Politica
Investigan la pista policial detrás del asesinato del jefe de la barra de Central
La justicia allanó la comisaría de la zona del estadio. Debora Savani, jefa de la comisaría 9ª, sería la hermana de Maximiliano Savani, un caracterizado integrante de la hinchada de Rosario Central.
Las zonas oscuras entre sectores de la policía de Rosario y la barra brava de Rosario Central motivaron el allanamiento de la comisaría 9ª como una de las medidas más importantes desde el brutal asesinato de los líderes de esa hinchada Andrés «Pillín» Bracamonte y Daniel «Rana» Atardo el sábado pasado.
La comisaría 9ª, que tiene jurisdicción sobre el estadio de Rosario Central, fue allanada en el marco de la pesquisa del doble homicidio. Lo que motiva el allanamiento es un vínculo que se considera significativo y a la vez desconcertante. La jefa de esa seccional policial es la comisaria Débora Savani. Según lo que trasciende de la causa un hermano de esta oficial, Maximiliano Savani, es un destacado referente de la hinchada auriazul, que hace 72 horas tuvo a su jefe histórico y a su segundo masacrado a balazos a 150 metros de la cancha.
A su vez, otro hermano de la encargada de la comisaría que está en la circunscripción de la cancha fue víctima de un estridente asesinato de tintes mafiosos ocurrido el 12 de abril de 2014 en el camping del Sindicato de Camioneros en la ciudad de Pérez, ubicada en el límite oeste de Rosario. Se llamaba Nicolás Esteban Savani. Fue herido cuando un grupo de pistoleros atacó a cuatro colectivos en el marco de una fuerte interna gremial. Recibió un disparo en el cuello y murió a las pocas horas por una lesión medular.
Lo que impulsó el allanamiento a la comisaría 9ª del barrio de Arroyito, en Joaquín V. González 950, fue la determinación de investigar el lazo entre la jefa de la seccional y su hermano que, de acuerdo a informaciones emanadas de la misma policía, integra en un lugar relevante la barra brava de Central.
Una de las hipótesis planteadas en la investigación del doble crimen de Bracamonte y Attardo refiere a una disputa de facciones entre la hinchada que puede estar conectada con los cambios en el negocio de drogas en el que la barra está vinculada.
Algo que está dentro de las referencias de lo ocurrido son extrañas circunstancias que forman el paisaje del ataque homicida. Este ocurrió cuando la zona del bulevar Avellaneda había un inusual corte de luz que empezó mientras se disputaba el partido con San Lorenzo, que concluyó a las 21.10, y se prolongó hasta la medianoche.
Otro hecho señalado fue la casi nula presencia policial en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Según múltiples testigos que hablaron con LPO, solamente se advirtió un grupo de asalto en Génova y Avellaneda, en una de las esquinas del estadio, sobre un importante carrito de comidas. Pero no a lo largo de Avellaneda por donde circulaban las personas al abandonar el estadio. Que fue donde tres tiradores a pie atacaron a Bracamonte y Attardo que estaban a bordo de una camioneta Chevrolet S10 blanca con al menos once disparos de pistola calibre 9 milímetros a mínima distancia.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló en conferencia de prensa que el operativo de seguridad de los partidos en la zona del estadio de Rosario Central no requiere que la mayor parte del despliegue policial se concrete por el bulevar Avellaneda porque esa es la vía de desconcentración del público. En el gobierno de Maximiliano Pullaro destacaron que los móviles afectados a estos operativos circulan en adyacencias y son asignados según se requiera el reforzamiento en base al sistema de cuadrículas.
Este medio consultó al gobierno provincial este domingo si efectivamente constaba el vínculo presunto entre la jefa de la comisaría 9ª y un hermano que se señalaba como destacado referente de la hinchada. Respondieron que no había tal constancia. Pero subrayaron que en la actualidad la disposición de efectivos en la calle no depende en absoluto, como en el pasado, del sistema de comisarías, sino de la central OJO y del sistema 911. No obstante ya se pidieron constancias de todo el movimiento de patrullas que reporta el dispositivo de GPS que tienen los móviles policiales.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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