tiene una remuneración mensual de $54.

Como resultado, crece la cantidad de informales en los deciles de menores ingresos de la población. En detalle, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) ocho de cada diez trabajadores tiene en un puesto informal. En contrapartida, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 6%.

Lo anterior da cuenta del creciente fenómeno de trabajadores pobres, es decir, personas que aún con un puesto de trabajo viven en situación de pobreza. Al respecto, el 40% del conjunto de los asalariados viven en un hogar pobre y asciende al 63% entre los informales. Comparado con la canasta básica, mientras que el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 8% de los formales.

“Estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza”, cerraron desde el IIEP-UBA.

 

El Destape

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