En los últimos días, la atención se ha centrado en el reciente evento cultural «Chaco Vibra», organizado por el gobierno provincial, que entre otros aspectos ha suscitado una considerable controversia debido al alto costo asociado a la contratación del famoso cantante Chaqueño Palavecino. Con más de 900 millones de pesos destinados a este festival, resulta alarmante poner de manifiesto el contraste entre la magnitud de la inversión pública y la realidad socioeconómica que vive la población chaqueña. En una provincia donde se estima que el 80% de la población vive en condiciones de pobreza, el derroche de recursos en eventos de esta índole plantea serias interrogantes sobre las prioridades gubernamentales y la ética del gasto público.

Para contextualizar esta situación, resulta crucial sopesar los montos involucrados en la contratación del artista. En julio, el gobierno provincial ya había desembolsado la considerable suma de 17 millones de pesos por la presentación del Chaqueño Palavecino en la Cabalgata de la Fe. Sin embargo, solo cuatro meses después, este mismo artista fue nuevamente contratado, pero esta vez por un monto que ascendió a poco más de 54 millones de pesos. Este aumento de honorarios, que representa un alarmante 213% respecto al pago anterior, es un claro indicador de la manera en que se gestionan las finanzas públicas en la provincia. La justificación proporcionada por el presidente del Instituto de Cultura, que menciona el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 250 millones de pesos, no hace más que evidenciar la falta de una estrategia clara para el uso adecuado de estos recursos, que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La elevación vertiginosa de los costos asociados a la contratación de artistas populares debe ser analizada en el marco de la necesidad social y las condiciones de vida de la población chaqueña. El hecho de que una porción significativa del presupuesto provincial se destine a personajes del espectáculo frente a un panorama de pobreza y exclusión resulta, por lo menos, paradójico. Este disparatado gasto, en un contexto donde muchas familias se ven obligadas a elegir entre alimentos y servicios básicos, no solo deja al descubierto la desarticulación entre el sector artístico y la realidad cotidiana del chaqueño, sino que también plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad social de los gobiernos provinciales.

Cabe destacar que, aunque la cultura y los eventos artísticos son parte integral del patrimonio y la identidad de una región, la forma en que se distribuyen los recursos destinados a estos eventos exige una revisión exhaustiva. El uso de fondos públicos, especialmente en una área tan sensible como lo es la cultura, debe ser guiado por principios de equidad y justicia social. Invertir en festivales y conciertos, sin considerar el estado crítico de bienestar de la población, refuerza la noción de que las decisiones gubernamentales a menudo se encuentran desconectadas de las necesidades de sus ciudadanos.

Adicionalmente, esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas culturales implementadas por el gobierno del Chaco. Si bien es importante promover la cultura y el arte, también es fundamental asegurarse de que tales iniciativas no se realicen a expensas de la calidad de vida de los ciudadanos. La administración de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general y poner en el centro de las decisiones a las más de seis de cada diez personas en la provincia que subsisten en condiciones de vulnerabilidad.

En conclusión, el reciente gasto del gobierno chaqueño en el evento «Chaco Vibra» y en particular en la contratación del Chaqueño Palavecino pone de relieve una serie de dilemas éticos y prácticos en torno a la gestión del dinero público en un contexto de alta necesidad social. La notable disparidad entre el gasto en cultura y la falta de atención a las condiciones de pobreza que enfrenta la población supone un desafío para la administración pública. Los responsables deben preguntarse si este tipo de inversión responde realmente a un interés cultural genuino o si se trata, más bien, de una cortina de humo que distrae de los problemas socioeconómicos que afectan a una gran parte de la población chaqueña. En un momento donde la pobreza y la desigualdad son preocupaciones centrales, es imperativo que el gobierno revise sus prioridades y establezca un compromiso real con el bienestar de todos los ciudadanos, asegurando que cada peso invertido contribuya de manera efectiva a mejorar sus vidas.

“Los inexplicables e injustificados aumentos en la tarifa del boleto de colectivo que fueron aplicados por Decreto en tres oportunidades en lo que va de su gestión, ya acumula un 1250%, es decir que el pasaje cuesta hoy 12 veces más que en el mes de febrero”, manifestó el edil.

“Ante este escenario se imponen mediáticamente los títulos oficialistas que responsabilizan a la inflación, a la devaluación del peso frente al dólar, a retrasos acumulados, a la quita de subsidios, etc., pero nada de esto – ni siquiera todo junto – le hacen sombra al aumento impuesto
por Decretos provinciales”, remarcó.

Asimismo, señaló que “si analizamos el período febrero/septiembre de 2024, etapa en la que se ubican los tres aumentos de Zdero, podemos observar que la inflación en esos nueve meses fue menos del 50% y que el dólar informal mantuvo su valor, sin embargo la tarifa en términos de la divisa norteamericana se incrementó un 300%, demostrándose claramente que gran parte del aumento del pasaje responde a una decisión política y no a una necesidad de actualización de costos, ya que la media histórica ubica al costo en alrededor de 30 centavos de dólar, y el precio para el último aumento otorgado alcanza a 1,13 dólar, lo que significa tres veces más, o sea 300% de incremento en moneda extranjera. Aún si quisiéramos justificar
diciendo que el valor de la tarifa acumulaba retraso, si incluimos los meses de mayor inflación (período octubre 2023/febrero 2024, mes en el que se concreta el primer aumento de Zdero), vemos que la inflación ronda el 80%, un número importante pero que hace poca sombra al más de 1250% de aumento establecido”.

Bolatti compartió un cuadro donde expone formas de ver la cuantía y desproporción aplicada por el gobernador en la actualización del precio del boleto. Allí detalla precios expresados en dólares y el salto que da la tarifa a partir de marzo 2024, donde la variación (u$d 0,28 a u$d 0,66) alcanza el 135% de una sola vez. También analiza el valor nominal de la adquisición de 60 boletos, que es el promedio de una persona que se moviliza diariamente en este medio y que en consecuencia, pasó de gastar $4.500 en diciembre de 2023 a $69.000 por mes, ésto calculado sobre la última tarifa establecida por Zdero y que actualmente se encuentra suspendida judicialmente tras la presentación del Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, por no haber otorgado el gobierno provincial la información de subsidios ni detalles del cálculo de costos en la Audiencia Pública celebrada (información que están obligados a proporcionar a la ciudadanía y a quien la requiera). De igual modo, el valor de los 60 boletos en
relación al Salario Mínimo Vital y Móvil, ajustado al período, podemos infiere que antes el uso del transporte público en el Gran Resistencia afectaba un 5,5% del SMVM y en la actualidad más del 25%, “pasando a ser desproporcionado y con tendencia a confiscatorio, prácticamente”, subrayó el concejal.

“Tenemos que tener en cuenta también que la Provincia viene asignando subsidios a las empresas (los que según anuncios oficiales equivalen al 50% del valor del costo) que en el caso de presentar aumentos indebidos no serían valores menores, puesto que se estaría pagando subsidios a los sobrecostos existentes” y ejemplificó: “pongamos por caso un boleto que sale $20 pero tiene un costo real de $15, si el gobierno subsidia sobre el valor total, destinaría $4 por
boleto, pero si calcula sobre el costo real, da un subsidio de $3, evidenciando una diferencia o sobreprecio de $1 por boleto, que equivale a unos 7% del costo que ya incluye la ganancia empresaria, otra otra incongruencia del Estado provincial que alcanzaría la ilegalidad”.

En esa línea señaló que una situación similar se da cuando el gobierno debe pagar el Boleto Estudiantil Gratuito, ya que “el Estado Provincial va a estar comprando los mismos a un precio más caro del que correspondería si se hicieran bien las cosas”.

“Estas grandes diferencias entre el valor histórico del boleto con lo que cuesta en la actualidad, reflejan la existencia de sobreprecios, de transferencias injustificadas de las ylos usuarios y el Estado a un puñado de empresas”, concluyó el concejal del Frente Chaqueño.

En la actualidad, la difícil situación económica que enfrenta la población de Las Breñas, Chaco, ha llevado a la comunidad a manifestarse contra los exorbitantes aumentos en las tarifas de luz y agua. Este descontento se hizo evidente en una reciente marcha, donde los vecinos expresaron su indignación con la frase contundente: «Dejen de robarnos, sinvergüenzas». La creciente presión sobre los hogares de la localidad refleja una realidad preocupante: muchas familias ya no logran llegar a fin de mes.

El intendente Machuca, a pesar de sus reservas iniciales, se vio obligado a recibir a los manifestantes. Sin embargo, sus explicaciones fueron consideradas insuficientes, dejando un sabor de impotencia entre quienes confían en la gestión pública para solucionar sus problemas. La falta de respuestas adecuadas ante una crisis que afecta directamente el bienestar de la comunidad genera una creciente desconfianza hacia las autoridades.

Mientras tanto, el gobernador Leandro Zdero ha sido criticado por su aparente desconexión con la realidad de sus conciudadanos, al ser acusado de «estar de joda» en un momento tan crítico. La sensación de abandono y falta de empatía contribuye a la desesperación de un pueblo que lucha por su dignidad y derecho a servicios básicos accesibles.

La situación en Las Breñas es un claro reflejo de las tensiones que existen entre el sistema político y la ciudadanía. Ante el aumento desmedido de costos en servicios esenciales, se hace urgente que los responsables de la administración pública escuchen y atiendan las demandas de sus habitantes. La lucha por tarifas justas no es solo una cuestión económica, sino una defensa del derecho a vivir dignamente.