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“COMPRA DE VOLUNTADES”: Ritondo destrozó a los libertarios que traicionaron a Milei y le votaron la Reforma Jubilatoria del Bapro a Kicillof

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El titular del PRO bonaerense expresó su repudio al proyecto que se aprobó en la Cámara Alta durante la jornada del jueves. En ese marco, señaló las consecuencias que genera el populismo y dejó en claro que, tarde o temprano, el “cambio” llegará a la Provincia.

Luego de que el Senado bonaerense girase a Diputados la reforma jubilatoria del Banco Provincia, el ex ministro de María Eugenia VidalCristian Ritondo, cargó duramente contra el gobernador Axel KicillofEn esa línea, acusó al gobierno bonaerense de comprar “voluntades” en medio de la compleja situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el día a día.

“Con la ayuda de los traidores del cambio, Kicillof logró media sanción para volver atrás y restablecer las jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia, que habíamos eliminado en el gobierno de María Eugenia Vidal”, cuestionó en su cuenta de X.

Asimismo, el titular del PRO bonaerense señaló que el populismo siempre “compra voluntades” para que “todo siga igual” en el país“Ellos ganan cuando se mantiene el status quo, porque conservan sus privilegios y someten a su gente”, argumentó.

En ese sentido, Ritondo mostró su preocupación ya que, en medio de este debate en la Cámara Alta, la inseguridad “se cobra una nueva víctima” todos los días. “En la misma provincia en la que los pacientes de IOMA se mueren esperando atención médica. En la misma provincia en la que hay más chicos con hambre que chicos con la panza llena. En esa misma provincia, Axel Kicillof elige devolverles los privilegios a unos pocos”, agregó más tarde.

“Pero la historia nos demuestra que el populismo tiene fecha de caducidad. Estamos construyendo un equipo en toda la provincia para decirles basta. Por más que se resistan, el cambio siempre llega”, sentenció.

VIDAL TAMBIÉN EXPUSO SU REPUDIO:

La ex gobernadora, e ideóloga del proyecto que terminó siendo reformulado, recurrió a su cuenta de X para retuitear la exposición que brindó el senador Alex Campbell.

“Desde el PRO NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con déficit sigan generando deudas”, explicaba en su disertación.

No obstante, Campbell bancó el proyecto de Vidal para eliminar las jubilaciones de privilegio, a diferencia de Kicillof que “sigue haciendo populismo con el dinero de los impuestos que pagamos todos”.

LA REFORMA POLÉMICA DE KICILLOF:

El proyecto del BAPRO busca revertir las modificaciones implementadas durante la gestión de María Eugenia Vidal, que habían reducido el haber jubilatorio del 82% al 75% y aumentado la edad de jubilación para las mujeres con el objetivo de reducir el déficit de la Caja previsional. El proyecto que se aprobó este jueves restituye el 82% del haber y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, argumentando una reparación basada en las desigualdades laborales de género.

La propuesta aprobada este jueves incluye la derogación de la ley 15008 con el objetivo de restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.

Entre las medidas propuestas para achicar el déficit de la Caja se encuentra la ampliación del aporte de las personas afiliadas, tanto activas como pasivas. Para los afiliados activos, el aporte podría aumentar hasta un 16%, mientras que para los pasivos sería hasta un 12%. Además, se prevé un incremento en las contribuciones obligatorias que debe hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando éstas hasta el 21%. Asimismo, se plantea la instauración de un nuevo régimen para los ingresantes al sistema, que contemplaría un aporte personal del 19%.

El proyecto de ley también incluye la incorporación de una contribución adicional por parte del Banco Provincia. Asimismo, se prevé una partida presupuestaria de la Provincia para afrontar de manera conjunta y coordinada el posible déficit que pueda enfrentar la Caja. Esta financiación buscaría restablecer el rol del Estado como garante final del sistema previsional, asegurando de esta manera la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Caja en el tiempo, siempre alineado a los recursos disponibles.

En un nuevo episodio de opacidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue señalado por ocultar el proceso de un masivo concurso para la cobertura de más de quinientos cargos en el sistema de salud.

Según relataron fuentes cercanas al proceso a REALPOLITIK, la convocatoria fue organizada sin la debida transparencia y con la aparente intención de concentrar las vacantes en manos de personas afines al kirchnerismo, a través de un pacto entre el ministerio de Salud, que conduce Nicolás Kreplak, y las entidades sindicales especializadas en la materia: la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El llamado a concurso, al que se puede acceder a través de este link, lleva el respaldo formal de las autoridades gremiales y está dirigido exclusivamente a seccionales provinciales. Este tipo de convocatoria, que incluye un cronograma detallado y listado de cargos, típicamente se publicaría en medios de amplia circulación para garantizar que los postulantes calificados tengan acceso equitativo a las vacantes. Sin embargo, este concurso fue omitido de los canales de comunicación oficiales, limitando el acceso solo a aquellos selectos con un vínculo directo con los organizadores.

El documento menciona que los cargos, actualmente cubiertos de manera interina y no adjudicados en el concurso anterior, se ofrecerán exclusivamente dentro de un lapso breve, del 25 al 27 de octubre de 2024, con inscripción del 4 al 11 de noviembre. Esto deja un margen estrecho para la difusión pública y la posibilidad de que profesionales no alineados con el gobierno provincial participen en igualdad de condiciones.

Proceso de selección bajo la sombra

La disposición establece detalladamente los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los aspirantes. Desde la presentación de documentos de identidad, certificados profesionales, hasta la constitución de un domicilio legal en la localidad del puesto concursado, las condiciones son exhaustivas. Este esquema, aunque regulado por ley, se ve empañado por la opacidad con que se ha manejado su comunicación.

El jurado que seleccionará a los profesionales está constituido, en su mayoría, por funcionarios designados por el ministerio que conduce Nicolás Kreplak, con un evidente control sobre el proceso. La disposición establece que un representante del gremio y otro designado por la entidad de matriculación profesional tendrán voz y voto en el comité evaluador, lo que despierta sospechas sobre la imparcialidad de este proceso, dado el rol preponderante de los sindicatos aliados del gobierno.

Este proceso de selección viciado pone en evidencia la falta de transparencia en un área tan sensible como la salud pública. La decisión de ocultar información y reducir la convocatoria para favorecer a sectores afines constituye un atentado contra el acceso igualitario y democrático a los empleos públicos.

Sin dudas, la ciudadanía, organizaciones de transparencia y la dirigencia opositora podrían presionar para que el gobierno rinda cuentas sobre la falta de publicación en los medios y los motivos para limitar el acceso a la información. El presunto favoritismo en la selección podría derivar en acciones legales por parte de profesionales de la salud que se vean afectados.

Detalles de la convocatoria

Según un relevamiento realizado por este medio, el listado de vacantes en hospitales y unidades sanitarias de la provincia de Buenos Aires presenta un total de aproximadamente 515 cargos distribuidos en distintas especialidades y localidades de las regiones I a XII.

En conjunto, las vacantes se concentran en especialidades médicas de atención primaria y urgencias, además de áreas de salud mental y trabajo social. Esto muestra un enfoque en reforzar tanto los servicios clínicos esenciales como el apoyo en salud mental en las distintas regiones.

Regiones I a V:

  • Principales establecimientos: Hospital José Penna (Bahía Blanca), Hospital Julio de Vedia (Nueve de Julio), Hospital Abraham Piñeyro (Junín), y otros en Carmen de Areco, Pergamino, Vicente López, y San Fernando.
  • Principales vacantes: médicos en especialidades de cardiología, clínica médica, oftalmología, neonatología, psiquiatría, además de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, farmacéuticos, kinesiólogos, y nutricionistas.
  • Total de cargos aproximado: 127.

Regiones VI y VII:

  • Principales establecimientos: Hospital Isidoro Iriarte (Quilmes), Hospital Lucio Melendez (Adrogué), Hospital Mi Pueblo (Florencio Varela), y Hospital Narciso López (Lanús).
  • Principales vacantes: psicólogos, enfermeros, pediatras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, y especialidades médicas como pediatría, neumonología, ginecología y clínica quirúrgica.
  • Total de cargos aproximado: 120.

Regiones IX, X y XI:

  • Principales establecimientos: Hospital Materno Infantil Argentina Diego (Azul), Hospital Blas Dubarry (Mercedes), Hospital Alejandro Korn (José Melchor Romero), y otros en Las Flores, Rauch, y Saladillo.
  • Principales vacantes: especialistas en odontología, psiquiatría, pediatría, neonatología, neurología, fonoaudiología, bioquímica, y áreas relacionadas con rehabilitación y geriatría.
  • Total de cargos aproximado: 109.

Regiones XI y XII, y Red Provincial de Salud Mental:

  • Principales establecimientos: UPAs de Los Hornos y Lezama, Hospital Alberto Balestrini (Ciudad Evita), Hospital Paroissien (La Matanza), y unidades de CPA en varias localidades.
  • Principales vacantes: psicólogos, trabajadores sociales, y médicos en clínica médica, obstetricia, pediatría, terapia intensiva, gastroenterología, nefrología.
  • Total de cargos aproximado: 159.

*Fuente: REALPOLITIK

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El gobierno quiere cargarle a Macri la derrota de su embestida contra el Chiqui Tapia

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El gobierno intentó de manera desprolija cargarle a Mauricio Macri la derrota en la embestida contra Claudio «Chiqui» Tapia, a quien intentaron sin éxito bloquearle la reelección en la AFA.

La Rosada filtró a los medios amigos el fallo de la Cámara Civil de la Nación, declaró nula la Resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que invalidaba la asamblea general de la AFA en la que Tapia fue reelecto de forma anticipada.

 

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había tenido que soportar la humillación de que un juez de primera instancia levantara la suspensión de las elecciones ordenada por la IGJ.

Ahora la Cámara ratificó el fallo en primera instancia y le propinó una dura derrota al gobierno, que había anunciado con comunicados rimbombantes que iba por Tapia.

Mauricio Macri es otro de los grandes derrotados, ya que impulsa la caída del Chiqui con una obsesión que no le imprime a casi ningún tema ajeno a los negocios. La derrota y el intento del gobierno por despegarse le agregan más ruido a la relación entre el presidente y el líder del PRO.

 

LPO reveló que Milei había frenado en su intento de intervenir la AFA porque esa embestida tenía un impacto en las encuestas y, por sobre todo, se arriesgaba a una pronunciación en contra de Lionel Messi, que apoya a Tapia junto al resto de la Scaloneta.

 

Alejandro Fantino reveló que Messi y Rodrigo De Paul habían entrado en especie de «asamblea permanente» por la intromisión de los libertarios en la AFA. El mismo día en que trataban de destronarlo, Tapia se sacó una foto con Messi tomando mate, para exhibir la cercanía que tiene con el capitán de la Selección.

El fallo que ganó la AFA by LPO

 

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El Gobierno también le quitó la jubilación de privilegio a Amado Boudou

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La decisión fue informada a través de una resolución publicada este viernes por el titular de la ANSES, Mariano de los Heros. El exvicepresidente percibe $6.814.272 mensuales, según el último informe de gestión.

Como adelantó TN, el Gobierno también le quitó la jubilación de privilegio a Amado Boudou, a través de una resolución publicada este viernes por el titular de la ANSES, Mariano de los Heros. El exvicepresidente percibe $6.814.272 mensuales, según el último informe de gestión.

La Casa Rosada asegura que dará de baja todas las asignaciones de privilegio de exfuncionarios condenados por la Justicia. La Corte Suprema confirmó en 2020 la sentencia de Boudou por la causa Ciccone, que lo convirtió en el primer vicepresidente condenado por corrupción.

En el Ejecutivo esperan que haya una escalada judicial por la quita de jubilaciones de privilegio a Cristina Kirchner y Boudou y ya prepara la defensa, que caerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, en caso de efectivizarse una respuesta de la exmandataria.

El gobierno avanzó con la quita de las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner y Amado Boudou en la misma semana. (Foto: Leandro Heredia/TN)
El gobierno avanzó con la quita de las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner y Amado Boudou en la misma semana. (Foto: Leandro Heredia/TN)

La Casa Rosada se respalda en la Ley 24.018, que establece los lineamientos para las pensiones de expresidentes y vices. En Balcarce 50 sostienen que van a hacer foco en el “mal desempeño”, que se detalla en los artículos 53, 59 y 60. Estos dan lugar a la remoción del cargo por juicio político.

El Ejecutivo invoca también el artículo 53 de la Constitución Nacional. “Que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública”, agrega la medida que se oficializará mañana.

En tanto, entre los perjudicados por la medida sostienen que sin la figura del juicio político no podría quitarse la jubilación de privilegio. El caso es que al ya no ocupar cargos públicos, no podría llevarse a cabo. En el Gobierno consideran que las sentencias en su contra en causas de corrupción son motivo suficiente para retirarles el beneficio.

“La finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular, deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”, señala la resolución publicada por Anses este viernes. Y agrega: “Una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante toda todo el tiempo que se mantiene la percepción del beneficio”.

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Los detalles del caso testigo que disparó el allanamiento y el secuestro del celular al juez federal rosarino

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Los fiscales federales avanzaron contra el ya investigado magistrado Marcelo Bailaque por acciones que suponen una trama de corrupción institucional. Un caso de 2019 expone el modus operandi en análisis.

El caso testigo que impulsa la investigación por una trama de corrupción entre AFIP y la Justicia Federal de Rosario es un hecho lleno de suspicacias. Una denuncia anónima que llegó a la AFIP, pero que no dejó ninguna trazabilidad en oficina alguna del organismo, y que recibió el juez federal Marcelo Bailaque. ¿Qué hizo el juez allanado este viernes? Se reservó el caso para manejarlo personalmente en lugar de, como se hacía en el 99 por ciento de los casos, delegarlo a los fiscales.

¿Qué pasó? Esa denuncia sin nombre, genérica y puramente declarativa, aludía a un grupo de empresarios que manejaba una mesa de dinero, y que contaba con información interna del de la Justicia Federal de Rosario, la AFIP (desde el mes pasado Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Los empresarios señalados eran el titular de una financiera Jorge Oneto, Claudio Iglesias que era directivo de la Aseguradora San Cristóbal y de la Bolsa de Comercio de Rosario y también la empresa Fundar.

 

Era noviembre de 2019. El juez Bailaque asumió la causa sin, como es de práctica, delegarla a los fiscales. La denuncia le llegó informalmente de la AFIP sin que quede claramente precisado cómo aunque, según el organismo recaudador, no mediante vías formales. Pese a que había diversos nombres de personas e instituciones, Bailaque avanzó con medidas que se centraron exclusivamente en Iglesias. Ordenó el allanamiento de su domicilio, de su despacho en San Cristóbal y también en la Bolsa rosarina.

La difusión pública que tuvo el caso perjudicó seriamente a Iglesias según su entorno. Por esa fecha estaba por definirse en un proceso eleccionario la conducción futura de San Cristóbal y el directivo iba por la presidencia. El estrépito de los allanamientos lo sacaron de esa competencia. También tomó licencia en la Bolsa para defenderse.

 

La defensa de Iglesias cuestionó con un escrito incendiario la acción de Bailaque. Señaló que Iglesias era blanco de una persecución a ciegas, caprichosa y agraviante, a partir de un papel que no contenía evidencia alguna de lo denunciado, con medidas de pruebas sin un norte definido para determinar después qué cosa investigar. Lo que se llama una excursión de pesca.

Con esa discrecionalidad Bailaque se dejó la causa que le llegó de la AFIP por vía informal. La Cámara Federal sin embargo le dejó la causa al magistrado con los votos de Guillermo Toledo y Elida Vidal. El que cuestionó la acción de Bailaque fue el camarista Fernando Barbará pero quedó en minoría.

 

Los fiscales federales que el viernes pidieron el allanamiento del despacho de Bailaque, quien es juez federal de Rosario desde 2008, y le secuestraron su teléfono observan en este caso una multitud de hechos sugestivos. Pese a que la denuncia era anónima y genérica, sobre el único que avanzó el juez federal que se quedó con la causa fue contra Iglesias. No tomó medidas contra nadie del MPA, ni de la Justicia Federal, ni de la AFIP.

La sospecha fuerte por versiones informales es que quien le hizo llegar al magistrado la denuncia fue uno de los allanados el viernes: el funcionario de AFIP Carlos Andrés Vaudagna, actualmente asesor externo del organismo, pero que fue jefe de las delegaciones Rosario y Santa Fe del organismo. Algo que aparece confirmado con nuevas medidas de prueba que delatan un vínculo estable entre el juez federal y el funcionario de AFIP.

Y que para los investigadores revelan un modus operandi que en realidad expone un mecanismo de corrupción donde se seleccionaban hechos de delitos penales económicos, como contrabando, evasión o lavado, y presionaban a los aparentes infractores para obtener beneficios económicos. Una red presunta de corrupción institucional.

Este caso contra Iglesias terminó dos años después con el dictado de falta de mérito del directivo de la aseguradora y la Bolsa. Cuando pasado ese tiempo los abogados Oscar Romera y Juan Murray pidieron el sobreseimiento definitivo el fiscal de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay se negó para revisar el caso. Fue allí que aparecieron detalles sugestivos de un asunto más grande que, en acumulación con otros de diversas causas, derivaron este jueves en las medidas contra Bailaque y Vaudagna.

Para los investigadores hay un modus operandi que expone un mecanismo de corrupción donde se seleccionaban hechos de delitos penales económicos, como contrabando, evasión o lavado, y presionaban a los aparentes infractores para obtener beneficios económicos. Una red presunta de corrupción institucional.

Lo que las cinco fiscalías federales que trabajan en el caso postularon como hipótesis es que se abrían investigaciones contra personas que incurrían en prácticas irregulares o bien tenían contactos con personas que estuvieron sospechadas de delitos. Le pasó a Iglesias que fue socio de Jorge Oneto, quien estuvo investigado y desvinculado de una resonante causa en Rosario, conocida como megaestafa de fraude inmobiliario, de apoderamiento de inmuebles.

En este caso también fueron objeto de medidas de secuestro de documentación y celulares los funcionarios de la AFIP Fernando Duncan Amante, Luciano Giunta y Pablo Andrés Allegri. Se requisaron los teléfonos de Roman Scatolón, de la Dirección General Aduanera, Omar Rizzo, que es contador y abogado particular, y del funcionario judicial Gustavo Guazzaroni.

Este último trabajaba en la Secretaría del juzgado a cargo de Bailaque que se ocupaba de la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad. Preventivamente la Cámara Federal de Rosario suspendió provisoriamente al secretario de sus funciones hasta que avance la investigación. La misma repartición no tiene atribuciones para separar de su cargo a Bailaque, que actualmente oficia como juez de Garantías en Rosario, desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el 6 de mayo pasado.

Por ello simplemente la Cámara Federal informó de la situación al Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí Bailaque afronta una investigación bajo sospecha de haber omitido medidas en el año 2013 que favorecieron a Esteban Alvarado, una figura relevante del campo criminal, que fue condenado por primera vez en Rosario por narcotráfico en el año 2022.

La investigación que tiene a Bailaque como uno de sus ejes se inició hace seis meses por un desprendimiento de una causa originada en el MPA de Rosario. Los hilos de una trama sin profundizar desataron ahora trámites autónomos, todos ligados a corrupción institucional, en cinco fiscalías distintas. Además de Argibay de Procelac Rosario, intervienen los fiscales federales de Rosario Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, el de Santa Fe Walter Rodríguez y el de Reconquista Roberto Salum. Las acciones sospechosas atribuidas a Bailaque aparecen en casi todas ellas. Pero no se agotan allí. Escalan hacia altos funcionarios públicos.

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