En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las integrantes del Centro de Estudios Mirta Clara del SACRA-Chaco, Judith Orcola y Ana Clara Gómez Fogar, reflexionan sobre la violencia de género como determinante social de la salud de las mujeres y la importancia de su reconocimiento en el ámbito de la salud pública.
No sé hablar como hablan las personas.
Dentro, muy dentro de míllama una voz,
yo no comprendolo que dice.
Y cómo habríade contarle a los demáslo que no sé.
Me hablaste:las palabras que los otros me danson toscas,
insensibles,iguales a las piedras.
Cómo manipularlas,encenderlas, cómo extraerles el calor.
(Claudia Massin, “En cuerpo y alma”).
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1999, reivindicamos los múltiples y diversos modos en que se ha desarrollado en todos los países del mundo la militancia social por los derechos de las infancias, mujeres y diversidades sexuales.
Celebramos que dicha militancia haya sido reconocida como una deuda histórica del Estado argentino a través de la institucionalización de leyes y políticas públicas con perspectiva de género. Entre ellas se destaca el derecho a una vida libre de violencias que, para su concreción, implica el acceso a la salud, a la educación, al trabajo en condiciones de igualdad económica, a la visibilización del valor productivo de las tareas de cuidado desarrolladas en el ámbito doméstico, entre tantas otras.
La apuesta a una vida libre de violencia de género se enmarca en el campo de los Derechos Humanos como enfoque adoptado por los Estados que reconocen la condición de ciudadanía y de sujetos de derechos a las infancias, mujeres y diversidades sexuales.
En este sentido, en el año 2011 el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) solicitó a la Argentina la realización de una investigación sobre el impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres. La misma fue ejecutada contando con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y llevada a cabo con el fin de recabar información del ámbito de salud pública para poner en marcha la Ley N° 26.485 de Protección a Mujeres.
Para ello la investigación se realizó en hospitales públicos de CABA contemplando la perspectiva de los profesionales agentes de salud y de mujeres víctimas de violencia de género usuarias de servicios de salud. Los resultados arrojados resultan paradigmáticos para pensar la situación actual de las mujeres respecto al impacto de las violencias y la atención en salud pública como un derecho inalienable.
La psicoanalista e investigadora Dra. Tajer plantea que la problemática de violencia hace estallar el paradigma de la salud pública clásica que generalmente opera a partir de los resabios del Modelo Médico Hegemónico (Menéndez, 1988), cuyo enfoque promueve una lectura psicopatológica, desde un reduccionismo biologicista o psicologista del padecimiento, lo que muchas veces conduce a un juzgamiento moral de la persona que sufre.
La investigación muestra que la mirada psicopatológica provoca que las mujeres víctimas de violencia consulten dos veces más en salud pública, que quienes no experimentan esta situación. Al no ser el motivo de consulta por ellas enunciado, la situación de violencia no es debidamente registrada ni asistida. Pues el sistema no está preparado para detectar y abordar esta problemática, por lo que las violencias persisten y las mujeres terminan transitando por varios especialistas en una especie de peregrinaje por la salud pública.
Los profesionales plantean que enfrentarse a la atención de mujeres en situación de violencia les produce sentimiento de incapacidad para realizar acciones sociales y legales que permitan a las mujeres enfrentar la problemática. También el personal de salud tiene mucho temor al impacto en sus personas al tomar acciones en estos temas. La mayoría mantiene la concepción de que el ejercicio médico se limita a la lesión o al síntoma en términos curativos y que el problema de la violencia debe ser atendido por “especialidades”, considerando que las violencias son un problema “individual”, “no de salud”, sino netamente psicológico.
Ahora bien, estas concepciones se mantienen aún cuando los datos que los mismos profesionales informan plantean una situación diferente respecto al impacto de las violencias en la salud de las mujeres. Algunos de los datos informados por área de medicina general, ginecología, oftalmología, quemados, psicología y otras disciplinas son: la violencia de género abarca un amplio espectro de impacto en la salud, que va desde malestares generales y comorbilidad, hasta atentados a la integridad física y peligro de muerte. El dolor crónico fue el indicador más mencionado (77%), relaciones sexuales forzadas (87%), dificultades respiratorias (38%), embarazos no deseados (90%), enfermedades de transmisión sexual y VIH (83%), trastornos menstruales, dolor pélvico crónico (38%) e infecciones urinarias (45%).
A la luz de los resultados de la investigación, la Dra. Tajer plantea que es innegable el impacto de las violencias en la salud de las mujeres, lo que significa una urgente necesidad de incluir las violencias como una problemática que compete a la salud pública y que, el contexto de violencias contra infancias, adolescencias, mujeres y diversidades debe ser reconocido como un determinante social de la salud (DSS) o bien como un factor de riesgo y vulnerabilidad para la salud.
En las últimas décadas a nivel nacional y provincial se han desarrollado políticas de promoción de la salud con perspectiva de géneros y de prevención y atención para casos de violencia. Políticas cuyo enfoque de Derechos se ha estructurado en torno al sistema público estatal, columna vertebral del bienestar social en Argentina.
Sin embargo, este enfoque ha sido violentamente atacado y deslegitimado en los últimos años por sectores ideológicos y grupos económicos que pretenden atribuirse la suma del poder público en beneficio propio, lo que directamente atenta contra el sistema democrático.
Asistimos a una época en la que, bajo imperativos de producción y descarte de mercancías, priman los diagnósticos psicopatológicos. Así la propia culpabilidad respecto al malestar, la compulsión por su borramiento o su cura, la desmentida de lo cruel, lo violento, lo ilícito y la desresponsabilización subjetiva a través de frases como “relaciones tóxicas”, hacen parecer que fuera un problema químico y no una modalidad de vinculación social que nos involucra a todes.
Es menester defender el campo de la salud pública y el trabajo de sus agentes desde el paradigma de la complejidad, de la intersectorialidad y de la diversidad cultural, que incluyan las condiciones de vida y los determinantes de la salud para comprender las problemáticas sociales que en la actualidad son graves y urgentes.
Ubicar los resortes de apoyo en el lazo social, asumiendo corresponsabilidad social y comunitaria en conjunto con el ámbito público para defender la vida debe ser la apuesta para la construcción de lo común.
Por Judith Orcola* y Ana Clara Gómez Fogar**
*Licenciada en Psicología
**Estudiante de Licenciatura en Psicología
