Se trata del Ente Cooperador ACARA que recauda dinero por la inscripción y patentamiento de autos, con el que se pagan sueldos de empleados de esa cartera, contratados por fuera de la Administración Pública Nacional. Los gremios denuncian que se trata de despidos encubiertos, sin el pago de la indemnización correspondiente
El Gobierno busca eliminar la “caja paralela” del Ministerio de Justicia a través de la cual se vienen pagando los sueldos de 2.800 empleados de esa cartera, desde hace cuatro décadas. Se trata del Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), creado por una ley de 1985. ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de autos y posee el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos cero km. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones.
Por esa tarea de “intermediación” se queda con una comisión, que hoy es del 3% del total de lo recaudado luego de que esta gestión la redujera del 5% que venía cobrando hasta ahora. El resto de los fondos se los gira al Ministerio de Justicia para el pago de los sueldos de más del 50% de la plantilla de personal que cumple funciones en esa cartera u otras dependencias bajo su órbita. Según los datos del INDEC de octubre pasado, los empleados de planta del Ministerio de Justicia, dentro y fuera de convenio, suman 2.023.
Los contratados por ACARA se llevan alrededor de un 40% de los fondos recaudados por ACARA. Con esa “caja” del Ente Cooperador se pagan, también, otros gastos de funcionamiento que no tienen los mismos controles que el resto de los fondos del Presupuesto asignados al Ministerio. Quien decide cómo se usan y adónde se destinan esos recursos, tercerizados a través de ACARA, no es esta entidad sino la cartera de Justicia.
El número de trabajadores contratados por ACARA superan los 2.800, según datos oficiales a abril a los que accedió Infobae. En la práctica, no son formalmente empleados de la Administración Pública Nacional (APN) sino de ese Ente, pese a que cumplen funciones en el Estado. “La idea es terminar con ACARA y, finalmente, con el sistema ruinoso para los argentinos. Darle legalidad y orden laboral”, señalaron desde la cartera de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Hasta ahora, ningún ministro de Justicia quiso o puso desarmar el sistema de contratación de personal a través de ACARA
Hasta ahora, ningún ministro de Justicia anterior pudo o quiso desarmar el sistema tal cual vino funcionando estas últimas cuatro décadas. ¿Por qué? Porque permite la contratación de personal por afuera de la burocracia de la APN; el pago de “incentivos” no remunerativos a los empleados del Ministerio; y solventar otros gastos, por fuera del Presupuesto Nacional y sin pasar por los requisitos y la rendición de cuentas a las que está sometida la Administración Pública Nacional.
“Es una situación heredada fuera de control, que se convirtió en un gran problema a nivel jurídico, político y humano. Es increíble que todas las gestiones hayan hecho uso y abuso de esta modalidad durante tanto tiempo, a través de una tercerización de la administración de fondos públicos. Todo el año estuvimos viendo cómo empezar a desarmar esta galleta de la mejor forma”, afirmó una fuente de la cartera de Justicia, al tanto de la dificultad para solucionar el tema, por las implicancias para los derechos laborales de los contratados bajo esta modalidad y por el conflicto político que se abre con los gremios por los despidos de personal. “El objetivo de los retiros es comenzar a desinflar el problema”, admitió. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tienen otra mirada: “Todos estas estos meses estuvimos hablando con el Ministerio por este tema y no resolvió nunca nada. Había un negociador con los gremios que acaba de hacer de ser echado”, se quejan, en referencia a Silvia Fredes, que fue reemplazada el 13 de noviembre pasado por Juan Cruz Montero, en la Subsecretaría de Asuntos Administrativos.
Con este propósito, el 18 de octubre, el ministro Cúneo Libarona firmó la Resolución 331/2024 en la que instruye al Ente Cooperador ACARA a implementar el Plan de Retiro Voluntario. Unos días después, llegóuna comunicación oficial del Ministerio a los contratados por ACARA para acogerse a este ofrecimiento firmada por la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio, María Florencia Zicavo. El retiro estará abierto por un mes, hasta el 24 de noviembre, con la posibilidad de extenderse 15 días más. Sin embargo, hasta ahora, la adhesión vino siendo baja, ya que la propuesta ofrece el pago de una indemnización acotada y en cuotas. Según la antigüedad en el Ministerio y los años que le faltan a los contratados por ACARA para jubilarse, la propuesta va desde las 6 cuotas hasta las 18, con pagos de entre el 70% y el 100% de la última remuneración bruta, sin ningún tipo de adicionales. Los pagos mensuales serán alcanzados por los aumentos paritarios, según el texto del Anexo de la Resolcuión a la que accedió Infobae.
Extracto de la Resolución 331/20024 del Ministerio de Justicia en la que instruye a ACARA a implementar los retiros voluntarios
Según le dijeron empleados del Ministerio y fuentes gremiales a Infobae, la propuesta de retiro es “mala”, especialmente para los empleados con mayor antigüedad ya que el pago es en cuotas, hasta un tope de 16. “Quizás a los más jóvenes, les conviene. Pero hay empleados de más de 20 años contratados por ACARA, y van a recibir lo mismo que uno que entró hace poco. Es como si les siguieran pagando el sueldo un año y medio, sin ir a trabajar. No es una indemnización que recibís toda junta y que te permite hacer algo con la plata”, señaló un empleado con varios años de antigüedad con el que habló Infobae.
Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) avizoran un frente de conflicto en el Ministerio ya que advierten que los funcionarios “están diciendo informalmente” que el 31 de diciembre se terminan las contrataciones con ACARA, por lo que “tienen” que acogerse al retiro “sí o sí”. Puntualmente, señalan a la jefa de Gabinete de Cúneo Libarona, Zicavo, que fue quien les había comunicado verbalmente en reuniones en distintos organismos esta suerte de “ultimátum”.
“Si bien, oficialmente, es un retiro voluntario firmado por el ministro, están diciendo que todos tienen que agarrarlo así como lo ofrecen, o ir a juicio, que demora seis o siete años. Y el que va a terminar pagando esos juicios es el Estado, o sea todos los ciudadanos, porque el empleador en la práctica es el Ministerio, ACARA actúa como administradora. Imaginate la plata que va a tener que pagarle el Estado a gente que trabajó 25 o 30 años bajo esa modalidad de contratación”, advirtieron desde UPCN a Infobae. Desde este sindicato reclaman que si se trata de despidos decididos por el Ministerio, “se les debe pagar a los empleados la indemnización correspondiente y no un sueldo por un año, o año y medio sin ir a trabajar”.
El comunicado de UPCN difundido esta semana que pasó
En ATE, el otro gremio que hay en el Ministerio históricamente más combativo, esta semana salieron a denunciar que “pretenden despedir a más de 2500 trabajadorxs. A través de un retiro ‘voluntario’, amedrentan a la planta del Ministerio a que lo acepte a cambio de un contrato precario, con pérdida de salario y renunciando a la indemnización que corresponde por ley; si no se aceptan esas condiciones, plantean la finalización del contrato sin indemnización”.
¿Qué va a pasar con aquellos empleados que no se acojan al retiro voluntario?, preguntó Infobae a fuentes de la cartera de Justicia. “Se van a evaluar las recontrataciones en función de las tareas que cumplen y de la idoneidad. Como siempre tiene que ser. Nada de que sea varón o mujer, o si me cae bien o mal. Las personas en condiciones de jubilarse, se van a jubilar. Los imprescindibles van a ser recontratados, pero ya bajo la planta del Estado”, precisaron en el Ministerio donde cada vez pisa más fuerte el segundo de Cúneo Libarona, Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
Según la propuesta oficial que circuló entre los empleados de ACARA, esos “imprescindibles” que se acojan al retiro voluntario, luego pasarán a ser personal del Ministerio de Justicia, sin que se les reconozca la antigüedad. Serán contratados con la modalidad conocida como artículo 9 por un año, aunque con un sueldo menor al que hoy cobran por ACARA. Ese tipo de contrataciones en el Estado, actualmente, viene siendo por solo 3 meses tras lo cual, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de rescindirlo para reducir el personal.
Baja en la recaudación
Uno de los argumentos que circuló respecto de los motivos por los que ACARA no pagaría las indemnizaciones al 100% como correspondería a un despido, y en cambio ofrece el pago en cuotas, hasta un máximo de un año y medio, es la baja que vienen sufriendo los Registros Automotores en su recaudación. Esto se debe a que el Gobierno eliminó trámites como el de la emisión de la cédula azul, y no aumentó el precio de los formularios, pese a la suba de la inflación. “Le pegamos muy duro en el negocio a ACARA. No solo le redujimos el porcentaje de la comisión que cobra como administradora, sino que estamos terminando con el negocio de los Registros, con la impresión y venta de formularios. No solo no le subimos el precio, sino que ahora estamos avanzando con la digitalización, y terminamos con el negocio de la las placas que imprimía la Casa de la Moneda”, afirmaron en el Ministerio.
El Gobierno asegura que terminó con el negocio de los Registros Automotores, que vieron menguar su recaudación
Pese a esta menor recaudación, en el Ministerio confían en que gran parte de lo que ingrese al Ente Cooperador ACARA se destinará al pago mensual de los retiros voluntarios.
Según dijeron en la cartera de Justicia, la finalización de los contratos por ACARA no implicará el fin de los “incentivos” que cobran los empleados del Ministerio encuadrados en el Convenio Colectivo Sectorial SINEPdel Ministerio como un plus salarial no remunerativo, a través del Ente Cooperador de esa entidad y de otros entes como el de la Cámara del Comercio Automotor (CAC), aunque el de ACARA es el más importante en recursos.
Conflicto con los gremios
En rechazo al Plan de Retiros Voluntarios, ATE está llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado en la sede central del Registro Nacional Automotor, desde hace 10 días, ya que los califican de “forzosos”. “Amenazan que quien, no se acoge, queda en la calle. Hay muchos muy angustiados. Pueden estar resignando indemnizaciones importantes por un retiro que no les conviene, simplemente porque están asustados, porque les están diciendo que ACARA va a cesar como empleador”, señala un empleado del Ministerio enrolado en ese gremio, que pidió reserva de su nombre.
Protesta de trabajadores de la Dirección de Registros de la Propiedad Automotor, en Av Corrientes 5666, el 12 de noviembre pasado
La medida de fuerza, llamativamente, venía pasando bastante desapercibida frente a la postura anti paro del Gobierno, hasta que el jueves pasado el Ministerio anunció en la red X que denunció ante la Justicia a los empleados afiliados a ATE “debido a que interrumpieron de forma violenta y extorsiva la prestación de servicios que brinda el Estado a los argentinos”.
En un comunicado, la cartera aseguró que “durante estos primeros once meses de gestión, este Ministerio implementó una profunda reducción en su planta de empleados para despedir a quienes no trabajaban, tenían funciones indefinidas y superpuestas, o bien, cumplían horarios reducidos sin justificación alguna”. Y precisó los números del recorte de personal que viene llevando a cabo: “Heredamos una planta de aproximadamente 7.000 empleados y en esta primera etapa despedimos a más de 1.600 empleados militantes”.
El Ministerio de Justicia denunció el jueves pasado a trabajadores de ATE de la sede central de Registros Automotores que estaban haciendo paro y habló de «piquetes»
En esa línea, detallaron el ajuste que viene llevando a cabo la cartera: “Con el mismo objetivo de achicar el Estado para cuidar cada peso de los argentinos, cerramos el Ministerio de la Mujer, el INADI, 44 Centros de Acceso a la Justicia y 165 Registros Automotores. También redujimos los costos de transferencia de automotores al 1%, creamos el Legajo Único Digital y terminamos con el monopolio de la casa de la moneda en la provisión de chapas patentes y cédulas. Estos avances demuestran que la paralización impulsada por este sindicato únicamente busca proteger sus privilegios de casta, sin importarles en lo absoluto el impacto negativo que sus acciones generan en la vida cotidiana de los argentinos de bien, al impedir al Ministerio brindar los servicios que le corresponden”.
Desde ATE denuncia que “una desvinculación como la que pretenden, en medio de persecución sindical, mensajes extorsivos y despidos resultará en el desmantelamiento de todo el organismo. Desde que anunciaron la medida ya son tres lxs trabajadores fallecidos; la violencia que están ejerciendo sobre nosotrxs no tiene antecedentes en democracia”, advirtieron. Uno de ellos – de 68 años y 30 años – falleció de un infarto a finales de septiembre, antes de que llegue la ambulancia y luego de que se detecatara que el desfibrilador que estaba en el lugar no funcionaba. Desde el sindicato lo vincularon al ambiente laboral existente y la amenaza de despidos, ya que esa mañana le habían pedido que presentara un CV.
Convocatoria del ATE- Ministerio de Justicia para el amrtes 190 hs
Para este martes 19, a las 10 hs, llamaron a una conferencia de prensa frente a la cartera de Justicia, en Sarmiento al 300 para denunciar “despidos, extorsiones, persecución y violencia en el Ministerio de Justicia”.
La concejal de Roy Nikisch y presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical del Concejo Municipal de Resistencia, Miriam Jara, fue acusada por su propia hermana y secretaria por agresiones físicas y amenazas durante el horario laboral. Según consta en la denuncia, Natalia Jara, quien se desempeña como empleada municipal, más precisamente como secretaría de su hermana Miriam, describió lo que ocurrió durante la mañana del martes 12 de noviembre en la Municipalidad de Resistencia.
Natalia explicó a la Policía que cumple horario laboral de lunes a viernes de 7:30 a 12 horas en el municipio capitalino y que el martes 12 de noviembre, cerca de las 8:30 horas, en la previa a la Sesión Ordinaria del Concejo, comenzó a dialogar con su hermana (Miriam Jara) sobre cuestiones personales y de trabajo, cuando a los pocos minutos comenzó una fuerte discusión.
«Miriam se abalanzó y me dio una cachetada en la mejilla del lado izquierdo, a lo que me defendí», respondiendo con la misma agresión, aclara la denuncia. Ambas se encontraban solas dentro de la oficina y ante los gritos, compañeras de trabajo ingresaron para intentar frenar la situación.
«En el momento que ingresaron a la oficina, Miriam se hizo la víctima, tirándose al suelo», manifestó Natalia, pero la discusión continuó. «Tu marido la va a pagar, vos te vas a volver a enfermar, andate de acá, te voy a sacar tu contrato», contó la mujer que su hermana, presidenta del bloque de la UCR en el Concejo le habría dicho. Finalmente, Jara se retiró del lugar y fue asistida por un médico policial.
La socióloga e investigadora Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, señaló que, »el Congreso avanza en reformas del Código Procesal y el Procesal Penal de la Nación que ponen en crisis el principio de inocencia y derivarán en un aumento indiscriminado de las prisiones preventivas».
La especialista apunta, en una columna de opinión publicada este domingo en el sitio El Diario Ar, que el Gobierno de Javier Milei quiere reformar el Código Penal y el Procesal Penal de la Nación para que cualquier persona acusada de un delito, sin que haya sido condenada, tenga una suerte de antecedente penal que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otras causas. Esta es la figura de reiterancia, que significa un riesgo para el principio de inocencia.
El proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso no se queda solo en esto. Incorpora, también, la idea de “peligro de reiterancia” que es todavía más vaga: implica que puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito.
Es decir, una persona podría quedar detenida sólo por las ideas del juez y ya no por las pruebas que la vinculen a un delito. Así, se pone en jaque también el principio de legalidad y se abre paso a una práctica arbitraria y estigmatizante en base a una supuesta peligrosidad de las personas.
La prisión preventiva no sirve como herramienta para prevenir el delito. No sólo no es su función, sino que tampoco sirve para lograrlo. Las personas privadas de su libertad con prisión preventiva en Argentina aumentaron entre 2010 y 2022 en un 40%. En el mismo período, los hechos delictivos no disminuyeron, sino que aumentaron un 44%.
Algunas consecuencias
Una reforma de este tipo puede traer consecuencias negativas en las formas en que se usa el sistema penal para la persecución y control de las personas:
Primero, el aumento del uso de la prisión preventiva de forma exponencial. Hoy, el 42% de las personas alojadas en cárceles federales no tiene condena. Además, alguien acusado por un delito menor, no violento, hoy excarcelable, puede terminar en prisión.
Y, sobre todo, con un gobierno y un poder judicial proclives a criminalizar la protesta, la “reiterancia” puede usarse como argumento para dictar prisión preventiva a manifestantes, en el caso de que ya tuvieran otra causa abierta. De hecho, esta figura ya se viene usando así en la provincia de Mendoza.
Si el Congreso convalida estas reformas lo único que se va a lograr es aumentar la criminalización y la persecución de personas sospechadas de cometer un delito. Incluso, quedará en peligro el derecho a la protesta ya vulnerado con detenciones arbitrarias y acusaciones por delitos que no existieron, como ocurrió en las manifestaciones masivas en contra de las políticas del Gobierno.
«Estas conductas son intolerables y atentan contra el compromiso ciudadano», dijo el diputado para justificar el apartamiento.
El diputado de Juntos por el Cambio Francisco Romero Castelán tomó acciones de forma inmediata con el joven que conducía con un nivel alto de alcohol en sangre y hace poco tiempo era parte de su grupo de colaboradores.
“Decidí desvincularlo porque conductas de este tipo son intolerables y atentan contra el compromiso que debemos tener como ciudadanos”, señaló el diputado respecto de Lucas Porchetto.
El legislador señaló que quienes conforman su equipo de tareas son conscientes de que no pueden mantenerse al margen de normas de convivencia elementales y deben tener una buena imagen hacia la sociedad.
“Esta persona estaba hace menos de un mes en una etapa de adaptación pero comportamientos de este tipo no se pueden pasar por alto”, dijo.
Compromiso vial
Romero Castelán recordó que fue impulsor de la campaña “Primavera sin estrellas amarillas”, una iniciativa destinada a la toma de conciencia de la importancia de respetar las normas viales.
“Siempre marcamos la importancia de que los jóvenes tengan apego tanto a las leyes de tránsito como al uso de los elementos de seguridad como el cinturón para los automovilistas y el casco en motociclistas, los incidentes viales son una epidemia pero está en cada uno comprometerse para que los resultados se reviertan”, cerró.
