Politica
Cristina candidata: en Tribunales no creen que la Corte falle antes de las elecciones
«La Corte no va a tomar el tema hasta 2026», afirmó a LPO un importante juez. Por qué tampoco la sacaría de juego la ley de ficha limpia.
Jueces de Comodoro Py, legisladores aliados del gobierno y especialistas en Derecho aseguran que Cristina Kirchner está lejos de ser proscripta por la Causa Vialidad, luego del fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia de primera instancia en su contra con inhibición perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Fuentes del Poder Judicial aseguraron a LPO que «Cristina sabe fehacientemente que la Corte no va a tratar este tema hasta 2026». «Hay una jurisprudencia, podríamos decir, cuando se trata de ex presidentes o vicepresidentes, como pasó con Carlos Menem y Amado Boudou, que nunca pasan menos de dos años hasta que los jueces de la Corte tomen el caso», agregaron las fuentes.
La interpretación da por tierra con la narrativa del kirchnerismo y la propia ex Presidente, que pretenden que la ratificación de la condena por parte de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña la deja fuera de la competencia electoral. «La Corte no trata velozmente un tema con 10 encartados, mucho menos si involucra a un ex vice o ex presidente», intentó desmarcarse un camarista.
Un representante del Consejo de la Magistratura recordó, además, que el máximo tribunal todavía tiene «un recurso de Alberto Fernández por la fiesta en Olivos», escándalo que estalló en 2021. También tiene, entre la pila de causas, dos que involucran a Cristina y no se movieron: Memorando de entendimiento con Irán y Dólar Futuro.
Desde un juzgado federal agregaron que tampoco «dan» los tiempos procesales para que «Vialidad» llegue al Palacio Talcahuano este año. La defensa de la ex Presidenta, al igual que los letrados de los otros acusados, tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar su recurso de apelación, al tiempo que la Cámara tiene que correrle traslado a cada una de las partes en un plazo de 10 días hábiles más.
Si el trámite fluyera a velocidad crucero, el caso llegaría a manos del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a mediados de diciembre. Su definición no es vinculante pero sin su dictamen los supremos no pueden poner un dedo en el expediente y, encima, la Procuración no tiene plazos establecidos para resolver.
Según argumentó uno de los juristas consultados, la ansiedad por una definición del proceso judicial en curso obedece más al interés político de ciertos actores que a las chances de que ocurra. Del mismo modo explica el apuro por darle tratamiento al proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados.
Impulsado por el PRO y acompañado por radicales, pichettistas y libertarios, ese dictamen promueve la prohibición de candidaturas a las personas que hayan sido condenadas en segunda instancia, tal como Cristina. Sin embargo, la ley no puede ser retroactiva: no se puede legislar para atrás, tomando una sentencia previa a su sanción para impedirle a la ex mandataria que se presente a elecciones.
La intención de sacar adelante esta iniciativa vinculándola a la suerte de Cristina resulta tan evidente que hasta un diputado macrista se quejó ante LPO: «A Cristina hay que ganarle en las urnas, no hay que correrla con esta ley de ficha limpia», dijo.
Aunque admitió que votará en recinto a favor de la ley, manifestó fastidio con sus colegas. «Cristina tiene la estatura de Perón y Julio Argentino Roca en la historia argentina, no sirve inventar esto de Ficha Limpia», remarcó.
En un despacho libertario, sugirieron que la convocatoria a sesión especial para discutir el proyecto en recinto y su eventual aprobación en la Cámara Baja era una forma de presionar al peronismo para que respalde el pliego de Ariel Lijo en el Senado. Pero cerca de un senador oficialista contestaron a LPO que «la confirmación de la sentencia presiona mucho más que el cuco de Ficha Limpia».
Por lo demás, Javier Milei expresó en radio Rivadavia que espera «que operen los mecanismos institucionales». «Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúe el Senado, cuando yo tenga respuesta, veré cómo tengo que funcionar. Necesitamos que se expida el Senado», abundó.
Aún así, un magistrado experimentado advirtió que la actual composición de la Corte le conviene tanto a Cristina como al Presidente. «Pese al juicio político que le hicieron, Horacio Rosatti no es enemigo de Cristina», precisó.
Esa afirmación coincide con lo que estiman desde el entorno de la ex Jefa de Estado sobre el pliego de Lijo, más allá de las intenciones de los gobernadores por empujar al juez federal en la Corte. «Está todo en stand by», dijeron.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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