«Tocamos fondo, pero no se puede estar», escribió este lunes en sus redes sociales el intendente de Empedrado, José Cheme, en relación al estado de la Ruta Nacional 12 en el tramo desde el peaje Cuatro Bocas. «No está dentro de la agenda nacional ni seguramente provincial», señaló el jefe comunal.

“El tramo de Ruta Nacional 12 desde el peaje a Cuatro Bocas sufre un estado de abandono y decidía total. Esta situación no registra precedente, aún desde su concesión – claramente desacertado -. Las banquinas están en pésimas condiciones de mantenimiento, con grandes pastizales que no permiten la visibilidad que requiere el recorrido”, escribió en sus redes sociales.

El intendente dijo en El Litoral Radio que “se hicieron todas las presentaciones que se podían hacer”. “Queremos visibilizar la situación porque ya el año pasado hicimos varias gestiones ante distintos poderes, notas enviadas a organismos nacionales y es preocupante”, sostuvo. “Esta es una política de Estado que debemos gestionar entre todos”, aseguró.

Para él, este es un reclamo de “hace muchos años”. “Seguimos teniendo muchos accidentes fatales, es una cuestión de Estado”, agregó.

Cheme confirmó que la estrategia es trabajar en con organismos de la sociedad civil. “Hoy mismo me llegó un reclamo de productores que se quieren sumar a visibilizar el reclamo. Los perjudicados somos todos”, destacó. “Están todos invitados, incluso de localidades vecinas”, destacó.

En su descargo, Cheme señaló que: “Las autoridades que correspondan tienen que hacerse cargo inmediatamente de dar soluciones a lo mínimo, básico e indispensable. La culminación de la autovía se convirtió en una necesidad indiscutible, para que el ensanchamiento de las banquinas, ampliación y doble trocha, iluminación, señalética y todo lo que se requiera brinde seguridad a nuestros ciudadanos”.

En los últimos días, la atención se ha centrado en el reciente evento cultural «Chaco Vibra», organizado por el gobierno provincial, que entre otros aspectos ha suscitado una considerable controversia debido al alto costo asociado a la contratación del famoso cantante Chaqueño Palavecino. Con más de 900 millones de pesos destinados a este festival, resulta alarmante poner de manifiesto el contraste entre la magnitud de la inversión pública y la realidad socioeconómica que vive la población chaqueña. En una provincia donde se estima que el 80% de la población vive en condiciones de pobreza, el derroche de recursos en eventos de esta índole plantea serias interrogantes sobre las prioridades gubernamentales y la ética del gasto público.

Para contextualizar esta situación, resulta crucial sopesar los montos involucrados en la contratación del artista. En julio, el gobierno provincial ya había desembolsado la considerable suma de 17 millones de pesos por la presentación del Chaqueño Palavecino en la Cabalgata de la Fe. Sin embargo, solo cuatro meses después, este mismo artista fue nuevamente contratado, pero esta vez por un monto que ascendió a poco más de 54 millones de pesos. Este aumento de honorarios, que representa un alarmante 213% respecto al pago anterior, es un claro indicador de la manera en que se gestionan las finanzas públicas en la provincia. La justificación proporcionada por el presidente del Instituto de Cultura, que menciona el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por 250 millones de pesos, no hace más que evidenciar la falta de una estrategia clara para el uso adecuado de estos recursos, que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La elevación vertiginosa de los costos asociados a la contratación de artistas populares debe ser analizada en el marco de la necesidad social y las condiciones de vida de la población chaqueña. El hecho de que una porción significativa del presupuesto provincial se destine a personajes del espectáculo frente a un panorama de pobreza y exclusión resulta, por lo menos, paradójico. Este disparatado gasto, en un contexto donde muchas familias se ven obligadas a elegir entre alimentos y servicios básicos, no solo deja al descubierto la desarticulación entre el sector artístico y la realidad cotidiana del chaqueño, sino que también plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad social de los gobiernos provinciales.

Cabe destacar que, aunque la cultura y los eventos artísticos son parte integral del patrimonio y la identidad de una región, la forma en que se distribuyen los recursos destinados a estos eventos exige una revisión exhaustiva. El uso de fondos públicos, especialmente en una área tan sensible como lo es la cultura, debe ser guiado por principios de equidad y justicia social. Invertir en festivales y conciertos, sin considerar el estado crítico de bienestar de la población, refuerza la noción de que las decisiones gubernamentales a menudo se encuentran desconectadas de las necesidades de sus ciudadanos.

Adicionalmente, esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas culturales implementadas por el gobierno del Chaco. Si bien es importante promover la cultura y el arte, también es fundamental asegurarse de que tales iniciativas no se realicen a expensas de la calidad de vida de los ciudadanos. La administración de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general y poner en el centro de las decisiones a las más de seis de cada diez personas en la provincia que subsisten en condiciones de vulnerabilidad.

En conclusión, el reciente gasto del gobierno chaqueño en el evento «Chaco Vibra» y en particular en la contratación del Chaqueño Palavecino pone de relieve una serie de dilemas éticos y prácticos en torno a la gestión del dinero público en un contexto de alta necesidad social. La notable disparidad entre el gasto en cultura y la falta de atención a las condiciones de pobreza que enfrenta la población supone un desafío para la administración pública. Los responsables deben preguntarse si este tipo de inversión responde realmente a un interés cultural genuino o si se trata, más bien, de una cortina de humo que distrae de los problemas socioeconómicos que afectan a una gran parte de la población chaqueña. En un momento donde la pobreza y la desigualdad son preocupaciones centrales, es imperativo que el gobierno revise sus prioridades y establezca un compromiso real con el bienestar de todos los ciudadanos, asegurando que cada peso invertido contribuya de manera efectiva a mejorar sus vidas.

LPO había anticipado las gestiones de Larreta con Carrió para ayudar a su amigo, el ministro Caputo. El catamarqueño Jalil también ayudo con sus cuatro diputados.

Una sigilosa gestión de Horacio Rodreiguez Larreta con Lilita Carrió, le permitió a su amigo, el ministro Toto Caputo, salvar el decreto que lo habilita a reestructurar la deuda externa sin pasar por el Congreso, clave para un 2025 con vencimientos por más de 20 mil millones de dólares, imposibles de pagar.

La gestión fue anticipada en exclusiva por LPO y este martes quedó en evidencia: De los seis diputados que tiene la Coalición Cívica de Carrió, sólo dos bajaron al recinto para contribuir al quórum opositor: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. En tanto, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli se ausentaron.

El gobernador peronista Raúl Jalil fue otra pieza clave para que el Gobierno lograra desarmar la jugada opositora. El catamarqueño le ordenó a sus cuatro diputados que integran el bloque de Unión por la Patria que no den quórum. La jugada anticipada por este medio, suma otro gesto de Jalil al ministro Caputo, como ya hicieron sus diputados hace dos semanas, en plena negociación por el presupuesto.

De esta manera, Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, se alinearon con la Casa Rosada y en el bloque peronista ya empezaron a llamarlos irónicamente como los «peronistas con peluca». El aporte fue clave y le permitió a Martín Menem dar por caída la sesión poco después de las 15:30. A la oposición le faltaron nueve diputados para lograr voltear el DNU de Milei.

También la bancada liderada por Pablo Juliano, mano derecha de Facundo Manes, hizo su aporte. El jujeño Jorge Rizzotti, la santafecina Melina Giorgi, el correntino Manuel Aguirre, la entrerriana Marcela Antola y el chaqueño Juan Carlos Polini pegaron el faltazo, en sintonía con la demanda de los gobernadores Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero

La sesión fue convocada por los bloques de Miguel Pichetto, Facundo Manes y el peronismo, pero LPO adelantó este lunes que en la bancada liderada por Germán Martínez calificaban como «difícil» la posibilidad de conseguir quórum.

Se mencionó en Diputados una negociación de Horacio Rodríguez Larreta con Lilita Carrio para que sus diputados no den quórum. Si bien Larreta se lleva muy mal con Milei, es amigo personal del ministro Toto Caputo, para quien el DNU que le habilita el canje de deuda es clave.

Además de los diputados de Jalil, se descontaba el faltazo de los filo-oficialistas que responden a Osvaldo Jaldo y los integrantes de Innovación Federal (IF), que responden al salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua y el rionegrino Alberto Weretilneck. Como reveló este medio, la Casa Rosada prometió a los misioneros que entregaría los talleres ferroviarios al empresario misionero Augusto Marini.

Pichetto, Randazzo y Cobos esperan un quóprum que nunca llegó.

LPO Juan Casas

Pero la calve fue la negociación de Rodríguez Larreta con Carrió. Si bien Larreta se lleva muy mal con Milei, es amigo personal del ministro Toto Caputo, para quien el DNU que le habilita el canje de deuda es clave.

En el peronismo además había sospechas sobre cómo jugarían los santiagueños que se referencian en Gerardo Zamora. En el anterior intento de sesión, de los 7 diputados que responden a Zamora uno se ausentó por cuestiones de salud y dos por razones políticas, en un gesto al gobierno para negociar el presupuesto. Pero al final, salvo uno que está enfremo, el resto acompañó el intento de conseguir quórum.

El rumor que corría este martes por los pasillos de la Cámara Baja era que, si los gobernadores retaceaban el quórum, el oficialismo se comprometía a incluir el tratamiento del Presupuesto 2025 en extraordinarias, tal como reclamaban los mandatarios provinciales.