Politica
Obligan a renunciar a un director del Conicet que denunció «persecución ideológica» a becarios e investigadores
Manuel García Solá, ex titular de Educación de Menem, había sido designado por parte de la Sociedad Rural. El Ejecutivo le exigió a la entidad agropecuaria que lo remueva. «Jamás se alcanzó la libertad económica, que proclamamos en la SRA, sin libertad política, libertad de pensamiento y disenso democrático», aseguró el renunciado.
Por Gustavo Sarmiento
Manuel García Solá no es una persona relacionada al progresismo. Fue designado como director en el Conicet por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y en los ’90 ejerció como ministro de Educación de Carlos Saúl Menem. Sin embargo, quedó a la izquierda del actual gobierno, al denunciar «persecución ideológica» del Ejecutivo hacia becarios e investigadores. ¿El resultado? Le exigieron la renuncia.
El despido encubierto del organismo llegó luego de que el Gobierno elevara un pedido a la entidad agropecuaria para desplazarlo de su cargo. En declaraciones a Radio Con Vos, Manuel García Solá lo adjudicó a su reclamo por «persecución ideológica» del oficialismo a la comunidad científica, en medio de una asfixia presupuestaria que está generando despidos, parálisis de proyectos, renuncias y fuga de cerebros.
García Solá también escribió una carta, en la que aseguró que su dimisión no era voluntaria sino que respondía a esa “persecución ideológica”. Compartía su rol de director con Roberto Rivarola, Mario Pecheny, María Laura Correa, Luz Lardone y Jorge Aliaga.
El ex director había asumido el cargo en junio de 2022 y su mandato finalizaba en 2026. Ante la presión del Gobierno, la propia Sociedad Rural que había impulsado su nombramiento le pidió la renuncia. }}}¿Persecusión en el Conicet?
En una carta dirigida al presidente de la entidad agropecuaria, Nicolás Pino, García Sola remarcó que “en la historia reciente de la humanidad jamás se alcanzó la libertad económica, que proclamamos en la SRA, sin libertad política, libertad de pensamiento y disenso democrático, sin respeto a las ideas de otros, sin tolerancia y sin justicia en la distribución de los bienes”.
Recordó que el reglamento del organismo establece que “los miembros del directorio actuarán con independencia de criterio y no en representación de sus proponentes. Y eso es lo que se hace en ese directorio, querido presidente: política científica y tecnología de más alto nivel”.
Añadió: “Nunca voy a callar mi voz cuando intentan acometer alguna persecución por ideas científicas, políticas, religiosas, tecnológicas o las que sean”. E incluso destacó haber derribado “prejuicios” que “separaban a buena parte de la comunidad científica del sector agropecuario y viceversa”.
Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) emitieron un comunicado donde alertan que «García Solá, representante del Agro, se va, denunciando persecución ideológica en el Conicet, impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación. No nos da lo mismo, no queremos un país con caza de brujas, nada es posible cuando el Estado Nacional, que debería velar por los intereses de su población, se persigue a quien piensa distinto».
Una deuda pendiente
García Solá afirmó que le quedó un objetivo pendiente: la profundización de la transferencia de tecnología desarrollada «en la red de institutos y laboratorios del principal organismo de ciencia de Latinoamérica (el Conicet) al sector agropecuario y sus empresas». Así lo señala: “En eso no me voy a satisfecho. Es que el cambio del gobierno del año pasado y de las políticas en materia de ciencias tecnológicas lo trucaron”.
Puso como ejemplo la interrupción del convenio asociativo entre la SRA, el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y las Asociaciones de criaderos para crear un Centro de Análisis e Investigación Genómicas multiespecie, que hubiera podido “consolidar el liderazgo argentino en la selección genética en Latinoamérica”.
“Cuando estábamos a un solo paso de que se concluyera el inicio de las compras de medicamentos y de la firma de convenios asociativos, cambiaron los actores y todo se paralizó. Espero que rápidamente y a través de sus interlocutores con el actual gobierno se retome acá el ritmo que había logrado imprimirle a la relación”, subrayó.
Y concluyó en un mensaje hacia Milei, ante el silencio cómplice de las autoridades ruralistas, un sector que depende y se nutre esencialmente de los desarrollos de la ciencia nacional de cara al sector agropecuario: “Las renuncias, señor Presidente, siempre tienen un motivo. En general, el renunciante alega motivos de índole personal -que siempre lo son, en alguna medida-. No me siento abarcado en esta categoría y usted lo sabe. Y como no era mi voluntad hacerlo, me pareció en sintonía con el tipo de relación que siempre tuvimos explicitar, en lo que fuera posible en el marco de la prudencia, mi disenso con la causa que seguramente lo llevó a usted a hacerme esta solicitud. El tiempo dirá”.
Cientificidio
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología alertan ya hace meses acerca del riesgo de “cientificidio”, entendido como la destrucción sistemática de la ciencia y tecnología argentinas: «El desfinanciamiento que afecta al conjunto de los organismos de CyT, a las universidades y a las provincias, reviste especial gravedad, ya que restringe el desarrollo de las actividades de investigación y favorece la emigración de recursos humanos altamente calificados».
Aseguran que «nunca en 40 años hubo una caída del gasto nacional tan grande y en un lapso tan corto»: se prevé un descenso del 24,3% entre 2023 y 2025 (en millones de pesos, devengado 2023: 155.240.562 / presupuesto 2025: 117.554.749 = -24,3). En este marco, el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2025 presentado por Milei al Congreso suspende 3 artículos de la Ley de N°27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de CTI.
La norma original establece un aumento progresivo del presupuesto nacional destinado a ciencia y técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Además, estipula que al menos el 20% del incremento se destine a los sistemas provinciales, priorizando a las regiones de menor desarrollo.
También denuncian la suspensión del artículo 8° de federalización, que impacta negativamente en todas las provincias y frena un proceso tendiente a lograr mayor equidad en las regiones. La Ley establecía un 20% de los fondos, como mínimo, el incremento anual en el presupuesto nacional de la función Ciencia y Técnica, destinados a promover la equidad territorial en la distribución de los recursos.
«Para dar una idea de las brechas –apuntan en la Mesa Federal– cabe destacar que en el año 2019 -año anterior a la presentación de los proyectos que dieron lugar a la Ley– el presupuesto nacional asignó para la función Ciencia y Técnica un promedio de $1.092 por habitante, pero al observar la distribución por provincia se advertía que mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron $3.973 los de Santiago del Estero apenas recibieron $258. El presupuesto por habitante de CABA equivalía al de la sumatoria de doce provincias: La Rioja, Corrientes, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero».
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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