Politica
Imputan al juez Bailaque en una audiencia donde se habló de corrupción institucional
Tres fiscales expresaron diferentes cargos contra el magistrado federal de Rosario en siete horas de audiencia. Pidieron investigar su patrimonio y las llamadas de su teléfono secuestrado.
La idea de que el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, integró con otros funcionarios públicos una trama de corrupción institucional quedó expuesta formalmente este jueves en una audiencia judicial en donde tres fiscales exhibieron potentes y sugestivos indicios.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta este viernes porque uno de los defensores planteó la recusación del juez de garantías Eduardo Rodriguez da Cruz, al frente de la audiencia. Pero como acto institucional tuvo una fortísima implicancia. En una jurisdicción donde la Justicia Federal está largamente sospechada por omisiones y opacidades históricas, fue la primera vez en décadas que un juez federal es señalado por un cuerpo de fiscales por delitos ligados a corrupción.
Los casos provienen de una misma o parecida matriz. Uno de los analizados tiene como víctima presunta a un ex directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, Claudio Iglesias, quien hace cinco años fue afectado por una denuncia anónima que le atribuía delitos económicos con la explotación de una mesa de dinero. Según consta explícitamente, la causa judicial se inicia por un escrito anónimo recibido en la AFIP. Pero el arranque del expediente en el juzgado a cargo de Bailaque está registrado digitalmente con una fecha que es previa a ser recibida en el organismo recaudador.
«La AFIP recibió la denuncia después de que Bailaque inició la acción», explicó el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Este fiscal habló de la relación opaca entre personas que ocupan importantes roles como funcionarios públicos. Se centró especialmente en la de Bailaque con el ex jefe de las delegaciones Santa Fe y Rosario de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien mientras transcurría la audiencia volvía a ser allanado: esta vez por la orden de un fiscal federal de Reconquista, quien investiga una porosa relación del requisado con directivos de la cerealera Vicentin.
Lo que sugirieron los fiscales que llevaron las denuncias es que Bailaque incurrió en diversas conductas, que suponen la comisión de delitos en su juzgado, motivados en obtener beneficios económicos. Fue por eso que pidieron que se levante el secreto fiscal, bancario, bursátil y el que permite a la UIF pesquisar su patrimonio, tanto del magistrado como de otros involucrados. Dijeron que lo hacían porque, por la evidencia reunida en estas causas, es presumible en el magistrado y otros del grupo conductas para obtener beneficios propios de la criminalidad económica.
Todos los casos que se desplegaron en la audiencia fueron expuestos en artículos previos por LPO. Pero lo que tuvo de novedad la larga jornada de siete horas en los Tribunales Federales de Rosario fue la vivacidad de ciertos detalles sobre los vínculos de los sospechados.
Se confirmó, como estaba insinuado, que las pruebas más elocuentes de una relación impropia entre el titular de un juzgado federal (Bailaque) y un directivo máximo de la AFIP (Vaudagna), proviene de un teléfono de este último, que había sido secuestrado en 2021 por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. Donde parecen estar contenidos detalles impetuosos, aún sin explorar del todo, que dejan mal parados a actores institucionales y del mundo económico.
Algunos de los secretos de ese celular de Vaudagna perdieron ese carácter en la audiencia. Son las referencias a la amistosa intimidad entre Vaudagna y Bailaque, que el fiscal Argibay describió con ejemplos que fue leyendo textualmente de la copia forense del contenido de aquel aparato.
Este es el caso de aquella denuncia anónima contra Jorge Oneto y Claudio Iglesias, que eran socios en emprendimientos bursátiles en Rosario. El primero había tenido una causa penal por una resonante estafa con inmuebles de la que terminó desvinculado. Los dos fueron allanados, investigados y llevados a indagatoria con el inicio de una causa judicial basada en un anónimo que, como se dijo, aunque se recibió en la AFIP constó primero en el juzgado.
Eso llamó poderosamente la atención a los fiscales Argibay y Matías Scilabra. Que a poco de revisar el caso notaron otra cosa inusual: Bailaque, que delegaba a fiscales el 99% de las denuncias llegadas a su juzgado, retuvo este caso para investigarlo él. Y que tuvo en los primeros días del trámite, a partir de octubre de 2019, un febril ritmo de medidas.
El celular de Vaudagna que llegó del MPA reveló de manera explícita una estrecha y curiosa relación entre Bailaque y el hombre de la AFIP. El contenido demuestra encuentros semanales entre ellos «a comer y a tomar café». El día que se presenta la denuncia anónima contra Iglesias y Oneto, dijo Argibay, estaba prevista una cena con paella que terminaría concretándose después.
Allí aparecen incluso referencias que el alto jefe de la AFIP da a terceros que revelaría que obtiene información de adentro del juzgado federal Nº 4, que condujo hasta mayo pasado el ahora juez observado.
«Bailaque es amigo, te puedo consultar después», le dice Vaudagna a alguien que le pide un dato. «Podemos averiguar con el de Rosario, hoy ceno con él», es otra alusión. «El miércoles tengo todos los datos», le amplía al respecto.
Lo que parece claro para el fiscal Argibay es que funcionarios de la AFIP dieron un impulso especial al trámite de Iglesias y Oneto. El anónimo aludía a varios grupos a investigar y sin embargo solo hubo interés en Iglesias y Oneto. Suponen que buscaban impulsar el trámite y luego dormirlo a cambio de negociaciones económicas que no fueron explicitadas pero que forman parte de algo que la pesquisa aún no quiere revelar.
En un momento la causa, dijo el fiscal Argibay, entró en una paralización desconcertante. «Vaudagna le rinde cuentas al juez. Hacen referencia a la detección de ciertos contradocumentos que no fueron abordados en el trámite del caso».
El vértigo inicial de esta carpeta se apagó rápido. «Se convoca a indagatoria a Oneto e Iglesias. A la semana se dispone la falta de mérito para ellos y el trámite del caso queda planchado a niveles escandalosos», enfatizó el fiscal. No hay explicación de la falta de explicación en el juzgado de por qué el trámite que había sido abierto a toda velocidad quedó muerto. Solo se reimpulsó cuando el abogado de Iglesias pidió, pasados dos años, el sobreseimiento definitivo. Ahí los fiscales Scilabra y Argibay, al echar un vistazo al expediente, encontraron lo que se trató en audiencia.
El contador del juez
Otro de los hechos expuestos para imputación es que Bailaque tuvo para sus cuentas personales el mismo contador que el referente criminal Esteban Alvarado. Este profesional, Gabriel Mizzau, también estuvo sentado entre los investigados.
El fiscal Matías Scilabra, de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) dijo que Bailaque no pudo ignorar tal cosa porque él mismo procesó a Alvarado, y entra las constancias de las empresas del narcotraficante aparecía el entramado de cuatro empresas, donde surgía el nombre del contador.
Scilabra señaló que un hijo del contador Gabriel Mizzau había entrado en el juzgado de Bailaque como empleado. Y recordó como un dato adicional que el magistrado tiene una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura por denegar intervenciones telefónicas en 2014 y 2015 a personas del entorno de Alvarado que tenía, precisamente, al contador que él conocía.
El amigo de los mil millones
El tercer caso planteado contra el juez fue haber autorizado que fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín, bloqueados por una investigación judicial contra sus directivos gremiales, fueran invertidos en una mutual que manejaba un empresario amigo suyo. Se trata de Fernando Whpei que recibió, por decisión aceptada por Bailaque, administrar un capital de mil millones de pesos en 2021, derivadas al Grupo Unión que controlaba.
El fiscal Federico Reynares Solari explicó que Bailaque fue recusado para tomar medida alguna sobre esos fondos por gremialistas de la Cooperativa debido a que el propio Whpei, que buscaba recibir el dinero bloqueado de la entidad, les dijo que el magistrado era amigo suyo. Bailaque no hizo lugar, destrabó el bloqueo y le derivó los fondos al Grupo Unión. Finalmente la Cámara de Casación impuso a la Cámara Federal de Rosario revisar el caso. Allí Bailaque terminó admitiendo que era amigo del responsable de la mutual a la que le destinó la cifra millonaria.
Dijo entonces que nunca había negado esa amistad. El fiscal dijo que debió decirlo en su momento. Consideró que era un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Y que el vínculo es una cosa probada y presente. «Tanto que pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Fernando Whpei», dijo Reynares.
«Se usaron los escondrijos del viejo sistema. Esta avivada de decir ‘Yo nunca negué ser amigo de Whpei’. El delito se consuma a partir de que Bailaque es consciente de que había fondos destinados que manejaba uno de sus amigos», remarcó el acusador.
El fiscal Reynares también aludió a una conversación del teléfono secuestrado a Vaudagna por el MPA donde el alto funcionario de la AFIP conversa con el entonces senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella. El fiscal quería demostrar la borrosidad del manejo que Bailaque hizo de los fondos de la Cooperativa de Portuarios destinados a la mutual de Whpei.
Según contó el fiscal Reynares en la audiencia, este fue el diálogo. «Vaudagna dice: «Tengo una idea de que un grupo de gente vinculado al negocio financiero pueda ocuparse de la Cooperativa». Mirabella dice: «Me parece medio raro. El juez es Bailaque». Entonces Vaudagna sigue: «Ah, es amigo». Y le contesta Mirabella: «Ahí yo no me meto». No hace falta ser senador nacional para darse cuenta de que todo esto es extraño», subrayó el fiscal.
Cuando la audiencia pasaba las siete horas de duración, uno de los defensores, Paul Krupnik, le dijo al juez Eduardo Rodrigues da Cruz que no podía estar al frente del caso. Pidió su recusación porque este magistrado acababa de integrar el tribunal que condenó por lavado de dinero hace tres semanas a Esteban Alvarado y a su mujer Rosa Capuano. Ambos pueden aparecer en conexión con al menos dos de las personas que están sospechadas en este caso: el contador Mizzau y el juez Bailaque.
El juez había aceptado para entonces que se revisaran varios años de registro de llamadas entrantes y salientes de Bailaque, Vaudagna y Whpei. Pero el resultado de esas decisiones, como la audiencia misma, quedó en suspenso hasta mañana. Cuando el juez Rodrigues da Cruz dé a conocer si acepta, como pidió el defensor, o no correrse del caso.
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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