El “contado con liquidación” cerró a $1.100,76 y el MEP se pactó a $1.071,57, los valores nominales más bajos desde el 17 de mayo. La brecha perforó el piso de 10% y es la más reducida desde agosto de 2019, previo al “cepo”

Mientras que las aciones y los bonos continuaron negociados en sus precios máximos del año, y a la par del descenso del riesgo país argentino -ahora en los 720 puntos básicos, un mínimo desde el 1 de marzo de 2019, la debilidad de los precios del dólar en las franjas alternativas del mercado rubricó otro síntoma de confianza de parte de los inversores, que avizoran una normalización de los negocios -y de la economía en general- una vez despejada la incidencia distorsiva del “cepo”.

En este aspecto, este miércoles cedieron por sexta rueda consecutiva los precios de los dólares financieros, el “contado con liquidación” y el MEP, operados al cierre a $1.100,76 y $1.071,57, respectivamente, los valores nominales más bajos desde el 17 de mayo.

Con un dólar mayorista que ganó 50 centavos en el día, a 1.003,50 pesos, la brecha cambiaria volvió a reducirse en esta franja: con el “contado con liqui” alcanzó el 9,7%, el menor rango de precios desde el 30 de agosto de 2019 (8,9%), mientras que en comparación al MEP, ésta se achicó al 6,8 por ciento. En el caso del dólar MEP o Bolsa, la brecha es la más reducida desde 29 de agosto de 2019. En ambos casos se trata de niveles previos a la reinstauración del “cepo” cambiario el 1 de septiembre de aquel año.

Entonces, el directorio del BCRA –en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri– resolvió a través de la Comunicación A6770 que “las personas humanas no tendrán ninguna limitación para comprar hasta USD 10.000 por mes y necesitarán autorización para comprar sumas mayores a ese monto. Las operaciones que superen los USD 1.000 deberán realizarse con débito a una cuenta en pesos, ya que no podrán realizarse en efectivo. Tampoco estará permitido hacer transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de USD 10.000 por persona por mes. Excepto entre cuentas de un mismo titular: en este caso no habrá ninguna limitación”.

Además de otros puntos referidos al comercio exterior, aquel incipiente “cepo” también dispuso que “las personas humanas y jurídicas que no sean residentes podrán comprar hasta USD 1.000 por mes y no podrán realizar transferencias de fondos de cuentas en dólares al exterior”. Después de las elecciones presidenciales que consagraron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el BCRA redujo a un cupo de USD 200 mensual la posibilidad de compras por parte de personas humanas.

El dólar MEP, a $1.071 (con el AL30D en Contado Inmediato), es desde esta semana más barato que el llamado dólar importador, que se calcula en base al dólar mayorista más la aplicación del impuesto PAIS y que ahora alcanza los 1.079 pesos. Esto significa que para las empresas es más accesible acudir al segmento bursátil para hacerse de divisas que comprarlas en el mercado de cambios.

Hay que recordar que por medio del Decreto 777/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso a partir del 3 de septiembre de 2024 la reducción de la alícuota aplicable desde el 17,5% al 7,5% en los casos de importaciones de bienes no suntuarios ni exceptuados, y de servicios de fletes y transportes bajo los códigos de concepto S04, S30 y S31.

El MEP todavía está más caro que el dólar exportador, a $1.021,98, dado que este tipo de cambio se calcula en base a liquidaciones que se efectúan en un 80% en el mercado de cambios (a $1.003,50) y un 20% a través de activos bursátiles, a cotización del “liqui” ($1.100,76).

Los precios de los dólares negociados en la Bolsa, además del dólar libre, vienen en “picada” este año, ahora en sus niveles nominales más bajos en seis meses. En términos reales -contemplada la evolución de la inflación y del tipo de cambio alternativo- cayeron a mínimos desde 2018.

La intervención oficial en los dólares financieros, con ventas a partir del 15 de julio, contribuyó al desplome de los precios que habían alcanzado precios récord el viernes 12 de julio, tanto para el libre ($1.500), como para el MEP ($1.422,55) y el “contado con liquidación” ($1.427,23). La caída desde entonces es de 24,3%; 24,7%, y 22,9%, respectivamente.

Otro motivo de las bajas se vincula al importante proceso de compras de divisas efectuado por el Banco Central. Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 20.387 millones de dólares. Y puntualmente desde el récord de precios del dólar libre en julio, la entidad encadenó cuatro meses consecutivos con saldo positivo por su intervención, un total cercano a USD 3.500 millones, una cifra sorprendente en una etapa del año que estacionalmente es adversa para la acumulación de reservas.

“Estas compras sirven de combustible para que siga el rally de bonos y quita presión al debate sobre el tipo de cambio, el cual si no está atrasado tampoco le sobra nada”, afirmó el economista Roberto Geretto.

Finalmente, el blanqueo de capitales, con decisivo impacto en septiembre y octubre -ingresaron depósitos en dólares por un resultado neto de unos USD 20.000 millones-, inundó de divisas el sistema y facilitó una rápida expansión en los créditos a privados. La liquidación de estos últimos -incluidas las colocaciones de Obligaciones Negociables de empresas- mejoraron a la vez la oferta privada en el mercado de cambios.

“Con los dólares del blanqueo se destrabó el programa económico y la nominalidad empieza a comprimirse, tanto en tasas como en precios”, reportó la consultora EcoGo. “El próximo paso será la compresión del tipo de cambio, que está mutando de ser un factor de ancla de la nominalidad a ser un factor de inercia, que induce la inflación de acuerdo a las autoridades económicas”, añadió.

Precios mayoristas

Al respecto, el Indec informó el martes que la inflación mayorista de octubre fue de 1,2%: además de ser el registro más bajo en 53 meses, se ubicó debajo de la tasa mensual de devaluación del 2 por ciento.

“La combinación del crawling y una apreciación del contado con liquidación, producto del blend, presionó a la baja el precio de los bienes transables, desacelerando también gradualmente los precios de los no transables. El Gobierno parece estar un paso más cerca de reducir el crawling al 1%, como anunció el Presidente, algo que ocurriría en enero, potencialmente antes si la inflación baja más rápido en noviembre, aunque las estimaciones de alta frecuencia apuntan a una cifra en torno al 3% mensual, ligeramente por encima de octubre”, aportaron los analistas de Max Capital.

El recargo de 30% sobre el dólar turista dejará de aplicarse a fin de año. Con ello, los costos para quienes viajen al exterior o hacen consumos en moneda extranjera se modificarán, aunque continuarán existiendo diferencias entre las opciones disponibles en el mercado cambiario

El viernes pasado, 15 de noviembre, el dólar mayorista cerró a $1.002,50 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Este valor sirvió de referencia para el mercado cambiario oficial. Por su parte, la cotización minorista para la venta en el Banco Nación, valor utilizado como base para calcular los recargos aplicados al dólar turista y otras operaciones, cerró ese día a $1.022.

Con este valor minorista, el llamado dólar tarjeta o dólar turista, que incluye un recargo del 30% por el Impuesto PAIS y otro 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, alcanzó los $1.635,20. Sin embargo, esto cambiará próximamente debido a la eliminación del Impuesto PAIS, que ocurrirá el 31 de diciembre. Desde esa fecha, el recargo aplicado al dólar tarjeta disminuirá al 30%, correspondiente únicamente al adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Según las proyecciones en el mercado de futuros, el contrato del dólar mayorista con vencimiento al 31 de diciembre se pactaba el viernes pasado a $1.040. Esto sugiere que, si la cotización mayorista alcanzara ese nivel al cierre del año, el dólar minorista del Banco Nación podría ubicarse en torno a $1.060,23. Sobre esa base, el dólar turista al finalizar el 2024 llegaría a $1.696,36. No obstante, al iniciar el 2025, con la eliminación del Impuesto PAIS, este valor se reduciría a aproximadamente $1.378,29, una disminución importante pero insuficiente para competir con otras opciones cambiarias más económicas.

El dólar MEP, que cotizaba el viernes pasado a $1.096,30, continúa siendo una alternativa atractiva para quienes buscan pagar consumos en moneda extranjera. Al comprar dólar MEP, los usuarios pueden liquidar sus saldos en dólares a un costo menor al del dólar turista, incluso después de la eliminación del Impuesto PAIS. Esta ventaja relativa podría mantenerse mientras el dólar MEP continúe estable o significativamente por debajo del dólar turista.

Desde el Gobierno confían en que, con la eliminación del recargo del 30%, el uso del dólar tarjeta se volverá más competitivo. Sin embargo, advierten que esto depende de la estabilidad del dólar MEP y de la percepción de los consumidores sobre cuál opción es más conveniente para pagar consumos en el exterior o cancelar saldos de tarjetas en moneda extranjera.

La modificación en el esquema de recargos no solo tiene implicancias para quienes viajan al exterior. También afecta a sectores vinculados al comercio internacional y la importación, ya que las operaciones en dólares seguirán sujetas a los impuestos establecidos. Sin embargo, la expectativa de una disminución en los costos por la eliminación parcial del Impuesto PAIS genera incertidumbre en el mercado.

El cálculo del dólar turista o tarjeta en enero de 2025 revela que, aunque este sea más económico que en diciembre, todavía no igualará el nivel competitivo del dólar MEP. Esta diferencia podría consolidarse como un desafío para las autoridades económicas, en particular porque el uso del dólar tarjeta depende no solo de las tarifas oficiales, sino también de los costos adicionales impuestos por las tarjetas y la disponibilidad de divisas en el mercado oficial.

Por otro lado, el impacto en las reservas del Banco Central podría aumentar en enero, dado el tradicional incremento en los consumos en moneda extranjera durante la temporada alta de turismo. La eliminación parcial del recargo plantea un escenario de mayor demanda de dólares, algo que el Gobierno deberá gestionar en medio de las estrategias para estabilizar el mercado cambiario.

El contexto económico general, incluido el crawling peg del dólar mayorista, la inflación y las decisiones de política monetaria, también incidirá en el comportamiento del dólar turista. A medida que el mercado ajusta sus expectativas para fin de año, los valores del dólar minorista y el dólar turista siguen siendo puntos clave de análisis para consumidores y autoridades económicas.

El fin del Impuesto PAIS no está exento de discusiones dentro del gabinete económico del Gobierno. Tal como consignó Infobae, la posición oficial se debate entre la posibilidad de dejar que caiga el recargo de 30 puntos o de reemplazarlo por algún otro castigo a los pagos en moneda extranjera con dólar oficial.

Pese al veranito financiero y a la baja de las cotizaciones financieras del dólar, hay sectores del Gobierno que se inclinan por subir las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para mantener una amplia brecha entre el dólar tarjeta y el dólar MEP. La idea así es mantener el incentivo para que los consumidores compren dólares financieros y los utilicen para cancelar sus gastos en moneda extranjera en forma más económica, sin usar reservas del Banco Central.

Con un dólar MEP debajo de los $1.100 y un dólar turista, sin Impuesto PAIS, cercano a los $1.400 la brecha entre las dos cotizaciones sigue pareciendo suficiente en la opinión de algunos otros funcionarios.

Como sea, el Gobierno va a vigilar de cerca los flujos de dólares. La lógica es “no rifar las reservas” del Banco Central. En este sentido, al menos hasta ahora, los debates dentro del Gobierno parecen inclinarse por no modificar nada y dejar que el dólar turista se abarate y, si con ello se dispara la salida de divisas a través de pagos con tarjeta o consumos en el exterior, analizar medidas para desincentivarlo.

El Ejecutivo eliminó 43 normas que imponían controles en distintas áreas clave de la economía. La medida busca simplificar regulaciones y fomentar la competencia

El Gobierno Nacional concretó hoy la derogación de 43 normas que, en su mayoría, establecían controles sobre precios, procesos comerciales y registros específicos en sectores estratégicos de la economía. Mediante las resoluciones 1212/2024, 433/2024 y 434/2024, el Ejecutivo busca simplificar los marcos regulatorios y eliminar disposiciones consideradas obsoletas o distorsivas. Esta decisión impactará en mercados como el de alimentos, telecomunicaciones e industria automotriz, entre otros.

Según justificaron desde el Gobierno, las normativas derogadas limitaban la libre competencia y entorpecían las relaciones comerciales. La medida se alinea con la intención oficial de reducir la intervención estatal en áreas donde las regulaciones ya no se consideraban necesarias o efectivas.

“Las resoluciones 433, 434 y 1212/24 del Secretario de Comercio Pablo Lavigne publicadas hoy derogan 43 normas restrictivas de la libertad comercial y permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente

Javier Milei. Vean las locuras que habíamos normalizado”, celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Uno de los cambios más significativos recae sobre el mercado de alimentos, donde se eliminaron normativas destinadas a regular precios en toda la cadena de comercialización. Entre ellas destacan la Resolución 1/2006 y la Resolución 38/2008, que imponían precios máximos para la carne vacuna, tanto en cortes industriales como de consumo minorista y mayorista. Estas medidas, implementadas hace más de una década, buscaban proteger a los consumidores de incrementos abruptos, pero también fueron señaladas por el sector privado como un obstáculo para la rentabilidad de los productores.

Asimismo, se eliminó la Resolución 26/2007, que obligaba a las empresas lácteas registradas a pactar los precios con el Gobierno. Esta disposición, aunque inicialmente buscaba coordinar el mercado de productos esenciales, había quedado rezagada frente a nuevas dinámicas del sector.

Por otro lado, programas más recientes como “Super Cerca” (Resolución 991/2021) y “Precios Justos” (Resolución 823/2022) también fueron dados de baja. Estas iniciativas pretendían establecer acuerdos de precios accesibles en comercios, pero el Ejecutivo argumenta que generaron distorsiones en las relaciones comerciales y no lograron cumplir con sus objetivos.

El sector de telecomunicaciones y medios también fue afectado por la decisión gubernamental. La Resolución 50/2010, que fijaba las pautas para la comercialización de servicios de televisión paga, fue derogada. Esta norma establecía criterios estrictos para los ajustes de precios, que debían ser reportados al Estado. Según fuentes oficiales, su eliminación permitirá a las empresas del sector operar con mayor flexibilidad en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.

Otro ejemplo es la Resolución 1/2010, que obligaba a igualar los precios de comercialización del papel para diarios. Esta normativa, en su momento, buscaba fomentar condiciones equitativas para las publicaciones impresas, pero había sido criticada por su falta de adaptación a las transformaciones digitales de la industria.

Una de las medidas más concretas fue la derogación de la Resolución 25/2007, que regulaba la homologación de neumáticos. Este proceso requería cumplir con requisitos adicionales aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que se consideraron redundantes respecto a los establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor. Según el Ejecutivo, su eliminación reducirá costos para las empresas y acelerará el ingreso de productos al mercado, beneficiando también a los consumidores con precios más competitivos.

El Gobierno también apuntó a eliminar normativas relacionadas con programas ya descontinuados o con poca aplicación en la práctica. Entre ellos destacan iniciativas como “Mercado en tu Barrio” (Resolución 1/2016) y el “Plan Productivo Verde” (Resolución 352/2021), ambos calificados como inactivos por las autoridades.

En el sector agropecuario, se derogaron medidas como la Resolución 684/2014, que otorgaba aportes no reintegrables a pequeños productores tamberos, y la Resolución 126/2015, que ofrecía estímulos económicos a pequeños productores de granos. Estas políticas, implementadas en contextos específicos de crisis sectorial, ya no cumplían un propósito en el escenario actual.

Además, se eliminaron estructuras burocráticas como la Unidad Ejecutora Especial “Argentina Productiva 2030″ (Resolución 236/2022) y la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (Resolución 487/2020). Ambas eran consideradas costosas y carentes de actividad concreta en los últimos años.