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Pichetto reunió a los miembros de la Auditoría y amenazan con auditar a Karina y al Galleguito

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En medio de las acusaciones del gobierno contra las universidades, el auditor Alejandro Nieva apuntó a la hermana del Presidente.

El diputado Miguel Ángel Pichetto citó a los cuatro miembros en funciones de la Auditoría General de la Nación a la reunión de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas y los auditores terminaron marcándole fuertemente la cancha al gobierno.

El presidente del cuerpo, Juan Manuel Olmos, y sus colegas Alejandro Mario Nieva, Francisco Fernández y María Graciela De la Rosa, llegaron hasta el Senado para enviarle un crudo mensaje a la Casa Rosada en medio de la tensión entre los libertarios y las universidades públicas que reclaman aumento presupuestario: el plan del organismo de control será auditar a la Secretaría de Políticas Universitarias en 2025, además de las facultades de la UBA.

 

El ex vicejefe de gabinete durante el gobierno del Frente de Todos, que presentó la hoja de ruta ante los legisladores miembros de la Bicameral, mostró su predisposición a «constituir un equipo urgentemente para poder dar respuesta en los plazos más perentorios posibles» a las demandas de revisión y control en general y las universidades en particular. Ese compromiso surgió tras la intervención del líder de la bancada Encuentro Federal y titular de la Bicameral, que reconoció que «la voluntad de todos es auditar la UBA» pero advirtió que «la propuesta no es ir a buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo están las universidades», y agregó que el objetivo sería lograr «una auditoría integral».

 

Fue en ese contexto que Olmos anunció que el plan de la AGN es auditar en 2025 la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el propósito de indagar sobre la eventual «discrecionalidad y cómo se están asignando los recursos a las universidades».

 

Nieva, por su parte, fue más a fondo. Después de considerar que «no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos tener una auditoría que sea un Estado paralelo», argumentó que «la metodología es un sistema de muestreo», y apuntó contra Karina Milei: «Hace mucho tiempo que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual no significa que no tengan auditoría interna», expresó.

Los únicos aliados del gobierno en la comisión eran el salteño Juan Carlos Romero y la radical Soledad Carrizo, como así también el libertario Julio Moreno Ovalle. Tras la exposición inicial de Olmos, Romero reclamó a la AGN «una reparación por el tiempo transcurrido», reprochando la demora en los informes en el caso puntual de la UBA, aunque también cuestionó la postergación de la designación de auditores por parte de la Cámara de Diputados, algo que se le imputa a Martín Menem por la falta de muñeca política para lograr un acuerdo con los bloques opositores.

Pichetto reunió a los miembros de la Auditoría y amenazan con auditar a Karina y al Galleguito

 

Antes que Romero, el propio Olmos había admitido que «el factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar». «Es algo que necesita que le demos un acertado diagnóstico para poder encontrar una solución a los informes que muchas veces la atemporalidad los convierte en antropología institucional», graficó.

 

Sobre la querella contra las universidades, el presidente de la AGN adelantó que se prevén auditorías sobre 12 universidades nacionales y reconoció que esa voluntad obedece a un entendimiento entre los miembros de la Bicameral y los auditores, además del pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

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Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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