Se trata de Carlos Mauricio Andion, extitular del IAFEP, quién se encuentra con prisión preventiva en la Alcaidía de Resistencia. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco pidió al equipo de fiscales que ordenó su detención que adopte medidas para que se garanticen los derechos humanos del detenido.

¿Se están aplicando torturas psicológicas en las cárceles chaqueñas? Al menos eso se desprende de la presentación realizada por el Comité para la Prevención de la Tortura en el caso del exdirector del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Carlos Mauricio Andion. El exfuncionario se encuentra en prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos hechos de corrupción durante su paso al frente del organismo que tenía a su cargo la gestión de los recursos para las cooperativas.

La pareja de Andión denunció ante el Comité que “las condiciones de detención a la que se encuentra sometido son infrahumanas, no cuenta con agua para higienizarse, convive con diferentes insectos, no tiene salidas a patio, ni acceso a teléfono para poder comunicarse con su abogado y/o familiares”.

Además, reveló que “actualmente se encuentra en una situación de angustia por la situación a la que se encuentra sometido, recibiendo constantemente expresiones que afectan su psiquis. Que las requisas a la que se halla sometido, son extremadamente violentas, le rompen sus pertenencias, le desordenan todo su especio. Que en todo momento lo hostigan”.

A partir de la denuncia recibida, el Comité para la Prevención de la Tortura tomó intervención y el detenido fue entrevistado por una de las profesionales del organismo quién le diagnosticó un “cuadro de descompensación de tipo traumático, que produce alteraciones significativas poniendo en riesgo su salud mental, con ideas suicidas permanentes y sostenidas. Labilidad emocional con cuadro severo de angustia y arrasamiento subjetivo”. Y que de continuar en dicha situación, “se pondría en riesgo su integridad psicofísica”.

En función de ese dictamen, el organismo se presentó ante el Equipo Coordinador D, integrado por los fiscales Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio, recomendando “promover medidas y/o acciones judiciales de manera urgente o estratégicas para la protección de personas privadas de la libertad, cuando en el marco de una visita o de una denuncia se advierta una situación de tortura o malos tratos; se sugiere la adopción de medidas tendientes a garantizar la dignidad de la persona privada de libertad, debiendo tener presente las particulares circunstancias de la causa, analizando de manera individualizada la situación específica del caso y la inexistencia o existencia del peligro procesal”.

Bajo las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, el gobierno del Chaco montó un equipo para monitorear contenidos de medios de comunicación locales. Si bien el trabajo comenzó como cualquier tarea de lo que se conoce como “clipping”, fue mutando hasta convertirse en una herramienta para perseguir medios y periodistas críticos, con el retiro de pauta publicitaria, como principal modo de represalia. También fue utilizado para monitorear las actividades de diputados de la oposición con el fin de coordinar posteriores ataques mediáticos sincronizados. El caso Gyoker, la cadena de mando y el descargo de uno de los responsables.

Fondos públicos para financiar la persecución a medios de comunicación críticos y diputados opositores. Con esta oración se podría resumir lo que el gobierno del Chaco viene realizando desde el inicio de la gestión, usando como usina de datos lo que en comunicación se conoce como “clipping”.

Si bien el clipping es una herramienta utilizada regularmente por los gobiernos para tener un parámetro sobre el pulso de la opinión pública, la gestión de Leandro Zdero la ha transformado en un mecanismo para recopilar información que funcione como base para crear listas negras de medios y periodistas críticos, empleando el retiro de pauta publicitaria como castigo. Además, se ha utilizado para monitorear las actividades públicas de diputados opositores, con el objetivo de coordinar ataques mediáticos sincronizados. Incluso se ha aplicado para vigilar a legisladores oficialistas considerados “problemáticos”, como es el caso de Iván Gyoker.

En comunicación y política, el clipping consiste en recopilar y analizar menciones en medios sobre una persona, marca, empresa, gobierno o tema específico. Esta práctica permite monitorear la cobertura mediática y evaluar la percepción pública. Es esencial para ajustar estrategias de comunicación y relaciones públicas, permitiendo a las organizaciones, gobiernos y figuras públicas reaccionar de manera informada y oportuna a la cobertura mediática.

Desde el 12 de diciembre, a dos días de la asunción de Zdero, y bajo las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, se montó un grupo de periodistas para realizar esta tarea.

Según pudo saber LITIGIO, al comienzo se les solicitó que realicen una escucha y revisión general de los medios de comunicación para identificar los temas de los que se hablaba, el impacto en la gente y ver cómo respondían a ciertos tópicos. Se monitoreaban a portales de noticias, diarios, radios y televisión, tanto de Resistencia como del interior provincial.

Con el pasar de los meses, la tarea fue mutando hacia algo menos inocente. A los integrantes del equipo ya no se les pedía una revisión general, sino determinar concretamente qué medio y periodista hablaba mal del gobierno. Las órdenes partían de Resico, pasaban por su secretaria, Karen Kaenel y llegaban hasta el responsable de los Medios Públicos del Chaco, Carlos Minich, quien luego se la transmitía al grupo de periodistas que se dedicaba al monitoreo.

El equipo realizaba tres informes diarios, con lo que publicaban los medios que les fueron asignados a casa uno. Dividida en columnas, en una hoja de Excel, se colocaba el medio (portal, cuenta de redes sociales, radio o tv), a quién le hicieron la nota, el enlace y la valoración (positiva, neutral o negativa). Debido a que el gobierno no quería que estos datos se filtren, estos reportes fueron guardados de manera encriptada, con clave de acceso.

Posteriormente, la información era remitida a Minich quien posteriormente se lo transmitía a Resico, el dueño de la última palabra respecto de qué hacer con eso. A partir de recopilar esta información, se confeccionaban las listas negras y se producían las bajas de pauta publicitaria a los medios que no se alineaban completamente con el mensaje gubernamental. Esto también incluyó la no reposición de la pauta a aquellos medios que se habían quedado afuera con la actual gestión.

El propio Resico reconoció que durante el mandato de Zdero se dieron de baja más de 200 medios a los que tildó de “truchos”. En septiembre pasado, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco presentó un pedido de acceso a la información pública para que Resico detalle cuáles eran esos medios acusados de irregulares, qué criterios se tomó para retirarles la pauta y las pruebas con que se contaba para tomar dicha decisión. Sobre este punto, no hubo respuestas por parte del funcionario.

Vigilar y castigar

El trabajo de monitoreo no sólo se circunscribió a las empresas periodísticas. También vigilaron a diputados opositores. Se registraba lo que decían en las radios, en los canales de streaming, en la televisión, en los portales de noticias, en las sesiones de la Legislatura provincial y hasta en sus cuentas de redes sociales.

Según pudo confirmar esta revista, los legisladores espiados fueron Nicolás Slimel, Rodrigo Ocampo, Santiago Pérez Pons y María Pía Chiacchio Cavana. También se realizó vigilancia a las actividades públicas del diputado provincial por el oficialismo, Iván Gyoker. “Se lo monitoreaba porque es un boca de jarro”, fue la explicación que recibió LITIGIO.

¿Qué hacía el gobierno con esta información? Coordinaba ataques mediáticos. Un ejemplo claro fue lo que le ocurrió al diputado Slimel. A mediados de agosto de este año, durante una sesión de la Legislatura, el legislador cuestionó el elevado monto que el gobierno provincial destinaba en los medios de comunicación en detrimentos de otras áreas.

“¿Por qué en vez de despilfarrar plata (en pauta publicitaria), no utilizamos ese dinero para tener más comedores, asistencia social, arreglar las rutas de la provincia o mejorar la situación de los becados de Desarrollo Social? Es preocupante y nadie dice nada”, señaló.

Posterior a esa intervención, el propio Resico pidió directamente a algunos medios locales que salgan a “pegarle” a Slimel por sus dichos. Esta revista confirmó que por lo menos se lo solicitó a dos medios locales. Uno de ellos fue NG Federal, el canal de Marcelo Rubiolo.

Fue el propio Rubiolo quien cumplió las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos y en una virulenta editorial se dedicó a vilipendiar al legislador, acusándolo de desmemoriado y de meterse con sus negocios (“Yo podría decirle a él que trabaje gratis, también”, consideró mirando a cámara). Le recordó que antes de ser opositor, era un habitué de los estudios de su canal donde “jamás puso un peso”, lo acusó de “tener menos códigos que una bolsa de carbón” y dio a entender que los empleados del legislador eran ñoquis.

Hábil relacionista público como lo es, Rubiolo aprovechó la oportunidad para hablar bien de quien le está facilitando montos enormes de pauta publicitaria además de darle una gran mano para hacer negocios en el canal público Somos Uno, donde tiene un programa y se prevé que tenga varios más con su productora.

“Se lo critica a Marcos Resico. La verdad es que yo no soy amigo de Marcos. Hace una semana, unos días, estuve debatiendo con él temas políticos y hasta hemos discutido. Pero lo que sí sé, es que Marcos Resico no clava puñales por la espalda”, comparó.

Otro caso paradigmático fue lo que le ocurrió a Santiago Pérez Pons. El periodista, Roberto Espinoza, en su programa de Radio Independencia, detectó un sospechoso y coordinado ataque mediático en la misma semana en contra del legislador. “¿Nado sincronizado de algunos periodistas para pegarle a Pérez Pons? ¿Por qué en la misma semana (Gustavo) Olivello, (Marcelo) Rubiolo y (José) Viñuela editorializaron contra el exministro de Capitanich?”, se preguntó Espinoza.

Lo llamativo es que los temas utilizados para atacar a Pérez Pons no fueron los mismos. En su canal de Ciberperiodismo (en Facebook y Tik Tok), Viñuela le dedicó una editorial de tres minutos para criticarlo de manera muy agresiva porque dio a entender que el gobierno provincial cortó la luz en la facultad de Arquitectura de la UNNE para evitar que Franja Morada pierda las elecciones. Un tema que, en realidad, no ameritaría semejante reacción de alguien que ni siquiera tiene interés directo en el caso. “¿Cuál es el sentido de decir esta estupidez, Pérez Pons, diputadito provincial del Chaco? Estoy embolado con los políticos basura como vos que se la pasan diciendo estupideces y generando odio”, fustigó Viñuela.

Olivello, por su parte, se dedicó a “pegarle” a Pérez Pons, no por sus declaraciones por las elecciones estudiantiles, sino que se metió con la cuestión de la corrupción. Dio a entender que el exfuncionario tenía un elevado patrimonio tras su paso por la gestión gubernamental, el cual supuestamente no podía justificar.

“Sería bueno saber el patrimonio con el cual ingresaron algunos funcionarios de Capitanich, especialmente aquellos que fueron ministros de Economía durante tres años, que no sabemos con cuanta guita vinieron y ahora tienen casa en (el barrio privado) La California. Que mientras la gente se está cagando de hambre ellos se pueden pagar un nutricionista y quedar estéticamente bien. A vos te estoy hablando, Santiago Pérez Pons”, disparó el exsargento de la Policía del Chaco en su programa de Alerta Urbana.

LITIGIO intentó comunicarse vía WhatsApp con el secretario Marcos Resico; su secretaria, Karen Kaenel y el responsable de los Medios Públicos, Carlos Minich, para conocer su versión. El único que respondió fue Minich, quien negó todo. “No tengo la menor idea del tema. Yo estoy coordinando medios públicos, solamente. No tengo opinión alguna porque desconozco la existencia de algo similar a lo que planteás. Gracias por comunicarte”, contestó.

¿Qué se sabe ahora sobre el equipo de clipping? ¿Sigue funcionando? Sí pero no. El gobierno decidió desmantelarlo y despidió a todos sus integrantes. Lejos de dejar de utilizar esta herramienta, que le sirvió para perseguir a opositores y medios críticos, ahora el trabajo de monitoreo de medios quedó a cargo de una empresa de Buenos Aires, que trabaja con Inteligencia Artificial. Todo un símbolo de los tiempos que corren.

Por Bruno Martínez Revista Litigio

La actual vocal del organismo de contralor, Beatriz Bogado, denunció penalmente a la contadora Carola Urlich Ferro por presunto abuso de autoridad por un dictamen en que aconsejó imputarla en un juicio de cuentas por su accionar como exvocal de Lotería Chaqueña. Sin embargo, la Fiscalía Nº6 consideró que la acusación no encuadra en “norma penal alguna” y la archivó.

El fiscal de investigaciones Nº 6 de Resistencia, Roberto Villalba, resolvió archivar la denuncia penal por presunto abuso de autoridad de la vocal del Tribunal de Cuentas (TC) del Chaco, Beatriz Bogado, contra la fiscal de ese mismo organismo, Carola Urlich Ferro por un dictamen que aconsejó imputarla por presuntas irregularidades durante su gestión como vocal de Lotería Chaqueña.

Lo más llamativo del caso es que Bogado es actualmente la jefa de Urlich Ferro en el Tribunal de Cuentas, quién solicitó en reiteradas ocasiones a la conducción del organismo que la transfieran del mando de Bogado sin lograr ningún tipo de respuesta a su planteo. Lo que sí sucedió es que le instalaron una cámara de video en su oficina y le retiraron a parte de sus colaboradores.

Esta situación puso en alerta a todo el gremio del organismo de contralor ante la eventual criminalización de la tarea que desempeñan controlando la rendición de cuentas de organismos públicos, autárquicos, descentralizados y municipios, como en este caso lo fue Lotería Chaqueña.

Bogado denunció penalmente a Urlich Ferro luego de no poder apartarla de la investigación de la que es objeto, porque consideró que había actuado con arbitrariedad y apartándose de los precedentes del mismo TC en casos anteriores imputándola por una serie de gastos durante su gestión como parte del directorio del organismo que regula el juego en el Chaco.

“El hecho puesto a conocimiento resulta ser atípico, es decir no halla encuadramiento en norma penal alguna”, sostuvo el fiscal Villalba en la resolución que archivó la denuncia de Bogado el pasado 22 de noviembre. En ese sentido, consideró que “la cuestión puesta a conocimiento resulta ser de carácter administrativa o sujeta a la resolución de una instancia diferencia a la que abraza el derecho penal”.

“No existió exceso” 

En su dictamen, el funcionario del Ministerio Público Fiscal aseguró que “no existió exceso por parte de la Contadora Nacional Ulrich, sino que su tarea fue ejecutada en orden a las prerrogativas que legalmente le fueron concedidas por la norma”.

Así, advirtió que “resulta facultad exclusiva de los miembros del Tribunal de Cuentas el de dictar la orden u resolución que decida la situación legal de la denunciante frente a los cargos que se le formulen, no configurando delito penal el hecho de que la contadora Urlich ejerza y cumpla con sus funciones propias conferidas por la ley al dictaminar la procedencia o no de la misma”.

En su resolución, el fiscal Villalba reiteró que “la labor llevada a cabo por la contadora Urlich se circunscribió a la elaboración de su opinión, juicio, parecer o diagnóstico respecto a los cargos por los cuales e investiga a la contadora Bogado, teniendo como veredicto final y que defina la situación un órgano superior constituido por los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco”.

Por otro lado, consideró que “más allá de que la contadora Beatriz Bogado ha expresado, tanto en su denuncia y ampliación, la diferentes actitudes entre las que caracterizó como “malicia” o “encono” hacia su persona, y llevadas a cabo por la contadora Ulrich para dictaminar, ello resulta irrelevante, puesto que son los miembros máximos quiénes resuelven la cuestión como a su vez, la pertinencia o no de la jurisprudencia que ella señala como fundamento”.