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El Gobierno insiste en que quiere privatizar el Correo y asegura que no necesita pasar por el Congreso

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La mesa técnica del Ejecutivo piensa en vender la firma a través de un decreto. Afirma, además, que cuenta con el aval en el estatuto de la compañía.

Javier Milei y su círculo más chico quieren avanzar con la privatización del Correo Argentino sin pasar por el Congreso. La iniciativa se trabaja después de que se oficializó la desregulación de los servicios postales. La mesa técnica del Ejecutivo piensa en vender la empresa cuyo principal accionista es el Estado Nacional a través de un decreto y asegura que cuenta con el aval en el estatuto de la compañía.

El Ejecutivo se basa en una serie de puntos que se encuentran en el estatuto de la compañía y mencionan la posibilidad de pasarlo a manos privadas. Por ejemplo, el artículo 34° indica que “hasta tanto se privatice el servicio oficial de correos, el directorio estará integrado por tres titulares”. Por otro lado, el Decreto 1075/2003 instruye al entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que, “dentro del plazo de 180 días, llame a Licitación Pública Nacional e Internacional a fin de volver a privatizar el servicio público postal”, señala su artículo 4°.

El proceso que evalúa la Casa Rosada para vender la empresa es el mismo que propuso en julio, cuando excluyó a la compañía de la lista de privatizaciones de la Ley Bases, junto a Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

“El Presidente dijo que todas las empresas públicas que generan servicios que podrían dar los privados, y el Correo es evidente en esto. Tienen que ir hacia un proceso de privatización, concesión o transferencia a empleados”, dijo este lunes Sturzenegger, en diálogo con Radio Mitre.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado agregó: “Bajamos de 16.000 a 12.000 los empleados del Correo Argentino sin afectar la calidad del servicio, es un dislate que heredamos de la gestión anterior”.

Sus declaraciones fueron luego de que se oficializó el decreto 1005/2024, publicado en el Boletín Oficial, que desreguló la actividad para fomentar “la transparencia, simplificación, digitalización y seguridad del servicio”. Además, el Gobierno quiere promover “la libre competencia y la eliminación de decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”.

“Nosotros queremos sacárnosla de encima”, dijo un funcionario en Casa Rosada este mediodía, para profundizar la postura del Ejecutivo. En la sede de Gobierno evitan dar detalles sobre posibles compradores.

El proceso de privatización podrá llevarse a cabo mediante la venta de acciones, activos, establecimientos o unidades productivas. También podría ser a través de su administración, con o sin opción de compra durante un período determinado.

El encargado avanzar con las privatizaciones de empresas públicas está Diego Chaher, exinterventor de Télam, que dirige la Unidad Ejecutora dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

El Gobierno desreguló el servicio postal y avanza con la privatización del Correo Argentino. (Foto: Correo Argentino).
El Gobierno desreguló el servicio postal y avanza con la privatización del Correo Argentino. (Foto: Correo Argentino).

Los detalles del Correo Argentino, otra de las empresas que el Ejecutivo quiere privatizar

El Correo cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.

Correo Argentino es la empresa que realiza el Servicio Básico Universal (S.B.U.), al que está obligado por ley, y que implica llegar a todo el territorio argentino de manera frecuente y “con un precio accesible”. Las tareas que ofrece el organismo comprenden todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía.

Sin embargo, tras la desregulación del sector, ahora la empresa no tendrá el monopolio para el envío de cartas documentos, telegramas y encomiendas.

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Politica

Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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Politica

CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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