Un recopilatorio de encuestas mostró que la imagen positiva del Presidente sigue cayendo mientras que la negativa sigue creciendo.

«¿Será definitiva? No sabemos. Esto dependerá de múltiples factores: sus errores no forzados por el exceso ego, sus propias debilidades, el avance de la batalla cultural, las acciones de la oposición política, el metabolismo de la sociedad para normalizar el malestar económico, etcétera», agregó.

La recopilación de la Celag recoge los resultados de encuestas online realizadas por las consultoras CB, D´Alessio IROL, Espiral, Fixer, Opina Argentina, Opinaia, Proyección, UDESA, Zubán Córdoba, Atlas, Reale Dallatorre, Taquión, Pulso, Trespuntozero, Solmairago, Isasi y Burdman, Tendencias y Pulso Social.

También incorpora las encuestas telefónicas de Analogías, Ágora, CEIS.

 

Será el segundo acto de Cristina como presidenta del Partido Justicialista. Hablará de los desafíos y el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Cristina en Santiago del Estero

El domingo pasado, la exmandataria encabezó un acto en Santiago del Estero habló de su condena en el marco de la causa vialidad, defendió el rol del Estado, redobló críticas al Gobierno y lanzó un fuerte llamado a incorporar militantes.

En aquella oportunidad la exvicepresidenta habló de la ratificación de la condena en su contra en el marco de la causa Vialidad y aseguró que está dispuesta a pagar el castigo que le quieran imponer porque no se arrepiente de haber sido parte de un proyecto que desendeudó al país, donde se logró «darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el producto bruto del país» y se recuperó el patrimonio nacional.

En la Asociación Atlética Quimsa, acompañada por el gobernador local, Gerardo Zamora, la exmandataria sostuvo que en 1955 Juan Domingo Perón fue derrocado por darle dignidad a los trabajadores y lograr que haya una distribución 50/50 entre el capital y el trabajo. «Por eso había que derrocarlo, proscribirlo e intentar matarlo como intentaron en Venezuela», indicó.

«Después vinimos nosotros que volvimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el producto bruto del país, volvimos a recuperar el patrimonio nacional y volvimos además a recuperar las AFJP», agregó al ponderar que gracias a la estatización de las jubilaciones el Estado pudo asistir a la sociedad y a las empresas locales durante la crisis financiera mundial del 2008

«Milei criticaba la recuperación de las AFJP que permitió a los jubilados tener la mejor jubilación de América Latina y que podamos ayudar a las empresas. Cuando en 2008 se cayó el sector privado, iban a despedir gente en la planta de General Motors en Santa Fe y el Estado le prestó 70 millones de dólares del fondo de garantía, fondo que lo entregamos con más plata de lo que habíamos recibido. ¿Y me van a decir a mí que somos anticapitalistas? Fue el Estado el que le hizo frente al crack financiero que significó el 2008″, manifestó.

Luego recordó que fueron «los K» los que le devolvieron la plata de los ahorros a los argentinos que se habían quedado los bancos durante la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa. «Fuimos nosotros los que desendeudamos al país y le pagamos al FMI. Durante 12 años y medio tuvimos la evolución en los números que tuvimos porque no teníamos las condicionalidades que nos imponen siempre», afirmó.

Acto seguido indicó que la persecución en su contra se debe al proyecto que impulsó para fortalecer la soberanía nacional, hacer crecer la economía en pos de generar mayor igualdad e impulsar políticas de memoria, verdad y justicia para castigar «las atrocidades de la dictadura militar».

«Eso no me lo van a perdonar nunca. Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me quejo, nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta e iba a formar parte de un proyecto que desendeudó al país. Marchamos toda la vida contra la deuda y contra el FMI. Era casi una ilusión pensar que íbamos a poder hacerlo y lo hicimos. Por eso el castigo que me quieren imponer al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos, sin saber dónde están, el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice», expresó.

Tras un fuerte aplauso y cánticos de la militancia presente, Cristina alertó que el gobierno libertario quiere volver a instalar que el «Estado no sirve» y señaló como contradicción la devoción de Milei por Elon Musk, quien construyó su fortuna gracias al Estado. «Elon Musk además de tener el 100% de protección para sus autos eléctricos contra los chinos, recibió un préstamo del Estado de 465 millones de dólares para Tesla. El Estado en Estados Unidos ha sido el que impulsó internet, el GPS, las pantallas táctiles, porque el Estado tiene que estar en todo lo que es la investigación básica», aseveró.

«El Gobierno quiere retornar a una economía sin valor agregado exportadora de materia prima. Es insostenible. Por eso es necesario construir un Estado que nos permita implementar un proyecto de desarrollo económico de crecimiento, con valor agregado, innovación y tecnología para quienes se cayeron puedan ser asistidos y reincorporados nuevamente al circuito. Eso es lo que necesitamos, no suprimir al Estado».

Así lo dispuso la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, a solicitud del fiscal, Patricio Sabadini. La magistrada fundamentó la prórroga de la cautelar, dictada en agosto pasado, en base a que se constató que las topadoras continuaron avanzando sobre el monte chaqueño pese a la prohibición. La medida judicial es una derivación de la causa penal por la denominada “Mafia del Desmonte”, impulsada desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Los desmontes continuarán prohibidos en el Chaco durante tres meses más. Así lo dispuso el viernes último la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, al hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar solicitada por el fiscal, Patricio Sabadini, en el marco de la denuncia penal impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra la “Mafia del Desmonte”.

La prohibición está dirigida al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco y comprende a los desmontes que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos. También requirió a la cartera provincial que adopte las medidas necesarias a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida judicial.

Niremperger fundamentó su decisión en base a los informes arrimados a la causa por parte del Ministerio Público Fiscal a partir de los cuales se constató la continuidad de la tala indiscriminada pese a la prohibición que rige desde el 19 de agosto pasado. “Advierto que se encuentran subsistentes los requisitos de procedencia, la relevancia de los bienes colectivos en juego, el interés público, la necesidad de su conservación y demás circunstancias tenidas en cuenta en oportunidad de sustentar la medida precautoria”, indicó la magistrada.

“Ello, máxime si se advierte la conducta procesal asumida por el Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de la investigación, donde se encuentran realizando numerosas medidas instructorias tendientes a acreditar la hipótesis delictiva postulada en la causa principal”, añadió.

Los casos señalados por el Ministerio Público Fiscal son varios. El primero, se basa en información periodística publicada en medios locales el 5 de octubre pasado. El hecho ocurrió en el Departamento Almirante Brown, en la zona de El Impenetrable chaqueño, a cincuenta kilómetros del norte de Pampa del Infierno. Allí se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un desmonte ilegal. Si bien la policía logró detener la máquina, no obstante, varias hectáreas de monte ya habían sido afectadas.

A esto se sumó un informe remitido el 22 de octubre pasado a la Fiscalía Federal de Resistencia por parte de la Dirección de Bosques del Chaco, donde se confirmó la detección de predios desmontados con posterioridad al dictado de la medida cautelar.

Otro informe de Gendarmería Nacional ratifica la continuidad del desmonte pese a la prohibición. La Unidad de Información Criminal (UNICRI) indicó que en la zona del departamento Almirante Brown, donde realizaban patrullajes preventivos, se constató que se llevaron a cabo tareas de deforestación.

También indicaron que, en relación al área desmontada, se pudo observar desde la zona más visible una cortina de árboles de escasos metros, modalidad típica utilizada para estos tipos de operaciones ya que se pretender ocultar lo que se realiza en el resto de la zona afectada.

Por esto, el personal, al acercarse a la entrada del campo en cuestión, pudo visualizar grandes distancias deforestadas, como así también troncos amontonados en cercanías de la entrada y salida.

Asimismo, se informó a la fiscalía de actividades de desmonte realizadas en el “Paraje Agua Dulce”, ubicado en el Departamento de Güemes, donde se constataron actividades de cambio de uso de suelo, realizadas por personas ajenas a la propiedad desmontada, sin la autorización correspondiente del propietario y sin ninguna documentación que avale dicha actividad.

Mafia
Cabe recordar que, a mediados de agosto, y en base a una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el fiscal Sabadini, presentó esta ante el juzgado de Niremperger un pedido de investigación contra exfuncionarios, diputados y empresarios acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la tala indiscriminada del monte chaqueño.

La acusación incluye a Hernán Javier Halavacs, gestor forestal y, por ese entonces, ministro de Producción del Chaco; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, quien también se desempeñó como asesor legal de Halavacs.

Asimismo, están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente. La imputación deja abierta la posibilidad de incluir a toda otra persona que posteriormente se determine en el transcurso de la investigación.

En su requerimiento, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).

Por otra parte, dejó en claro que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: Vicentin; Las Guindas SA; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado SA; Grupo Buratovich Hermanos; MSU (Manuel Santos de Uribelarrea); TRIAD SA; Alejandro Hayes Coni; Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra SA y La Nueva Pirámide SA.

La denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentada ante la Fiscalía Federal el 3 de julio pasado, se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco.

En contra del espíritu de la ley, la normativa sancionada esa madrugada permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”, señalaron desde la ONG.

Además, indicaron que es una norma regresiva en materia ambiental, algo que infringe normativas tales como la resolución 236/12 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

En ese contexto, denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”: funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.

“Paradigmático”
Paradigmático es el caso del (por ese entonces) ministro de Producción, Hernán Halavacs. En la denuncia presentada se develó la relevante participación que tuvo el funcionario designado por el gobernador, Leandro Zdero, en la elaboración del nuevo mapa de OTBN, el cual beneficiará a los poderosos clientes de su consultora “Hiula”, dedicada a tramitar permisos para desmontes. El actual ministro, vale recordar, tramitó en su rol como consultor privado el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021: una enormidad.

Según señalaron los Abogados Ambientalistas, la denuncia penal tiene como objetivo “que se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia”. En ese sentido, afirmaron que se trata de “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.