Politica
El gobierno quiere ascender a camarista al juez rosarino acusado de proteger a un narco
La Casa Rosada puso a circular una nómina de pliegos donde se propone al investigado juez federal Marcelo Bailaque para integrar la Cámara Federal de Rosario.
El gobierno de Javier Milei se propone empezar a cubrir las vacantes del Poder Judicial con algunas sorpresas para Santa Fe. La mayor de ellas es que según un documento oficial sobre los candidatos que circula uno de los postulantes a un alto cargo de la Justicia Federal de Santa Fe es el juez federal Marcelo Bailaque, que afronta en este momento un trámite disciplinario sospechado de haber dado protección a uno de los narcos más destacados de la última década en Rosario.
La lista está confeccionada, viene de la usina de Santiago Caputo y fue divulgada en el portal de TN por el periodista Manuel Jove. Se trata de una primera tanda de cargos a cubrir en todo el país. En lo que concierne a Santa Fe la novedad desconcertante es que el gobierno libertario remite al Senado para la Cámara Federal de Rosario el pliego de un juez que fue denunciado por tres fiscales provinciales por negar medidas que impidieron avanzar sobre Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico nueve años después.
Justamente este martes el Consejo de la Magistratura espera la presencia de la diputada provincial del socialismo Lionella Cattalini, quien denunció a Bailaque penalmente luego de que trascendió por publicaciones periodísticas que el magistrado tenía el mismo contador que las empresas de Alvarado, y que había hecho ingresar a su juzgado al hijo de su contador.
Otra novedad significativa en Santa Fe es que para el Tribunal Oral Federal de esa ciudad no postula a Emilio Rosatti, que es hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, sino a Sofía Chiambretto, actual secretaria del Tribunal Oral Federal 2 de Capital Federal, el que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad.
La lista que se atribuye a Caputo tiene el impulso de Sebastián Amerio su hombre en el Ministerio de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Amerio suena como reemplazante del ministro Mariano cúneo Libarona, si esta finalmente deja el gobierno.
Esta nómina se envía a poco de que expire el plazo para que la Cámara Alta pueda considerar dar aval o no a los candidatos. Se trata de una jugada que para el gobierno es complicada: los aspirantes para ser consagrados deben reunir la mayoría simple en un Senado donde el oficialismo tiene solo 7 representantes sobre 72. Por eso lo que se presume es que esta es una lista sujeta a modificaciones. Lo que se abre con su divulgación son seguramente negociaciones donde los que deban poner los votos incluirán cosas a cambio.
Bailaque afronta hace cuatro meses un procedimiento disciplinario que le podría costar la destitución pero sigue ejerciendo como juez de garantías en los Tribunales Federales de Rosario. Por la vocalía en la Cámara Federal de Rosario concursó el 7 de abril de 2018 y obtuvo el mayor puntaje. Durante su presidencia Alberto Fernández solicitó acuerdo para Marcelo del Teglia, quien salió segundo en ese concurso, lo que no obtuvo. El tercero en ese concurso fue Daniel Alonso, juez federal de Paraná, quien se pronunció contra la Corte Suprema en rechazo a la ampliación de 13 a 20 miembros del Consejo de la Magistratura, lo que le dio la presidencia de ese órgano a Horacio Rosatti.
El impulso que desde la Casa Rosada le dan al ascenso de un magistrado sospechado de darle tutela a un narcotraficante luego condenado implicará una tormenta política en Santa Fe. Los fiscales que acusaron a Alvarado señalaron que Bailaque había negado medidas cruciales que favorecieron al narco. El entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Emilio Lencina señaló que había presentado 14 informes contra Alvarado que demostraban su vínculo con el comercio de drogas e incluso la complicidad que había armado con policías santafesinos. Bailaque fue señalado por negar intervenciones telefónicas que malograron la persecución.
Lencina fue uno de los testigos que declaró ante el Consejo de la Magistratura donde dejó mal parado a Bailaque, quien rechaza los cargos que se le formularon. El consejero acusador en el trámite disciplinario contra el magistrado rosarino es Miguel Piedecasas.
Bailaque es un magistrado que supo ganarse la cercanía transversal de dirigentes políticos santafesinos que lo bancan. El gobernador Maximiliano Pullaro no está entre ellos. En el entorno del mandatario suenan otros candidatos para ocupar la vocalía que está vacante hace más de seis años. Entre ellos están el juez provincial Florentino Malaponte, vinculado a una familia con linaje en el radicalismo, y Carmen Romero Acuña, una docente de Derecho Civil de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, muy vinculada al radicalismo universitario.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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