un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.

El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.

El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.

Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.

Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.

Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.

Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.

El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.

La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.

Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.

Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.

La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.

La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.

Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.

La provincia del Chaco, en Argentina, atraviesa un momento de gran tensión política y social, marcado por la investigación de gastos publicitarios que alcanzan cifras escandalosas. Esta situación se encuentra bajo la lupa de la justicia, y tres figuras clave, Fanny Fernández, Paola Gómez y Marcos Resico, podrían enfrentarse a detenciones inminentes. El caso, conocido como «Causa FAPPO», ha revelado una red de corrupción y manipulación mediática que evidencia el giro hacia un sistema político cada vez más feudal en la provincia.

Origen del Caso FAPPO

El fondo fiduciario de promoción pública (FAPPO) es un mecanismo implementado por el gobierno provincial cuyo propósito aparente es la distribución de recursos para la publicidad. Sin embargo, las investigaciones han puesto en jaque la legitimidad de este fondo, ya que se ha utilizado como un arma para beneficiar a amigos del poder, mientras se silencia a medios críticos. Desde el inicio de la gestión de Leandro Zdero como gobernador del Chaco, ha surgido una preocupación creciente sobre la falta de transparencia en los gastos públicos, particularmente en el área de la comunicación.

Los Escandalosos Gastos en Publicidad

Los datos revelados hasta el momento indican que el gobierno provincial ha gastado la asombrosa cifra de siete mil millones de pesos en pauta publicitaria. Este monto, desproporcionado en relación con otros programas sociales y de infraestructura, ha generado sospechas sobre la correcta utilización de los fondos públicos. A medida que avanza la investigación, las autoridades estatales han sido acusadas de usar estas partidas no solo para promover la gestión del gobernador, sino también para amordazar a los medios de comunicación que se atreven a criticar las políticas del gobierno. En este contexto, la palabra «fondo» se convierte en sinónimo de financiamiento de un sistema que intenta perpetuar el control sobre la información y las voces críticas.

El Rol de los Medios Independientes

Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el ataque sistemático a los medios independientes. En una democracia saludable, la prensa juega un papel crucial en la fiscalización del poder y en la divulgación de información veraz. Sin embargo, en el Chaco se ha observado una tendencia a acallar a aquellos medios que se atreven a cuestionar las acciones del gobierno. La censura, ya sea a través de amenazas, hostigamiento o la negación de la publicidad estatal, se ha convertido en una estrategia más para mantener el statu quo.

Los periodistas que intentan llevar a cabo su labor en este contexto enfrentan desafíos sin precedentes. Algunos han sido objeto de campañas de desprestigio, mientras que otros se han visto obligados a cerrar sus medios ante la imposibilidad de operar en un entorno hostil. Por tanto, la libertad de expresión en Chaco se encuentra en serias dificultades, un signo alarmante que debería preocupar a toda la sociedad argentina.

Implicaciones Jurídicas y Sociales

A medida que avanza la causa FAPPO, la posibilidad de detenciones de funcionarios ligados al gobierno no solo representa un avance en términos de justicia, sino también un posible cambio en la cultura política de la provincia. La corrupción y el abuso de poder, que durante tanto tiempo han sido tolerados, podrían estar llegando a su fin. Sin embargo, la recuperación de la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación exige un profundo cambio cultural que vaya más allá de la simple detención de unos pocos.

Las repercusiones sociales son igualmente significativas. Un gobierno que se sostiene en la censura y el control de los medios de comunicación está condenando a su población a la desinformación, lo que puede resultar en una ciudadanía pasiva y desinteresada. La educación y la conciencia crítica son fundamentales para que los ciudadanos comprendan el valor de su voz y exijan rendición de cuentas a sus gobernantes. En este sentido, la causa FAPPO podría convertirse en un punto de inflexión que impulse a la población a despertar y reclamar sus derechos.

 

Conclusión

El escándalo de los siete mil millones en gastos publicitarios y la investigación de la causa FAPPO son un claro indicio de los problemas que enfrenta la administración actual en el Chaco. La lucha por una comunicación libre y plural, así como la búsqueda de justicia, son esenciales para la revitalización de la democracia en la provincia. A medida que los focos de la justicia iluminan las oscuras prácticas del gobierno de Leandro Zdero, es crucial que la sociedad se movilice, apoyando a los medios independientes y exigiendo un futuro donde la verdad y la transparencia primes sobre el silencio y la opresión. Solo así el Chaco podrá avanzar hacia una real democracia, lejos de los fantasmas del feudalismo político que hoy la amenazan.

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