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Tres catequistas denunciaron por abuso sexual a un cura de Quilmes: “Se paseaba desnudo por la casa”

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La Diócesis de Quilmes apartó al sacedorte de su cargo, pero está en libertad y estudia psicología en una universidad de Berazategui. Los denunciantes aseguran que desde la iglesia lo encubrieron.

Tres catequistas de la parroquia Virgen María Madre del Pueblo de Quilmes denunciaron al cura Franco Lütens por abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por ser ministro de culto. La Diócesis local decidió apartarlo de su cargo.

A principios de este año, un joven de 19 años le contó a una amiga lo que estaba viviendo con el sacerdote quilmeño. La joven le recomendó que lo hablara con un profesional.

“La psicóloga le dijo que estaba siendo víctima de abuso”, contó a TN Fernanda Raia, abogada de tres denunciantes. El joven que se animó a hablar se alejó de la iglesia para buscar a otras víctimas de Lütens.

Junto a otras dos víctimas, decidieron acudir a la comunidad de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, donde fueron atendidos por la psicóloga Liliana Rodríguez y la abogada.

Responde al perfil que tienen los abusadores, los pedófilos de la iglesia, amparado por una institución que no castiga”, explicó la psicóloga que especificó que los denunciantes formaban parte de la parroquia como monaguillos y catequistas.

El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, apartó de la parroquia al sacerdote Carlos Lütens. (Foto: Diócesis de Quilmes).
El obispo de Quilmes, Carlos Tissera, apartó de la parroquia al sacerdote Carlos Lütens. (Foto: Diócesis de Quilmes).

“Él se acerca primero a personas vulnerables, no abusa por la fuerza sino a través de la manipulación. Cuando nota que la persona tiene carencias afectivas o económicas, empieza a hacerse el amigo o el padre”, detalló Fernanda Raia.

En dos de los tres casos, según pudo saber TN, el sacerdote quiso funcionar como figura paterna de las víctimas y comenzó a alejarlos de otras personas. Raia explicó: “Hacía un trabajo minucioso para abusar de ellos. Los llevaba a la casa a tomar mate, les decía que se iba a bañar y se paseaba desnudo. Hacía exhibiciones obscenas”.

La psicóloga Liliana Rodríguez, que atendió a los tres denunciantes, explicó: “A las personas les cuestra reconocer que son víctimas y también animarse a denunciar en una comunidad parroquial. Es un barrio donde toda la gente pertenece a una parroquia, son todos conocidos y se ven siempre. Animarse a hacer la denuncia es romper con un montón de barreras”.

En paralelo, Lütens hacía un trabajo psicológico para generarles un sentimiento de culpa. “Pero yo soy sacerdote, vos me hiciste caer en esto”, les decía, y los amenazaba con que tenía un hermano fiscal, según Raia.

El sacerdote fue apartado de la iglesia

“La víctima más grande hizo la denuncia en el obispado en el año 2012. Ella fue con el obispo Tissera y le contó que fue abusada por Lütens y que había otras víctimas. Él le tomó la denuncia por escrito y le dijo que iba a actuar, pero ella no fue más porque Lütens la empezó a llamar”, relató Fernanda Raia.

La Diócesis de Quilmes emitió un comunicado el pasado 13 de noviembre donde informó que Franco Lütens había sido apartado de su cargo como sacerdote en la iglesia Virgen María Madre del Pueblo un mes después de que se hicieran la denuncia.

“Ante las gravísimas denuncias publicadas en redes sociales, y ante la constatación del inicio de la causa penal en la Justicia, el Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, apartó al sacerdote denunciado de la parroquia y de todas las actividades pastorales en junio de este año”, reza el comunicado.

En el cierre del mismo, se comprometieron a avanzar con la investigación: “El Obispo dio inicio a la investigación formal en el ámbito eclesial, como recomendó el Papa Francisco a todas las conferencias episcopales del mundo”.

El comunicado que emitió al Diócesis de Quilmes respecto a la situación de Franco Lütens. (foto: Diócesis de Quilmes).
El comunicado que emitió al Diócesis de Quilmes respecto a la situación de Franco Lütens. (foto: Diócesis de Quilmes).

El avance de la causa judicial

La causa se inició en mayo de este año luego de que las tres víctimas presentaran la denuncia por abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el ministro de culto y cayó en el Juzgado N°4 de Berazategui.

En agosto se le realizaron las pericias psicológicas a las víctimas, pero aún no están los resultados y desde el entorno de los denunciantes aseguran que se están demorando más de lo previsto. “Una vez que la fiscalía tenga los resultados van a ver si lo imputan, es una locura”, planteó la abogada Fernanda Raia.

Lütens, por su parte, también fue citado a una pericia psicológica, pero se ausentó en el primer llamado y continúa en total libertad. “Nuestra idea es que antes de la feria judicial sea procesado para pedir la detención inmediata porque sigue habiendo víctimas”, afirmó la letrada.

La denuncia contra Franco Lütens. (Foto: TN).
La denuncia contra Franco Lütens. (Foto: TN).

Este martes, una de las tres víctimas amplió la declaración por pedido de la fiscalía y ya prestaron testimonio otras siete personas. Además, rige una perimetral para el sacerdote tanto con los denunciantes como con los testigos.

A la espera de novedades judiciales, el sacerdote quilmeño estudia psicología en una univesidad de Berazategui. “Sigue en contacto con chicos vulnerables, sigue captando víctimas”, denunció Raia.

“La abogada y yo, el primero de julio, le enviamos un mail a todas las autoridades de la casa de estudio. Les pedimos que se aplique el protocolo que tiene que tener una institución cuando se sospecha que tiene un pedófilo adentro. Los estudiantes están angustiados porque este hombre circula libremente por el lugar”, cerró.

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Violencia de género: determinante social de la salud de las mujeres

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las integrantes del Centro de Estudios Mirta Clara del SACRA-Chaco, Judith Orcola y Ana Clara Gómez Fogar, reflexionan sobre la violencia de género como determinante social de la salud de las mujeres y la importancia de su reconocimiento en el ámbito de la salud pública.

No sé hablar como hablan las personas.
Dentro, muy dentro de míllama una voz,
yo no comprendolo que dice.
Y cómo habríade contarle a los demáslo que no sé.
Me hablaste:las palabras que los otros me danson toscas,
insensibles,iguales a las piedras.
Cómo manipularlas,encenderlas, cómo extraerles el calor.
(Claudia Massin, “En cuerpo y alma”).

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1999, reivindicamos los múltiples y diversos modos en que se ha desarrollado en todos los países del mundo la militancia social por los derechos de las infancias, mujeres y diversidades sexuales.

Celebramos que dicha militancia haya sido reconocida como una deuda histórica del Estado argentino a través de la institucionalización de leyes y políticas públicas con perspectiva de género. Entre ellas se destaca el derecho a una vida libre de violencias que, para su concreción, implica el acceso a la salud, a la educación, al trabajo en condiciones de igualdad económica, a la visibilización del valor productivo de las tareas de cuidado desarrolladas en el ámbito doméstico, entre tantas otras.

La apuesta a una vida libre de violencia de género se enmarca en el campo de los Derechos Humanos como enfoque adoptado por los Estados que reconocen la condición de ciudadanía y de sujetos de derechos a las infancias, mujeres y diversidades sexuales.

En este sentido, en el año 2011 el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) solicitó a la Argentina la realización de una investigación sobre el impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres. La misma fue ejecutada contando con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y llevada a cabo con el fin de recabar información del ámbito de salud pública para poner en marcha la Ley N° 26.485 de Protección a Mujeres.

Para ello la investigación se realizó en hospitales públicos de CABA contemplando la perspectiva de los profesionales agentes de salud y de mujeres víctimas de violencia de género usuarias de servicios de salud. Los resultados arrojados resultan paradigmáticos para pensar la situación actual de las mujeres respecto al impacto de las violencias y la atención en salud pública como un derecho inalienable.

La psicoanalista e investigadora Dra. Tajer plantea que la problemática de violencia hace estallar el paradigma de la salud pública clásica que generalmente opera a partir de los resabios del Modelo Médico Hegemónico (Menéndez, 1988), cuyo enfoque promueve una lectura psicopatológica, desde un reduccionismo biologicista o psicologista del padecimiento, lo que muchas veces conduce a un juzgamiento moral de la persona que sufre.

La investigación muestra que la mirada psicopatológica provoca que las mujeres víctimas de violencia consulten dos veces más en salud pública, que quienes no experimentan esta situación. Al no ser el motivo de consulta por ellas enunciado, la situación de violencia no es debidamente registrada ni asistida. Pues el sistema no está preparado para detectar y abordar esta problemática, por lo que las violencias persisten y las mujeres terminan transitando por varios especialistas en una especie de peregrinaje por la salud pública.

Los profesionales plantean que enfrentarse a la atención de mujeres en situación de violencia les produce sentimiento de incapacidad para realizar acciones sociales y legales que permitan a las mujeres enfrentar la problemática. También el personal de salud tiene mucho temor al impacto en sus personas al tomar acciones en estos temas. La mayoría mantiene la concepción de que el ejercicio médico se limita a la lesión o al síntoma en términos curativos y que el problema de la violencia debe ser atendido por “especialidades”, considerando que las violencias son un problema “individual”, “no de salud”, sino netamente psicológico.

Ahora bien, estas concepciones se mantienen aún cuando los datos que los mismos profesionales informan plantean una situación diferente respecto al impacto de las violencias en la salud de las mujeres. Algunos de los datos informados por área de medicina general, ginecología, oftalmología, quemados, psicología y otras disciplinas son: la violencia de género abarca un amplio espectro de impacto en la salud, que va desde malestares generales y comorbilidad, hasta atentados a la integridad física y peligro de muerte. El dolor crónico fue el indicador más mencionado (77%), relaciones sexuales forzadas (87%), dificultades respiratorias (38%), embarazos no deseados (90%), enfermedades de transmisión sexual y VIH (83%), trastornos menstruales, dolor pélvico crónico (38%) e infecciones urinarias (45%).

A la luz de los resultados de la investigación, la Dra. Tajer plantea que es innegable el impacto de las violencias en la salud de las mujeres, lo que significa una urgente necesidad de incluir las violencias como una problemática que compete a la salud pública y que, el contexto de violencias contra infancias, adolescencias, mujeres y diversidades debe ser reconocido como un determinante social de la salud (DSS) o bien como un factor de riesgo y vulnerabilidad para la salud.

En las últimas décadas a nivel nacional y provincial se han desarrollado políticas de promoción de la salud con perspectiva de géneros y de prevención y atención para casos de violencia. Políticas cuyo enfoque de Derechos se ha estructurado en torno al sistema público estatal, columna vertebral del bienestar social en Argentina.

Sin embargo, este enfoque ha sido violentamente atacado y deslegitimado en los últimos años por sectores ideológicos y grupos económicos que pretenden atribuirse la suma del poder público en beneficio propio, lo que directamente atenta contra el sistema democrático.

Asistimos a una época en la que, bajo imperativos de producción y descarte de mercancías, priman los diagnósticos psicopatológicos. Así la propia culpabilidad respecto al malestar, la compulsión por su borramiento o su cura, la desmentida de lo cruel, lo violento, lo ilícito y la desresponsabilización subjetiva a través de frases como “relaciones tóxicas”, hacen parecer que fuera un problema químico y no una modalidad de vinculación social que nos involucra a todes.

Es menester defender el campo de la salud pública y el trabajo de sus agentes desde el paradigma de la complejidad, de la intersectorialidad y de la diversidad cultural, que incluyan las condiciones de vida y los determinantes de la salud para comprender las problemáticas sociales que en la actualidad son graves y urgentes.

Ubicar los resortes de apoyo en el lazo social, asumiendo corresponsabilidad social y comunitaria en conjunto con el ámbito público para defender la vida debe ser la apuesta para la construcción de lo común.

Por Judith Orcola* y Ana Clara Gómez Fogar**

*Licenciada en Psicología

**Estudiante de Licenciatura en Psicología 

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“Los voy a meter presos y, si salen, los voy a matar”: detenciones ilegales, amenazas y brutalidad policial en Taco Pozo

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El juez Correccional 2 de Sáenz Peña, Carlos Augusto de Césare, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo interpuesto por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco a través del cual se ordenó al jefe de la Comisaría de Taco Pozo y sus subordinados que toda detención sea comunicada inmediatamente al juez competente y que se garantice a los detenidos la posibilidad de hacer saber de su situación a un tercero. Fue el propio intendente de la localidad quien pidió la intervención del Comité ante la gran cantidad de casos de detenciones arbitrarias, amenazas y brutalidad policial.

Las denuncias de los vecinos de Taco Pozo son constantes: detenciones arbitrarias, amenazas y actos de brutalidad policial. Entre las víctimas, hay mujeres, menores de edad y hasta un bebé de 3 meses.

Ante esta alarmante situación, el intendente, Carlos Ibáñez, decidió intervenir y acudió al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, buscando detener los abusos policiales en su comunidad.

En su presentación ante el Comité, Ibáñez informó que el jefe de la comisaría de la localidad, Daniel Melchiori, mantiene actitudes “prepotentes y hostiles”, que lleva adelante “procedimientos irregulares”, como así también “detenciones arbitrarias, omisión de actuar de acuerdo a su deber legal, haciendo uso abusivo de la fuerza” contra los vecinos.

Manifestó que esto genera temor en la comunidad a moverse libremente ya que existe una posibilidad concreta de ser “cazados” por parte del comisario y sus efectivos policiales. Comentó también que, ante este estado de indefensión, los vecinos comenzaron a pedir respuestas al Juzgado de Paz de la localidad debido a que la Comisaría dejó de ser un lugar seguro para los habitantes, debido a que los efectivos policiales -con la venia y conocimiento del Comisario- “agreden a las personas que asisten en busca de ayuda, los amenazan y reciben a los gritos”. Según el jefe comunal, el comisario hace lo que se le antoja debido a que está “protegidos por el poder político”.

Ibáñez reconoció que tiene “temor a que la violencia policial siga creciendo hasta llegar a niveles intolerables”, dejando expresa constancia de que él “no consiente este accionar policial” y por lo cual solicitó al Comité la “intervención inmediata y certera a los fines de poder ponerle fin a tales actos perturbatorios de la libertad ambulatoria y la integridad psico física de los habitantes de la localidad”.

Los abusos policiales que mencionó el intendente están siendo investigados por la Justicia. Adriana de Langhe, abogada de varios denunciantes, informó al Comité que actualmente existen una serie de denuncias contra efectivos policiales de la localidad, principalmente contra el comisario Melchiori.

Entre los casos denunciados está el de un adolescente de 16 años, a quienes los uniformados de la localidad lo detuvieron sin motivo, lo violentaron físicamente y lo amenazaron: “Te vamos a cagar matando”. Y el de una mujer que denunció al comisario Melchiori. Dijo que, durante un procedimiento totalmente irregular, el uniformado intentó detenerla agarrándola por detrás y “tocándole los pechos mientras le decía: ¡Ah! ¿Vos sos la putera? Vas a ir presa también” y “Te voy a meter presa y te voy a cargar como un perro en el patrullero”.

Algunas de las detenciones denunciadas ante la Justicia ni siquiera fueron informadas por los uniformados al Juzgado de Paz de la localidad ni a la fiscalía en turno, como lo exige la ley. Este es el caso de P.V., un hombre que estuvo detenido un viernes por la tarde hasta un martes al mediodía, sin que la Justicia ni su familia tomaran conocimiento de su paradero.

Muchos testimonios se repiten en cuanto al modus operandi de los integrantes de la Comisaría: golpes, malos tratos, torturas y violencia verbal. “Los voy a meter presos y si salen los voy a matar” y “¡¿Qué te hacés el loco?! ¡Te vamos a meter preso! ¡Te voy a matar a trompadas, hijo de puta!”, son las frases que le escucharon decir en distintas ocasiones al comisario Melchiori.

A esto se le suman: hostigamiento policial constante, detenciones arbitrarias, privaciones de libertad sin motivo, uso de armas anti tumulto con postas de goma en los espacios públicos de la localidad contra los ciudadanos sin motivo para su uso y utilización de gas pimienta. Incluso, una de las denuncias, refiere a que un bebé de 3 meses resultó afectado por el gas que arrojaron efectivos policiales de dicha comisaría.

“Garantizar la libertad ambulatoria”
Ante esta situación, el Comité interpuso un hábeas corpus colectivo, preventivo, correctivo y reparador ante el Juzgado Correccional 2 de Sáenz Peña en favor de la comunidad de Taco Pozo a fin de que se ordene el cese de la brutalidad policial ejercida por el comisario Melchiori y el personal a su cargo.

Se solicitó específicamente que “se garantice la libertad ambulatoria, la libertad de circulación y todos los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos amparados por el presente remedio constitucional”.

El 21 de noviembre pasado, el juez, Carlos Augusto de Césare, hizo lugar a la presentación del Comité y ordenó al Comisario y a los efectivos policiales de la comisaría de Taco Pozo que toda detención dispuesta por ellos, en el marco del Código Contravencional y Código Penal, sea comunicada inmediatamente al juez o fiscal de investigaciones competente.

Además, exigió que se le garantice al detenido el derecho a comunicar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado; a ser informado de los motivos y razones de su detención; a designar un abogado particular y/o comunicarse con el Ministerio Público de la Defensa a los fines se le designe defensor oficial y a comunicarse con la Guardia de Intervención Temprana del Comité para la Prevención de la Tortura.

 

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Atropelló a tres chicos que volvían de una fiesta de 15, escapó y lo detuvieron en un country: uno está grave

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El conductor los embistió por la espalda y no se detuvo a auxiliarlos. Si bien hay dos de ellos que sufrieron heridas leves, uno permanece internado en terapia intensiva.

En la tarde de este domingo detuvieron a un hombre acusado de atropellar a tres adolescentes que volvían de una fiesta de 15. El conductor los embistió por la espalda y nunca se detuvo a auxiliarlosUna de las víctimas se encuentra internada en terapia intensiva.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en el camino Intercountries que une a varios clubes de campo y barrios privados entre La Calera y Córdoba Capital. Según se logró reconstruir, el hombre, identificado como J.M.B., de 45 años, conducía una Volkswagen Amarok color negro mate.

Fue en determinado momento cuando el conductor arrolló a los menores desde atrás y, según denunciaron los padres de las víctimas, no se detuvo en ningún momento a asistirlos.

Los chicos fueron auxiliados y trasladados a un hospital local. Uno de ellos está grave, mientras que los otros dos sufrieron heridas leves. Al mismo tiempo, la Policía comenzó una investigación para determinar quién era el sospechoso que escapó y finalmente, luego de un trabajo del personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba con las cámaras de seguridad de la zona, lograron identificarlo. Tras ello lo detuvieron en un country de Villa Warcalde.

La camioneta con la que el conductor atropelló a los chicos. (Foto: gentileza El Doce)
La camioneta con la que el conductor atropelló a los chicos. (Foto: gentileza El Doce)

Allí, además, constataron que su vehículo tenía daños notables que serían producto del impacto. Un hecho clave fue el estado del espejo derecho de la camioneta, el cual habría golpeado en la cabeza al adolescente que se llevó la peor parte del accidente.

Sumado a ello, el plástico del retrovisor lateral se desprendió y quedó tirado en el lugar de los hechos, algo que resultó fundamental para hallar al sospechoso. La Volkswagen Amarok quedó incautada y el acusado fue aprehendido e imputado por lesiones graves culposas. En las próximas horas será llamado a declarar ante la fiscal Liliana Copello.

En diálogo con El Doce, Lucas Méndez, el padre del adolescente que está en terapia intensiva, brindó detalles sobre su estado de salud: “Tiene un hematoma en la parte posterior de la cabeza. Los resultados de la resonancia y la TAC dieron bien, pero está con mucho dolor en los brazos, piernas y la cabeza”, indicó.

“Volvían de unos 15, venían en fila india porque ya entraban a la guardia de cada barrio y este tipo pasó y los atropelló”, contó. Además, confirmó que los otros dos jóvenes lesionados fueron dados de alta y se recuperan en sus domicilios de hematomas y cortes que sufrieron tras el impacto.

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