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El intendente de Bariloche compró una hormigonera usada y la maquillaron para que pareciera nueva

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Walter Cortés pagó $192 millones por una máquina que costaba una tercera parte y estaba compuesta por restos de otros dispositivos. Quedo a tiro del juicio político.

 El intendente de Bariloche compró una hormigonera usada al precio de una nueva y quedó a un paso del juicio político. Walter Cortés pagó $192 millones por una máquina que costaba una tercera parte y estaba compuesta por restos de otros dispositivos. Su futuro depende del tribunal de cuentas.

 

La novela de la homigonera fantasma puso a Cortés contra las cuerdas. Solo lo sostiene el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck, pero en la provincia comienzan a preguntarse si conviene quedar pegados a un escándalo.

 

En Bariloche se refieren a la hormigonera como una Frankenstein, porque está hecha con partes de otras máquinas. Más que al clásico protagonizado por Boris Karloff, la historia de la hormigonera se parece a Snatch, de Guy Ritchie. La compra tiene todos los ingredientes para complicar al intendente.

 

El municipio violó todos los procedimientos legales durante la adquisición y la máquina incluso llegó a estar desaparecida. Cortés le compró la hormigonera a F&J. Se trata de una empresa intermediaria cuyos dueños estaban denunciados y condenados por estafa, secuestros y violencia de género. Hasta ahora F&J no aportó la factura de la máquina, eso hace que no haya posibilidad de reclamos ni garantía. Tampoco permite conocer su origen, que se sospecha espurio.

El municipio debió emitir varias resoluciones para ajustar correctamente el modelo de la máquina que ya habían comprado. No lo lograron ni siquiera en tres intentos: en los papeles figuraba una Indumix 80 «Classic Plus», pero la hormigonera es una «Advanced Plus». Lo curioso es que Cortés pagó por la máquina antes de recibirla, otra cuestión ilegal. ¿Por qué lo hizo?

Una fuente de gobierno admitió que los vendedores intentaron rejuvenecer la hormigonera y eso explica que no apareciera. La máquina figuraba como recibida para que el municipio pudiera girarles el dinero a los intermediarios. «Necesitaban la plata para comprar las partes y que pareciera nueva», dijeron. Pero las capas de pintura no lograron ocultar las manchas de óxido.

El intendente de Bariloche compró una hormigonera usada y la maquillaron para que pareciera nueva

 

El futuro de Cortés está en manos del tribunal de cuentas, que debe decidir si hubo irregularidades en la adquisición de la hormigonera. Su presidente Estanislao Cazaux pertenece al PRO, pero es muy cercano a la familia Soria. Esteban Romero es oficialista, pero está distanciado del intendente. El tercer voto es de Juntos Somos Río Negro, el partido de Weretilneck. Sin embargo, el referente de Damián Vila es el diputado Agustín Domingo, que tiene intereses en el gobierno de Cortés. Además, Vila pertenece al mismo estudio que Mike Domínguez, abogado del intendente.

 

Es una incógnita cómo votarán, pero semanas atrás dieron una pista: por unanimidad, el tribunal de cuentas decidió frenar la instalación de la planta de hormigón para poder profundizar la investigación sobre su origen. Los integrantes del tribunal también quieren mantenerse a salvo. Hay una investigación penal en curso, que también determinará cuál fue la cadena de responsabilidades. Parte de la culpa podría recaer en el tribunal.

 

Ese no sería el final de la historia. Para instalar la maquinaria, el municipio realizó una tala de árboles autóctonos sin la autorización requerida. Además, empezó a correr el rumor de que Cortés busca tercerizar la operación de la hormigonera. Lo curioso es que en la zona existen empresas que brindan el servicio, que, obviamente, incluye la hormigonera.

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Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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