Politica
Milei recorta a Corrientes hasta el 95% de inversiones en Obras, Salud y Educación
En el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025, que se analiza en Comisiones en Diputados, la Provincia de Corrientes ocupa el Puesto 14 con el 1,42% de participación en el total de recursos de origen federal que en el 2025 gastarán las jurisdicciones.
Le asignan a la Provincia $1,67 billón, una actualización nominal del 41,5%, comparado con el presupuesto vigente (de 2023 prorrogado con modificaciones) de $1,18 billón proyectado para el cierre de este 2024.
Pero esta actualización nominal debe contrastarse con una devaluación inicial del 108% y microdevaluaciones del 2% mensual; subejecuciones y recortes presupuestarios de hasta el 85% en obras, fondos para salarios, subsidios para servicios, programas de salud, de educación, de contención social en lo que va de este año; más una inflación de punta a punta del 120% para el 2024 y del 30% proyectada para el 2025; caída del 12,5% real acumulado (Ene-Oct/24) en las transferencias automáticas de recursos federales a las provincias (Coparticipación y leyes especiales); caída del 85% real en las transferencias no automáticas (ATN, Compensaciones, Asistencia Financiera, fondos para Educación y Salud) en lo que va del año, caída real en la recaudación provincial, entre otros tantos datos negativos para las Provincias.
Ahora bien, de ese $1,67 billón presupuestado para Corrientes; el 73% de esos fondos serán para cumplir en 2025 con obligaciones previsionales. Casi $1 billón corresponden a partidas para que la ANSES pague jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, PUAM, Programa 1.000 días, pensiones a ex Combatientes, Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, entre otros programas de contención social.
Mientras que las partidas para el PAMI de Corrientes sufrirán congelamiento en su monto, por lo que el organismo perderá capacidad de compra y pago frente a la inflación y la devaluación acumulada.
De los $670.000 millones restantes asignados en el presupuesto nacional 2025, la mayor parte se usarán para pagar atenciones de la ANDIS y Pensiones por Discapacidad (10% del total de fondos asignados a Corrientes); salarios y funcionamiento de fuerzas federales de seguridad (PFA, PFA, GN, PSA), aportes a Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y Gendarmería (8,6% del total asignado a la provincia); funcionamiento de dependencias del Ejército Argentino y pago de Retiros y Pensiones Militares (4,7% del total asignado a Corrientes).
Apenas el 3,7% de los recursos asignados a Corrientes serán para cubrir salarios, bienes de consumo y de uso, servicios de dependencias de la Justicia Federal (fiscalías, juzgados, cámaras); la UNNE, Migraciones, INTA, SENASA, Parques Nacionales, Vialidad Nacional, algunos aportes exigidos por ley para Salud y Educación, algunas obras de refacción de rutas y dependencias.
Quienes directamente tienen $0,00 (0,00%) asignados para la jurisdicción Corrientes son los Ministerios de Justicia; de Relaciones Exteriores y Culto; de Desregulación y Transformación del Estado. Tampoco hay recursos para compensaciones financieras y aportes del tesoro para Corrientes.
MOTOSIERRA EN SALUD, EDUCACIÓN Y OBRAS
Cuando se analizan las planillas anexas de los Programas y Subprogramas de cada Ministerio en cada jurisdicción, queda claro que en 2025 Corrientes volverá a sufrir severos recortes de fondos nacionales en áreas estratégicas como Obras Públicas, Salud, Educación, Asistencia Financiera directa para la Provincia, Municipios y para los usuarios de servicios públicos.
Por caso, en Salud la Provincia de Corrientes no tiene fondos asignados los programas de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ni el de Prevención y Control de Enfermedades Transmisible e Inmunoprevenibles (incluye el calendario de vacunación), ni el de Estrategias en Salud Comunitaria, apoyo al Desarrollo de la Atención Médica (recortes del 100%) y otros como Seguros Públicos de Salud sufren recortes de hasta el 85% en la asignación de fondos.
El Ministerio de Salud de Nación absorbió a la Agencia Nacional de Discapacidad y se ocupa del funcionamiento de la ANDIS, del pago de las Pensiones no Contributivas por Invalidez y de la Atención Médica a Beneficiarios de Pensiones no Contributivas. Estas tres obligaciones consumirán el 97,3% del presupuesto total asignado en Salud para Corrientes.
Solo el 2,7% restante serán aportes para el Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales.
En Educación también hay recortes del 100% para Corrientes en los fondos para salario docentes a través FONID (en 2024 tampoco se transfirió a las provincias), sin financiamiento para Acciones de Formación Docente; tampoco hay recursos asignados para Políticas Socioeducativas (para disminuir la deserción escolar) y directamente se eliminan programas como “Mejoramiento de la calidad educativa”, “Conectar Igualdad”, “Fortalecimiento territorial”, entre otros. Y hay recortes del 75% al 50% en fondos para Infraestructura y Equipamientos Escolares.
De los recursos asignados a Corrientes a través de la Secretaría de Educación (bajo órbita del Ministerio de Capital Humano) el 96,5% serán recursos son para financiar Desarrollo de la Educación Superior (universidades) y solo el 3,5% serán aportes para Innovación y Tecnológica, Jardines de Infantes, algo de becas, alfabetización y equipamiento escolar. Nada más.
Bajo la actual órbita del Ministerio de Economía también se registran recortes del 100% para Corrientes en las áreas de Producción Integral y Acceso al Hábitat, Integración Socio Urbana, Infraestructura Hidráulica; Infraestructura Social y Sanitaria; Obras Hídricas y de Saneamiento, Movilidad Integral de Transporte; Financiamiento y Asistencia a la Producción; Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales. Y caídas del 40% para el INTI y Seguridad Vial.
Del total de los fondos asignados por el Ministerio de Economía para la jurisdicción Corrientes, el 45,45% se los lleva el Distrito 10 de Vialidad Nacional, el 34,44% se lo quedará el INTA, el 15,96% será para el SENASA y el resto (obras, INTI, Transporte) se debe arreglar con el 4,15%.
INFRAESTRUCTURA: DE 320 CAEN A 10 LAS OBRAS PARA CORRIENTES
En Obras Públicas e Infraestructura Regional es donde más se evidencia el recorte para Corrientes, superando el 95%: en el 2025 la administración del presidente Javier Milei solo ejecutaría en la Provincia unas 10 obras a través de 3 ministerios por $13.583 millones (0,8% del total presupuestado para Corrientes) y el 90% de ese monto lo usará Vialidad Nacional para realizar algo de mantenimiento y señalización de rutas.
Entre las obras asignadas a Corrientes, con ejecución bajo la órbita de Economía, están la continuidad de la Malla 535 sobre RN 12, el mantenimiento y la señalización de rutas nacionales, la continuidad de la obra Travesía Urbana en Capital y la instalación de Equipos de Bioseguridad y Corrales en el INTA Mercedes. Jefatura de Gabinete ofrece la construcción de una Portada y Recepción de Visitantes en Colonia Carlos Pellegrini. Y el Ministerio de Capital Humano presupuestó la construcción de jardines de infantes en Mercedes, Juan Pujol, Colonia Liebig y una “Casa Amor” con ejecución plurianual.
Durante las anteriores administraciones nacionales (de Mauricio Macri y de Alberto Fernández) Corrientes recibía asignaciones presupuestarias para ejecutar más de 250 obras por año y el 20% de los proyectos eran de ejecuciones plurinacionales.
Apenas inició su gestión, el Presidente Milei paralizó en todo el país más de 3.500 obras públicas, de los cuales 320 estaban siendo ejecutaban en 65 municipios de Corrientes. Son obras que, por lo leído en el proyecto de Presupuesto Nacional, en 2025 tampoco tendrán continuidad. Se tratan de las siguientes obras:
La obra hidroeléctrica Añá Cuá en Yacyretá (Ituzaingó), que tenía presupuesto asegurado por US$400 millones, estaba en el 41% de avance al momento de su paralización y dejó a 900 personas sin empleo cuando se paralizó.
Se frenó el inicio de las obras complementarias (circunvalaciones en Corrientes y Resistencia) del segundo puente Corrientes-Chaco que tenía licitación, adjudicación y financiamiento asegurado del BID por US$700 millones.
60 obras de nuevas Escuelas Técnicas, Colegios Secundarios, Primarios, Jardines; obras de refacción y ampliación de escuelas existentes fueron paralizadas y 2.000 obreros quedaron sin empleo.
85 proyectos de infraestructura urbana se frenaron en los municipios correntinos: pavimentación de calles; construcción de veredas, plazas y parques; iluminación urbana; recuperación de circuitos históricos, comerciales y turísticos; líneas de alta y media tensión; estaciones transformadoras.
72 obras hídricas quedaron sin concluir: redes de agua potable, redes de cloaca, plantas elevadoras y de tratamiento de líquidos cloacales, desagües pluviales, la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Capital.
46 obras de infraestructura del cuidado: nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Salud; polideportivos, espacios culturales, educativos y tecnológicos, equipamiento urbano.
36 proyectos viales se frenaron en rutas provinciales (RP 126, 40, 28), ensanchamiento y remodelación RN 14 hasta Misiones; ensanchamiento RN12 de Capital a Saladas; nuevos puentes sobre la RN 12 en Ituzaingó, Itá Ibaté, Berón, Itatí, San Isidro, Goya, repavimentaciones en RN 12, 123, 119 y 17; reparación pilotes y defensa Puente Belgrano, entre otros.
13 obras de urbanización esperan continuidad en los barrios Montaña, Astilleros, La Tosquera y Arazaty en la Ciudad de Corrientes; Gauchito Gil, Juan Esteban Martínez y barrio 9 de Monte Caseros; Bajo Sur en Santa Lucía; Yaguá Rincón de Curuzú Cuatiá; Luján de Paso de los Libres, entre otros.
Viviendas: quedaron decenas de proyectos sin finalizar de los programas Mi Pieza, Núcleos Húmedos, PRO.CRE.AR urbanización, Lotes con Servicios, viviendas sociales a través de la SISU, Fideicomiso Procrear, Fonavi, entre otros.
BRUSCA CAÍDA DE COPARTICIPACIÓN, FONDOS ESPECIALES Y SUBSIDIOS
Los recortes de la administración del presidente Javier Milei viene golpeando muy duro a Corrientes. Se estima que en 2024 el Gobierno de la Provincia podría perder más del 30% de su presupuesto anual por la caída del financiamiento nacional directo (al Tesoro Provincial y a Municipios), además de las pérdidas que sufren las familias por caída de fondos federales que llegaban directo al hogar.
La Oficina de Presupuesto del Congreso muestra que entre enero y octubre de 2024 la Secretaría de Obras Públicas tuvo una caída real del 94% en su ejecución presupuestaria, igual que la Dirección Nacional de Vialidad con una baja del 78% real de la inversión en obras.
A valores actuales, para Corrientes la paralización de 320 obras representó más de $300.000 millones que no llegaron y miles de puestos de trabajo que se perdieron.
Mientras que la recesión, la disminución de los salarios y la pérdida de empleo afectó directamente la recaudación implosiva nacional, lo que trajo aparejada una fuerte caída real (nominal menos inflación) en los envíos de Coparticipación Federal de Impuestos y de Fondos No Automáticos a las provincias.
La IARAF, el CEPA y la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que Corrientes está entre las 5 provincias que más pérdida acumulan por la caída real en el envío de Coparticipación: entre enero y octubre 2024 el Tesoro de la Provincia perdió unos $165.000 millones (-11,8% de caída real) y todavía no cerró el año.
Mientras que las Transferencias No Automáticas (ATN, fondos para Educación y Salud, Fortalecimiento Fiscal, Compensaciones, Asistencia Financiera a Provincia y Municipios, Obras, Desarrollo Regional, otros) tuvieron una caída del 84,4% real promedio para el conjunto de las jurisdicciones y el Tesoro de la Provincias de Corrientes perdió unos $72.000 millones (-82%) en los últimos 9 meses del año.
De manera directa, las familias de Corrientes también perdieron por el recorte de recursos federales que venían a través de programas, subsidios a servicios públicos, pérdida de beneficios fiscales, pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.
Las jubilaciones y pensiones acumulan -19% de pérdida real, pensiones no contributivas -26%, programas sociales -45%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor -42%, Pensiones Ex Combatientes -27%, Prestaciones Previsionales -20%. El subsidio a la energía cayó -35%, el subsidio al transporte el -40%, otros subsidios -47% de pérdida en los últimos 10 meses.
Cerca del 65% de la población de Corrientes recibe, cada mes, asistencia económica directa del Estado Nacional. Lo que implica que cualquier variación en esas líneas de financiamiento, impacta directamente en las economías de estas familias, en el consumo y en la economía interna.
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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