La especialista apunta, en una columna de opinión publicada este domingo en el sitio El Diario Ar, que el Gobierno de Javier Milei quiere reformar el Código Penal y el Procesal Penal de la Nación para que cualquier persona acusada de un delito, sin que haya sido condenada, tenga una suerte de antecedente penal que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otras causas. Esta es la figura de reiterancia, que significa un riesgo para el principio de inocencia.

El proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso no se queda solo en esto. Incorpora, también, la idea de “peligro de reiterancia” que es todavía más vaga: implica que puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito.

Es decir, una persona podría quedar detenida sólo por las ideas del juez y ya no por las pruebas que la vinculen a un delito. Así, se pone en jaque también el principio de legalidad y se abre paso a una práctica arbitraria y estigmatizante en base a una supuesta peligrosidad de las personas.

La prisión preventiva no sirve como herramienta para prevenir el delito. No sólo no es su función, sino que tampoco sirve para lograrlo. Las personas privadas de su libertad con prisión preventiva en Argentina aumentaron entre 2010 y 2022 en un 40%. En el mismo período, los hechos delictivos no disminuyeron, sino que aumentaron un 44%.

Algunas consecuencias

Una reforma de este tipo puede traer consecuencias negativas en las formas en que se usa el sistema penal para la persecución y control de las personas:

Primero, el aumento del uso de la prisión preventiva de forma exponencial. Hoy, el 42% de las personas alojadas en cárceles federales no tiene condena. Además, alguien acusado por un delito menor, no violento, hoy excarcelable, puede terminar en prisión.

Y, sobre todo, con un gobierno y un poder judicial proclives a criminalizar la protesta, la “reiterancia” puede usarse como argumento para dictar prisión preventiva a manifestantes, en el caso de que ya tuvieran otra causa abierta. De hecho, esta figura ya se viene usando así en la provincia de Mendoza.

Si el Congreso convalida estas reformas lo único que se va a lograr es aumentar la criminalización y la persecución de personas sospechadas de cometer un delito. Incluso, quedará en peligro el derecho a la protesta ya vulnerado con detenciones arbitrarias y acusaciones por delitos que no existieron, como ocurrió en las manifestaciones masivas en contra de las políticas del Gobierno.

El Diario Ar

Aquella jornada de 1972, pasó a la historia la icónica imagen del secretario general del Movimiento Peronista, Juan Manuel Abal Medina, recibiendo a Perón cuando bajaba de la escalerilla del avión, y el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, quien lo protegió de la intensa lluvia con un paraguas.

El General ya había intentado, sin éxito, regresar a su patria. El operativo más famoso fue el de 1965, cuando su avión fue interceptado en Brasil y enviado de regreso a Europa. Muchos creyeron que el jefe del movimiento político, social y contemporáneo más grande de Latinoamérica no podría volver nunca más. Sin embargo, las pintadas y volanteadas con la consigna “Luche y vuelve” no cesaron, incluso en los años más oscuros por la censura de la dictadura.

Por entonces, con Perón exiliado, y el peronismo fuera de la institucionalidad democrática y proscrito, ser militante de la causa justicialista era exponerse a ser torturado o asesinado por las fuerzas armadas o de seguridad. Fue un verdadero movimiento de resistencia que persistió durante la alternancia de dictaduras militares y gobiernos civiles condicionados.

Solo la acelerada descomposición del régimen dictatorial por causa de esa misma resistencia popular, produjo la cadena de eventos políticos que obligaron al presidente de facto Agustín Lanusse a iniciar negociaciones con Perón, tras comprender que solo él podía pacificar a sus seguidores más radicalizados y controlar las llamas de aquel incendio que la dictadura había provocado en la Argentina.

Cómo fue el 17 de noviembre de 1972

El regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina después de 17 años y 52 días de exilio tenía a cientos de miles de militantes en vilo. Se trataba del despertar de una larga pesadilla, de un acontecimiento que convertía en realidad una utopía que fue durante años la razón de vivir de una mayoría.

A pesar de que ese día había amanecido tormentoso y frío, un clima bastante atípico para esa época del año en Buenos Aires, una multitud de personas de todas las edades se movilizó bajo la lluvia hacia el aeropuerto de Ezeiza a darle la bienvenida al líder popular. Su intención no era solamente recibirlo con alegría, sino también protegerlo de posibles maniobras de las fuerzas armadas con el fin de que terminara prisionero.

No obstante, el gobierno militar intentó impedir que la marea humana se acercara al aeropuerto, disponiendo un enorme dispositivo de seguridad en el que participaron 35 mil hombres. El primer objetivo era la disuasión: se había declarado el Estado de Sitio. Los militares rodearon el predio del aeroparque con un círculo de hierro, con tanquetas y tanques y numerosos soldados armados cortando el paso sobre los accesos a la autopista cercana.

Mientras tanto, en la ciudad, llegaban los trenes de las provincias, atestados de jóvenes y trabajadores. Patrullas del ejército, formadas por jeeps artillados y camiones cargados de soldados circulaban por las calles y trataban de disolver los grupos que se iban formando con gases lacrimógenos, balas de goma e inclusive de plomo. También se confiscaron micros y camiones, por lo que la mayoría de los militantes se vio en la obligación de continuar el largo trayecto a pie.

De todas maneras, la multitud finalmente logró acceder a las inmediaciones del aeropuerto, que estaba cercado, aunque el General ya se había marchado. Lanusse retuvo al expresidente en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, tras lo cual el fundador del justicialismo se dirigió a su casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Su estadía se prolongó solamente por 29 días, ya que luego volvió a irse a España.

El retorno definitivo ocurrió el 20 de junio de 1973, de la mano del presidente justicialista electo Héctor Cámpora, quien luego renunciaría a su cargo para llamar a elecciones y permitirle a Perón acceder a su tercera y última presidencia.