El organismo publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor. El valor más alto corresponde a los nenes de entre 6 a 12 años, para lo que se necesitaron $479.723 en el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En octubre, -con una inflación de 2,7%-, el costo de la crianza de un bebé menor de un año fue de $388.184 por mes.En el mismo período del 2023, se necesitaron $141.320.
Para los chicos de entre uno y tres años, el costo fue de $460.220 mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $381.230; y para los menores de seis a 12 años se necesitaron $479.723.
El indicador que mide el organismo que conduce Marco Lavagna releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.
El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)
Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.
En octubre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $111.749 para menores de un año; $144.294 entre uno y tres años; $183.776 entre cuatro y cinco años; y $227.975 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $276.435, $315.926, $197.454 y $251.748, respectivamente.
Para criar a un hijo de hasta 12 años en total se necesitó durante octubre:
La compañía aérea dio por finalizado el conflicto con los sindicatos después de cerrar aumentos salariales y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo. De qué manera sigue el proceso para que la compañía pase al sector privado.
Después de una semana de extensas reuniones, el directorio de Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con los principales gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto. Más allá de los detalles, con este entendimiento el Gobierno asegura que no presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis y analiza de qué manera avanzar con la privatización de la empresa.
Este jueves, laAsociación Argentina de Aeronavegantes(AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), convalidaron el acuerdo alcanzado con los directivos de Aerolíneas, que incluye aumentos salariales de 16% y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo.
En concreto, entre las modificaciones acordadas, los pilotos y tripulantes dejarán de ser trasladados en remis y se implementará un sistema de viáticos después del verano, así como dejará de contabilizarse el inicio de la jornada laboral cuando salen de su casa y comenzarán su horario de trabajo cuando lleguen a los aeropuertos. Tampoco contarán con asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa y dejarán de tener pasajes vacacionales para ellos y sus familiares directos.
Por su parte, los mecánicos y el personal de rampa se podrán mover entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno afirma que esta serie de cambios permitirán un “aumento significativo en los índices de productividad”.
Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)
“Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano”, defendieron fuentes oficiales.
Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el Procedimiento Preventivo de Crisis y avanza con la privatización
De esta manera, el Gobierno entiende que desde que se pactaron estos cambios, ya no será necesario presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un instrumento legal que, de aprobarse en la Secretaría de Trabajo, permite suspender personal o directamente reducir nóminas pagando menos indemnizaciones.
Aerolíneas había amenazado con acudir a esa estrategia de presión en caso de que las negociaciones con los gremios no se resolvieran y siguieran las medidas de fuerza. De hecho, equipos legales comenzaron a evaluar cómo hacer la presentación ante las autoridades de Trabajo, pero finalmente lo desestimaron.
“De momento el PPC queda sin efecto porque se acordó con los sindicatos”, determinó un funcionario involucrado en las conversaciones. Y otro advirtió: “Siempre que no surjan otras acciones, no resulta necesario presentarlo”.
Pero además, en el Ejecutivo consideran que el camino se allana y que el convenio alcanzado con los gremios ayuda a avanzar hacia el “horizonte de la privatización”. Fundamentalmente porque creen que los aspectos de los convenios obstaculizaban las operaciones y ahora la empresa se vuelve más “eficiente” y, por consiguiente, más atractiva para un eventual comprador interesado.
“El camino hacia la privatización se mantiene. Se seguirá adelante con la idea de que Aerolíneas deje de ser parte del Estado argentino”, explicaron en la Casa Rosada.
Entre las alternativas sobre la mesa, hay varias que se barajan a la hora de pensar en la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, para que el Estado se desprenda de la compañía es necesaria la aprobación del Congreso.
En este sentido, en el oficialismo analizan respaldar un proyecto que ya fue presentado por el legislador del PRO, Hernán Lombardi, y discutir algunos cambios, o presentar una iniciativa nueva. En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también suman como opción la posibilidad de entregar parte de las acciones de la empresa a los empleados.
Pero de cualquier forma, la continuidad de este plan está sujeta al apoyo del Congreso. Es decir, que otro camino posible es esperar hasta que el oficialismo cuente con mayor apoyo legislativo, algo que está convencido que sucederá pasadas las elecciones de medio término. En todo caso, hay una definición que es clara y repiten algunos referentes del Ejecutivo: la privatización de Aerolíneas avanzará cuando la ecuación parlamentaria lo permita.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF rechazaron este jueves que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya intervenido en favor de la Argentina para oponerse a la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones.
El grupo, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, busca que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, los beneficiarios cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la afirmación de “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros ubicados en el exterior.
“Los acreedores comenzaron su carta cuestionando el momento de la presentación de los Estados Unidos, señalando que dicho país ha estado al tanto del caso desde al menos 2019, cuando presentó un escrito de amicus curiae oponiéndose a la solicitud de la Argentina en la Corte Suprema”, explicó Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors.
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
En ese sentido, el escrito apuntó: “La presentación de Estados Unidos ignora descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema (Argentina contra NML Capital), un caso en el que Estados Unidos también se puso del lado de Argentina contra el texto claro de la FSIA y perdió”.
“La Declaración de Intereses no pone en duda la exactitud de la decisión de este Tribunal en el caso Bainbridge Fund que dictaminó que la propiedad de un estado extranjero no es inmune a la ejecución en virtud de su ubicación fuera de los Estados Unidos; y la Corte tiene la autoridad para ordenar a un estado extranjero que traiga sus propiedades a los Estados Unidos si no queda inmune a la ejecución posterior”, enfatizó.
Los otros casos judiciales contra la Argentina que pueden tener novedades en las próximas semanas
Este miércoles, la Argentina y el fondo Titan Consortium acordaron los términos del pago de US$340 millones más intereses.Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.
El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es “sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar US$389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%”, explicó a TN Sebastian Maril, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.
El revés en el caso Aerolíneas se suma a la lista de condenas contra la Argentina en tribunales internacionales, de las que se esperan novedades en las próximas semanas.
El 21 de noviembre se cumple el plazo para que el país pague o acuerde con los beneficiarios de la sentencia por US$1500 millones en Gran Bretaña por el caso de manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”. Ese día los demandantes pueden ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ya quedó cerrado.
De manera paralela, la Argentina presentó un escrito inicial en la apelación por el caso conocido como Cupón PBI en Nueva York. Esa demanda había sido presentada de manera inicial en 2019. En abril, la jueza Preska falló a favor de la Argentina, porque los inversores no cumplieron ciertos requisitos, pero en septiembre los demandantes hicieron una nueva presentación por US$1300 millones.
En la última década, los haberes jubilatorios sufrieron pérdidas contra la inflación y en febrero llegaron a un piso histórico. Durante los últimos meses recuperaron poder adquisitivo pero aún están lejos de los valores del año pasado
Tras la devaluación de diciembre, que hizo caer el poder adquisitivo, y el cambio de fórmula de actualización de los haberes, los jubilados que cobran la mínima recuperaron parte del terreno perdido pero aún su ingreso se encuentra por debajo de 2023 y en los últimos 10 años cayó 40%.
Así lo indica un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. “Los haberes mínimos jubilatorios a precios constantes lograron su mayor poder adquisitivo en 2013. A partir de ese momento, tuvo lugar una caída constante de los mismos, sólo parcialmente compensados por el régimen de bonificación”.
Esta caída habría llegado a un piso histórico en febrero de 2024, similar al registrado durante la crisis de 2002. A partir de ese mes comenzó una lenta recuperación, la cual parece haberse estabilizado en julio pasado, pero todavía con valores inferiores a los de diciembre de 2023.
El ODSA señala que el monto real de estos haberes cayó entre 2013 y 2023 algo más del 40% sin considerar los bonos no remunerativos (de $469.258 a $272.912); y del 25% si consideramos el haber extra de los bonos ($354.424). En ese sentido, “los bonos funcionan como complementos y paliativos para compensar la caída real del haber mínimo”.
Evolución de las jubilaciones mínimas con bono (ODSA-UCA)
“El momento más crítico del valor del haber mínimo jubilatorio tuvo lugar en febrero de 2024, cuando la jubilación mínima cayó a $160.285, sin el bono, y a $243.677, con el agregado del bono, a precios de octubre de 2024. Estos valores representan una caída del 66% y 48%, respectivamente, con respecto al haber promedio del año 2013. En ese momento, sin ser el valor más bajo de la serie, la jubilación mínima – incluyendo el bono- era similar a la que se percibía entre 2003-2004 (en proceso de recuperación del ingreso real)”, aseguraron.
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Luego de esta caída y con la puesta en marcha de una nueva fórmula de actualización jubilatoria, el haber mínimo fue logrando una relativa recuperación, alcanzando en octubre los $244.321 sin bono y de $314.321 con bono. El haber mínimo garantizado a partir del mes de noviembre pasará a ser de $252.798 y con bono $322.798. Estos montos surgen como resultado del nuevo mecanismo de aumentos decretado por el Ejecutivo, que implica una suba por la inflación con dos meses de rezago.
Según precisó el ODSA, entre febrero y octubre, la recuperación habría sido del 52% para las jubilaciones mínimas sin bono y del 29% para los haberes mínimo con bono. Esto implicó que los haberes reales de octubre superaran a los de diciembre, pero no así a los bonificados. Igualmente, ambos todavía están por debajo de los haberes promedio de 2023.
Cabe destacar que en la práctica todos los jubilados de la mínima cobran el bono de $70.000 que permanece congelado desde principios de año y que el Gobierno ya adelantó que no tendrá cambios en 2025, lo que implicará que continúe la pérdida.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, sin actualización por inflación del refuerzo de ingresos durante 2025, continuará la licuación de ingresos. “Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo los bonos deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que le están negando a los jubilados de la mínima $97.446 adicionales”, detallaron.
El monto real de los haberes mínimos cayó entre 2013 y 2023 algo más del 40% sin considerar los bonos no remunerativos, según la UCA
Todo esto se da en un marco en que el Gobierno vetó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso, rechazo que luego fue ratificado por los mismos legisladores, que preveía un aumento de 7,2% en los haberes previsionales del sistema general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con efecto retroactivo a abril de 2024; un pago adicional del 8,1% a todos los jubilados y pensionados de la ANSES con el objetivo de recomponer los haberes tras la elevada inflación de enero, actualización mensual por inflación y un ingreso mínimo garantizado equivalente al valor de la Canasta Básica Total multiplicado por 1,09.
